Del lawfare de la Corte a la CIDH: el largo camino judicial de Cristina

La Corte Suprema de Justicia selló está martes el destino judicial de Cristina Fernández de Kirchner al rechazar por unanimidad los recursos de queja presentados por su defensa en la causa Vialidad. Con el voto de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal dejó firme la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta. La decisión marca un punto de inflexión en la carrera política de quien fuera dos veces presidenta de la Nación.

Esta decisión implica que queda firme la condena contra la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia incluye el decomiso de unos 84.000 millones de pesos.

Un fallo que cierra las instancias nacionales

El fallo de la Corte Suprema era el último recurso disponible en el sistema judicial argentino para la expresidenta. El 13 de noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en el caso de la obra pública.

La causa se originó en las investigaciones sobre las adjudicaciones de obra pública vial en Santa Cruz durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, en las que se comprobó que el empresario Lázaro Báez obtuvo contratos por más de 46.000 millones de pesos, muchos de ellos sobrefacturados y sin cumplir con los plazos establecidos.

Con esta decisión, la condena queda firme, aunque no se activaría una pena de prisión efectiva porque ya tiene más de 70 años. Sin embargo, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos sí se mantiene vigente, lo que la convierte en un obstáculo insalvable para cualquier aspiración electoral futura.

La respuesta política: «cepo al voto popular»

Desde la sede del Partido Justicialista, Cristina Kirchner ofreció una conferencia de prensa en la que calificó el fallo como parte de una estrategia de persecución política. «Agregaron el cepo al voto popular», relacionó el fallo «al cronograma electoral».

La expresidenta mantuvo su postura de considerar que se trata de un caso de lawfare, término que define el uso del sistema judicial como arma política para neutralizar opositores. «Esta Argentina que estamos viviendo no deja de sorprendernos porque, al cepo del salario que ha puesto el Gobierno, el partido judicial le agrega el cepo al voto popular», declaró en referencia directa a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.

El camino hacia la justicia internacional

La ex presidenta Cristina Kirchner quedó en condiciones de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que la Corte Suprema dejara firme su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad. A partir de hoy, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirmó su condena, tiene seis meses para presentar la denuncia ante el organismo internacional.

Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, defensores de la expresidenta, habían reservado en múltiples escritos el derecho a recurrir a tribunales internacionales. Ahora deberán fundamentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hubo graves violaciones a garantías procesales y constitucionales.

El proceso en el sistema interamericano

En el sistema interamericano, el trámite comienza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le da traslado al Estado argentino. El proceso tiene varias etapas claramente definidas.

Primero, la CIDH examinará si la petición es admisible y si fue presentada en los plazos previstos. También evaluará que no exista otra investigación similar abierta por el mismo tema. Si la Comisión admite el pedido, solicitará al Estado argentino que presente un informe, mientras que la defensa de Cristina Kirchner deberá entregar argumentos y pruebas.

Durante el transcurso pueden convocarse audiencias públicas o presentarse escritos adicionales. Al final del proceso, la CIDH dará a conocer un «informe de mérito» con su conclusión sobre eventuales violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Si la Comisión determina que hubo violaciones, puede recomendar a la Argentina que enmiende las irregularidades denunciadas. En caso de incumplimiento, puede impulsar una demanda ante la Corte Interamericana, cuya sentencia sí es vinculante para el Estado argentino.

Las consecuencias inmediatas

Mientras se desarrolla el proceso internacional, que puede extenderse por años, Cristina Kirchner permanecerá inhabilitada para ejercer cargos públicos. De esta manera, la expresidenta no se podrá postular a diputada por la provincia de Buenos Aires el próximo 7 de septiembre, fecha en la que se realizarán las elecciones legislativas de medio término.

Por su edad, puede solicitar el arresto domiciliario, algo que deberá resolver el Tribunal Oral Federal 2, como instancia de ejecución de todas las condenas. Sin embargo, la inhabilitación política se mantiene firme hasta tanto no sea revertida por una instancia superior o por una modificación en la legislación.

El fallo también consolida un precedente sobre el tratamiento de casos de corrupción en las altas esferas del poder, en un momento en que el país atraviesa una profunda crisis económica y social que ha generado un clima de mayor exigencia hacia la clase política.

Puntos clave:

• La Corte Suprema confirmó por unanimidad la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner
• La expresidenta quedó habilitada para recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, proceso que puede extenderse por años
• Tiene seis meses para presenta la denuncia ante el organismo internacional desde la confirmación del fallo
• La inhabilitación política impide su participación en las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre
• Por su edad, puede solicitar arresto domiciliario, pero la condena seguirá firme durante el proceso internacional
• La sentencia incluye el decomiso de 84.000 millones de pesos vinculados a la causa