CABA
Reclaman «responsabilidad» y «evitar discursos de odio» a políticos y medios
La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, afirmó -por su parte- que la gravedad del ataque a la Vicepresidenta no debe leerse como «un hecho aislado», sino como «parte de un contexto de creciente odio», en el cual el intento de asesinato era un hecho «previsible».
Funcionarias, legisladoras, Amnistía Internacional, el Centro Ana Frank Argentina para América Latina y expertos en discursos de odio coincidieron en que el ataque a Cristina Fernández no es atribuible a un hecho aislado sino a manifestaciones públicas que «incitan a la violencia», y coincidieron en pedir responsabilidad a «líderes políticos y medios» que llevaron a la «demonización» de la figura de la vicepresidenta.
La titular de la Defensoría del Público de la Nación, Miriam Lewin, afirmó que el intento de magnicidio hacia la vicepresidenta Cristina Fernández revela que los discursos de odio en los ámbitos políticos y mediáticos «pueden tener efecto en el mundo real», y pidió «responsabilidad» a los medios de comunicación.
«Es un hecho que revela de qué manera, cuando circulan discursos de odio por los medios de comunicación y en boca de algunos integrantes de la representación parlamentaria, esto puede tener efecto en el mundo real», explicó en referencia al ataque con un arma de fuego que vivió anoche la Vicepresidenta en la puerta de su domicilio en la intersección de Uruguay y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta, cuando saludaba a militantes.
Como ejemplo de un discurso de odio mencionó la reproducción en medios de comunicación de «declaraciones de representantes legislativos donde aseguraron que la vicepresidenta merece la pena de muerte. Reproducir esto, sin mostrar el contexto, es un discurso de odio», concluyó.
La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, afirmó -por su parte- que la gravedad del ataque a la Vicepresidenta no debe leerse como «un hecho aislado», sino como «parte de un contexto de creciente odio», en el cual el intento de asesinato era un hecho «previsible».
«El discurso de odio no solo manifiesta una opinión, sino que busca generar un efecto en quien lo escucha, busca generar una acción. El intento de magnicidio que vimos anoche es de los acontecimientos de violencia política más previsibles que hubo», dijo Donda a Télam.
La titular del Inadi agregó que «hay una violencia ideológica de los medios de comunicación que hablaban de la destrucción de Cristina como símbolo de un sector de la política», y por eso consideró que no se trató de «un hecho aislado», sino que fue «parte de un contexto de creciente odio».
«El odio a la Vicepresidenta» se volvió «la bandera» de ciertos sectores partidarios e institucionales, reflexionó Donda.
La funcionaria, acompañada por las, los y les delegades del organismo en todo el país, llamó a reunir a las autoridades participantes del Consejo Federal de Políticas Públicas Antidiscriminatorias para debatir una legislación contra los discursos de odio que pueda ser enviada al Congreso de la Nación en el corto plazo. La cita será el próximo jueves 8 de septiembre y contará con la participación de la Defensoría del Público de la Nación, el Instituto contra la discriminación de Ciudad de Buenos Aires y de funcionarios cuyas tareas se encuentren relacionadas a la materia.
Ante el intento de asesinato de la Vicepresidenta «urge ampliar el debate democrático y con carácter federal de una iniciativa parlamentaria que busque acabar con las expresiones y acciones antidemocráticas», señaló el Inadi en un comunicado.
Para el director del Centro Ana Frank de la Argentina, Héctor Shalom, el riesgo que implica suponer que el intento de magnicidio ocurrido anoche contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no fue «un evento individual, de un loco suelto» y apuntó sobre la responsabilidad de líderes políticos y mediáticos que «construyen el discurso de odio e incitan a la violencia».
«Sobre lo ocurrido, me interesa analizar al discurso de odio como una incitación al acto de violencia porque, finalmente, vimos que alguien puso en acto aquello que otros construyeron», dijo Shalom a Télam.
«Que el autor del magnicidio tenga tatuado un símbolo nazi en su brazo es un dato no esencial, hay un riesgo de suponer que lo sucedido es un evento individual, de un sujeto individual, y sería un error de lectura», advirtió el director del museo de Ana Frank Argentina.
El análisis de Shalom sobre el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta coincidió con el de Lewin al mencionar que «ciertos líderes políticos y mediáticos son quienes hicieron del discurso del odio una demonización de la figura de la vicepresidenta, y son los que tienen una porción de responsabilidad en este acto».
«En un momento donde la violencia discursiva es un constructor del capital político, el (discurso) más violento tiene repercusión mediática y resulta más atractivo al marketing mediático», señaló.
Respecto al trabajo que resta realizar en la sociedad argentina, Shalom apeló a la figura penal de incitación al odio y al acto de violencia «como una herramienta para poner freno a esto», porque «si la sociedad no se defiende, queda debilitada».
«Hay que hacer una alianza con las audiencias para recuperar el valor del pensamiento y decir no a las denigraciones o estigmatizaciones», concluyó.
El sociólogo Ezequiel Ipar, quien lidera el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA) de Unsam/Conicet, destacó la importancia de entender que «las palabras hacen cosas» y que el intento de magnicidio hacia la vicepresidenta es «el pasaje completo» de lo que generan este tipo de discursos públicos.
Hay que romper con «esa idea, a veces justificadora de los discursos de odio de que sólo se trata de dramatizaciones, que no son reales, que solo son como ficciones o modo de expresar la intimidad», aseguró Ipar en diálogo con Télam.
Los discursos públicos, «cuando son discursos de odio, generan las condiciones de posibilidad de la violencia política» y lo ocurrido anoche «fue el pasaje completo de eso que hacen los discursos de odio», apuntó.
«Es urgente desarmar algunos de los componentes de lo que terminó en este intento de magnicidio que puede haber sido trágico para nuestro país», apuntó el especialista, y detalló que estos «componentes» tienen que ver con «la justificación y la estetización de la violencia en redes sociales o en determinados medios de comunicación».
En este sentido, Ipar también responsabilizó a «algunos» medios de comunicación o comunicadores «que hacen el show de la violencia o llevan a personajes curiosos, pero que el discurso que normalizan es el de la justificación de la violencia, la estetización de esas performances callejeras donde alientan toda esta violencia política».
«Las personas que tienen responsabilidad pública deben deliberar si se suman a este circuito de justificación de la violencia, hay que empezar a desmontar este tipo de discursos porque ya estamos en el abismo, cruzamos la línea y estamos suspendidos en el aire. Hay que frenar esta violencia política», concluyó.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, también expresó su «más enérgico repudio» al ataque sufrido por la vicepresidenta de la Nación, y advirtió sobre «la presencia exponencial, y nociva, de los mensajes de odio en el discurso público».
«Estos mensajes engendran un nivel de violencia preocupante y tangible. Hay una responsabilidad de ciertos grupos de la sociedad que utilizan medios y plataformas ejerciendo discriminación, colaborando con un potencial efecto silenciador, y con consecuencias que pueden impactar en las audiencias», dijo en declaraciones a Télam.
Belski reclamó «que el repudiable ataque de ayer nos sirva para entender que así no podemos continuar».
CABA
Terminó el motín en la comisaría del microcentro y liberaron al último policía
El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, informó que no hubo heridos, que la Alcaidía 1 cerrará en forma temporal y que los detenidos involucrados enfrentarán cargos por robo, privación ilegítima de la libertad y amenazas.
ACTUALIZACIÓN. El motín en la Comisaría Vecinal 1-D, en Lavalle 451, terminó pasadas las 17:20 con la liberación del oficial mayor que los detenidos mantenían como rehén. Así lo confirmó el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, en una conferencia de prensa.
Según el relato oficial, la toma empezó a las 12:36 tras una pelea entre internos. Los detenidos retuvieron a un subcomisario, a un inspector y a un oficial mayor; los dos primeros fueron liberados en poco tiempo y el tercero salió después de una negociación a cargo de un comité de crisis integrado por la jefatura de la Policía de la Ciudad, el Ministerio de Seguridad, Bomberos y el SAME. También intervinieron la fiscalía y el Servicio Penitenciario Federal.
«No hubo heridos»
Giménez aseguró que no hubo heridos y que el SAME revisó a los 23 detenidos que participaron de la toma. El ministro sostuvo que los internos «no tenían armas blancas» y que «no hubo nunca un intento de evasión». Otros siete detenidos alojados en la dependencia no participaron.
De acuerdo con el ministro, durante el motín los internos le sacaron el teléfono al oficial retenido y vaciaron sus cuentas. Por eso adelantó que enfrentarán cargos por robo, privación ilegítima de la libertad y amenazas, lo que agravará las penas que ya cumplen.
Cierre de la Alcaidía 1 y traslados
Giménez anunció que la Alcaidía 1 cerrará en forma temporal desde esta noche y que todos los detenidos alojados allí serán trasladados.
La versión oficial atribuyó el conflicto a una pelea entre internos. La hipótesis de un rechazo al traslado al penal de Marcos Paz, que circuló durante la tarde y que esta nota consignó como no confirmada, no fue respaldada por ninguna fuente oficial. Mientras tanto, la Procuración Penitenciaria de la Nación viene advirtiendo sobre la sobrepoblación en alcaidías y comisarías porteñas, espacios pensados para estadías cortas que se transformaron en lugares de detención prolongada.
Durante la toma, uno de los detenidos denunció en un audio que circuló públicamente la falta de duchas, el encierro en un espacio reducido y el uso de gas pimienta. Ninguna fuente oficial confirmó esas acusaciones.
Lo que tenés que saber:
- El motín empezó a las 12:36 y terminó pasadas las 17:20 con la liberación del último policía retenido.
- Según el ministro Horacio Giménez, no hubo heridos y el SAME revisó a los 23 detenidos involucrados.
- Los internos enfrentarán cargos por robo, privación ilegítima de la libertad y amenazas.
- La Alcaidía 1 cerrará en forma temporal y todos sus detenidos serán trasladados.
- La versión oficial atribuyó el motín a una pelea entre internos.
La nota original
Un grupo de al menos 20 detenidos se amotinó en la Comisaría Vecinal 1-D del microcentro porteño y tomó como rehén a personal policial, en una tarde de máxima tensión que obligó a desplegar al SAME y a los bomberos. Según se informó, uno de los rehenes fue liberado.
El episodio ocurrió en la alcaidía de la dependencia, ubicada en Lavalle 451, en el barrio de San Nicolás. Voceros de la Policía de la Ciudad indicaron que no hay peligro de fuga y que, hasta el momento, no se reportaron heridos. El parte oficial señala que el conflicto se originó en un enfrentamiento entre internos dentro de una celda. Según trascendió, un celador que intervino para frenar la pelea habría terminado como rehén de los presos.
Según versiones que circularon desde el lugar, los detenidos rechazaban ser trasladados al nuevo Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, adonde ya se derivó a cerca de 1.400 internos de la cárcel de Devoto. Esa motivación no fue confirmada oficialmente. Según las imágenes difundidas por canales de televisión, personal del SAME ingresó a la comisaría con dos camillas.
Una mudanza a contrarreloj
El traslado desde Devoto comenzó el domingo 11 de octubre, cuando el Ministerio de Seguridad Nacional movió a 609 internos en dos días, el 40% de la población del penal. La ministra Alejandra Monteoliva ratificó en una entrevista radial que la meta del Gobierno es «finalizar este año con el penal de Devoto trasladado y cerrado».
Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre los complejos federales de Ezeiza y Marcos Paz, que relevó el primer semestre de 2026, registró que casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz está procesado sin condena firme. Además, documentó 18 fallecimientos entre ambas unidades y 41 medidas de fuerza, en su mayoría huelgas de hambre. Un traslado masivo a un complejo con ese historial es, como mínimo, un motivo de preocupación para quienes están alojados en comisarías y esperan destino.
Un problema que se repite en las alcaidías porteñas
No es la primera vez que detenidos alojados en comisarías de la Ciudad se amotinan por su lugar de alojamiento. En marzo de 2022, 22 detenidos de la Comisaría 3A, en Lavalle al 1900, protagonizaron un motín en el que pedían ser trasladados a cárceles del Servicio Penitenciario Federal, según informaron en aquel momento fuentes del Ministerio de Seguridad porteño. En ese caso, el reclamo se daba en medio de una tensión entre la Ciudad y la Nación por los cupos y la sobrepoblación en alcaidías.
Hoy los detenidos no reclaman ir a una cárcel federal sino evitar un traslado, lo que muestra que el conflicto de fondo es el mismo: un sistema que no ofrece alojamiento digno ni previsible. Las comisarías no están diseñadas para alojar detenidos durante períodos prolongados.
Hasta el cierre de esta nota, las autoridades investigaban las responsabilidades de los detenidos que participaron del intento de fuga y de la agresión, y no se informó el número exacto de involucrados ni la situación de los rehenes.
Lo que tenés que saber
- Al menos 20 detenidos se amotinaron en la Comisaría Vecinal 1-D, en Lavalle 451, y tomaron personal policial como rehén.
- Uno de los rehenes fue liberado, según se informó.
- La Policía de la Ciudad indicó que no hay peligro de fuga y que no se reportaron heridos hasta el momento.
- Según versiones no confirmadas, los presos rechazaban ser trasladados a Marcos Paz, adonde se envió a cerca de 1.400 internos de Devoto.
- El Gobierno nacional se propone cerrar Devoto antes de fin de año.
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