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Declaró Cristina: el arma estaba apta para el disparo

La Vicepresidenta declaró como testigo durante casi 50 minutos. El ataque se investiga como «homicidio calificado en grado de tentativa».

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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró hoy como testigo ante la jueza María Eugenia Capuchetti en la investigación por el atentado ocurrido anoche contra su vida, en tanto pericias determinaron que el arma usada por el hasta ahora único imputado en la causa estaba «apta para el disparo».

La Vicepresidenta declaró como testigo durante casi 50 minutos en su departamento del barrio porteño de Recoleta, hacia el cual a media mañana se trasladaron desde los tribunales federales de Comodoro Py 2002 la jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rìvolo.

Según informaron a Télam fuentes judiciales, la Vicepresidenta se mostró «entera» y predispuesta a declarar sobre lo ocurrido anoche, en el trámite en su casa.

La decisión de dirigirse hacia el departamento de la Vicepresidenta se tomó a media mañana luego que desde anoche y durante toda la mañana al menos 30 testigos pasaron por el tercer piso de Comodoro Py 2002 para declarar en el juzgado de Capuchetti, entre ellos manifestantes que estaban en el lugar, policías federales y custodios de Cristina Kirchner.

El ataque se investiga como «homicidio calificado en grado de tentativa», hasta ahora sólo está imputado el agresor pero «se investigan todas las hipótesis» y las circunstancias en que ocurrieron los hechos, ya que se cuenta con todas las filmaciones de la zona, precisaron las fuentes.

Capuchetti trabajó desde anoche: primero junto al fiscal Eduardo Taiano y luego con Carlos Rìvolo en tanto la C{amara Federal de Casación envió un oficio al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, para pedir un refuerzo de la seguridad en el edificio.

Capuchetti, Taiano y Rívolo hicieron a primera hora de hoy una inspección ocular en el lugar de los hechos, luego volvieron a Comodoro Py y varias horas después Capuchetti y Rivolo tomaron la decisión de que la Vicepresidenta declare en su casa y hacia allí se dirigieron.

Según los informes recibidos en la causa, el arma usada anoche por Fernando André Sabaj Montiel, hasta ahora el único imputado y detenido en el caso, era una Bersa de uso civil calibre 32 «apta para disparar», explicaron fuentes del caso.

En un principio se evaluaba trasladar para su declaración indagatoria al acusado a los tribunales durante la jornada pero fuentes de la causa explicaron que el trámite podría postergarse para el fin de semana, porque se aguarda la llegada al juzgado de todas las pruebas ordenadas.

Por el momento, se cuenta con el examen médico legista que ubicó al ciudadano brasileño «ubicado en tiempo y espacio» pero seguirá detenido en la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal hasta que se resuelva dónde y cuándo se lo indaga.

En la sede del juzgado se realizó por parte de peritos de la Policía Federal la apertura y extracción de datos del teléfono celular del agresor y ahora esa información deberá ser analizada, incluidas sus redes sociales, y se dio intervención a una unidad fiscal especializada en Delitos Informáticos a cargo del fiscal Horacio Azzolin.

Además se ordenaron dos allanamientos, uno de ellos a un monoambiente que alquilaba en el partido bonaerense de San Martín donde se encontró un centenar de municiones.

Con las cámaras de seguridad en la zona del departamento de la Vicepresidenta se dispuso un «seguimiento y reconstrucción» del recorrido que hizo el acusado hasta que logró llegar a la Vicepresidenta, que regresaba a su domicilio

Los testigos declararon durante la madrugada y hasta primera hora de la mañana y, en muchos casos, fueron trasladados a Comodoro Py 2002 desde el lugar de los hechos, en tanto también se tomaba declaración a custodios de la Vicepresidenta y efectivos de Policía Federal,

El acusado, identificado como Fernando André Sabaj Montiel, fue sometido ya al examen médico legista que determinó que, en principio, estaría en condiciones de ser indagado patrocinado por un defensor oficial, Juan Martin Hermida, quien a primera hora de la mañana lo entrevistó en su lugar de detención.

Uno de los testigos del hecho -llamado Javier- declaró que el hombre detenido -Fernando André Sabag Montiel, un ciudadano brasileño de 35 años- llegó a «gatillar dos veces» a escasos centímetros de la cabeza de la Vicepresidenta.

En declaraciones a la prensa en Tribunales luego de declarar en el juzgado, el testigo contó que “estaba formando parte del cordón” de militantes.

“Cristina viene hacia a mí, me acaricia y por la altura de arriba de mi hombro, veo que se asoma un brazo con un arma. Veo la figura del arma, pero no logro ver qué arma era. Retrocede y ahí yo me doy vuelta y lo agarro”, relató.

Al ser consulado sobre si el detenido le dijo alguna frase a la Vicepresidenta, contestó: «No escuché nada. Pero sí se escuchó que gatilló. Para mí, gatilló dos veces».

Y luego relató: «No sé si Cristina se dio cuenta porque justo me doy vuelta porque veo el arma, giro hacia la derecha y lo agarro junto a otra gente. Varias personas se sumaron para agarrarlo porque en la vereda había varios. Lo agarramos y le decimos: ‘vos tenes un arma’ y él decía ‘no, no’; entonces lo tanteamos un poco y se le cayó el arma”.

“Apenas vemos que cae el arma, parte de los organizadores –del operativo militante de protección de la Vicepresidenta- se lo llevan mientras un hombre pisa el arma y la retiene allí”, explicó.

El detenido pasó la noche alojado en una dependencia de la Policía Federal ubicada en la calle Cavia 3350, del barrio porteño de Palermo.

La jueza ordenó esta madrugada allanamientos, cruces de llamados entre la línea telefónica del detenido y otros, además de la pericia sobre su teléfono.

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Récord de suicidios: estudiantes secundarios escriben la ley que el Estado no da

En 2025 se registraron 5.209 suicidios, la cifra más alta de la historia argentina. Más de 80 estudiantes de once escuelas porteñas debatieron su propio proyecto de ley de salud mental, mientras la diputada Natalia Zaracho denunció el desfinanciamiento de la prevención.

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Catorce personas por día, una cada dos horas. Ese es el ritmo al que la Argentina pierde vidas por suicidio, y fueron los propios adolescentes los que decidieron no esperar más una respuesta: más de 80 estudiantes secundarios llenaron la Legislatura porteña para discutir un proyecto de ley de salud mental escrito desde las aulas.

La convocatoria fue impulsada por la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de la Ciudad de Buenos Aires y se realizó en espacios cedidos por las Madres de Plaza de Mayo y por la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

En paralelo, la diputada nacional Natalia Zaracho (Unión por la Patria) difundió en sus redes una serie de datos que ponen en cifras lo que los chicos describen en primera persona: la tasa de suicidios más alta de la historia del país.

La voz de las aulas

«En un contexto donde se encuentran tantos problemas pero pocas soluciones, hoy con la UES llenamos un salón con más de 80 estudiantes que se mueven en busca de sumar su granito de arena ante todo lo que nos está pasando», escribió la organización en su cuenta oficial. Y agregó: «Hoy se demostró la necesidad de una respuesta concreta sobre la crisis de salud mental».

Tomaron la palabra delegados y delegadas de 11 escuelas porteñas: el Juan B. Justo, el Larroque, el Mariano Acosta, el Cortázar, el Pellegrini, el René Favaloro, el Nacional Buenos Aires, el Lenguas Vivas, el Nacional 17, el Normal 1 y la Técnica 37. Fueron los propios estudiantes quienes pusieron el cuerpo y la palabra para explicar lo que viven en sus escuelas.

14 muertes por día: los estudiantes porteños salieron a pedir una ley de salud mental.

La UES agradeció a la diputada Berenice Iañez por «levantar» el proyecto, a Victoria Montenegro por acompañar la jornada, a Amanda Martín por estar presente y a los legisladores que recibieron a la delegación. También participaron Renata Vismara, de Docentes por el Aborto Legal, una integrante de Incidencia Feminista y el sindicato docente UTE-CTERA. La organización definió el encuentro como «un primer paso de nuestra ley» y cerró con una consigna: «queremos salud mental para todxs».

Los números que alarman

«Estamos frente a un récord de suicidios en Argentina», advirtió Zaracho al presentar su serie de placas. El dato central proviene del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación: en 2025 se registraron 5.209 suicidios, un 22,6% más que en 2024, cuando se habían contabilizado 4.249. Es el registro más alto de toda la serie histórica oficial.

La tasa nacional llegó a 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes, frente a 3,6 homicidios dolosos por la misma cantidad de población. Según el análisis del Observatorio de Política Criminal sobre datos del SNIC, entre 2017 y 2025 los casos pasaron de 3.304 a 5.209, un salto del 57,7% en ocho años. Mientras la agenda oficial se obsesiona con la inseguridad, las muertes por suicidio ya superan a las producidas por homicidios y siniestros viales.

Zaracho remarcó que el suicidio es hoy la principal causa de muerte entre adolescentes y jóvenes adultos, un dato que coincide con el SNIC, que ubica al fenómeno como primera causa de muerte en el grupo de 15 a 34 años, por encima de los accidentes de tránsito. La legisladora señaló además que cuatro de cada cinco víctimas son varones jóvenes. Las diferencias territoriales también son marcadas: Entre Ríos encabezó el ranking provincial con 20,8 casos cada 100.000 habitantes.

A esas muertes se suman los intentos. El Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud, publicado a fines de diciembre de 2025, contabilizó 11.799 intentos de suicidio hasta el 31 de octubre de ese año, más de 33 por día.

Un sistema que no da abasto

«Esto no es casualidad«, planteó Zaracho, y aportó otros dos indicadores: según la diputada, las consultas por salud mental aumentaron un 23% y las internaciones un 42% en el último tiempo. Frente a esa demanda creciente, la legisladora describió un panorama de faltante de profesionales, ausencia de turnos y programas de prevención y atención totalmente desfinanciados.

La advertencia no es aislada. La Asociación Argentina de Salud Mental calificó el escenario como una crisis máxima y alarmante que atraviesa todo el territorio nacional. El contraste es brutal: la demanda de atención crece al mismo ritmo que el Gobierno de Javier Milei recorta los recursos públicos destinados a sostenerla.

Las escuelas, sin respuestas

La movilización secundaria tiene antecedentes recientes. En mayo, coordinadoras estudiantiles porteñas realizaron un corte de calle en San Juan y Boedo con más de 200 estudiantes de distintos colegios, luego de la ola de amenazas de tiroteo que afectó a más de 60 escuelas y profesorados de la Ciudad. Desde la Legislatura porteña, bloques opositores cuestionaron que la ley de «bienestar escolar» aprobada en 2024 a instancias del gobierno de Jorge Macri no garantizara el nombramiento de especialistas para atender las problemáticas de salud mental en las aulas.

Cuando los adultos a cargo del Estado miran para otro lado, son los adolescentes los que salen a escribir la ley que necesitan. La pregunta que dejan planteada es tan simple como incómoda: cuántas vidas más hacen falta para que la salud mental deje de ser una partida prescindible del presupuesto.

Dónde pedir ayuda

Si vos o alguien que conocés necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita al 135 desde CABA y el Gran Buenos Aires, al (011) 5275-1135 desde todo el país (Centro de Asistencia al Suicida) o al 0800-999-0091, la línea del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, que atiende las 24 horas.

Lo que tenés que saber:

  • En 2025 se registraron 5.209 suicidios en Argentina, un 22,6% más que en 2024, según el SNIC del Ministerio de Seguridad.
  • La tasa de suicidios llegó a 11,8 cada 100.000 habitantes, más de tres veces la de homicidios dolosos.
  • El suicidio es la principal causa de muerte en el grupo de 15 a 34 años.
  • Más de 80 estudiantes de 11 escuelas porteñas, nucleados en la UES, debatieron un proyecto de ley de salud mental.
  • La diputada Natalia Zaracho denunció falta de profesionales, de turnos y el desfinanciamiento de los programas de prevención.

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