CABA
¿El agresor de Cristina actuó solo o tuvo colaboración?
Fuentes judiciales confirmaron que el arma utilizada estaba «apta para el disparo».
La justicia federal investiga si el hombre que anoche quiso atentar contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner actuó en solitario, estuvo acompañado por otra persona o respondía a órdenes de alguien más, informaron hoy fuentes judiciales que confirmaron que el arma utilizada estaba «apta para el disparo».
Fernando André Sabag Montiel, nacido en Brasil hace 35 años, es hasta ahora el único imputado en el expediente caratulado «homicidio calificado en grado de tentativa», mientras los investigadores no descartan ninguna hipótesis en el análisis de la agresión reportada en la puerta del edificio donde reside la Vicepresidenta, en la esquina de Juncal y Uruguay de Buenos Aires.
Se trata del hombre que en la noche del jueves, cuando la vicepresidenta saludaba a quienes le manifestaban su apoyo en la puerta de su casa, le apuntó a la vicepresidenta a la cabeza con una pistola bersa calibre 32, de uso civil, y gatilló dos veces sin efectuar ningún disparo.
Por estas horas, los investigadores intentaban reconstruir el camino completo del imputado hasta que llegó a colocarse a metros de la presidenta, a la vez que, por medio de una batería de pruebas, intentan determinar «si actuó solo o con alguien más».
La jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo ya tomaron una treintena de testimonios entre los que se destaca el de la propia expresidenta Fernández de Kirchner, quien los recibió en su casa y pudo reconstruir los hechos desde su óptica, la de la víctima.
La vicepresidenta declaró como testigo durante casi 50 minutos en su departamento de Recoleta, se mostró «entera» y predispuesta a declarar sobre lo ocurrido anoche; «tenía ganas de declarar», señalaron quienes la acompañan desde temprano.
La investigación judicial comenzó el jueves a las 23, dos horas después del hecho, cuando la jueza Capuchetti recibió la consulta policial en relación a los hechos ocurridos en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta y comenzó a trabajar desde los tribunales federales de Comodoro Py.
Para entonces la detención del agresor ya había sido efectuada y el arma, que cayó al piso después del atentado fallido, secuestrada por la Policía Federal Argentina.
Los primeros testigos en declarar fueron los jóvenes que rodeaban a la Vicepresidenta cuando se produjo el hecho y que lograron la «detención civil» del imputado; luego, en tandas, fueron declarando los miembros de la custodia vicepresidencial y los efectivos de la Policía Federal Argentina que trabajaban en la zona.
Las expectativas en los tribunales federales de Retiro estuvieron puestas durante todo el día en cuándo y dónde sería la indagatoria del imputado, pero los investigadores se encargaron de hacer trascender que esa información permanecerá bajo 7 llaves dado que se trata de un detenido «de altísimo riesgo», por la gravedad del hecho que se le achaca.
«Estamos investigando el intento de matar a la vicepresidenta, es una investigación que no tiene el más mínimo margen de error», repetían las fuentes judiciales consultados por Télam.
Las mismos voceros confirmaron que «se investigan todas las hipótesis» y las circunstancias en que ocurrieron los hechos, ya que se cuenta con todas las filmaciones de la zona y una gran cantidad de videos de militantes, a la vez que no descartaron que en algún momento se analicen también los errores cometidos por la custodia vicepresidencial.
Télam pudo confirmar de fuentes seguras que el Sabag Montiel rechazó ser defendido por un abogado privado que se le presentó en nombre de su familia en la dependencia de la Policía Federal Argentina ubicada en la calle Cavia en la que se encuentra detenido y por el contrario eligió la defensa oficial.
En horas de la mañana, se entrevistó con el defensor Juan Martín Hermida quien por estas horas lo representa en el expediente.
En el comienzo de la investigación intervino el por el Ministerio Público Fiscal el magistrado Eduardo Taiano (que estaba subrogando a su colega) pero luego ese papel fue asumido por Rívolo.
Capuchetti, Taiano y Rívolo hicieron a primera hora de hoy una inspección ocular en el lugar de los hechos, luego volvieron a Comodoro Py y varias horas después Capuchetti y Rivolo tomaron la decisión de que la Vicepresidenta declare en su casa, por lo que volvieron a la zona.
Según los informes recibidos en la causa, el arma usada anoche por Sabag Montiel, está «apta para disparar» y el imputado se encuentra ubicado en tiempo y espacio por lo que podría prestar declaración indagatoria.
En la sede del juzgado se realizó por parte de peritos de la Policía Federal la apertura y extracción de datos del teléfono celular del agresor y ahora esa información deberá ser analizada.
Los investigadores dispusieron además que se trace un perfil del agresor a partir de sus redes sociales, para lo que se dio intervención a una unidad fiscal especializada en Delitos Informáticos a cargo del fiscal Horacio Azzolin, y también un perfil económico.
En tanto, se realizaron dos allanamientos, uno de ellos a un monoambiente que alquilaba en el partido bonaerense de San Martín donde se encontró un centenar de municiones.
Con las cámaras de seguridad en la zona del departamento de la Vicepresidenta se dispuso un «seguimiento y reconstrucción» del recorrido que hizo el acusado hasta que logró llegar a la Vicepresidenta, que regresaba a su domicilio.
Los testigos declararon durante la madrugada y hasta primera hora de la mañana y, en muchos casos, fueron trasladados a Comodoro Py 2002 desde el lugar de los hechos.
Por el edificio de los tribunales federales porteños también pasó el viceministro de justicia Juan Martín Mena quien puso a disposición de los investigadores cualquier herramienta que pueda aportar el Gobierno para el avance eficaz de la investigación.
Uno de los testigos del hecho -llamado Javier- declaró que el hombre detenido llegó a «gatillar dos veces» a escasos centímetros de la cabeza de la Vicepresidenta.
En declaraciones a la prensa en Tribunales luego de declarar en el juzgado, el testigo contó que «estaba formando parte del cordón» de militantes que intentaban proteger a la exmandataria.
«Cristina viene hacia a mí, me acaricia y por la altura de arriba de mi hombro, veo que se asoma un brazo con un arma. Veo la figura del arma, pero no logro ver qué arma era. Retrocede y ahí yo me doy vuelta y lo agarro», relató.
Al ser consultado sobre si el detenido le dijo alguna frase a la Vicepresidenta, contestó: «No escuché nada. Pero sí se escuchó que gatilló. Para mí, gatilló dos veces».
Con la tensión concentrada en el tercer piso de Comodoro Py, donde está ubicado el juzgado que lleva la causa, la Cámara Federal de Casación envió un oficio al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, para pedir un refuerzo de la seguridad en el edificio.
CABA
Amenazas en escuelas: la Ciudad responde con mano dura y esquiva el debate de fondo
La ministra Mercedes Miguel reconoció que los chicos “no tienen dimensión”, pero el Gobierno refuerza medidas punitivas en lugar de invertir en prevención y acompañamiento.
Entre el pánico y la respuesta punitiva: la Ciudad endurece el discurso ante amenazas escolares
La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, buscó instalar una definición tajante frente a la ola de amenazas de tiroteos en escuelas: “no es una broma, es un delito”. La frase, repetida como mantra, marca el tono de un Gobierno que, ante un fenómeno complejo y multicausal, parece inclinarse más por la lógica punitiva que por una lectura integral del problema.
En paralelo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció el refuerzo de protocolos que activan la intervención policial, judicial y de organismos de niñez ante cada episodio. El despliegue incluye incluso la incautación de celulares y el rastreo de conversaciones privadas de menores. La escena: chicos de 11 o 12 años bajo la lupa del sistema penal.
Criminalizar la infancia, una respuesta ligera
Miguel insistió en que los niños “no tienen dimensión” de lo que hacen. Sin embargo, esa misma afirmación entra en tensión con la decisión oficial de encuadrar sus conductas como delito. La contradicción no es menor: si no hay comprensión plena, ¿qué sentido tiene la amenaza penal como eje de la política pública?
- Se instala la idea de “límite” desde la sanción antes que desde la pedagogía.
- Se desplaza la responsabilidad hacia las familias y las redes sociales.
- Se invisibiliza el rol del Estado en la prevención y el acompañamiento.
El resultado es una respuesta que corre el eje: del cuidado al castigo.
El fantasma de las redes y la coartada perfecta
La ministra apuntó contra TikTok y la viralización de desafíos como motor del fenómeno. La explicación, aunque atendible, aparece incompleta y funcional: pone el foco en plataformas globales mientras evita discutir el deterioro local del sistema educativo.
En la Ciudad, docentes vienen denunciando:
- Falta de equipos interdisciplinarios suficientes (psicólogos, trabajadores sociales).
- Escasa capacitación para abordar conflictos digitales y violencias emergentes.
- Recortes presupuestarios que impactan en programas socioeducativos.
Sin esas herramientas, la escuela queda sola frente a problemáticas cada vez más complejas.
Protocolos sin comunidad
El Gobierno porteño difundió un instructivo para familias que incluye revisar mochilas, controlar celulares y denunciar al 911. La prevención queda así reducida a la vigilancia doméstica y al reflejo policial.
Pero en esa lógica se diluye algo central: la construcción de comunidad educativa. No hay mención concreta a espacios de escucha, trabajo con estudiantes, ni estrategias sostenidas de educación digital crítica.
Lo que no se dice
Mientras se multiplican las amenazas, también crece el miedo. Familias que dudan en enviar a sus hijos a la escuela y docentes que enfrentan situaciones para las que no fueron preparados. Sin embargo, el discurso oficial evita una autocrítica de fondo:
- ¿Qué pasa con el presupuesto educativo en la Ciudad?
- ¿Dónde están los equipos de acompañamiento permanentes?
- ¿Qué políticas integrales se implementan más allá del protocolo reactivo?
La apelación al delito ordena el relato, pero no resuelve el problema.
Entre el control y el abandono
El mensaje final del Gobierno parece oscilar entre dos extremos: más control y menos Estado presente en lo cotidiano. Se endurecen las respuestas cuando el conflicto estalla, pero se debilitan las políticas que podrían prevenirlo.
En ese terreno, la escuela queda atrapada: exigida para contener, pero sin recursos; señalada como espacio de riesgo, pero sin respaldo suficiente.
La pregunta de fondo sigue abierta: si los chicos no dimensionan, como admite la propia ministra, ¿no debería el Estado dimensionar mejor su respuesta?
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