CABA
¿El agresor de Cristina actuó solo o tuvo colaboración?
Fuentes judiciales confirmaron que el arma utilizada estaba «apta para el disparo».
La justicia federal investiga si el hombre que anoche quiso atentar contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner actuó en solitario, estuvo acompañado por otra persona o respondía a órdenes de alguien más, informaron hoy fuentes judiciales que confirmaron que el arma utilizada estaba «apta para el disparo».
Fernando André Sabag Montiel, nacido en Brasil hace 35 años, es hasta ahora el único imputado en el expediente caratulado «homicidio calificado en grado de tentativa», mientras los investigadores no descartan ninguna hipótesis en el análisis de la agresión reportada en la puerta del edificio donde reside la Vicepresidenta, en la esquina de Juncal y Uruguay de Buenos Aires.
Se trata del hombre que en la noche del jueves, cuando la vicepresidenta saludaba a quienes le manifestaban su apoyo en la puerta de su casa, le apuntó a la vicepresidenta a la cabeza con una pistola bersa calibre 32, de uso civil, y gatilló dos veces sin efectuar ningún disparo.
Por estas horas, los investigadores intentaban reconstruir el camino completo del imputado hasta que llegó a colocarse a metros de la presidenta, a la vez que, por medio de una batería de pruebas, intentan determinar «si actuó solo o con alguien más».
La jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo ya tomaron una treintena de testimonios entre los que se destaca el de la propia expresidenta Fernández de Kirchner, quien los recibió en su casa y pudo reconstruir los hechos desde su óptica, la de la víctima.
La vicepresidenta declaró como testigo durante casi 50 minutos en su departamento de Recoleta, se mostró «entera» y predispuesta a declarar sobre lo ocurrido anoche; «tenía ganas de declarar», señalaron quienes la acompañan desde temprano.
La investigación judicial comenzó el jueves a las 23, dos horas después del hecho, cuando la jueza Capuchetti recibió la consulta policial en relación a los hechos ocurridos en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta y comenzó a trabajar desde los tribunales federales de Comodoro Py.
Para entonces la detención del agresor ya había sido efectuada y el arma, que cayó al piso después del atentado fallido, secuestrada por la Policía Federal Argentina.
Los primeros testigos en declarar fueron los jóvenes que rodeaban a la Vicepresidenta cuando se produjo el hecho y que lograron la «detención civil» del imputado; luego, en tandas, fueron declarando los miembros de la custodia vicepresidencial y los efectivos de la Policía Federal Argentina que trabajaban en la zona.
Las expectativas en los tribunales federales de Retiro estuvieron puestas durante todo el día en cuándo y dónde sería la indagatoria del imputado, pero los investigadores se encargaron de hacer trascender que esa información permanecerá bajo 7 llaves dado que se trata de un detenido «de altísimo riesgo», por la gravedad del hecho que se le achaca.
«Estamos investigando el intento de matar a la vicepresidenta, es una investigación que no tiene el más mínimo margen de error», repetían las fuentes judiciales consultados por Télam.
Las mismos voceros confirmaron que «se investigan todas las hipótesis» y las circunstancias en que ocurrieron los hechos, ya que se cuenta con todas las filmaciones de la zona y una gran cantidad de videos de militantes, a la vez que no descartaron que en algún momento se analicen también los errores cometidos por la custodia vicepresidencial.
Télam pudo confirmar de fuentes seguras que el Sabag Montiel rechazó ser defendido por un abogado privado que se le presentó en nombre de su familia en la dependencia de la Policía Federal Argentina ubicada en la calle Cavia en la que se encuentra detenido y por el contrario eligió la defensa oficial.
En horas de la mañana, se entrevistó con el defensor Juan Martín Hermida quien por estas horas lo representa en el expediente.
En el comienzo de la investigación intervino el por el Ministerio Público Fiscal el magistrado Eduardo Taiano (que estaba subrogando a su colega) pero luego ese papel fue asumido por Rívolo.
Capuchetti, Taiano y Rívolo hicieron a primera hora de hoy una inspección ocular en el lugar de los hechos, luego volvieron a Comodoro Py y varias horas después Capuchetti y Rivolo tomaron la decisión de que la Vicepresidenta declare en su casa, por lo que volvieron a la zona.
Según los informes recibidos en la causa, el arma usada anoche por Sabag Montiel, está «apta para disparar» y el imputado se encuentra ubicado en tiempo y espacio por lo que podría prestar declaración indagatoria.
En la sede del juzgado se realizó por parte de peritos de la Policía Federal la apertura y extracción de datos del teléfono celular del agresor y ahora esa información deberá ser analizada.
Los investigadores dispusieron además que se trace un perfil del agresor a partir de sus redes sociales, para lo que se dio intervención a una unidad fiscal especializada en Delitos Informáticos a cargo del fiscal Horacio Azzolin, y también un perfil económico.
En tanto, se realizaron dos allanamientos, uno de ellos a un monoambiente que alquilaba en el partido bonaerense de San Martín donde se encontró un centenar de municiones.
Con las cámaras de seguridad en la zona del departamento de la Vicepresidenta se dispuso un «seguimiento y reconstrucción» del recorrido que hizo el acusado hasta que logró llegar a la Vicepresidenta, que regresaba a su domicilio.
Los testigos declararon durante la madrugada y hasta primera hora de la mañana y, en muchos casos, fueron trasladados a Comodoro Py 2002 desde el lugar de los hechos.
Por el edificio de los tribunales federales porteños también pasó el viceministro de justicia Juan Martín Mena quien puso a disposición de los investigadores cualquier herramienta que pueda aportar el Gobierno para el avance eficaz de la investigación.
Uno de los testigos del hecho -llamado Javier- declaró que el hombre detenido llegó a «gatillar dos veces» a escasos centímetros de la cabeza de la Vicepresidenta.
En declaraciones a la prensa en Tribunales luego de declarar en el juzgado, el testigo contó que «estaba formando parte del cordón» de militantes que intentaban proteger a la exmandataria.
«Cristina viene hacia a mí, me acaricia y por la altura de arriba de mi hombro, veo que se asoma un brazo con un arma. Veo la figura del arma, pero no logro ver qué arma era. Retrocede y ahí yo me doy vuelta y lo agarro», relató.
Al ser consultado sobre si el detenido le dijo alguna frase a la Vicepresidenta, contestó: «No escuché nada. Pero sí se escuchó que gatilló. Para mí, gatilló dos veces».
Con la tensión concentrada en el tercer piso de Comodoro Py, donde está ubicado el juzgado que lleva la causa, la Cámara Federal de Casación envió un oficio al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, para pedir un refuerzo de la seguridad en el edificio.
CABA
Terminó el motín en la comisaría del microcentro y liberaron al último policía
El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, informó que no hubo heridos, que la Alcaidía 1 cerrará en forma temporal y que los detenidos involucrados enfrentarán cargos por robo, privación ilegítima de la libertad y amenazas.
ACTUALIZACIÓN. El motín en la Comisaría Vecinal 1-D, en Lavalle 451, terminó pasadas las 17:20 con la liberación del oficial mayor que los detenidos mantenían como rehén. Así lo confirmó el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, en una conferencia de prensa.
Según el relato oficial, la toma empezó a las 12:36 tras una pelea entre internos. Los detenidos retuvieron a un subcomisario, a un inspector y a un oficial mayor; los dos primeros fueron liberados en poco tiempo y el tercero salió después de una negociación a cargo de un comité de crisis integrado por la jefatura de la Policía de la Ciudad, el Ministerio de Seguridad, Bomberos y el SAME. También intervinieron la fiscalía y el Servicio Penitenciario Federal.
«No hubo heridos»
Giménez aseguró que no hubo heridos y que el SAME revisó a los 23 detenidos que participaron de la toma. El ministro sostuvo que los internos «no tenían armas blancas» y que «no hubo nunca un intento de evasión». Otros siete detenidos alojados en la dependencia no participaron.
De acuerdo con el ministro, durante el motín los internos le sacaron el teléfono al oficial retenido y vaciaron sus cuentas. Por eso adelantó que enfrentarán cargos por robo, privación ilegítima de la libertad y amenazas, lo que agravará las penas que ya cumplen.
Cierre de la Alcaidía 1 y traslados
Giménez anunció que la Alcaidía 1 cerrará en forma temporal desde esta noche y que todos los detenidos alojados allí serán trasladados.
La versión oficial atribuyó el conflicto a una pelea entre internos. La hipótesis de un rechazo al traslado al penal de Marcos Paz, que circuló durante la tarde y que esta nota consignó como no confirmada, no fue respaldada por ninguna fuente oficial. Mientras tanto, la Procuración Penitenciaria de la Nación viene advirtiendo sobre la sobrepoblación en alcaidías y comisarías porteñas, espacios pensados para estadías cortas que se transformaron en lugares de detención prolongada.
Durante la toma, uno de los detenidos denunció en un audio que circuló públicamente la falta de duchas, el encierro en un espacio reducido y el uso de gas pimienta. Ninguna fuente oficial confirmó esas acusaciones.
Lo que tenés que saber:
- El motín empezó a las 12:36 y terminó pasadas las 17:20 con la liberación del último policía retenido.
- Según el ministro Horacio Giménez, no hubo heridos y el SAME revisó a los 23 detenidos involucrados.
- Los internos enfrentarán cargos por robo, privación ilegítima de la libertad y amenazas.
- La Alcaidía 1 cerrará en forma temporal y todos sus detenidos serán trasladados.
- La versión oficial atribuyó el motín a una pelea entre internos.
La nota original
Un grupo de al menos 20 detenidos se amotinó en la Comisaría Vecinal 1-D del microcentro porteño y tomó como rehén a personal policial, en una tarde de máxima tensión que obligó a desplegar al SAME y a los bomberos. Según se informó, uno de los rehenes fue liberado.
El episodio ocurrió en la alcaidía de la dependencia, ubicada en Lavalle 451, en el barrio de San Nicolás. Voceros de la Policía de la Ciudad indicaron que no hay peligro de fuga y que, hasta el momento, no se reportaron heridos. El parte oficial señala que el conflicto se originó en un enfrentamiento entre internos dentro de una celda. Según trascendió, un celador que intervino para frenar la pelea habría terminado como rehén de los presos.
Según versiones que circularon desde el lugar, los detenidos rechazaban ser trasladados al nuevo Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, adonde ya se derivó a cerca de 1.400 internos de la cárcel de Devoto. Esa motivación no fue confirmada oficialmente. Según las imágenes difundidas por canales de televisión, personal del SAME ingresó a la comisaría con dos camillas.
Una mudanza a contrarreloj
El traslado desde Devoto comenzó el domingo 11 de octubre, cuando el Ministerio de Seguridad Nacional movió a 609 internos en dos días, el 40% de la población del penal. La ministra Alejandra Monteoliva ratificó en una entrevista radial que la meta del Gobierno es «finalizar este año con el penal de Devoto trasladado y cerrado».
Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre los complejos federales de Ezeiza y Marcos Paz, que relevó el primer semestre de 2026, registró que casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz está procesado sin condena firme. Además, documentó 18 fallecimientos entre ambas unidades y 41 medidas de fuerza, en su mayoría huelgas de hambre. Un traslado masivo a un complejo con ese historial es, como mínimo, un motivo de preocupación para quienes están alojados en comisarías y esperan destino.
Un problema que se repite en las alcaidías porteñas
No es la primera vez que detenidos alojados en comisarías de la Ciudad se amotinan por su lugar de alojamiento. En marzo de 2022, 22 detenidos de la Comisaría 3A, en Lavalle al 1900, protagonizaron un motín en el que pedían ser trasladados a cárceles del Servicio Penitenciario Federal, según informaron en aquel momento fuentes del Ministerio de Seguridad porteño. En ese caso, el reclamo se daba en medio de una tensión entre la Ciudad y la Nación por los cupos y la sobrepoblación en alcaidías.
Hoy los detenidos no reclaman ir a una cárcel federal sino evitar un traslado, lo que muestra que el conflicto de fondo es el mismo: un sistema que no ofrece alojamiento digno ni previsible. Las comisarías no están diseñadas para alojar detenidos durante períodos prolongados.
Hasta el cierre de esta nota, las autoridades investigaban las responsabilidades de los detenidos que participaron del intento de fuga y de la agresión, y no se informó el número exacto de involucrados ni la situación de los rehenes.
Lo que tenés que saber
- Al menos 20 detenidos se amotinaron en la Comisaría Vecinal 1-D, en Lavalle 451, y tomaron personal policial como rehén.
- Uno de los rehenes fue liberado, según se informó.
- La Policía de la Ciudad indicó que no hay peligro de fuga y que no se reportaron heridos hasta el momento.
- Según versiones no confirmadas, los presos rechazaban ser trasladados a Marcos Paz, adonde se envió a cerca de 1.400 internos de Devoto.
- El Gobierno nacional se propone cerrar Devoto antes de fin de año.
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