Buenos Aires
Ordenan nueva autopsia a mujer policía que murió tras un entrenamiento
La fiscalía que investiga la muerte de Agustina Camila Casco, suboficial de la bonaerense, hizo lugar a un pedido de la familia para que se realice una nueva autopsia al cadáver de la víctima. Se busca constatar si falleció luego de realizar una capacitación física.
La fiscalía que investiga la muerte de Agustina Camila Casco, la suboficial de la policía bonaerense que murió el 19 de noviembre pasado tras un entrenamiento en la Escuela de Policía Juan Vucetich, en Berazategui, ordenó a expertos de la Policía Federal que realicen peritajes con el fin de determinar si la joven falleció como consecuencia de alguna maniobra durante un entrenamiento, e hizo lugar a un pedido de la familia para que se realice una nueva autopsia al cadáver de la víctima, informaron fuentes judiciales.
En tanto, los familiares de la joven de 21 años anunciaron que este viernes a las 8.30 se concentrarán en el Departamento Judicial de Morón para reclamar Justicia, mientras aguardan los resultados de distintos peritajes.
Fuentes judiciales aseguraron que la fiscal del caso Paula Salevsky, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Morón, hizo lugar en las últimas horas a un pedido de la familia para que el cuerpo de Casco sea sometido a una nueva autopsia, que se realizará (aún sin fecha) en la morgue del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Además, la fiscal corrió de la investigación a la policía bonaerense y pidió la participación de expertos de la Policía Federal para la realización de distintos peritajes, entre ellos un análisis de los libros de guardia de la Escuela Vucetich, donde Casco realizaba el entrenamiento para el ascenso al cargo de oficial de policía, y de los informes del hospital Bicentenario, de Ituzaingó, y de la Clínica Provincial, donde finalmente murió.
Informe preliminar de la autopsia
Es que un primer informe preliminar de autopsia reveló que la joven falleció como consecuencia de un «paro cardíaco no traumático por un shock hipovolémico por un quiste en el ovario que provocó hemorragia», pero la familia desconfía de esa causa de muerte y cree que en realidad fue víctima de alguna irregularidad durante el entrenamiento al que estaba siendo sometida.
Por el momento, la fiscal Selevsky calificó la causa como «averiguación causal de muerte», pero los familiares confían en que sea modificado por un «homicidio».
Jéssica Casco, la hermana de la joven fallecida, dijo a Télam que la Justicia actúe con celeridad y que las autoridades de la Escuela policial «se hagan cargo» de lo que le sucedió a su hermana.
«Esperamos que se haga justicia por ella y para que no pase más algo así. Toda la policía bonaerense está triste con lo que sucedió con Agustina, pero vamos a seguir hasta el final para saber qué pasó con ella. Sé que ella no va a volver más pero por lo menos que no le pase a otros cadetes. La escuela no se hace cargo de nada y eso no puede ser que pase».
«Pedimos que se aclare todo porque no puede pasar eso en las escuelas de la policía. Ellos sabían de lo que pasaba y no hicieron nada». – Jéssica Casco
La mujer convocó para este viernes un encuentro en el Departamento Judicial de Morón, para luego dirigirse a la Escuela de Cadetes en el partido de Berazategui, sobre el Camino Centenario.
«Es para pedir justicia por mi hermana, pero también vamos a pedir que el director de la escuela y las autoridades se hagan cargo de lo que pasó y no tapen nada. Es una negligencia de la escuela, es más que evidente. Ellos están tapando todo y le prohíben que los cadetes hablen del tema», se quejó Jéssica.
«Pedimos que se aclare todo porque no puede pasar eso en las escuelas de la policía. Ellos sabían de lo que pasaba y no hicieron nada», finalizó la mujer.
Por otra parte, el abogado Rodrigo Tripolone, que representa a la familia Casco, dijo a Télam que insistirán ante la Justicia que se trató de un «homicidio culposo» y que intentarán «desentrañar el encubrimiento por parte de las máximas autoridades de la fuerza».
Además, el letrado denunció que el caso ya pasó por tres fiscalías porque «nadie quiere hacerse cargo del tema».
Primero la causa estuvo en manos de la UFI 5 de Morón, a cargo de Marisa Monti, quien se excusó y la envió a la Fiscalía de Violencia de Género de Morón y finalmente recayó en la fiscalía de Salevsky.
En tanto, Asuntos Internos de la policía bonaerense inició una investigación para determinar si alguna autoridad de la escuela tiene responsabilidades en la muerte, como consecuencia del entrenamiento al que estaba siendo sometida la suboficial Casco.
La oficial de policía falleció en la unidad de terapia intensiva de la Clínica Provincial de Merlo, luego de ser derivada el 19 de noviembre pasado desde el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó.
Allí había llegado tras pasar dos días con dolores abdominales en su casa, luego de regresar de la escuela de cadetes donde estaba en proceso del curso de ascenso de escalafón, de suboficial a oficial.
Según su madre, al llevarla al centro de salud comentó que había sufrido un golpe durante las prácticas de esposamiento, y que desde entonces padecía dolores.
Buenos Aires
Kicillof acusó a Milei de convertir Chapadmalal en un negocio inmobiliario privado
El gobernador bonaerense denunció los planes de concesión por 30 años del histórico complejo de turismo social y reclamó el traspaso definitivo a la Provincia. El Gobierno nacional oficializó el pase a disponibilidad de 77 trabajadores mediante la Resolución 129/2026.
Chapadmalal en venta: Kicillof denuncia que Milei convierte el turismo social en un negocio privado
★ El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó con dureza contra la administración de Javier Milei por el avance del proceso de concesión privada de la Unidad Turística de Chapadmalal y denunció que detrás de la iniciativa se esconde un «negocio inmobiliario» que liquidaría uno de los emblemas históricos del turismo social argentino.
«Me parece que, como ha hecho con todo, marcha a un negocio inmobiliario», declaró Kicillof durante una visita a Mar del Plata, al ser consultado sobre el futuro del complejo construido entre 1948 y 1949 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo como parte de una política de democratización del descanso para los sectores trabajadores. «La onda viene de demolición y destrucción», agregó el mandatario bonaerense, quien exigió que, si la Nación decide desprenderse del predio, su administración sea transferida en forma inmediata a la Provincia.
La Resolución 129/2026: 77 trabajadores en la cuerda floja
El Ejecutivo nacional oficializó el pase a disponibilidad de la totalidad del personal de las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse (Córdoba) mediante la Resolución 129/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida afecta a 58 trabajadores de Chapadmalal y 19 de Embalse, todos ellos empleados de planta permanente bajo la órbita de la Secretaría de Turismo y Ambiente, dependiente de la Jefatura de Gabinete que conduce Manuel Adorni.
La decisión formalizó lo que el propio Adorni había anunciado a fines de marzo: la intención del Gobierno de concesionar Chapadmalal por 30 años a operadores privados. En el caso de Embalse, las versiones indican que el destino sería la subasta directa del predio. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Mar del Plata advirtieron que la medida no solo afecta las fuentes laborales, sino que genera además un grave problema habitacional: decenas de familias de trabajadores residen desde hace más de veinte años en pabellones del propio complejo.
80 años de historia: del turismo popular al abandono programado
La ofensiva libertaria contra los complejos de turismo social no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una política sistemática que lleva más de un año de implementación. En 2025, el Gobierno nacional firmó el Decreto 216/2025, mediante el cual eliminó la obligación estatal de prestar servicios de turismo social, despojando al Estado de su responsabilidad histórica sobre estos complejos.
El impacto fue inmediato y contundente. El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, confirmó que «de alojar a más de 84.000 personas en 2023, pasamos a cero turistas en 2025 y 2026″. Costa denunció un «plan sistemático de privatización y vaciamiento» y subrayó que «las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse no son solo ladrillos; son Monumentos Históricos Nacionales y el símbolo máximo de la dignidad trabajadora». El ministro recordó que estos espacios «nacieron para democratizar el bienestar» y garantizar que «el descanso sea un derecho de las mayorías y no el privilegio de unos pocos».
La narrativa oficial justifica la concesión argumentando una supuesta reducción de costos para el Estado y la atracción de inversiones privadas. Sin embargo, la caída a cero de usuarios en dos años consecutivos no obedeció a una baja de la demanda, sino a la propia decisión gubernamental de cerrar los complejos y paralizar sus actividades desde que el Gobierno los sacó de la órbita de la Secretaría de Turismo a cargo de Daniel Scioli, a comienzos de 2025.
Reclamos provinciales y proyectos legislativos para frenar la privatización
Frente al avance nacional, la respuesta política desde la Provincia tomó múltiples formas. La senadora bonaerense Fernanda Raverta, del bloque Fuerza Patria, presentó un proyecto de ley para que la Provincia recupere la titularidad y la administración de los inmuebles que integran la Unidad Turística Chapadmalal, a fin de evitar la concesión privada. La iniciativa cuestiona la «desnaturalización del fin social» del complejo e impulsa que la totalidad del predio «pase a formar parte del patrimonio histórico y social de la Provincia» para ser afectado exclusivamente al turismo social.
Desde el radicalismo, el senador Maximiliano Abad impulsó una propuesta alternativa: destinar el complejo a un campus de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La iniciativa generó tensiones al interior del Concejo Deliberante local, donde las diferencias entre libertarios y radicales quedaron expuestas ante un tema que divide incluso a los propios socios de la coalición oficialista municipal.
Costa fue categórico en la posición provincial: «Si la Nación abandona sus responsabilidades, la Provincia defiende el patrimonio de los argentinos. No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio de unos pocos inmobiliarios». Y concluyó: «Ante el abandono de la Nación, defendemos la soberanía popular. Chapadmalal y Embalse son de los argentinos«.
Un patrón que se repite
La situación de Chapadmalal y Embalse se inscribe en un patrón ya conocido de la gestión libertaria: la transferencia de bienes y servicios públicos a manos privadas bajo el argumento de la eficiencia y la reducción del gasto estatal, sin evaluación del impacto social de esas decisiones. El cierre efectivo de dos complejos que en 2023 recibieron a más de 84.000 personas, combinado con el pase a disponibilidad de sus trabajadores y el avance silencioso de la concesión, configura un proceso de desmantelamiento que los propios actores involucrados califican como potencialmente irreversible.
Kicillof lo planteó con claridad: «Vaya a saber qué quieren hacer, a quién vendérselo, hacer un negocio privado». La frase resume la denuncia central de la Provincia ante un Gobierno que, con la excusa del saneamiento fiscal, convierte en mercancía lo que durante décadas fue un derecho social conquistado.
Puntos clave
- El Gobierno oficializó mediante la Resolución 129/2026 el pase a disponibilidad de 77 trabajadores de Chapadmalal y Embalse.
- El plan nacional prevé concesionar Chapadmalal por 30 años a privados y subastar el complejo de Embalse.
- El Decreto 216/2025 eliminó la obligación estatal de prestar servicios de turismo social, desencadenando el cierre de los complejos.
- De más de 84.000 personas alojadas en 2023 se pasó a cero turistas en 2025 y 2026.
- La senadora Fernanda Raverta presentó un proyecto para que la Provincia recupere la titularidad del predio.
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