Denuncia
El BCRA ocultó en su balance el oro que salió del país en 2024 ni habla de los USD 5.000 M en lingotes desaparecidos
El balance de abril de 2025 del Banco Central no detalla dónde están los lingotes que salieron del país en 2024. Técnicos de Basilea alertaron que podrían estar como “garantía” en Londres. La AGN confirmó que no existen contratos de custodia y el gobierno de Milei nunca informó de manera oficial al Congreso.
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó en abril de 2025 un balance donde el oro de las reservas nacionales no aparece claramente detallado. La omisión encendió las alarmas de especialistas financieros y la prensa especializada alimentó versiones sobre el destino de aproximadamente USD 5.000 millones en lingotes que salieron del país durante 2024, en medio del más absoluto hermetismo oficial.
Técnicos bancarios de Basilea señalaron que el oro argentino podría estar depositado como colateral en operaciones de swap lines en las bóvedas del Bank of England, en Londres. Sin embargo, hasta la fecha no existe documentación oficial que respalde esta versión ni que detalle las condiciones bajo las cuales las reservas auríferas de la Argentina están fuera del territorio nacional.
La cronología de una desaparición anunciada
Los lingotes comenzaron a salir del país en junio de 2024. Según pudo reconstruir este medio, hubo al menos dos embarques confirmados: el 7 y el 28 de junio. Las transferencias se realizaron en vuelos comerciales de British Airways, con la empresa de transporte de valores Loomis como transportista. El destino declarado fue el Banco de Pagos Internacionales (BIS) en Basilea, Suiza, aunque las versiones indican que el oro terminó custodiado en las bóvedas ubicadas debajo de las oficinas del Bank of England.
El 23 de agosto de 2024, el BCRA publicó un balance donde mencionó que las reservas de oro equivalían a aproximadamente USD 4.981 millones, pero sin especificar su ubicación física ni las condiciones contractuales de la operación. Fue la última vez que aparecieron con cierta claridad en los registros oficiales.
En diciembre de 2024, ante un requerimiento de la Auditoría General de la Nación (AGN), el Banco Central admitió oficialmente que «los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen a la fecha ni los había al 31/12/2024». Es decir: no hay papeles, no hay contratos, no hay documentación auditable que respalde dónde están ni bajo qué condiciones las reservas de oro de todos los argentinos.
El silencio oficial y la falta de autorización legislativa
El ministro de Economía, Luis Caputo, intentó justificar la operación con argumentos vagos. Declaró que «tener el oro en el Banco Central es negativo para el país» y que «es mucho mejor tenerlo custodiado afuera donde te pagan algo». Sin embargo, nunca brindó detalles sobre los rendimientos, los plazos ni los riesgos de la operación.
Lo más grave es que el traslado de reservas del Banco Central al exterior nunca fue autorizado por el Congreso Nacional, como corresponde en una república democrática cuando se dispone de activos soberanos de semejante magnitud. Tampoco se informó mediante los canales institucionales correspondientes, vulnerando los principios básicos de transparencia en la gestión de fondos públicos.
La Justicia ordenó al BCRA informar sobre estas operaciones, considerando que negarse a transparentar un tema de «indudable interés público» resulta contradictorio cuando el propio Estado reconoció públicamente la salida del oro.
El riesgo de perder las reservas
Según trascendidos de fuentes del ámbito financiero consultadas por este medio, el oro estaría funcionando como garantía en operaciones de tipo repo (repurchase agreement) para conseguir dólares líquidos a corto plazo. Este tipo de operaciones implican un riesgo concreto: si la Argentina no devuelve los dólares prestados en tiempo y forma, la entidad internacional acreedora se queda con el oro en garantía.
El exministro de Economía Martín Guzmán alertó públicamente sobre este peligro: si no se devuelven los dólares a tiempo, la entidad internacional se queda con el oro. En otras palabras, el país podría perder definitivamente una parte sustancial de sus reservas por una operación financiera que nunca fue debidamente informada ni autorizada.
Circulan versiones extraoficiales que hablan directamente de una «venta» del oro al Banco de Basilea por USD 5.000 millones, aunque este extremo no ha podido ser confirmado oficialmente. Lo cierto es que la nebulosa que rodea el destino de los lingotes, la ausencia de contratos y la opacidad del gobierno de Javier Milei alimentan las peores sospechas sobre una operación que podría costarle caro al patrimonio nacional.
La opacidad como método
El manejo de esta operación exhibe un patrón de opacidad sistemática. Los balances del BCRA bajo la gestión de Santiago Bausili fueron omitiendo progresivamente información sobre los lingotes: primero sin precisar su ubicación, luego sin detallar las operaciones en las notas aclaratorias, hasta prácticamente desaparecer de los registros oficiales.
En ciertos trimestres, el componente oro no apareció con claridad en los balances, como si se hubiera diluido entre páginas y cifras. Una maniobra inédita para el principal activo de respaldo de las reservas del país.
La falta de transparencia contrasta con la obligación legal del Banco Central de rendir cuentas sobre el manejo de las reservas nacionales. Organismos de control como la AGN, el Congreso y la Justicia exigieron información, pero el gobierno libertario mantuvo el hermetismo.
Puntos clave:
• El oro del BCRA salió del país en junio de 2024 hacia Basilea y Londres, sin que existieran contratos formales de custodia.
• El balance de abril de 2025 no detalla dónde están los lingotes ni bajo qué condiciones operativas.
• La Auditoría General de la Nación confirmó que al 31/12/2024 no existían contratos con el BIS ni con otros depositarios.
• El Congreso nunca autorizó el traslado de reservas al exterior, vulnerando principios republicanos básicos.
• Existe riesgo concreto de perder el oro si funciona como garantía en operaciones repo y el país no puede devolver los dólares.
Consumo
Más de 7 millones de argentinos podrían recuperar plata que Mercado Pago cobró de más con tasas excesivas
Una demanda colectiva que tramita en el Juzgado N° 24 de Buenos Aires apunta al gigante fintech por el cobro de intereses que superarían el 1300% anual. Si la justicia falla a favor de los consumidores, la restitución podría alcanzar a unos siete millones de usuarios en todo el país.
Tasas de interés que superan el 1300% anual, pagadas por millones de argentinos que recurrieron a la plataforma para financiar gastos cotidianos. Eso es lo que denuncia la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA) en una demanda colectiva contra Mercado Pago que ya tiene expediente abierto en la justicia porteña y que podría derivar en la mayor restitución de fondos en la historia del sistema fintech local.
La acción judicial fue impulsada por el abogado Diego Espasandín, fundador de ACFRA, y tramita ante el Juzgado N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires. La entidad midió las tasas aplicadas por la empresa en sus productos de financiamiento y concluyó que los porcentajes cobrados exceden ampliamente cualquier parámetro razonable, alcanzando niveles que la organización califica como desproporcionados y contrarios a los derechos del consumidor.
Del préstamo individual a la acción colectiva
Aunque el expediente se originó a partir de dos presentaciones individuales, la estrategia jurídica de ACFRA apunta a convertir la causa en un proceso de alcance colectivo. La pretensión central es que el tribunal analice los montos cobrados durante los últimos tres años y ordene la devolución de las sumas que hubieran sido percibidas de forma indebida. Si la justicia hace lugar al planteo, la resolución podría beneficiar a aproximadamente siete millones de usuarios que se encuentran en idéntica situación.
Espasandín explicó en el streaming Contra Ataque que muchos de esos clientes recurrieron al financiamiento de la plataforma para resolver urgencias económicas concretas, necesidades puntuales para llegar a fin de mes, y terminaron atrapados en una espiral de costos financieros que los alejó aún más de cualquier posibilidad de recuperación. El modelo de negocio que se cuestiona no es una anomalía técnica, sino una práctica sistemática dirigida precisamente a los sectores con menor capacidad de negociación y mayor vulnerabilidad económica.
El contexto: desregulación y fintech sin techo
La denuncia no surge en el vacío. Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, el gobierno nacional avanzó en la desregulación del sistema financiero bajo el argumento de la «libertad de mercado», eliminando o flexibilizando topes a las tasas de interés que operaban como límite para los prestadores no bancarios. En ese marco, las plataformas fintech expandieron su oferta de crédito hacia sectores de la población que no acceden al sistema bancario tradicional, muchas veces cobrando tasas que ningún banco habilitado podría aplicar sin enfrentar una sanción del Banco Central.
La paradoja es elocuente: la desregulación que se presentó como una herramienta de inclusión financiera terminó generando las condiciones para que los sectores más excluidos paguen los intereses más altos. Lo que en la Argentina de la economía popular se llama «préstamo de agiotista» ahora tiene aplicación, billetera virtual y cuotas automáticas.
El peso de la prueba y lo que viene
La demanda de ACFRA plantea un desafío técnico y político de envergadura. Por un lado, deberá demostrar ante el juzgado que las tasas cobradas configuran una práctica abusiva en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor y del Código Civil y Comercial, que prohíben las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones y las que implican una ventaja desproporcionada para una de las partes. Por otro, cualquier fallo favorable implicará que el tribunal determine la forma en que se liquidará la deuda hacia millones de usuarios, un proceso de enorme complejidad operativa y financiera para la empresa.
Hasta el momento, Mercado Pago no realizó declaraciones públicas sobre el expediente. La causa continúa en etapa de sustanciación.
Puntos clave
- La demanda colectiva contra Mercado Pago tramita en el Juzgado N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires.
- ACFRA denuncia tasas de interés que superan el 1300% anual en productos de financiamiento de la plataforma.
- La acción apunta a la revisión de los cobros de los últimos tres años y la devolución de sumas percibidas de forma indebida.
- Un fallo favorable podría beneficiar a unos siete millones de usuarios en todo el país.
- La causa se enmarca en el proceso de desregulación financiera impulsado por el gobierno de Milei desde diciembre de 2023.
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