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Causa YPF: fondos buitre exigen que Argentina revele dónde está el oro que Caputo sacó del país

Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF denunciaron ante la jueza de NY, Loretta Preska, una maniobra de ocultamiento de activos. Reclaman información sobre más de US$ 1.000 millones en lingotes que el ministro Luis «Toto» Caputo ordenó sacar del país.

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El Argentino Diario-Caputo-Oro-YPF.

— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ Los fondos buitre Petersen y Eton Park presentaron un nuevo escrito judicial ante la jueza del Segundo Circuito de Nueva York, Loretta Preska, en el que acusan al gobierno argentino de ocultar deliberadamente la ubicación de sus reservas de oro para evadir el pago de la sentencia de US$ 16.100 millones por la expropiación de YPF.

Según consta en una carta remitida el 21 de enero de 2026 por el estudio de abogados Levine Lee LLP al tribunal, los demandantes sostienen que Argentina incumplió las órdenes judiciales de agosto de 2025 al presentar un testigo «deliberadamente no preparado» para declarar sobre el patrimonio nacional.

Acusan al gobierno de obstrucción judicial

En el documento presentado ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los representantes legales de los fondos afirmaron que «el incumplimiento de la República en producir un testigo calificado forma parte de su estrategia para evadir la ejecución de la sentencia de US$ 16.100 millones, incluyendo la ocultación de más de US$ 1.000 millones en reservas de oro».

Los lingotes fueron sacados del país por orden del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, según señalan los propios demandantes en su presentación judicial.

Los abogados argumentaron que la falta de respuestas es «grave y continua» y que el daño económico se agrava debido a que el precio del oro alcanzó un máximo histórico. Para los litigantes, la elección de un testigo sin conocimientos sobre el tema «equivale a una falta de comparecencia».

Caputo en la mira: el «jefe» de Bausili y los chats reveladores

La presentación judicial señala que funcionarios de alto rango tienen acceso directo a los datos requeridos. En particular, menciona al ministro de Economía, Luis Caputo, quien posee información directa sobre el traslado de los activos.

El escrito destaca que Caputo es el «jefe» de Santiago Bausili, presidente del Banco Central, y que ambos están en «contacto continuo vía grupo de chat», por lo que la información sobre las reservas de oro estaría al alcance del Ministerio de Economía.

Los pedidos concretos al tribunal

Ante esta situación, los beneficiarios del fallo solicitaron que el tribunal «obligue a la República a proporcionar de inmediato una declaración jurada identificando la ubicación, movimientos y cuenta(s) que mantienen el oro».

En caso de que el gobierno alegue falta de acceso a la información del Banco Central, pidieron celebrar una «audiencia probatoria con testimonio de individuos con conocimiento, incluyendo a Caputo y otros testigos».

Finalmente, el escrito reclama que se ordene a la República Argentina pagar los «honorarios razonables de abogados» de los demandantes por su conducta obstructiva.

Los abogados recordaron que organismos como el Ministerio de Seguridad y la Auditoría General de la Nación (AGN) poseen autoridad legal para acceder a la información sobre el transporte de las reservas.

Puntos clave:

• Los fondos buitre Petersen y Eton Park acusan al gobierno argentino de ocultar US$ 1.000 millones en reservas de oro para evadir el pago de la sentencia por YPF

• El ministro Luis «Toto» Caputo ordenó sacar los lingotes del país y, según los demandantes, tiene información directa sobre su ubicación

• La presentación judicial sostiene que Argentina presentó un testigo no preparado como parte de una estrategia de obstrucción

• Los fondos piden que la jueza Preska obligue a Argentina a revelar la ubicación exacta de las reservas de oro mediante declaración jurada

• En caso de negativa, solicitan una audiencia con testimonios de Caputo y otros funcionarios con conocimiento del tema

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Rutas nacionales: el Gobierno delega el mantenimiento y los peajes a las provincias

A través del Decreto 253/2026, la administración de Javier Milei habilitó a nueve jurisdicciones a licitar y gestionar tramos viales federales. La medida profundiza el modelo de desinversión nacional y traslada la carga financiera a los gobiernos locales y a los usuarios mediante el cobro de peajes.

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El Gobierno nacional oficializó este viernes la delegación de facultades a nueve provincias para la gestión, mantenimiento y licitación de tramos específicos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios. La medida, instrumentada a través del Decreto 253/2026 publicado en el Boletín Oficial, representa un paso determinante en la estrategia de descentralización de la infraestructura vial, permitiendo que los distritos locales asuman funciones operativas que históricamente dependieron de la administración federal.

Las provincias habilitadas por la normativa son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. Bajo este nuevo esquema, las jurisdicciones podrán otorgar concesiones de obra pública y autorizar el cobro de peajes a través de empresas privadas, mixtas o entes públicos. Aunque el texto aclara que la delegación es de carácter «funcional, limitado, temporal y revocable», el plazo de los contratos de gestión podrá extenderse hasta por treinta años, marcando un retiro estructural del Estado Nacional en la conservación de los corredores federales.

El fin de los subsidios nacionales

La disposición establece que, si bien la titularidad del dominio público y la jurisdicción federal se mantienen bajo órbita de la Nación, la responsabilidad financiera y de ejecución recaerá exclusivamente en los convenios individuales que cada provincia firme con la Dirección Nacional de Vialidad. El objetivo declarado por la Casa Rosada es optimizar la infraestructura de forma directa, pero fuentes del sector advierten que la medida es, en los hechos, una transferencia de la carga de mantenimiento a las provincias y a los usuarios, quienes deberán costear las mejoras mediante tarifas que garanticen el «equilibrio económico-financiero» de los concesionarios.

El Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación, supervisando que los planes de obras cumplan con los principios de transparencia y razonabilidad tarifaria. Sin embargo, el decreto impone un límite estricto: si una provincia no convoca a licitación en el plazo de un año tras la firma del acuerdo, la delegación caerá automáticamente. Este condicionamiento presiona a los gobernadores a acelerar el proceso de privatización de los peajes en un contexto de deterioro avanzado de la red vial nacional por la falta de inversión pública de los últimos meses.

Puntos clave:

  • * El Gobierno nacional delegó en nueve provincias la gestión y licitación de rutas nacionales.
  • * El Decreto 253/2026 permite a las jurisdicciones cobrar peajes para financiar el mantenimiento vial.
  • * Las concesiones tendrán un límite temporal de hasta 30 años bajo supervisión del Ministerio de Economía.
  • * La propiedad de las rutas seguirá siendo federal, pero la operatividad se descentraliza totalmente.
  • * Si las provincias no licitan los tramos en un año, las facultades delegadas volverán a la Nación.
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