La causa conocida como «Vacunatorio VIP» entró en una nueva etapa procesal. Tras años de marchas y contramarchas judiciales, el fiscal federal Eduardo Taiano presentó un pedido formal de indagatoria contra más de 30 personas que, durante la pandemia de Covid-19, accedieron a vacunas fuera de los turnos y criterios sanitarios habilitados. La jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo del expediente, deberá ahora resolver si convoca a declarar a los involucrados.

El requerimiento fiscal sostiene que los beneficiados no fueron receptores pasivos de un privilegio ajeno, sino partícipes activos de una maniobra irregular. Taiano les atribuye, en principio, la calidad de partícipes necesarios del delito de peculado, figura que contempla penas de entre dos y diez años de prisión. El argumento central es que los vacunados sabían, o debían saber, que no les correspondía esa prioridad: las campañas informativas habían sido públicas y masivas, y los criterios de priorización eran «razonablemente conocidos por la ciudadanía», según consta en el escrito fiscal.

Tres episodios, un mismo patrón de privilegio

La investigación identificó tres hechos concretos que estructuran la acusación. El primero tuvo lugar el 18 de febrero de 2021, cuando diez dosis asignadas al Hospital Posadas fueron trasladadas al Ministerio de Salud y aplicadas en un vacunatorio improvisado en la antesala del despacho del entonces ministro Ginés González García, hoy fallecido. Entre quienes recibieron esas dosis figuran Verbitsky, el empresario Seza Manukian, el magnate mediático Florencio Aldrey Iglesias, los diputados Taiana y Valdés, y familiares de algunos de ellos. Nueve de los vacunados fueron registrados en el sistema NOMIVAC como «Personal Estratégico», categoría que, según la investigación, no les correspondía a ninguno.

El segundo episodio ocurrió el 1 de febrero de 2021: un vial con cinco dosis fue trasladado al domicilio de Duhalde, en Lomas de Zamora. El entonces subsecretario de Estrategias Sanitarias Alejandro Costa vacunó allí al expresidente, a «Chiche» Duhalde, a sus hijas y a su secretario privado. Taiano remarcó que la vacunación domiciliaria estaba reservada exclusivamente para personas con impedimento físico para trasladarse, y que «no existe constancia alguna de que Duhalde padeciera tal impedimento». Tampoco el régimen especial que rige para los expresidentes contemplaba ningún privilegio sanitario de ese tipo.

El tercer bloque comprende la aplicación irregular de 36 dosis en el propio Hospital Posadas entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021, beneficiando a 23 personas elegidas por razones de afinidad personal, familiar o política. Entre ellas se encuentran el periodista Gabriel Michi, el fotógrafo presidencial Esteban Collazo, Patricia Alsua (esposa del entonces procurador del Tesoro Carlos Zannini), el dirigente peronista Lorenzo Pepe y el publicitario kirchnerista Jorge «Topo» Devoto. Casi todos fueron anotados de manera irregular como «personal de salud», en un hospital donde los propios trabajadores todavía no habían completado su esquema de vacunación.

El giro procesal que reactivó la causa

El pedido de Taiano llega después de un recorrido judicial con idas y vueltas significativas. En julio de 2021, la propia jueza Capuchetti había archivado parcialmente la situación de los vacunados, al entender que no existía delito por parte de quienes simplemente recibieron las dosis. Sin embargo, la causa cobró nuevo impulso cuando, en julio de 2024, Capuchetti procesó a González García por abuso de autoridad y peculado, y en octubre de ese año la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, confirmó los procesamientos del ex ministro, de su exsecretario Marcelo Ariel Guille, del exsubsecretario Alejandro Costa y del exdirector del Hospital Posadas, Alejandro Maceira.

Fue esa misma Cámara la que ordenó, además, avanzar sobre quienes recibieron las vacunas, para evitar que quedaran sin respuesta penal quienes «hayan disfrutado de provechos ilegales». Esa instrucción del tribunal de alzada fue el disparador directo del pedido de indagatoria que ahora debe resolver Capuchetti.

Vale recordar que la causa se inició el 22 de febrero de 2021, luego de que Verbitsky revelara en una entrevista radial que había recibido una vacuna tras comunicarse directamente con González García. El escándalo derivó en la renuncia inmediata del entonces ministro de Salud y su reemplazo por Carla Vizzotti.

El perfil de los imputados y la dimensión política

La lista de personas incluidas en el pedido fiscal abarca figuras con perfiles muy disímiles, pero unidas por su proximidad al gobierno de Alberto Fernández. Además del matrimonio Duhalde y Verbitsky, figuran sus hijas María Eva y Juliana Duhalde; el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto y su esposa; Marcelo Jorge Duhalde, hermano del fallecido secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde; y Devoto, referente de comunicación del kirchnerismo.

El caso adquiere una dimensión política ineludible. Varios de los imputados son figuras históricas del peronismo o del kirchnerismo. El procesamiento potencial de Duhalde, un actor central de la política argentina desde los años noventa, y de Verbitsky, periodista de larga trayectoria en la izquierda progresista, tensiona la narrativa de un expediente que el oficialismo libertario presentó desde un primer momento como prueba del «doble estándar» del campo popular. Sobre ese terreno, la lectura política de la causa está lejos de ser neutral, y el contexto judicial en que se tramita, ante una jueza y en un fuero históricamente atravesado por disputas de poder, obliga a seguir el proceso con atención crítica.

Puntos clave

• El fiscal federal Eduardo Taiano pidió indagatoria para más de 30 personas en la causa «Vacunatorio VIP», atribuyéndoles el carácter de partícipes necesarios del delito de peculado.
• Entre los convocados figuran el ex presidente Eduardo Duhalde, «Chiche» Duhalde, el periodista Horacio Verbitsky y los diputados Jorge Taiana y Eduardo Valdés.
• La causa se estructuró en torno a tres episodios de vacunación irregular entre diciembre de 2020 y febrero de 2021.
• La Cámara Federal ordenó en octubre de 2024 avanzar sobre los beneficiarios para evitar que quedaran impunes quienes «disfrutaron de provechos ilegales».
• La jueza María Eugenia Capuchetti debe resolver si convoca a indagatoria o no hace lugar al pedido fiscal.