Lo que tenés que saber

• El BCRA reconoció envíos de oro al exterior sin contratos ni respaldo legal
• La admisión surge tras un amparo impulsado por Sergio Palazzo
• La operatoria involucró reservas valuadas en casi USD 5.000 millones
• La Cámara cuestionó la falta de transparencia y trazabilidad
• Las autoridades podrían enfrentar responsabilidades penales

La orden judicial que forzó la admisión

La controversia por el traslado de reservas de oro del Banco Central de la República Argentina al exterior sumó un nuevo capítulo tras una resolución de la Cámara Contencioso Administrativa Federal. Por orden judicial, la entidad monetaria debió informar sobre las operaciones realizadas durante 2024 y reconoció la inexistencia de contratos o documentación legal que respalden el envío de lingotes fuera del país.

El 24 de diciembre, el tribunal hizo lugar a un amparo presentado por el diputado y dirigente bancario Sergio Palazzo. La resolución revocó una decisión previa que avalaba la reserva de la información y sostuvo que los argumentos de confidencialidad resultaban insuficientes para ocultar datos vinculados a bienes públicos.

Qué respondió el Banco Central

En una nota oficial dirigida a la Auditoría General de la Nación, el propio Banco Central admitió que no existen contratos de colocación de lingotes de oro con el Banco de Pagos Internacionales ni con otros depositarios del exterior, ni durante 2024 ni al cierre del año anterior.

«Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen«, respondió formalmente la entidad presidida por Santiago Bausili. Esa admisión dejó constancia de que la operatoria careció de respaldo contractual, informes jurídicos y mecanismos de auditoría posteriores.

El traslado de las reservas y su justificación oficial

Según información que circuló en el expediente, el envío de oro alcanzó montos cercanos a los USD 450 millones y tuvo como destino Londres, dentro de una operatoria total valuada en casi USD 5.000 millones. El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió públicamente la decisión y la presentó como una estrategia financiera.

“Hoy tenemos oro que es como si fuera un inmueble; no se puede usar para nada. En cambio, si ese oro está afuera, se le puede sacar un retorno”, expresó Caputo al argumentar que la custodia en el exterior permitiría generar rentabilidad sobre las reservas.

De acuerdo con la información disponible, el traslado se realizó en un operativo nocturno mediante un avión comercial, sin registros documentales verificables.

Cuestionamientos judiciales y posibles delitos

La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, integrada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, señaló que Bausili no justificó su negativa a informar sobre el destino del oro y advirtió que esa conducta vulneró los principios de transparencia en la administración de bienes del Estado.

La inexistencia de contratos abrió un escenario más complejo. Al tratarse de reservas estratégicas, la falta de trazabilidad documental expone a las autoridades del Banco Central a eventuales responsabilidades penales, al exceder el plano administrativo.

Auditoría, contexto internacional y presión judicial

En paralelo, la Auditoría General de la Nación quedó habilitada para evaluar acciones legales por entorpecimiento de auditoría, una vez completada la jura de nuevos auditores. El contexto internacional añade presión adicional: el precio del oro se ubica en valores récord, cercanos a los USD 4.400 la onza, lo que impacta de manera directa en los balances del organismo.

Con el expediente ya en sede judicial y una orden expresa de entregar información detallada, el margen de discrecionalidad del Banco Central se reduce. El foco del debate se trasladó al terreno judicial, donde se analizará si el envío de oro sin contratos ni respaldo legal configura una irregularidad penal.