Libertad de expresión
Revés judicial para el Pentágono por censurar a la prensa: “La restricción es peligrosa”
Un juez federal ordenó restituir credenciales a periodistas tras calificar de «ilegales» las restricciones impuestas por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
★ El sistema judicial estadounidense puso un freno a los intentos de disciplinamiento informativo dentro del Departamento de Defensa. Paul Friedman, juez principal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, dictaminó que el Pentágono debe restablecer de forma inmediata el acceso a los periodistas acreditados; tras considerar que la política emitida por el secretario Pete Hegseth vulneraba derechos constitucionales básicos.
Un esquema de castigos contra el periodismo
La resolución judicial se produjo luego de que se detectara que las disposiciones de la gestión de Hegseth permitían suspender o revocar credenciales de prensa en función del contenido de los reportajes. Friedman ya anuló varias de estas medidas el mes pasado; al entender que el organismo no puede utilizar criterios subjetivos sobre la cobertura periodística para decidir quién ingresa al edificio.
En un fallo con un tono de dura reprimenda; el magistrado sostuvo que el Departamento de Defensa no puede simplemente restablecer una política ilegal bajo el pretexto de tomar nuevas medidas y esperar que el tribunal haga la vista gorda. La sentencia pone en evidencia una metodología de persecución a las voces críticas que; según el juez; resulta especialmente peligrosa en contextos de conflicto bélico.
La vigencia de la Primera Enmienda
El dictamen judicial subrayó que la restricción de los derechos de la Primera Enmienda es un riesgo institucional permanente. Según la información difundida por la agencia Xinhua; el fallo destaca que el acceso de la prensa a las actividades militares estadounidenses no es una concesión discrecional del funcionario de turno; sino un pilar de la transparencia institucional.
Este antecedente internacional resuena en un clima de época donde distintos liderazgos políticos intentan avanzar sobre la labor comunicacional; tildando de operación o relato cualquier información que no sea complaciente con el poder de turno. La justicia federal de Washington fue contundente al señalar que el ejercicio del periodismo no puede estar sujeto a represalias por la naturaleza de sus investigaciones.
El rol del Pentágono ante la justicia
Con esta orden; los funcionarios del Pentágono quedan obligados a devolver las identificaciones a los reporteros que cubren el área. El caso expone las tensiones internas en la administración estadounidense respecto al manejo de la información pública y la soberanía informativa; en un marco donde el control estatal sobre los medios acreditados buscaba blindar las decisiones militares de la mirada pública.
Puntos clave:
- El juez Paul Friedman ordenó al Pentágono restablecer el acceso a periodistas acreditados.
- La justicia anuló disposiciones del secretario Pete Hegseth que permitían revocar credenciales según los reportajes.
- El fallo calificó de «ilegal» e «ineficaz» el intento de disfrazar políticas de restricción bajo nuevas medidas.
- Se destacó que limitar la Primera Enmienda es «peligroso» y más aún en tiempos de guerra.
- La resolución obliga a la restitución inmediata de los derechos laborales de los trabajadores de prensa en el edificio.
DDHH
Amnistía denunciará a Milei a nivel internacional por hostigar a periodistas
La ONG cerró los escritos para presentar la denuncia formal esta semana. Según FOPEA, en 2025 hubo 278 ataques contra la prensa y el Presidente fue autor de 119. La frase sobre la hoguera, dicha en la Fundación Faro, aceleró el reclamo.
El jefe de Estado argentino, Javier Milei, fue autor de 119 de los 278 ataques contra la prensa que se registraron durante 2025, y ahora Amnistía Internacional prepara una denuncia en su contra ante organismos internacionales. El dato surge del último informe del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que la organización utilizó como uno de los argumentos centrales de su presentación.
Amnistía Internacional, la organización de defensa de los derechos humanos, anunció a través de su cuenta oficial de X que denunciará al presidente Javier Milei por sus recientes declaraciones contra periodistas, a las que calificó como una «escalada de hostilidad hacia la prensa y un ataque a la libertad de expresión en Argentina». La entidad aseguró que los dichos del mandatario «profundizan el hostigamiento a la prensa» y confirmó que «está cerrando los escritos» para que las presentaciones formales se realicen «esta semana».
El discurso en la Fundación Faro
El origen del reclamo es el discurso que Milei brindó en la Fundación Faro, el think tank libertario que encabeza Agustín Laje. Según Amnistía, allí el Presidente individualizó y agredió a periodistas que cubrieron el caso de la criptomoneda $LIBRA, una causa que compromete al propio Gobierno.
En ese mismo discurso, Milei afirmó que quienes considera sus adversarios «se tienen que quemar en la hoguera». Para Amnistía, la frase evoca «una violencia extrema» y constituye un motivo de preocupación por el impacto que tienen los mensajes presidenciales sobre el ejercicio de la libertad de expresión.
La directora ejecutiva de la organización, Mariela Belski, calificó el accionar del mandatario como «gravísimo» porque la máxima autoridad del país «naturalizó los insultos, las amenazas y el hostigamiento» contra quienes ejercen el periodismo. Y fue más allá: «La libertad de expresión también implica poder investigar, cuestionar y publicar información incómoda para el poder sin temor a represalias. El Presidente tiene la obligación de respetar ese derecho, incluso cuando las críticas le molestan. Cuando el discurso oficial busca intimidar a quienes informan, el mensaje alcanza a toda la sociedad: hay voces que es mejor callar. Y eso es inadmisible», sentenció.
Los números del hostigamiento
El informe de FOPEA que cita la ONG contabilizó 278 ataques contra la prensa durante 2025, un 55% más que en 2024. Más de cuatro de cada diez de esos episodios, 119 en total, tuvieron al propio Presidente como autor. Amnistía sostuvo que el objetivo de los insultos de Milei al periodismo es «silenciar para generar autocensura».
La denuncia también recuerda otras acciones ya documentadas: las restricciones que sufrieron los periodistas acreditados para acceder a la Casa Rosada y las demandas judiciales que el Poder Ejecutivo llevó adelante contra periodistas críticos del Gobierno nacional.
Un reclamo que no es nuevo
La preocupación de Amnistía por el trato del oficialismo hacia la prensa viene de lejos. En julio de 2024, a casi ocho meses del inicio de la gestión libertaria, la organización advirtió que cerca de 30 periodistas habían recibido hostigamiento en redes y medios de comunicación. Dos años después, el escenario no solo persiste sino que escala de la mano del propio jefe de Estado.
En septiembre de este año, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) también llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia formal por los ataques del Gobierno de Milei contra periodistas y trabajadores de prensa, y exigió explicaciones y el cese inmediato de esas prácticas.
Cuando la voz más poderosa del país convierte la crítica periodística en blanco de insultos y amenazas, el daño no se limita a los periodistas señalados: se extiende a todo el debate público. La presentación que Amnistía concretaría en los próximos días busca que la comunidad internacional tome nota de esa deriva.
Lo que tenés que saber
- Amnistía Internacional denunciará a Javier Milei ante organismos internacionales por sus ataques a periodistas; las presentaciones formales se harían esta semana.
- El detonante fue el discurso del Presidente en la Fundación Faro, donde agredió a periodistas que cubrieron el caso $LIBRA.
- Milei dijo que sus adversarios «se tienen que quemar en la hoguera»; la ONG advirtió que esa frase evoca «una violencia extrema».
- FOPEA registró 278 ataques a la prensa en 2025, un 55% más que en 2024, y señaló a Milei como autor de 119.
- La denuncia suma las restricciones de acceso a la Casa Rosada y las demandas judiciales del Ejecutivo contra periodistas críticos.
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