Investigación 🔎
Procesan y embargan al anestesista y a residente por el robo de propofol del Hospital Italiano
El magistrado Javier Sánchez Sarmiento formalizó cargos contra el anestesista Hernán Boveri y la exresidente Delfina Lanusse del Hospital Italiano por malversación de propofol y otros anestésicos de uso controlado. Ambos tienen prohibida la salida del país y enfrentan embargos millonarios.
Procesamiento con embargos: juez acusa a Boveri y Lanusse por administración fraudulenta
★ El juez Javier Sánchez Sarmiento, a cargo de la investigación judicial sobre el desvío de fármacos de alta peligrosidad en el Hospital Italiano de Buenos Aires, dictaminó ayer el procesamiento formal del anestesista Hernán Boveri y la exresidente Delfina Lanusse por el delito de administración fraudulenta.
La decisión del magistrado cierra una fase central de la pesquisa y establece medidas cautelares severas para garantizar la comparecencia de ambos profesionales al proceso. Tanto Boveri como Lanusse tienen ahora prohibida la salida del país y han sido objeto de embargos de bienes cuya cuantía aún no trascendió públicamente, aunque fuentes judiciales las califican de significativas.
La trama del desvío de propofol
La causa que originó el procesamiento arrancó el 20 de febrero pasado, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad hallaron sin vida al anestesiólogo Alejandro Zalazar, de 29 años, en su departamento de Palermo. El cuerpo presentaba elementos para administración intravenosa y una vía conectada en el pie. La autopsia reveló muerte por congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico, lesiones compatibles con sobredosis de propofol y remifentanilo.
El hallazgo fue el disparo de salida para una investigación que pronto apuntó hacia el Hospital Italiano. El análisis de trazabilidad del instrumental y medicamentos hallados en el domicilio de Zalazar estableció que una porción significativa pertenecía a la institución ubicada en Almagro; medicamentos que Zalazar no tenía acceso laboral directo porque trabajaba en otros hospitales públicos.
Hernán Boveri: jerarquía y control
Hernán Boveri, médico especializado en anestesia que ocupaba un puesto de jerarquía en el área de Anestesiología del Hospital Italiano, quedó identificado como la pieza clave en la extracción de sustancias. El fiscal indicó que Boveri aprovechó su posición estratégica para vulnerar los controles de stock del hospital, accediendo a medicamentos que requieren custodia estricta, particularmente el propofol, un potente agente hipnótico de corta duración utilizado en quirófanos y procedimientos de sedación.
Boveri renunció a su puesto tras conocerse la causa y fue suspendido preventivamente por la institución antes de que se ejecutaran los allanamientos. En su declaración ante el juez, admitió haber administrado sustancias anestésicas a Lanusse en varias oportunidades, siempre con su consentimiento, y señaló que fue ella quien sustrajo los medicamentos. Estas declaraciones, aunque estratégicamente preparadas para mitigar responsabilidad personal, lo han enredado aún más en la trama judicial.
Delfina Lanusse: consumo documentado y sustracción
Delfina Lanusse, residente de tercer año en el área, fue apartada con licencia forzosa del Hospital Italiano tras los descubrimientos iniciales. Durante las indagatorias, tanto el jefe como el subjefe del área de Anestesiología del hospital declararon bajo juramento que Lanusse reconoció tener problemas de consumo desde hacía dos años, un elemento que el Ministerio Público incorporó como contexto agravante en la causa.
La formulación de cargos por administración fraudulenta en su contra señala que no solo fue partícipe en la sustracción, sino que actuó como eslabón en la cadena de distribución de estos insumos fuera del hospital, aunque sus responsabilidades exactas aún se depuran en las investigaciones.
Los embargos y la subjeción al proceso
Las medidas cautelares impuestas por el juez Sánchez Sarmiento incluyen la prohibición de salida del país para ambos procesados, una restricción que bloquea prácticamente cualquier fuga mientras avanzan las fases del juicio. Los embargos de bienes funcionan como garantía de reparación, es decir, si la sentencia final los declara culpables y ordena indemnizaciones, el Estado contará con activos susceptibles de decomiso o venta.
Según informaron fuentes judicales cercanas a la causa, la cuantía de los embargos fue establecida en función del valor estimado del material sustraído, la cantidad de dosis desviadas y el potencial daño causado por la distribución clandestina de estos fármacos fuera de contextos médicos.
El contexto del caso Propofest
El procesamiento de Boveri y Lanusse se inscribe en lo que la prensa ha denominado caso Propofest, una investigación que reveló durante marzo un circuito clandestino de uso recreativo de anestésicos quirúrgicos. Las pesquisas indicaron la existencia de «Propo fests» o «Fiestas del propofol», encuentros privados donde se consumían propofol y fentanilo con fines no médicos, presuntamente pagados en dólares, y donde había supervisión médica informal para monitorear depresión respiratoria.
Dos muertes quedaron vinculadas a este circuito: la de Alejandro Zalazar, el anestesiólogo hallado en Palermo, y la de Eduardo Bentancourt, enfermero de 44 años hallado sin vida en el mismo barrio rodeado de más de 50 ampollas de medicamentos controlados, incluidas dosis de fentanilo contaminado proveniente del laboratorio de Ariel García Furfaro, procesado a su vez por adulteración de sustancias medicinales.
Una falla estructural en los controles hospitalarios
La causa ha puesto al desnudo una falla estructural grave en los mecanismos de fiscalización del stock de medicamentos de uso controlado dentro de una institución de referencia nacional. El análisis forense de filmaciones de vigilancia interna del Hospital Italiano permitió reconstruir los momentos en que Boveri accedía a sectores restringidos y retiraba ampollas sin que los sistemas de registro lo detectaran a tiempo.
El Hospital Italiano presentó una denuncia formal como querellante en la causa para resguardar su prestigio institucional y colaborar con la Justicia. Sin embargo, la investigación deja abierta una pregunta incómoda: ¿cuánto tiempo circularon estos insumos antes de ser detectados? y ¿cuál fue la magnitud real de la sustracción?
Hacia el juicio oral
Con el procesamiento formalizado, la causa avanza hacia la etapa de preparación de juicio oral. El Ministerio Público deberá consolidar su acusación, y los defensores de Boveri y Lanusse tendrán la oportunidad de ofrecer sus descargos y evidencia ante un tribunal de juicio. La sentencia final podría significar penas de prisión, aunque aún es prematuro especular sobre los montos que se decreten.
Lo cierto es que el caso Propofest ha visibilizado la fragilidad del sistema de salud pública y privada frente a la desviación de insumos críticos, un problema que trasciende a dos profesionales y apunta a la necesidad de reformas estructurales en los protocolos de custodia y registro de sustancias de riesgo.
Puntos clave:
- El juez Javier Sánchez Sarmiento procesó formalmente a Hernán Boveri y Delfina Lanusse por administración fraudulenta.
- Ambos tienen prohibida la salida del país y enfrentan embargos de bienes por valores significativos.
- Boveri ocupaba un cargo de jerarquía en el área de Anestesiología; Lanusse era residente de tercer año.
- El Hospital Italiano presentó querella y colabora activamente con la investigación judicial.
- La causa forma parte de la investigación más amplia sobre el «caso Propofest», que vinculó dos muertes a uso recreativo de anestésicos.
Investigación 🔎
Repudio unánime a la carpa VIP: $20.477 millones en contratos directos para un puñado de empresas
Una carpa de 30 por 40 metros con climatización, alfombras y catering para invitados especiales, y siete contrataciones directas por $20.477 millones (unos US$ 14 millones) para la misa de León XIV. DF Entertainment concentró el 42,4% del monto, y el repudio llegó desde la política y los medios.
Mientras miles de fieles aguantaron horas al aire libre para ver al papa León XIV, una carpa de 30 por 40 metros con climatización, pisos nivelados, alfombras y servicio gastronómico esperaba a los invitados especiales. Esa postal, difundida por los propios invitados en redes sociales, terminó de encender un escándalo que ya tenía números propios: siete procedimientos de contratación directa por $20.477.334.664,75, unos US$ 14 millones al tipo de cambio implícito utilizado para esa estimación.
La cifra surge de una investigación de un medio local sobre la organización de la misa celebrada frente al Monumento a los Españoles, en Palermo. El trabajo reconstruyó contratos de producción, estructuras, transmisión televisiva, sonido, iluminación, energía, pantallas y acondicionamiento de espacios. Atribuyó la responsabilidad política a la Jefatura de Gabinete y señaló a Mariana Vello, responsable de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, como la funcionaria interviniente en la adjudicación principal.
Siete procedimientos, ocho adjudicaciones y tres empresas con el 80%
La mayor adjudicación fue para DF Entertainment S.A., con $8.690 millones por la producción y coordinación general de la misa y la Vigilia de Jóvenes (procedimiento 79-0012-CDI26). Ese contrato por sí solo representa el 42,4% del total informado. La distribución publicada fue la siguiente:
- DF Entertainment S.A.: $8.690.000.000
- Nuevos Aires Producciones SRL: $4.547.700.000
- Recordvision S.A. (MediaHub): $3.090.000.000
- PRG Argentina SRL: $1.979.345.158
- Fidias Energía SRL: $1.736.000.000
- VMG Video Tech S.A.: $225.000.000
- Alfombra Mágica SRL: $128.080.000
- Tetramon: $81.209.506,75
Nuevos Aires Producciones recibió el 22,2% y Recordvision el 15,1%. Entre las tres firmas se quedaron con cerca del 80% de lo adjudicado.
Una carpa con aire, alfombras y mil detalles
Según el pliego de la contratación con DF Entertainment, los sectores reservados debían incluir una carpa de 30 por 40 metros, climatización, pisos nivelados, alfombras y mobiliario. También se previeron 3.500 sillas, sillones, mesas, arreglos florales, sanitarios diferenciados y servicios gastronómicos para distintas áreas del operativo. Se habló además de un dispositivo de acreditaciones para unos 4.000 invitados especiales, una cifra que no equivale a la capacidad simultánea de la carpa ni a la cantidad de personas que efectivamente la usaron.
Contratación por urgencia a casi tres meses de la confirmación
El mecanismo fue la contratación directa por compulsa abreviada por urgencia. La Santa Sede confirmó la visita el 5 de agosto, pero los procedimientos recién se tramitaron a mediados de octubre. Esa secuencia abre interrogantes sobre la planificación del operativo, la justificación de la urgencia y las condiciones de competencia entre proveedores.
Los Menem en el radar y lo que todavía no se probó
La investigación vinculó a TechSecurity, empresa de seguridad, con Martín Menem y su entorno familiar, y a Purgato, firma de limpieza, con los hermanos del presidente de la Cámara de Diputados. Sostuvo que ambas participaron de los servicios del operativo. Sin embargo, no se informaron montos adjudicados ni procedimientos administrativos a nombre de esas dos empresas, por lo que su eventual participación contractual no puede sumarse a los $20.477 millones. Los vínculos societarios y el alcance de esos servicios requieren documentación adicional.
Tampoco está acreditado que el responsable político de la Jefatura de Gabinete haya firmado personalmente cada contratación. La conducción política de un organismo, la autorización de un procedimiento, la firma de una adjudicación y la conformidad con la prestación son intervenciones distintas, y solo los expedientes completos permitirán establecer quién respondió por cada una.
El repudio: de la Justicia a los micrófonos
La diputada nacional Marcela Pagano adelantó que el tema irá a la Justicia. “Ellos deberán explicar en la Justicia por qué tuvieron que utilizar los recursos de los contribuyentes para que un grupo selecto tuviera un catering”, dijo en Radio Rivadavia. Para la legisladora, la carpa no estuvo de más, sino que fue pensada para que estén cómodos “los grupos de los amigos, los de siempre”. Pagano aseguró que se contrató el mismo catering que se usó en los casamientos de Mauricio Macri y de Luis Caputo, y el que se utilizó cuando visitó el país Barack Obama: “No me vengan a hacer creer que eran medialunas nada más porque en los videos se puede ver más que eso”.
El conductor Gonzalo Rodríguez, de Rock and Pop, habló de “vergüenza ajena” en su programa. “No eran las medialunas, ni las personas que estaban adentro, es lo que representa, esa necesidad permanente de sentirnos un poquito más importantes que los demás”, sostuvo. Describió una “pequeña isla de privilegiados, una carpa, una pulserita, un lugar reservado” frente a miles de personas que hicieron horas de cola bajo el sol, y cuestionó la “Argentina del atajo, la de la cintita, el contacto, el QR”.
El conductor Ari Paluch fue más lejos en un video en sus redes sociales: calificó al sector como “la carpa suntuosa, superficial, que banaliza el mensaje del Papa, de la justicia social, de la igualdad, de pensar en los que menos tienen”. Sostuvo que los VIP deberían haber sido “algún policía heroico, algún bombero que se jugó la vida en un incendio, algún maestro rural”, y cuestionó que los invitados publicaran sus experiencias. “Este ha sido un papelón enorme”, sentenció, y recordó que no hubo licitación y que se decidió de forma directa convocar a DF Entertainment. Cerró con una frase que resume el ánimo de las críticas: “la carpa del horror”.
Las ironías de una misa con jerarquías
El empresario Alejandro Gravier, esposo de Valeria Mazza, explicó que aceptaron la invitación al sector VIP con emoción: “Es casi imposible rechazar una invitación a una misa del Papa”. Contó que llegaron a las siete y media de la mañana y que esperaron unas tres horas al sol antes de la ceremonia. La ironía es que hasta el testimonio de un invitado confirma que el sol pegó para todos, aunque no todos tuvieron aire acondicionado. Gravier agregó que había mucha gente conocida, entre ellos integrantes del Gobierno, ministros, diputados y sacerdotes.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reconoció después que algunos elementos del catering, como las medialunas y los budines, habían resultado excesivos, aunque cuestionó que se describiera al sector como un lujo descomunal. Un reconocimiento a medias para un episodio que sus propios organizadores admiten que se les fue de las manos.
El contraste se completa con el Pequeño Cottolengo Don Orione, institución por la que el pontífice expresó preocupación y que, según se informó, obtuvo una resolución judicial de embargo por $828.708.195,16 contra cuentas del Ministerio de Salud por deudas acumuladas. Son obligaciones de naturaleza diferente, pero su exposición simultánea alimentó el cuestionamiento sobre las prioridades del gasto público: US$ 14 millones para organizar la misa y un embargo judicial por deudas con una institución a la que el propio Papa mencionó.
Lo que sigue abierto
Falta establecer qué funcionarios autorizaron cada erogación, qué controles se aplicaron, qué prestaciones se ejecutaron efectivamente y cuánto del total correspondió a los servicios exclusivos. Los expedientes completos dirán si las contrataciones se ajustaron a los procedimientos exigidos y quién responde por cada una. Mientras tanto, el reclamo político ya anticipa que la discusión no se agota en las medialunas.
Lo que tenés que saber:
- Se identificaron siete procedimientos de contratación directa por $20.477.334.664,75 (unos US$ 14 millones) para la misa del Papa.
- DF Entertainment recibió $8.690 millones, el 42,4% del total; con otras dos firmas reúne cerca del 80%.
- La Santa Sede confirmó la visita el 5 de agosto y los procedimientos se tramitaron a mediados de octubre, por compulsa abreviada por urgencia.
- Pagano, Gonzalo Rodríguez y Ari Paluch repudiaron la carpa VIP; Pagano afirmó que los responsables deberán explicarlo en la Justicia.
- No se informaron montos ni procedimientos de TechSecurity y Purgato, firmas vinculadas por la investigación con la familia Menem.
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