CABA
Torturas policiales: declaran los amigos de Lucas González
Fueron testigos del crimen del joven y víctimas de torturas por parte de la policía de Larreta.
Los tres amigos de Lucas González que fueron testigos del asesinato del adolescente de 17 años con el que iban en un auto que fue atacado a tiros por una brigada de la Policía de la Ciudad, en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas, declararán el próximo martes en el juicio al que son sometidos 14 efectivos de esa fuerza, al igual que los padres de la víctima, quienes recordarán a su hijo y lo que vivieron tras el crimen.
Fuentes judiciales confirmaron a Télam que Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Niven Huanca, declararán en la audiencia que se desarrollará a partir de las 9 del martes 28 de marzo próximo, tanto en su carácter de testigos del asesinato como de víctimas, ya que los tres fueron sometidos a torturas por parte del personal policial que llegó al lugar tras el hecho.
También se espera que los padres de Lucas, Mario «Peca» González y Cintia López, declaren durante la misma jornada como testigos del debate que tiene a tres efectivos de la Policía de la Ciudad acusados del homicidio de Lucas y a otros 11 imputados del posterior encubrimiento y las torturas contra los otros tres chicos.
La segunda audiencia del juicio se desarrollará en la sala Auditorium de los tribunales federales de la avenida Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro.
Los voceros judiciales dijeron que el primero en declarar ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, será el papá de Lucas, tras lo cual lo hará su esposa y madre de la víctima.
La mujer estará acompañada por una psicóloga o psiquiatra y declarará en caso de que se encuentre en condiciones de hacerlo.

El abogado de la pareja, Gregorio Dalbón, dijo a Télam el deseo de Cintia de declarar sobre lo ocurrido la mañana en la que su hijo salió de su casa de Florencio Varela y fue a entrenar al club Barracas Central y también lo que vivió luego en el hospital donde Lucas estuvo internado y murió a raíz del balazo policial que recibió en la cabeza, donde, según el letrado, «fue tratado como un delincuente».
“Cintia fue incorporada como un testigo nuevo, la citó la Justicia y ella quiere cumplir. Yo no la expondría, pero la decisión es de ella, que es la madre de la víctima”, añadió el letrado.

Luego será el turno de atestiguar de los tres jóvenes amigos de Lucas que estaban con él cuando el auto en el que se movilizaban fue atacado a tiros por la policía, en lo que se intentó hacer pasar como una persecución y tiroteo con delincuentes.
Según la instrucción de la causa, llevada a cabo por el fiscal Leonel Gómez Barbella, los cuatro se encontraban el 17 de noviembre de 2021 a bordo de un Wolkswagen Suran cuando fueron interceptados cerca de las 9.45 por un vehículo Nissan Tiida, sin identificación ni balizas, en el que iban tres policías de la Brigada de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, en el cruce de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield, en Barracas.
De acuerdo a lo que surgió de la pesquisa, los chicos prensaron que se trataba de ladrones que iban a robarles y aceleraron para escapar, por lo que comenzó una persecución en la que los tres policías dispararon hacia el auto e hirieron de muerte a Lucas, quien murió al día siguiente en el Hospital del Cruce de Florencio Varela.

En la instrucción del caso se estableció que tras recibir un tiro en la cabeza, Lucas cayó herido sobre las piernas de Salas, quien condujo algunas cuadras hasta que pidió ayuda a dos policías, que los trataron como delincuentes y los detuvieron.
En tanto, Niven salió corriendo asustado hacia su casa y cerca de las 16 se presentó con su madre en una comisaría de la zona para ponerse a disposición de la Justicia.
En la escena del hecho, los adolescentes fueron señalados como presuntos delincuentes y, tras ser insultado, maltratados y esposados, fueron trasladados en calidad de detenidos al Instituto de menores Inchausti, desde donde fueron liberados tras comprobarse que, al igual que Lucas, eran jugadores de las inferiores del club Barracas Central.

De las declaraciones de los adolescentes en la etapa de instrucción de la causa surgió que el inspector Gabriel Alejandro Issasi (41), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37) -los tres policías acusados de homicidio- los amenazaron, les dijeron «villeros» y «negritos» y los mantuvieron esposados y tirados en el piso mientras Lucas agonizaba en el auto.
«Ah, sos de Varela, a los negritos como vos hay pegarles un tiro en la cabeza», le dijo uno de los efectivos a Zuñiga.
«Villeritos», «dónde tenés la falopa»; «dónde está el arma con que mataron a su amigo», «hay que pegarles un tiro»; fueron otras de las frases degradantes que los policías les dijeron.
Según la causa, a los tres adolescentes «los mantuvieron durante más de dos horas esposados contra el piso boca abajo y luego sentados», sometidos a «tratos denigrantes e inhumanos, denotando un significativo odio racial hacia los mismos».
Por tal motivo, Issasi, López y Nieva, quienes integraban la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, llegaron a juicio detenidos y acusados de «homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial».

En la primera jornada del debate oral, los tres efectivos, quienes son defendidos por el abogado Fernando Soto, declararon sin aceptar responder preguntas, y en la misma línea aseguraron que actuaron «en legítima defensa» y «en cumplimientos del deber», por lo que no cometieron «ningún delito».
En tanto, otros 11 policías que llegaron a juicio acusados de encubrir el hecho mediante diversas maniobras -entre ellas «plantar» un arma en el auto de las víctimas- y también de someter a torturas a los jóvenes, enfrentan cargos por «falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas».
Además, en el caso de dos de ellos también por «falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados».

Se trata del principal de la Comuna 4D Héctor Claudio Cuevas, del comisario y subcomisario de la brigada de esa comuna, Juan Horacio Romero (51), del subcomisario Roberto Inca (48), del comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana (50), y del comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54).
También están acusados el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51); el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48) y de los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón (28), Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (34) y Daniel Rubén Espinosa (33).
Todos ellos se negaron a declarar en la primera jornada del juicio realizada el 16 de este mes, por lo que sus indagatorias en la instrucción de la causa fueron incorporadas al debate por lectura.
CABA
Rematan otra joya del patrimonio público en Caballito tras un primer intento fallido
El valor venal del lote de 210 metros cuadrados fue fijado por el Tribunal de Tasaciones en 433 millones de pesos. En tanto, el precio mínimo de venta o valor base se estableció en 368,05 millones de pesos. La convocatoria anterior fracasó al ser declarada inadmisible la única oferente anotada.
El Gobierno nacional insistió en su política de desfinanciamiento y desguace del patrimonio público al autorizar un nuevo llamado a subasta para desprenderse de un valioso inmueble estatal en el barrio porteño de Caballito. A través de la Resolución 89/2026 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), las autoridades avanzaron con la privatización encubierta de esta propiedad; todo esto luego de que el primer intento de remate quedara completamente desierto por la falta de papeles de la única oferente.
El inmueble en cuestión, ubicado en la calle Teniente General Eustaquio Frías 247/249, cuenta con una superficie de 210 metros cuadrados y se encuentra identificado catastralmente como Circunscripción 15, Sección 47, Manzana 184, Parcela 6. El Tribunal de Tasaciones de la Nación determinó que su valor venal es de 433 millones de pesos (una cifra equivalente a 306.007 dólares según la cotización oficial de 1.415 pesos por dólar al 30 de abril de 2026), mientras que el valor base de subasta se fijó en apenas 368,05 millones de pesos (unos 260.160 dólares), lo que representa una clara rebaja para facilitar la entrega de los recursos de todos los argentinos.
Un proceso flojo de papeles
La normativa de la AABE declaró desierto el llamado previo (identificado como Subasta Pública 392-0093-SPU25) e instruyó la apertura inmediata de un nuevo expediente bajo el número 392-0036-SPU26. En aquella primera convocatoria, realizada en febrero de 2026, la única persona que se inscribió (Victoria Celia Laguia Rugna) fue declarada inadmisible por no dar cumplimiento a los requisitos administrativos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
La urgencia oficial por hacer caja con la infraestructura del país quedó en evidencia al relanzar el proceso bajo el mismo procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, modificando apenas el pliego de bases y condiciones. Según el texto oficial, los fondos que se recauden por la venta (deducidos los gastos del proceso) se afectarán según lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1.382/12, el marco de gestión de bienes inmuebles del Estado que regula la distribución de estos recursos entre el Tesoro Nacional y los organismos que originalmente los cedieron. El cronograma definitivo de inscripción y la fecha exacta del acto de remate se publicará en las próximas semanas en el sistema de gestión electrónico COMPR.AR.
Puntos clave
- La AABE autorizó un nuevo llamado a subasta pública para la venta de un inmueble estatal en Caballito.
- El valor venal del lote de 210 metros cuadrados fue fijado por el Tribunal de Tasaciones en 433 millones de pesos.
- El precio mínimo de venta o valor base de la subasta se estableció en 368,05 millones de pesos.
- La convocatoria anterior fracasó al ser declarada inadmisible la única oferente anotada.
- Los fondos obtenidos serán distribuidos entre el Tesoro Nacional y los organismos cedentes según el Decreto 1.382/12.
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