Un fuerte operativo policial se desplegó esta mañana para el desalojo de una vivienda en el barrio porteño de Almagro, en la que viven un grupo de mujeres con sus hijos e hijas desde hace más de un año, luego de haber «quedado en la calle» al escapar de situaciones de violencia de género, informaron a Télam desde el lugar.

Se trata de la vivienda conocida como Casa Pringles ATR (Autónoma, Territorial y Reparadora), ubicada en Pringles 343, en el barrio de Almagro.

La orden de desalojo fue emitida por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 19 a cargo de Lorena San Marco, en una causa abierta por una denuncia de la Dirección General de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según pudo saber Télam.

Esa fiscalía había realizado una intimación al desalojo en marzo pasado, pero luego se abrió una instancia de negociación que suspendió la medida.

«Patearon la puerta y entraron por la fuerza; vinieron antes de las 7 con una orden de allanamiento para desalojar, estamos chequeando la legitimidad del desalojo», dijo a Télam desde el lugar Eva, una de las mujeres que viven en Casa Pringles.

Eva contó que hace unas tres semanas mantuvieron una reunión con Matías Vitale, director general de la Administración de Bienes de la Ciudad de Buenos Aires, quien les informó que quería destinar el inmueble para «hacer una ampliación del hogar Eva Duarte».

«Pasaron de querer rematarlo siete veces a decir que quieren usar la vivienda para un fin social», afirmó a Télam Eva.

La mujer contó que unos días atrás pasó por Casa Pringles personal de Buenos Aires Presente (BAP) para realizar un relevamiento de las familias que viven allí, pero insistió en que «había negociaciones con el Gobierno de la Ciudad» hasta el arribo esta mañana del operativo policial.

«Está todo vallado, hay unos 70 efectivos de la policía pero hay mujeres y niñes adentro», añadió Eva, quien dijo que esperaban la presencia de organizaciones sociales y del área de Defensoría en el lugar.

«El desalojo es nulo», denunció la abogada de las mujeres

La abogada del grupo de mujeres que con sus hijos e hijas están por ser desalojadas denunció que el procedimiento policial y judicial es «nulo».

«El procedimiento de desalojo es irregular debido a que no está hecha la notificación en el expediente. Las medidas judiciales, cuando un caso como este, que son usurpación, se eleva a juicio me tienen que notificar la fiscalía por mail y el juzgado por sistema», indicó la abogada de las mujeres, Paula Villani.

Y añadió: «Yo no estoy notificada como abogada, o sea mis clientas en este caso no están notificadas de la medida que se está llevando adelante»

«Como no hay notificación, no se puede interponer defensa, entonces lo que están haciendo es pasible de ser anulado. O sea que yo considero que es nula justamente porque no está hecha la notificación que se debía hacer», agregó.

Al ser consultada por Télam sobre la situación, la letrada dijo que se comunicó con el titular comisaria de la seccional 6b de la Policía de la Ciudad, que lleva adelante el procedimiento, y que le avisó «que hay una nulidad porque no se pudo ejercer el derecho de defensa y las chicas no fueron notificadas de la medida que se está desarrollando».

«Como respuesta, el comisario me dijo que hasta que la Fiscalía no ordene que suspende la medida de la va a seguir llevando adelante, digamos lo que digamos», precisó Villani, quien adelantó que en tanto buscan interponer algún recurso que frene la medida.

Por otra parte, la abogada contó que «es muy violenta la situación ahí adentro» y denunció que pese a que hay menores dentro del inmueble, los policías llevan adelante el operativo sin la la intervención del Consejo del menor.

«Se están exponiendo a los chicos, separándolos de las mamás, haciendo que se vayan por cualquier lado sin que intervengan los organismos protectorios de los menores en este momento», concluyó.

La orden de desalojo fue emitida por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 19 a cargo de Lorena San Marco, en una causa abierta por una denuncia de la Dirección General de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según pudo saber Télam.

Esa fiscalía había realizado una intimación al desalojo en marzo pasado, pero luego se abrió una instancia de negociación que suspendió la medida.