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Crisis en el Poder Judicial: en Casación siguen sin reunirse y Hornos suma acusaciones por sus visitas a Macri

Los jueces Alejandro Slokar y Angela Ledesma se refirieron al Tribunal y reclamaron una reunión de todos sus miembros sin la presencia del titular del fuero, Gustavo Hornos, uno de los magistrados que visitaba a Macri en Casa Rosada.

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Los jueces Alejandro Slokar y Angela Ledesma se refirieron al Tribunal y reclamaron una reunión de todos sus miembros sin la presencia del titular del fuero, Gustavo Hornos, uno de los magistrados que visitaba la Casa Rosada durante la presidencia de Macri.

Dos integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal sostuvieron que el tribunal vive una «crisis de inédita y creciente magnitud» y reclamaron una reunión de todos sus miembros sin la presencia del presidente del cuerpo Gustavo Hornos, uno de los jueces cuestionados por sus visitas a la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri.

El planteo quedó plasmado en un oficio suscripto por el vicepresidente de Casación, Alejandro Slokar, y la expresidenta de ese Tribunal, Ángela Ledesma, quienes ya habían cuestionado a Hornos y le venían reclamando sin éxito que convocara a una reunión de Acuerdo General para debatir cuestiones vinculadas con su representatividad.

El nuevo reclamo se originó luego de que los jueces se enteraran el lunes que no sería convocada la reunión de acuerdo de Superintendencia prevista para este martes: allí se reúnen el presidente de Casación con los presidentes de las salas y se esperaba la asistencia de Mariano Borinsky (sala IV), también en el foco de las críticas en los últimos días por sus visitas a Macri en la Quinta de Olivos.

Fuentes del máximo tribunal penal señalaron que la Cámara de Casación se atraviesa una suerte de «parálisis administrativa» producto de la desconexión que impera por estos días entre sus integrantes que ya no logran reunirse ni siquiera a través de la plataforma virtual Zoom.

Algunos de los jueces de la Casación explican que las reuniones de acuerdo (ya sea de Superintendencia o General) no se concretan porque ya son al menos tres los magistrados a los que sus colegas les reclamarían explicaciones, situación que son pocos los que la quieren afrontar.

«Las circunstancias actuales, que lo inhabilitan para continuar a cargo de la cuestión que lo vincula, fuerzan a que se aparte en forma inmediata para el tratamiento por parte del pleno de una crisis de inédita y creciente magnitud, que merece la debida corrección», advirtieron Slokar y Ledesma en el texto con el que instaron a sus colegas a darse cita en una reunión plenaria.

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La crisis en el tribunal se desató semanas atrás, cuando el entonces diputado nacional y actual ministro de Justicia, Martín Soria, reveló a través de su cuenta de Twitter que el presidente de la Casación había visitado en al menos seis oportunidades la Casa Rosada cuando gobernaba Mauricio Macri.

Pocos días después otro juez de ese tribunal, Juan Carlos Gemignani, quedó en el foco de los cuestionamientos cuando escribió «feliz día a todos, especialmente a las delincuentes» como saludo por el día de la Mujer Trabajadora en el grupo de WhatsApp que comparte con sus colegas.

La crisis se agravó el último fin de semana, cuando el portal de noticias El Destape publicó una investigación periodística en la que dio cuenta que el juez Borinsky había concurrido en al menos 15 oportunidades a la Quinta de Olivos cuando allí vivía el entonces presidente Macri.

Los tres jueces fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura; la investigación sobre la conducta de Hornos es la más avanzada dado que ya se dispusieron las primeras medidas de prueba. «Quizás Hornos no convocó a una nueva reunión de acuerdo porque ya decidió que solo dará explicaciones ante el Consejo», sostuvo uno de sus colegas.

El propio Hornos había dejado trascender cuando se conocieron sus visitas a la Casa Rosada durante el Gobierno de Macri que respondería ante el órgano encargado del control de la conducta de los magistrados y este mediodía, según revelaron fuentes judiciales a Télam, presentó abogados defensores en el expediente que se le sigue.

Ese expediente tiende a seguir creciendo: este lunes el abogado Carlos Beraldi, representante legal de los empresarios Fabián de Sousa y Cristóbal López, acusó a Hornos ante el Consejo por haber ocultado en 2018 sus accesos a la Casa Rosada y, a la vez, su vínculo con el expresidente Macri.

Beraldi recordó en su presentación que el 15 de mayo de 2018 solicitó el apartamiento de Hornos, y de su colega en la Cámara Federal de Casación Eduardo Riggi, en la causa contra Cristóbal López y Fabián De Sousa por presunta defraudación al Estado.

La motivación, según explicó el abogado en su denuncia ante el Consejo, fue la profusión de «irregularidades» y la versión en distintos medios de que los magistrados habían mantenido «contactos previos» con funcionarios del Gobierno anterior.

«Es necesario tener presente que el expresidente Macri había mostrado un particular interés en la situación judicial de mis defendidos, López y De Sousa, manifestando que se sentía ‘indignado’ no solo porque los nombrados habían sido excarcelados, sino también porque le molestaba que en la causa se dispusiera un ‘cambio de carátula'», señaló el letrado en la presentación radicada ayer a última hora.

«Pocas semanas después de estas manifestaciones públicas del ex presidente Macri -completó Beraldi-, los jueces Hornos y Riggi suscribieron una resolución en sentido idéntico a lo que reclamaba el entonces titular del Poder Ejecutivo Nacional».

Recordó también el defensor que en ese momento solicitó como medida de prueba que se constataran los ingresos y egresos a Casa Rosada y Olivos y que ese pedido fue rechazado «in limine» por el mismo magistrado que hoy se conoce mantuvo al menos seis encuentros con el entonces presidente Macri.

«La maniobra de Hornos, con el aval de Riggi, rechazando in limine su propia recusación, impidió que la incidencia tuviera un trámite procesal normal, el cual hubiera conducido a que quedara al descubierto la relación que, al menos Hornos, venía manteniendo con el Presidente Macri», concluyó el penalista.

Denuncia

Viales presentaron denuncia penal contra Milei por el manejo de fondos jubilatorios

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Nación Argentina (STVyARA) presentó una denuncia penal ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas contra el presidente Milei y funcionarios por la presunta apropiación de fondos de la seguridad social canalizados hacia instrumentos privados bajo control de la CNV, en lo que el gremio califica como un retorno al esquema de las AFJP.

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El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Nación Argentina (STVyARA) presentó una denuncia penal ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) contra el presidente Javier Milei y sus funcionarios por el «presunto manejo irregular de fondos» de la Seguridad Social. La acción fue registrada bajo el número 204/2026 y fue llevada adelante por la secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, con la representación del abogado Eduardo Barcesat.

Los cargos y la acusación

En la presentación, el sindicato solicita la investigación de posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en concurso con administración fraudulenta. La denuncia apunta a la «presunta apropiación de fondos de la seguridad social para su inversión en el ámbito privado», los que habrían sido canalizados hacia instrumentos bajo control de la Comisión Nacional de Valores (CNV), un organismo ajeno al sistema de seguridad social y al régimen solidario de reparto que sostiene las jubilaciones de los trabajadores.

El STVyARA advirtió que esta situación representa «un retroceso hacia esquemas similares a los implementados durante el régimen de las AFJP«, que en su momento provocaron «perjuicios económicos» a los trabajadores y solo «benefició a las entidades financieras».

El alcance de la denuncia

La acción penal también comprende a funcionarios del ámbito político y administrativo que «participaron en la elaboración» del proyecto de la Ley de Modernización Laboral, así como a los legisladores nacionales que votaron a favor de la sanción de la Ley Nº 27.802. El escrito señala, además, la presunta vulneración del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social.

El gremio también invocó tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establecen la protección de los derechos laborales bajo los principios de «dignidad, progresividad y no regresión». Desde el STVyARA sostuvieron que «las medidas cuestionadas implican un retroceso en materia de derechos sociales», en contraposición con los estándares de la jurisprudencia nacional e internacional.

Puntos clave

  • El STVyARA denunció penalmente a Milei ante la PIA (Nº 204/2026) por el «presunto manejo irregular de fondos» de la Seguridad Social.
  • La acusación incluye violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y administración fraudulenta.
  • Los fondos habrían sido canalizados hacia instrumentos privados bajo control de la CNV, en un esquema que el gremio equipara al de las AFJP.
  • La denuncia alcanza también a funcionarios y legisladores que participaron de la sanción de la Ley Nº 27.802.
  • El sindicato invocó el art. 14 bis de la Constitución y convenios de la OIT en defensa del régimen solidario de reparto.
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