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Crisis en el Poder Judicial: en Casación siguen sin reunirse y Hornos suma acusaciones por sus visitas a Macri

Los jueces Alejandro Slokar y Angela Ledesma se refirieron al Tribunal y reclamaron una reunión de todos sus miembros sin la presencia del titular del fuero, Gustavo Hornos, uno de los magistrados que visitaba a Macri en Casa Rosada.

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Los jueces Alejandro Slokar y Angela Ledesma se refirieron al Tribunal y reclamaron una reunión de todos sus miembros sin la presencia del titular del fuero, Gustavo Hornos, uno de los magistrados que visitaba la Casa Rosada durante la presidencia de Macri.

Dos integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal sostuvieron que el tribunal vive una «crisis de inédita y creciente magnitud» y reclamaron una reunión de todos sus miembros sin la presencia del presidente del cuerpo Gustavo Hornos, uno de los jueces cuestionados por sus visitas a la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri.

El planteo quedó plasmado en un oficio suscripto por el vicepresidente de Casación, Alejandro Slokar, y la expresidenta de ese Tribunal, Ángela Ledesma, quienes ya habían cuestionado a Hornos y le venían reclamando sin éxito que convocara a una reunión de Acuerdo General para debatir cuestiones vinculadas con su representatividad.

El nuevo reclamo se originó luego de que los jueces se enteraran el lunes que no sería convocada la reunión de acuerdo de Superintendencia prevista para este martes: allí se reúnen el presidente de Casación con los presidentes de las salas y se esperaba la asistencia de Mariano Borinsky (sala IV), también en el foco de las críticas en los últimos días por sus visitas a Macri en la Quinta de Olivos.

Fuentes del máximo tribunal penal señalaron que la Cámara de Casación se atraviesa una suerte de «parálisis administrativa» producto de la desconexión que impera por estos días entre sus integrantes que ya no logran reunirse ni siquiera a través de la plataforma virtual Zoom.

Algunos de los jueces de la Casación explican que las reuniones de acuerdo (ya sea de Superintendencia o General) no se concretan porque ya son al menos tres los magistrados a los que sus colegas les reclamarían explicaciones, situación que son pocos los que la quieren afrontar.

«Las circunstancias actuales, que lo inhabilitan para continuar a cargo de la cuestión que lo vincula, fuerzan a que se aparte en forma inmediata para el tratamiento por parte del pleno de una crisis de inédita y creciente magnitud, que merece la debida corrección», advirtieron Slokar y Ledesma en el texto con el que instaron a sus colegas a darse cita en una reunión plenaria.

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La crisis en el tribunal se desató semanas atrás, cuando el entonces diputado nacional y actual ministro de Justicia, Martín Soria, reveló a través de su cuenta de Twitter que el presidente de la Casación había visitado en al menos seis oportunidades la Casa Rosada cuando gobernaba Mauricio Macri.

Pocos días después otro juez de ese tribunal, Juan Carlos Gemignani, quedó en el foco de los cuestionamientos cuando escribió «feliz día a todos, especialmente a las delincuentes» como saludo por el día de la Mujer Trabajadora en el grupo de WhatsApp que comparte con sus colegas.

La crisis se agravó el último fin de semana, cuando el portal de noticias El Destape publicó una investigación periodística en la que dio cuenta que el juez Borinsky había concurrido en al menos 15 oportunidades a la Quinta de Olivos cuando allí vivía el entonces presidente Macri.

Los tres jueces fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura; la investigación sobre la conducta de Hornos es la más avanzada dado que ya se dispusieron las primeras medidas de prueba. «Quizás Hornos no convocó a una nueva reunión de acuerdo porque ya decidió que solo dará explicaciones ante el Consejo», sostuvo uno de sus colegas.

El propio Hornos había dejado trascender cuando se conocieron sus visitas a la Casa Rosada durante el Gobierno de Macri que respondería ante el órgano encargado del control de la conducta de los magistrados y este mediodía, según revelaron fuentes judiciales a Télam, presentó abogados defensores en el expediente que se le sigue.

Ese expediente tiende a seguir creciendo: este lunes el abogado Carlos Beraldi, representante legal de los empresarios Fabián de Sousa y Cristóbal López, acusó a Hornos ante el Consejo por haber ocultado en 2018 sus accesos a la Casa Rosada y, a la vez, su vínculo con el expresidente Macri.

Beraldi recordó en su presentación que el 15 de mayo de 2018 solicitó el apartamiento de Hornos, y de su colega en la Cámara Federal de Casación Eduardo Riggi, en la causa contra Cristóbal López y Fabián De Sousa por presunta defraudación al Estado.

La motivación, según explicó el abogado en su denuncia ante el Consejo, fue la profusión de «irregularidades» y la versión en distintos medios de que los magistrados habían mantenido «contactos previos» con funcionarios del Gobierno anterior.

«Es necesario tener presente que el expresidente Macri había mostrado un particular interés en la situación judicial de mis defendidos, López y De Sousa, manifestando que se sentía ‘indignado’ no solo porque los nombrados habían sido excarcelados, sino también porque le molestaba que en la causa se dispusiera un ‘cambio de carátula'», señaló el letrado en la presentación radicada ayer a última hora.

«Pocas semanas después de estas manifestaciones públicas del ex presidente Macri -completó Beraldi-, los jueces Hornos y Riggi suscribieron una resolución en sentido idéntico a lo que reclamaba el entonces titular del Poder Ejecutivo Nacional».

Recordó también el defensor que en ese momento solicitó como medida de prueba que se constataran los ingresos y egresos a Casa Rosada y Olivos y que ese pedido fue rechazado «in limine» por el mismo magistrado que hoy se conoce mantuvo al menos seis encuentros con el entonces presidente Macri.

«La maniobra de Hornos, con el aval de Riggi, rechazando in limine su propia recusación, impidió que la incidencia tuviera un trámite procesal normal, el cual hubiera conducido a que quedara al descubierto la relación que, al menos Hornos, venía manteniendo con el Presidente Macri», concluyó el penalista.

Denuncia

Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad

El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni da la cara en el Congreso.
De “enriquecimiento ilícito” a “tema de impuestos”: el giro en la causa Adorni que indignó a la oposición.

La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.

El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.

Lo que dijo el fiscal

Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.

Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.

La oposición: “ES JODA”

El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.

En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.

El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.

Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero

La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.

Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.

Qué viene

Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.

Lo que tenés que saber:

  • El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
  • No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
  • El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
  • Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
  • Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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