La Cámara Federal de Casación rechazó por «inadmisibles» recursos de las defensas del ex presidente Mauricio Macri y los otros imputados en la causa. Sin embargo, ordenó que el estudio se circunscriba a hechos concretos de la investigación.

La Sala III del máximo tribunal penal federal del país rechazó por «inadmisibles» recursos de las defensas del ex presidente Mauricio Macri, José María Torello y Fabián Rodríguez Simón contra la decisión de ordenar una pericia sobre sus teléfonos y llamadas en la causa que los investiga por presiones al grupo Indalo.

La decisión de la Sala III respecto a la causa, a cargo de la jueza María Servini, además ordenó los entrecruzamientos de llamados entre los imputados para determinar si se contactaron entre sí en fechas consideradas clave en la pesquisa vinculada a la situación de las empresas de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Asimismo, los camaristas Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani sostuvieron que «las decisiones impugnadas, relacionadas con la nulidad y alcance de una medida probatoria, no revisten la calidad de sentencia definitiva ni se equiparan a ella».

Los magistrados también remarcaron que «frente a una investigación en curso como la de autos la medida por el momento, más allá de su conducencia, no aparece como irrazonable en relación a los derechos que se dicen vulnerados».

Ante una apelación de Macri, la Cámara Federal porteña ratificó la medida pero le ordenó a la magistrada circunscribirla a hechos concretos de la investigación y no realizarla de manera general.

En ese contexto, cabe remarcar que el 29 de octubre pasado, la jueza Servini delimitó «el marco temporal de la medida de prueba dispuesta a los 10 días anteriores y posteriores» a ciertos sucesos.

Las defensas volvieron a apelar y alegaron «violaciones al derecho a la intimidad, como asimismo cuestiones de Estado y de seguridad nacional», recordó Casación al rechazar estos recursos por «inadmisibles».

Servini ordenó pedir los informes por hechos puntuales ocurridos desde el 25 de octubre de 2015 y el 9 de abril de 2019, incluidas las detenciones y posteriores liberaciones de López y De Sousa por supuestos delitos en su petrolera Oil Combustibles.

Según la denuncia, los acusados habrían » ejercido presiones a partir de actos públicos y en la esfera privada de los dueños del Grupo Indalo, con reuniones en las que habrían participado funcionarios públicos y hasta el mismísimo –entonces– presidente Macri».

«Vale la pena remarcar que el querellante indicó que desde el Gobierno les habían hecho llegar la advertencia que si no eran transferidas las titularidades de los paquetes accionarios a quienes ellos designaban, las empresas se liquidarían», se recordó en el fallo.

En la causa, Servini ya citó a declaración indagatoria a Simón para el 26 de mayo, en base a los informes que llegaron a su juzgado en el marco de esta pericia.