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los dinosaurios: etchecolatz negó ser un delincuente e insistió en haber «defendido a la patria»

Además el represor aseguró ser víctima de un «plan sistemático de venganza», al hacer uso de sus últimas palabras en el marco del juicio que se le sigue por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la Brigada de San Justo.

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El represor Miguel Etchecolatz aseguró este miércoles ser víctima de un «plan sistemático de venganza», al hacer uso de sus últimas palabras en el marco del juicio que se le sigue por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la Brigada de San Justo.

Al hablar ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que lo juzga junto a otros 17 represores por los delitos cometidos en el centro clandestino que funcionó en la Brigada de San Justo, Etchecolatz negó ser un «delincuente».

«No está sentado ante ustedes un delincuente, tengo orgullo de haber defendido la Patria», expresó esta mañana al hablar ante el Tribunal Oral, que confirmó que dará a conocer su veredicto el próximo 2 de diciembre.

El TOF 1 debía dar a conocer este miércoles el veredicto, pero según se informó se suspendió esa instancia por haber cambiado la situación médica de uno de los imputados, Ricardo Fernández, a quien se había apartado del juicio en agosto último «en atención a problemas de discapacidad que presentaba».

Ahora, el TOF 1 -integrado por Alejandro Esmoris, Pablo Vega y Nelson Jarazo- tomó conocimiento que, en el marco del juicio que se sigue a Fernández por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield el cuerpo médico declaró que estaba en condiciones de ser sometido a juicio.

«Habiendo tomado conocimiento ayer a la tarde de esta situación, daremos traslado a las partes para que expidan y luego este Tribunal resolverá si se incorpora o no a Fernández en este tramo de debate», precisó el juez Esmoris.

La fiscalía, representada por Alejandro Alagia, y las distintas querellas cuestionaron al Tribunal por haber notificado anoche la suspensión del veredicto y no haber dimensionado la expectativa que tenían las víctimas sobrevivientes y los familiares de víctimas de oír el veredicto para hechos de los que llevan esperando justicia hace más de 40 años.

«Somos conscientes de eso y nunca se trató de faltar respeto, el Tribunal quiso poder incorporar a todos los autores del proceso que habían sido momentáneamente suspendidos y apartados», sostuvo Esmoris. El magistrado confirmó que en los próximos días se resolverá la situación de Fernández y el próximo 2 de diciembre se dará a conocer el veredicto.

Durante esta audiencia estaba previsto que hicieran uso de sus últimas palabras los imputados Carlos del Señor Hidalgo Garzón, que aseguró; «No estoy en condiciones de expresar nada». En tanto, Roberto Félix se declaró inocente y afirmó no haber estado en ese período en la Brigada San Justo. Por su parte, Etchecolatz.-al hablar desde el penal de Campo de Mayo donde cumple condena- dijo: «A los 92 años me encuentro una vez más ante ustedes, no se si tendremos la ocasión de volver a vernos, ya que creo que dentro de poco me voy a encontrar con los caídos por la Patria».

Afirmó que estaba ante un juicio «mal llamado de lesa humanidad» y destacó: «Llevo más de 24 años de prisión y cuando obtuve el beneficio de la prisión domiciliaria los agentes de la persecución hicieron lo imposible para que vuelva a la cárcel y lo obtuvieron con anuencia de la justicia y la complicidad del Gobierno, cuidadoso de no violar los derechos humanos de los atacantes y guardando silencio». «Es un plan sistemático de venganza», denunció y cuestionó: «¿Cuál es la razón de privárseme de los derechos constitucionales que me asisten?».

La Brigada de Investigaciones de San Justo funcionaba en Salta 2450, San Justo (La Matanza), en conjunto con las dependencias de la Comisaría 1ra. de La Matanza, y se investigan los secuestros, torturas y violaciones sufridas por al menos 84 víctimas alojadas en el centro clandestino que funcionó allí.

Durante el juicio, la fiscalía y las querellas lograron que el Tribunal ampliara las imputaciones contra los 18 represores e incluyera las violaciones y los abusos sexuales sufridos por al menos cinco de las víctimas de ese centro clandestino.

La fiscalía remarcó que los ataques sexuales incluyeron «violaciones, por introducción de objetos en ano, vagina o pene, o tortura en la vagina y los senos contra prisioneras y prisioneros durante el período de cautiverio en la Brigada de San Justo», pedido que fue aceptado por el Tribunal.

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Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

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La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.

La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.

Un canal de búsqueda bloqueado

Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.

El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.

Impacto en el derecho a la identidad

La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.

Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.

Denuncias de desarticulación

Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.

Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..

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