Judiciales ⚖️
Caso Lucas: ordenan la detención de otros cinco policías por encubrimiento
Ya hay «14 detenidos» ya que en la causa ya había tres policías procesados con prisión preventiva por el homicidio calificado y otro seis por el encubrimiento.
El juez que investiga el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo por efectivos de la Policía de la Ciudad el 17 de noviembre último en el barrio porteño de Barracas, ordenó la inmediata detención de otros cinco miembros de esa fuerza de seguridad como acusados del encubrimiento del homicidio.
La decisión del juez Martín Del Viso recayó sobre un subcomisario, un oficial mayor, un oficial principal y dos oficiales, que participaron del procedimiento inmediatamente posterior al momento en que otros efectivos habían disparado contra la víctima y sus acompañantes.
En un fallo de 14 páginas, el magistrado hizo parcialmente lugar al pedido del fiscal Leonel Gómez Barbella, quien había requerido la detención de ocho efectivos a los que acusó de «encubrimiento agravado, privación ilegal de la libertad agravada y falsedad ideológica». Para el juez, cinco de los ocho señalados por la fiscalía «habrían alterado los rastros y pruebas» para encubrir el crimen.
«A tenor de lo valorado, entiendo que las circunstancias relatadas no pueden ser neutralizadas con cautelares de menor intensidad que la detención de los imputados, medida que al menos de momento se rebelan como necesarias, idóneas y proporcionadas en este estado de la investigación», sostuvo el juez.
De acuerdo al fallo, el subcomisario incluido en esta nuevas órdenes de detención «aparece como suscriptor del parte informativo» que daba cuenta de la detención de tres sospechosos «en un ´enfrentamiento´ que no fue tal».
En ese marco, tres de los oficiales fueron quiénes habrían reducido y esposado a las víctimas junto a un cuarto que se trató de uno de los primeros en arribar a la escena donde, según la acusación, «plantaron» un arma de utilería en el auto de las víctimas.
A su vez, el juez recordó que en su requerimiento, la fiscalía indicó que «al llegar el personal policial a ese lugar del procedimiento cuestionado, los nombrados les habrían referido a los adolescentes frases tales como ‘a estos villeritos, hay que darle un tiro en la cabeza a cada uno. Dónde tenés la falopa, dónde está el arma con la que mataste a tu amigo'».
Además, en esas circunstancias, los policías aplicaron «tormentos y sufrimientos físicos y psicológicos» a los tres adolescentes de 17 años que acompañaban a Lucas.
«En esta dirección, la gravedad de los hechos hace razonable el planteo fiscal en cuanto a la seria posibilidad de riesgo de fuga y entorpecimiento para la investigación (…) Es que debo tener en cuenta su condición de policías y las circunstancias y naturaleza del suceso, pues justamente la atribución realizada consiste en la posible participación en el encubrimiento de unos compañeros ante la comisión de delitos de extrema gravedad», consideró Del Viso.
Y opinó que estando en libertad, los acusados podrían «destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, así como influir en los testigos del hecho». Por su parte, Gregorio Dalbón, abogado querellante, destacó que de esta manera ya hay «14 detenidos» ya que en la causa ya había tres policías procesados con prisión preventiva por el homicidio calificado y otro seis por el encubrimiento.
Anteayer, a un mes del crimen de Lucas, la familia aseguró que «no quiere venganza ni tiene rencor» y solo «desea a los culpables un juicio justo», según dijo Dalbón. En tanto, el pasado martes Del Viso procesó con prisión preventiva a los comisarios Juan Romero y Fabián Du Santos, al subcomisario Roberto Inca, al inspector Héctor Cuevas y a las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño, todos integrantes de la Comisaría Vecinal 4D.
A todos ellos los considera coautores de los delitos de «falsedad ideológica, falso testimonio y encubrimiento agravado en concurso ideal», a su vez en concurso real con «privación ilegal de la libertad agravada y porque en desempeño de un acto de servicio cometieron vejaciones contra las personas que se detuvieron».
Además, a Miño, Fariña, Cuevas e Inca los procesó por falso testimonio ya que declararon como testigos en el sumario que inició la Policía Federal Argentina (PFA) una vez que se apartó a los de la Ciudad de la pesquisa.
A su vez, hay otros tres policías porteños, Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi, que también fueron procesados con prisión preventiva por el «homicidio calificado» de Lucas, luego de que el juez Del Viso, a pedido del fiscal Gómez Barbella, consideró que procedieron de forma «arbitraria, irracional e ilegal» y que luego «urdieron una trama para tergiversar los hechos».
Judiciales ⚖️
Dos Adorni, dos causas: tras ser imputado, levantaron el secreto fiscal del hermano del vocero
El fiscal federal Guillermo Marijuan formalizó la imputación de Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del actual Jefe de Gabinete, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa se originó en una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.
El cerco judicial se amplía: imputan y levantan el secreto fiscal y bancario del hermano de Adorni
El juez federal Sebastián Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, diputado provincial bonaerense y hermano del Jefe de Gabinete, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa se suma al expediente que ya pesa sobre Manuel Adorni ante la justicia federal, configurando un panorama judicial sin precedentes para una de las figuras más visibles del gobierno de Javier Milei.
La nueva causa: Francisco Adorni en la mira judicial
Este miércoles, el fiscal federal Guillermo Marijuan formalizó la imputación de Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del actual Jefe de Gabinete, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa se originó en una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien alertó sobre presuntas inconsistencias en el patrimonio declarado por el legislador bonaerense.
Al día siguiente, el juez federal Sebastián Casanello hizo lugar a las veinte medidas de prueba solicitadas por Marijuan y dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del imputado, habilitando el acceso a la documentación del ARCA (ex AFIP) y ordenando la remisión a la fiscalía de un informe completo del sistema EFISCO, que incluye las declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e IVA de Francisco Adorni.
Lo que investiga la Justicia
Según la información disponible en la causa, los puntos centrales de la investigación son tres: un crédito hipotecario de $60 millones que habría sido cancelado en el plazo inusualmente breve de doce meses; la adquisición del 50% de un vehículo sin justificación patrimonial clara; y un incremento patrimonial del 84% en el transcurso de un año, cifra que los investigadores consideran incompatible con los ingresos declarados por el diputado provincial.
Las veinte medidas de prueba dispuestas por Casanello apuntan a reconstruir de forma integral el patrimonio y el flujo de fondos de Francisco Adorni desde 2020 hasta la actualidad, lo que supone un rastreo exhaustivo de sus movimientos financieros durante el período que coincide, parcialmente, con el ascenso político de su hermano Manuel.
El expediente que ya pesa sobre Manuel Adorni
La imputación de Francisco Adorni no se produce en el vacío. Desde hace semanas, el propio Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una investigación paralela ante la justicia federal, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, por un patrimonio bajo sospecha que ya supera los 840.000 dólares.
En ese expediente se investigan, entre otros hechos, la compra de un departamento en el barrio de Caballito por 230.000 dólares con una modalidad de pago que incluyó una deuda con dos jubiladas cuyos hijos son socios de una desarrolladora inmobiliaria, y refacciones de lujo en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que ascendieron a 245.000 dólares abonados íntegramente en efectivo y sin factura, según la declaración testimonial del contratista Matías Tabar. Entre las mejoras contratadas figuran una pileta con cascada, un quincho con parrilla valuada en 15.000 dólares y baños con jacuzzi.
Además, se indaga el uso del avión presidencial para trasladar a la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, a Nueva York, y la posible vinculación del entorno de Adorni con la denominada Causa $Libra, una estructura de presunto lavado de dinero y movimientos financieros off-shore. En ese marco, la diputada Marcela Pagano, la misma legisladora que denunció a Francisco Adorni, también solicitó la detención de Manuel Adorni por presunto entorpecimiento de la justicia.
Una familia bajo la lupa del Poder Judicial
La apertura simultánea de causas contra ambos hermanos configura una situación inédita en la historia reciente del gabinete nacional. Lo que comenzó como una investigación sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete se extiende ahora al núcleo familiar más próximo, con dos jueces federales y dos fiscales actuando en expedientes que, aunque formalmente separados, comparten protagonistas, denunciantes y contextos.
La decisión del juez Casanello de levantar el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, apenas un día después de su imputación, indica que la investigación avanza con celeridad y que la Justicia considera que existe mérito suficiente para profundizar el escrutinio sobre los movimientos financieros del diputado bonaerense.
Puntos clave:
- El fiscal Marijuan imputó a Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del Jefe de Gabinete, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
- El juez Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario y habilitó veinte medidas de prueba.
- Se investiga un crédito hipotecario de $60 millones cancelado en doce meses y un incremento patrimonial del 84% en un año.
- Manuel Adorni enfrenta una causa paralela ante el juez Lijo por un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares.
- La diputada Marcela Pagano es la denunciante en ambas causas y también solicitó la detención del Jefe de Gabinete.
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