DDHH
La Perla: la búsqueda no termina, el juez confirmó seguirán excavaciones
A 50 años del golpe, la Justicia insiste donde el terror quiso borrar toda huella. El juez Hugo Vaca Narvaja confirmó que seguirán las excavaciones en La Perla y sostuvo que “van a seguir encontrando más”. Detrás de cada resto, una historia, una identidad y una deuda del Estado que aún no cierra.
El anuncio no es menor. Después de la identificación de 12 personas desaparecidas, la investigación entra en una nueva etapa: excavaciones sistemáticas entre abril y noviembre, con logística ya definida.
No es solo trabajo técnico. Es una pelea contra el tiempo, el silencio y la maquinaria de encubrimiento que desplegó la dictadura.
“Estamos convencidos de que vamos a seguir encontrando más”, afirmó Vaca Narvaja. La certeza no es casual: se apoya en testimonios, en pericias y en el trabajo sostenido del Equipo Argentino de Antropología Forense, clave para reconstruir lo que el terrorismo de Estado intentó borrar.
Identificar para cerrar heridas
El proceso de identificación dejó al descubierto otra dimensión: la espera interminable de las familias.
- Restos analizados con muestras genéticas donadas hace más de 20 años
- Búsqueda activa de familiares para notificar resultados
- Comunicación personal, caso por caso
“Cerrar una etapa de 50 años de búsqueda es importante”, relataron desde el juzgado tras los encuentros con familiares.
Pero cada identificación también abre algo más: la confirmación material del horror.
La ingeniería del ocultamiento
Los restos hallados no estaban donde funcionó el centro clandestino. Habían sido removidos en 1979 con maquinaria pesada. El objetivo era claro: borrar pruebas.
No lo lograron.
A partir de fragmentos mínimos, las nuevas tecnologías permitieron reconstruir identidades. Lo que parecía irrecuperable volvió a hablar.
La investigación ahora sigue dos líneas:
- Excavaciones en la zona señalada por testigos
- Búsqueda de un segundo sitio donde podrían haber sido trasladados restos
La Perla, símbolo del exterminio
La Perla fue uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la última dictadura. Funcionó bajo el mando de Luciano Benjamín Menéndez y formó parte del engranaje represivo del III Cuerpo de Ejército.
Por allí pasaron miles de personas. La mayoría sigue desaparecida.
El mecanismo era sistemático:
- Secuestro
- Deshumanización (cambio de nombre por número)
- Tortura
- “Traslado”, el eufemismo para el asesinato
En 2016, la megacausa La Perla-La Ribera terminó con decenas de condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.
Memoria en presente
Lejos de ser una página cerrada, la búsqueda sigue. Cada resto encontrado discute el negacionismo, reafirma las pruebas judiciales y devuelve identidad.
No es solo pasado: es presente activo.
En un contexto donde sectores del poder relativizan el terrorismo de Estado, las excavaciones en La Perla vuelven a poner en primer plano una verdad incómoda: todavía falta.
Y se sigue buscando.
DDHH
Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.
La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.
Un canal de búsqueda bloqueado
Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.
El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.
Impacto en el derecho a la identidad
La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.
Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.
Denuncias de desarticulación
Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.
Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..
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