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La Perla: la búsqueda no termina, el juez confirmó seguirán excavaciones

A 50 años del golpe, la Justicia insiste donde el terror quiso borrar toda huella. El juez Hugo Vaca Narvaja confirmó que seguirán las excavaciones en La Perla y sostuvo que “van a seguir encontrando más”. Detrás de cada resto, una historia, una identidad y una deuda del Estado que aún no cierra.

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El anuncio no es menor. Después de la identificación de 12 personas desaparecidas, la investigación entra en una nueva etapa: excavaciones sistemáticas entre abril y noviembre, con logística ya definida.

No es solo trabajo técnico. Es una pelea contra el tiempo, el silencio y la maquinaria de encubrimiento que desplegó la dictadura.

“Estamos convencidos de que vamos a seguir encontrando más”, afirmó Vaca Narvaja. La certeza no es casual: se apoya en testimonios, en pericias y en el trabajo sostenido del Equipo Argentino de Antropología Forense, clave para reconstruir lo que el terrorismo de Estado intentó borrar.

Identificar para cerrar heridas

El proceso de identificación dejó al descubierto otra dimensión: la espera interminable de las familias.

  • Restos analizados con muestras genéticas donadas hace más de 20 años
  • Búsqueda activa de familiares para notificar resultados
  • Comunicación personal, caso por caso

“Cerrar una etapa de 50 años de búsqueda es importante”, relataron desde el juzgado tras los encuentros con familiares.

Pero cada identificación también abre algo más: la confirmación material del horror.

La ingeniería del ocultamiento

Los restos hallados no estaban donde funcionó el centro clandestino. Habían sido removidos en 1979 con maquinaria pesada. El objetivo era claro: borrar pruebas.

No lo lograron.

A partir de fragmentos mínimos, las nuevas tecnologías permitieron reconstruir identidades. Lo que parecía irrecuperable volvió a hablar.

La investigación ahora sigue dos líneas:

  • Excavaciones en la zona señalada por testigos
  • Búsqueda de un segundo sitio donde podrían haber sido trasladados restos

La Perla, símbolo del exterminio

La Perla fue uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la última dictadura. Funcionó bajo el mando de Luciano Benjamín Menéndez y formó parte del engranaje represivo del III Cuerpo de Ejército.

Por allí pasaron miles de personas. La mayoría sigue desaparecida.

El mecanismo era sistemático:

  • Secuestro
  • Deshumanización (cambio de nombre por número)
  • Tortura
  • “Traslado”, el eufemismo para el asesinato

En 2016, la megacausa La Perla-La Ribera terminó con decenas de condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.

Memoria en presente

Lejos de ser una página cerrada, la búsqueda sigue. Cada resto encontrado discute el negacionismo, reafirma las pruebas judiciales y devuelve identidad.

No es solo pasado: es presente activo.

En un contexto donde sectores del poder relativizan el terrorismo de Estado, las excavaciones en La Perla vuelven a poner en primer plano una verdad incómoda: todavía falta.

Y se sigue buscando.

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«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump

Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.

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Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump

El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.

El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse

Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.

La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.

El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».

Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»

El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.

La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.

El caso argentino que expuso la crisis humanitaria

Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.

La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.

El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.

La lógica del miedo y sus límites

El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.

Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.

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