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La Cámara Federal decidirá sobre los procesamientos de Arribas y Majdalani por espionaje ilegal

La Justicia decidirá el próximo jueves 24 de junio si procesa a los 28 acusados en la causa, entre ellos a los ex número uno y dos de la AFI, según lo dictado en primera instancia por el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Pablo Auge.

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El-Argentino-Silvia Majdalani y Gustavo Arribas

La Justicia decidirá el próximo jueves 24 de junio si procesa a los 28 acusados en la causa, entre ellos a los ex número uno y dos de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), según lo dictado en primera instancia por el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Pablo Auge. Aunque ya recusaron a uno de los jueces que intervendrá en dicha decisión, Pablo Bertuzzi, nombrado por Macri sin concurso.

La Cámara Federal porteña convocó para el próximo jueves 24 de junio a una audiencia previa, para resolver si confirma o no la última tanda de procesamientos dictados por la justicia de Lomas de Zamora, en la causa por espionaje ilegal en el gobierno de Mauricio Macri.

Sin embargo, uno de los jueces designado para intervenir, Pablo Bertuzzi, fue recusado por el abogado de Amado Boudou, Alejandro Rúa, querellante por el espionaje ilegal del que fue víctima el ex vicepresidente en la cárcel de Ezeiza, durante su detención en la causa Ciccone, informaron fuentes judiciales.

La Cámara tiene que decidir además si concede pedidos de prórroga presentados por distintos abogados o confirma la fecha de la convocatoria.

La Sala II del Tribunal de Apelaciones con sede en Comodoro Py 2002 quedó a cargo de revisar estos 38 procesamientos firmados el 21 de febrero pasado por el ahora ex juez del caso, el federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, tras el pase de la pesquisa al fuero porteño.

Entre los procesados por asociación ilícita y maniobras de espionaje ilegal a políticos, funcionarios, referentes sociales, gremialistas y también a detenidos en cárceles federales están los ex responsables de la AFI en el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y el ex titular del Servicio Penitenciario Federal Emiliano Blanco.

Por otra parte, está apelada la falta de mérito que dictó Auge al ex secretario privado de Macri, Darío Nieto. Asimismo, los jueces que quedaron como integrantes de la Sala para esta causa, tras distintas recusaciones y apartamientos, son Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

Amado Boudou reclamó apartar al juez Bertuzzi.

Pero ahora Boudou como querellante reclamó apartar al juez Bertuzzi «en resguardo de la garantía de imparcialidad», magistrado que integró el Tribunal Oral Federal 4 que juzgó y condenó al ex vicepresidente en la causa Ciccone y ordenó su «encarcelamiento», según recordó la presentación.

«Desde el mismo gobierno que lo promoviera, produjeron además las maniobras de espionaje de las que se ocupa la causa» que ahora debe revisar como miembro subrogante de la Cámara, se recordó en el escrito en el que se aludió a una «negociación indebida» con la «asociación ilícita» investigada. Ante ello hay «graves sospechas» que «dan sustento» al temor de pérdida de imparcialidad invocado, agregó Rúa.

Paralelamente a la llegada del caso a la Cámara Federal, el nuevo juez de instrucción Marcelo Martínez De Giorgi tiene que resolver un planteo de nulidad de toda la pesquisa presentado por la defensa de dos ex agentes de la AFI procesados, Facundo Melo y Leandro Araque.

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Otra denuncia por corrupción: licitación de $700 millones en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación millonaria destinada al mantenimiento de espacios verdes en la Quinta de Olivos. La presentación apunta a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.

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El Argentino Diario-Karina Milei.

Lo que tenés que saber

  • Marcela Pagano denunció una licitación de $700 millones en Olivos.
  • El contrato es para mantenimiento y jardinería de la residencia presidencial.
  • La acusación apunta a Karina Milei como responsable del proceso.
  • Se cuestiona que dos empresas oferentes pertenecerían al mismo empresario.
  • Se investiga un posible vínculo familiar entre actores involucrados.
  • Se pidió suspender la adjudicación y resguardar el expediente.
  • También se mencionan posibles delitos contra la administración pública.

Denuncia por una licitación millonaria en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación pública por $700 millones destinada al mantenimiento y jardinería de la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno.

La presentación judicial apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien responsabiliza por la adjudicación del proceso.

El contrato fue convocado para tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de espacios verdes de la residencia presidencial.

Las irregularidades señaladas en la licitación

Según la denuncia, dos empresas que participaron de la compulsa —La Mantovana y Grub— pertenecerían al mismo empresario, lo que habría simulado una competencia inexistente.

La presentación sostiene que ambas firmas estarían vinculadas a un mismo grupo económico, lo que pondría en duda la transparencia del proceso licitatorio.

Además, se menciona la posible existencia de vínculos familiares entre el empresario adjudicado y una funcionaria cercana a la estructura de la Secretaría General.

Señalamientos sobre el rol de la administración

La denuncia afirma que la responsabilidad del control del proceso recae en la autoridad que impulsó la licitación, al exigir la verificación de la independencia de los oferentes.

En ese marco, el escrito plantea que la participación de empresas vinculadas entre sí podría configurar una simulación de competencia dentro del proceso estatal.

También se menciona la posibilidad de que el servicio ya se estuviera prestando previamente sin contrato formal, lo que habría derivado en la regularización mediante la licitación.

Pedido judicial y medidas solicitadas

La diputada solicitó al juzgado interviniente suspender la adjudicación del proceso y resguardar el expediente administrativo completo.

También pidió el secuestro de documentación vinculada a la licitación y la aplicación de medidas cautelares sobre los bienes de los eventuales responsables.

La presentación incluye referencias a posibles delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionario público.

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