Judiciales ⚖️
Arrancó el juicio por el caso de la valija de Antonini Wilson, a 16 años del hecho
Dos de los acusados, los ex funcionarios Julio De Vido y Ricardo Echegaray, plantearon la incompetencia del Tribunal para juzgarlos.
El juicio por el intento de ingresar al país una valija con 790.550 dólares por parte del ciudadano venezolano Guido Antonini Wilson en agosto de 2007 comenzó este miércoles, a 16 años del hecho, y dos de los acusados, los ex funcionarios Julio De Vido y Ricardo Echegaray, plantearon la incompetencia del Tribunal para juzgarlos.
Además, en la etapa conocida como de «cuestiones preliminares», los abogados defensores del exministro de Planificación Federal reclamaron el cierre por «inexistencia de delito», la prescripción del hecho por haber pasado más de 15 años y que no se siga adelante con el debate.
El extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, expuso luego ante el Tribunal en lo Penal Económico 1 en ejercicio de su propia defensa por ser abogado: pidió ser sobreseído, que no continúe el juicio y aludió a nueva prueba incorporada que «derrumba totalmente» la acusación de supuesto encubrimiento en su contra.
Echegaray adhirió al planteo de incompetencia del fuero Penal Económico que presentó De Vido y esta será la primera cuestión que aborde el Tribunal, según anunció su presidente, el juez Luis Losada.
En la audiencia del miércoles próximo se dará oportunidad para opinar al respecto a la fiscalía y demás partes y luego habrá una decisión que, en caso de ser negativa, habilitará al Tribunal a continuar con el análisis del resto de los planteos.
Los abogados de De Vido, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, plantearon al Tribunal la nulidad del requerimiento fiscal de elevación a juicio y, eventualmente, la incompetencia del fuero penal económico para juzgar los hechos
Los acusados demandaron que haya una resolución «en forma previa» al desarrollo del debate. «No encubrí ningún evento, qué podría haber encubierto yo si esta noche estaba durmiendo», se preguntó Echegaray ante el Tribunal.
El ex funcionario era por entonces titular de la Dirección General de Aduanas y entre el sábado 3 y domingo 4 de agosto de 2007 cuando llegó el avión privado al aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, dijo que «estaba durmiendo»
«Recién atendí las llamadas telefónicas al mediodía del domingo, cuando ya habían hecho todo, ¿de qué manera voy a encubrir una actividad que además se desplegó conforme a derecho?», sostuvo sobre esa noche.
Los planteos se hicieron tras la lectura de la acusación fiscal y en el debate que se realiza de manera virtual con las partes conectadas a través de la plataforma Zoom.
La audiencia comenzó pasadas las 10 ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 de la ciudad de Buenos Aires, presidido por el juez Luis Losada, y se juzga a De Vido, al extitular de la AFIP Echegaray y al extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, entre otros.
El 4 de agosto de 2007, Antonini Wilson intentó pasar por un control aduanero en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery una valija con ese dinero, luego de llegar al país en un vuelo privado contratado en ese momento por la empresa estatal Enarsa.
Antonini Wilson, considerado «rebelde» por la Justicia argentina porque se fue del país apenas lo ocurrido se hizo público, se radicó en Estados Unidos y no se logró su extradición; viajaba junto a funcionarios de ese organismo, Uberti y otros compatriotas en el avión que partió de Venezuela.
Otros cuatro acusados son quienes en ese momento eran funcionarios aduaneros, Rosa García, María Gallini, Jorge Lamastra y Guillermo Lucangeli.
«Está claro que no hace falta el juicio, por lo menos en lo referido a Julio De Vido», advirtió su abogado Rusconi.
«Julio De Vido tiene derecho a que esto se exprese de modo inmediato», agregó el abogado, quien aludió a los juicios a los que se lo somete por «una gestión de Ministro» y a que el «sufrimiento ha sido enorme»
Su otro defensor, Palmeiro, planteó que el hecho está prescripto porque «pasaron más de 15 años».
«Hay una indefinición del hecho, hay un desastre normativo, un viaje al voleo normativo» en una investigación «fracasada, ya sea porque no hubo hecho delictivo alguno o porque se investigó mal, pero los costos no los puede pagar el acusado», agregó el defensor.
Rusconi evaluó que lo que sucede es «desesperante y doloroso» y los hechos «exigen a los miembros del Tribunal enorme valentía, casi heroísmo, porque la expectativa pública construida en los medios de comunicación espera que ustedes condenen»
«Para respetar las garantías se requiere una defraudación de ustedes sobre las expectativas construidas mediáticamente», agregó Rusconi en relación a los jueces del Tribunal.
En el caso «está clara la lesión a la garantía del derecho de defensa», consideró.
«Somos todos víctimas de un manejo discrecional, arbitrario, poco serio, de la reconstrucción de los hechos y llegar a esta instancia implica un costo enorme para los ciudadanos, exponer su vida, prestigio, honorabilidad», remarcó Rusconi.
El juicio seguirá el próximo miércoles cuando se escuche la respuesta de las partes a los planteos de incompetencia hechos por las defensas de De Vido y Echegaray
Investigación 🔎
Repudio unánime a la carpa VIP: $20.477 millones en contratos directos para un puñado de empresas
Una carpa de 30 por 40 metros con climatización, alfombras y catering para invitados especiales, y siete contrataciones directas por $20.477 millones (unos US$ 14 millones) para la misa de León XIV. DF Entertainment concentró el 42,4% del monto, y el repudio llegó desde la política y los medios.
Mientras miles de fieles aguantaron horas al aire libre para ver al papa León XIV, una carpa de 30 por 40 metros con climatización, pisos nivelados, alfombras y servicio gastronómico esperaba a los invitados especiales. Esa postal, difundida por los propios invitados en redes sociales, terminó de encender un escándalo que ya tenía números propios: siete procedimientos de contratación directa por $20.477.334.664,75, unos US$ 14 millones al tipo de cambio implícito utilizado para esa estimación.
La cifra surge de una investigación de un medio local sobre la organización de la misa celebrada frente al Monumento a los Españoles, en Palermo. El trabajo reconstruyó contratos de producción, estructuras, transmisión televisiva, sonido, iluminación, energía, pantallas y acondicionamiento de espacios. Atribuyó la responsabilidad política a la Jefatura de Gabinete y señaló a Mariana Vello, responsable de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, como la funcionaria interviniente en la adjudicación principal.
Siete procedimientos, ocho adjudicaciones y tres empresas con el 80%
La mayor adjudicación fue para DF Entertainment S.A., con $8.690 millones por la producción y coordinación general de la misa y la Vigilia de Jóvenes (procedimiento 79-0012-CDI26). Ese contrato por sí solo representa el 42,4% del total informado. La distribución publicada fue la siguiente:
- DF Entertainment S.A.: $8.690.000.000
- Nuevos Aires Producciones SRL: $4.547.700.000
- Recordvision S.A. (MediaHub): $3.090.000.000
- PRG Argentina SRL: $1.979.345.158
- Fidias Energía SRL: $1.736.000.000
- VMG Video Tech S.A.: $225.000.000
- Alfombra Mágica SRL: $128.080.000
- Tetramon: $81.209.506,75
Nuevos Aires Producciones recibió el 22,2% y Recordvision el 15,1%. Entre las tres firmas se quedaron con cerca del 80% de lo adjudicado.
Una carpa con aire, alfombras y mil detalles
Según el pliego de la contratación con DF Entertainment, los sectores reservados debían incluir una carpa de 30 por 40 metros, climatización, pisos nivelados, alfombras y mobiliario. También se previeron 3.500 sillas, sillones, mesas, arreglos florales, sanitarios diferenciados y servicios gastronómicos para distintas áreas del operativo. Se habló además de un dispositivo de acreditaciones para unos 4.000 invitados especiales, una cifra que no equivale a la capacidad simultánea de la carpa ni a la cantidad de personas que efectivamente la usaron.
Contratación por urgencia a casi tres meses de la confirmación
El mecanismo fue la contratación directa por compulsa abreviada por urgencia. La Santa Sede confirmó la visita el 5 de agosto, pero los procedimientos recién se tramitaron a mediados de octubre. Esa secuencia abre interrogantes sobre la planificación del operativo, la justificación de la urgencia y las condiciones de competencia entre proveedores.
Los Menem en el radar y lo que todavía no se probó
La investigación vinculó a TechSecurity, empresa de seguridad, con Martín Menem y su entorno familiar, y a Purgato, firma de limpieza, con los hermanos del presidente de la Cámara de Diputados. Sostuvo que ambas participaron de los servicios del operativo. Sin embargo, no se informaron montos adjudicados ni procedimientos administrativos a nombre de esas dos empresas, por lo que su eventual participación contractual no puede sumarse a los $20.477 millones. Los vínculos societarios y el alcance de esos servicios requieren documentación adicional.
Tampoco está acreditado que el responsable político de la Jefatura de Gabinete haya firmado personalmente cada contratación. La conducción política de un organismo, la autorización de un procedimiento, la firma de una adjudicación y la conformidad con la prestación son intervenciones distintas, y solo los expedientes completos permitirán establecer quién respondió por cada una.
El repudio: de la Justicia a los micrófonos
La diputada nacional Marcela Pagano adelantó que el tema irá a la Justicia. “Ellos deberán explicar en la Justicia por qué tuvieron que utilizar los recursos de los contribuyentes para que un grupo selecto tuviera un catering”, dijo en Radio Rivadavia. Para la legisladora, la carpa no estuvo de más, sino que fue pensada para que estén cómodos “los grupos de los amigos, los de siempre”. Pagano aseguró que se contrató el mismo catering que se usó en los casamientos de Mauricio Macri y de Luis Caputo, y el que se utilizó cuando visitó el país Barack Obama: “No me vengan a hacer creer que eran medialunas nada más porque en los videos se puede ver más que eso”.
El conductor Gonzalo Rodríguez, de Rock and Pop, habló de “vergüenza ajena” en su programa. “No eran las medialunas, ni las personas que estaban adentro, es lo que representa, esa necesidad permanente de sentirnos un poquito más importantes que los demás”, sostuvo. Describió una “pequeña isla de privilegiados, una carpa, una pulserita, un lugar reservado” frente a miles de personas que hicieron horas de cola bajo el sol, y cuestionó la “Argentina del atajo, la de la cintita, el contacto, el QR”.
El conductor Ari Paluch fue más lejos en un video en sus redes sociales: calificó al sector como “la carpa suntuosa, superficial, que banaliza el mensaje del Papa, de la justicia social, de la igualdad, de pensar en los que menos tienen”. Sostuvo que los VIP deberían haber sido “algún policía heroico, algún bombero que se jugó la vida en un incendio, algún maestro rural”, y cuestionó que los invitados publicaran sus experiencias. “Este ha sido un papelón enorme”, sentenció, y recordó que no hubo licitación y que se decidió de forma directa convocar a DF Entertainment. Cerró con una frase que resume el ánimo de las críticas: “la carpa del horror”.
Las ironías de una misa con jerarquías
El empresario Alejandro Gravier, esposo de Valeria Mazza, explicó que aceptaron la invitación al sector VIP con emoción: “Es casi imposible rechazar una invitación a una misa del Papa”. Contó que llegaron a las siete y media de la mañana y que esperaron unas tres horas al sol antes de la ceremonia. La ironía es que hasta el testimonio de un invitado confirma que el sol pegó para todos, aunque no todos tuvieron aire acondicionado. Gravier agregó que había mucha gente conocida, entre ellos integrantes del Gobierno, ministros, diputados y sacerdotes.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reconoció después que algunos elementos del catering, como las medialunas y los budines, habían resultado excesivos, aunque cuestionó que se describiera al sector como un lujo descomunal. Un reconocimiento a medias para un episodio que sus propios organizadores admiten que se les fue de las manos.
El contraste se completa con el Pequeño Cottolengo Don Orione, institución por la que el pontífice expresó preocupación y que, según se informó, obtuvo una resolución judicial de embargo por $828.708.195,16 contra cuentas del Ministerio de Salud por deudas acumuladas. Son obligaciones de naturaleza diferente, pero su exposición simultánea alimentó el cuestionamiento sobre las prioridades del gasto público: US$ 14 millones para organizar la misa y un embargo judicial por deudas con una institución a la que el propio Papa mencionó.
Lo que sigue abierto
Falta establecer qué funcionarios autorizaron cada erogación, qué controles se aplicaron, qué prestaciones se ejecutaron efectivamente y cuánto del total correspondió a los servicios exclusivos. Los expedientes completos dirán si las contrataciones se ajustaron a los procedimientos exigidos y quién responde por cada una. Mientras tanto, el reclamo político ya anticipa que la discusión no se agota en las medialunas.
Lo que tenés que saber:
- Se identificaron siete procedimientos de contratación directa por $20.477.334.664,75 (unos US$ 14 millones) para la misa del Papa.
- DF Entertainment recibió $8.690 millones, el 42,4% del total; con otras dos firmas reúne cerca del 80%.
- La Santa Sede confirmó la visita el 5 de agosto y los procedimientos se tramitaron a mediados de octubre, por compulsa abreviada por urgencia.
- Pagano, Gonzalo Rodríguez y Ari Paluch repudiaron la carpa VIP; Pagano afirmó que los responsables deberán explicarlo en la Justicia.
- No se informaron montos ni procedimientos de TechSecurity y Purgato, firmas vinculadas por la investigación con la familia Menem.
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