Judiciales ⚖️
Arrancó el juicio por el caso de la valija de Antonini Wilson, a 16 años del hecho
Dos de los acusados, los ex funcionarios Julio De Vido y Ricardo Echegaray, plantearon la incompetencia del Tribunal para juzgarlos.
El juicio por el intento de ingresar al país una valija con 790.550 dólares por parte del ciudadano venezolano Guido Antonini Wilson en agosto de 2007 comenzó este miércoles, a 16 años del hecho, y dos de los acusados, los ex funcionarios Julio De Vido y Ricardo Echegaray, plantearon la incompetencia del Tribunal para juzgarlos.
Además, en la etapa conocida como de «cuestiones preliminares», los abogados defensores del exministro de Planificación Federal reclamaron el cierre por «inexistencia de delito», la prescripción del hecho por haber pasado más de 15 años y que no se siga adelante con el debate.
El extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, expuso luego ante el Tribunal en lo Penal Económico 1 en ejercicio de su propia defensa por ser abogado: pidió ser sobreseído, que no continúe el juicio y aludió a nueva prueba incorporada que «derrumba totalmente» la acusación de supuesto encubrimiento en su contra.
Echegaray adhirió al planteo de incompetencia del fuero Penal Económico que presentó De Vido y esta será la primera cuestión que aborde el Tribunal, según anunció su presidente, el juez Luis Losada.
En la audiencia del miércoles próximo se dará oportunidad para opinar al respecto a la fiscalía y demás partes y luego habrá una decisión que, en caso de ser negativa, habilitará al Tribunal a continuar con el análisis del resto de los planteos.
Los abogados de De Vido, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, plantearon al Tribunal la nulidad del requerimiento fiscal de elevación a juicio y, eventualmente, la incompetencia del fuero penal económico para juzgar los hechos
Los acusados demandaron que haya una resolución «en forma previa» al desarrollo del debate. «No encubrí ningún evento, qué podría haber encubierto yo si esta noche estaba durmiendo», se preguntó Echegaray ante el Tribunal.
El ex funcionario era por entonces titular de la Dirección General de Aduanas y entre el sábado 3 y domingo 4 de agosto de 2007 cuando llegó el avión privado al aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, dijo que «estaba durmiendo»
«Recién atendí las llamadas telefónicas al mediodía del domingo, cuando ya habían hecho todo, ¿de qué manera voy a encubrir una actividad que además se desplegó conforme a derecho?», sostuvo sobre esa noche.
Los planteos se hicieron tras la lectura de la acusación fiscal y en el debate que se realiza de manera virtual con las partes conectadas a través de la plataforma Zoom.
La audiencia comenzó pasadas las 10 ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 de la ciudad de Buenos Aires, presidido por el juez Luis Losada, y se juzga a De Vido, al extitular de la AFIP Echegaray y al extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, entre otros.
El 4 de agosto de 2007, Antonini Wilson intentó pasar por un control aduanero en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery una valija con ese dinero, luego de llegar al país en un vuelo privado contratado en ese momento por la empresa estatal Enarsa.
Antonini Wilson, considerado «rebelde» por la Justicia argentina porque se fue del país apenas lo ocurrido se hizo público, se radicó en Estados Unidos y no se logró su extradición; viajaba junto a funcionarios de ese organismo, Uberti y otros compatriotas en el avión que partió de Venezuela.
Otros cuatro acusados son quienes en ese momento eran funcionarios aduaneros, Rosa García, María Gallini, Jorge Lamastra y Guillermo Lucangeli.
«Está claro que no hace falta el juicio, por lo menos en lo referido a Julio De Vido», advirtió su abogado Rusconi.
«Julio De Vido tiene derecho a que esto se exprese de modo inmediato», agregó el abogado, quien aludió a los juicios a los que se lo somete por «una gestión de Ministro» y a que el «sufrimiento ha sido enorme»
Su otro defensor, Palmeiro, planteó que el hecho está prescripto porque «pasaron más de 15 años».
«Hay una indefinición del hecho, hay un desastre normativo, un viaje al voleo normativo» en una investigación «fracasada, ya sea porque no hubo hecho delictivo alguno o porque se investigó mal, pero los costos no los puede pagar el acusado», agregó el defensor.
Rusconi evaluó que lo que sucede es «desesperante y doloroso» y los hechos «exigen a los miembros del Tribunal enorme valentía, casi heroísmo, porque la expectativa pública construida en los medios de comunicación espera que ustedes condenen»
«Para respetar las garantías se requiere una defraudación de ustedes sobre las expectativas construidas mediáticamente», agregó Rusconi en relación a los jueces del Tribunal.
En el caso «está clara la lesión a la garantía del derecho de defensa», consideró.
«Somos todos víctimas de un manejo discrecional, arbitrario, poco serio, de la reconstrucción de los hechos y llegar a esta instancia implica un costo enorme para los ciudadanos, exponer su vida, prestigio, honorabilidad», remarcó Rusconi.
El juicio seguirá el próximo miércoles cuando se escuche la respuesta de las partes a los planteos de incompetencia hechos por las defensas de De Vido y Echegaray
Judiciales ⚖️
El 70% de los argentinos considera culpable a Adorni, según un estudio de la UBA
Un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA reveló que el escándalo que rodea al Jefe de Gabinete perforó el relato anti-casta del gobierno: 7 de cada 10 argentinos lo considera culpable y casi el 80% cree que el caso afecta directamente la imagen presidencial.
Cómo el «Caso Adorni» perfora el relato anti-casta y pone en jaque a Milei
★ El denominado «Caso Adorni» alcanzó dimensiones que amenazan con convertirse en el punto de inflexión más grave de la administración de Javier Milei desde su asunción en diciembre de 2023. Un informe del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), dado a conocer este martes, establece una analogía con la célebre «foto de Olivos» que marcó el quiebre de la legitimidad de Alberto Fernández durante la pandemia: en ambos casos, un escándalo puntual erosionó el núcleo del discurso moral con el que el gobierno de turno había llegado al poder.
El estudio, basado en una encuesta a 4.711 casos en el AMBA, reveló que el 97,3% de los consultados afirmó haber escuchado o leído sobre el caso. La cifra es elocuente: en un ecosistema mediático fragmentado y con alta polarización, un hecho rara vez logra ese nivel de penetración transversal. El «Caso Adorni» lo consiguió.
El relato anti-casta, en el banquillo
El impacto más profundo del escándalo no se mide solo en la imagen del funcionario sino en el daño al corazón del discurso presidencial. El 79,9% de los encuestados considera que el caso afecta «mucho» o «algo» el principal argumento moral con el que Milei llegó al poder: su promesa de terminar con «la casta» y la corrupción política.
El dato es devastador para una gestión que construyó su identidad en la denuncia del sistema. Porque si hay algo que el kirchnerismo y el macrismo no pudieron sostener en su momento frente a la opinión pública, es exactamente esto: la coherencia entre el discurso y la conducta de sus integrantes.
Las cifras de la desconfianza
El informe del OPSA desagrega la percepción ciudadana con una precisión que no deja margen para interpretaciones optimistas desde el oficialismo.
El 66,5% de los encuestados considera que los hechos denunciados contra Manuel Adorni son «reales y graves«, mientras que solo un sector minoritario los interpreta como una operación política destinada a perjudicar al gobierno. El 70,3% lo considera «totalmente culpable» y el 65,8% afirma no creerle «nada» cuando sale a defenderse públicamente de las acusaciones.
Estos porcentajes deben leerse en el contexto de lo que la justicia federal ya investiga: un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares, refacciones de lujo pagadas con 245.000 dólares en efectivo y sin factura en un country de Exaltación de la Cruz, un departamento en el barrio porteño de Caballito adquirido bajo condiciones que los investigadores no lograron justificar, presuntas triangulaciones con empresas del Estado como YPF y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y el uso del avión presidencial para trasladar a su esposa, Bettina Angeletti, a Nueva York. La investigación está a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita en el fuero federal.
El daño político: imagen y confianza
La encuesta también midió el impacto institucional del escándalo. El 62,5% sostuvo que el caso empeoró la imagen del gobierno nacional, mientras que el 74,9% cree que lo perjudica políticamente. Estos números son especialmente significativos porque atraviesan la polarización: incluso entre votantes del oficialismo, la negación total resulta minoritaria.
El estudio del OPSA señala que el «Caso Adorni» y la «foto de Olivos» comparten la capacidad de erosionar la legitimidad política al afectar dimensiones morales y generar una percepción de contradicción entre el discurso oficial y la conducta real de sus integrantes. La diferencia radica en que Fernández ya acumulaba un desgaste previo considerable; Milei, en cambio, había sostenido hasta ahora una base de adhesión que descansaba fuertemente en su imagen de outsider incorruptible ajeno al establishment político.
Justicia e impunidad: la demanda social que crece
El estudio cierra con un diagnóstico que trasciende el caso puntual. El 71,8% de los encuestados considera que el funcionamiento actual de la Justicia favorece la corrupción debido a la impunidad y la falta de sanción efectiva. A la vez, el 81,2% cree que penas más severas y efectivas contribuirían a reducir hechos de corrupción.
La lectura política es clara: la ciudadanía no solo cuestiona a Adorni, sino que demanda una transformación estructural en los mecanismos de control y sanción. Una demanda que, paradójicamente, el propio Milei supo capitalizar en campaña y que ahora amenaza con volverse en su contra con renovada intensidad.
Puntos clave
- El 97,3% de los encuestados en el AMBA conoce el «Caso Adorni», según el OPSA de la UBA.
- El 70,3% lo considera «totalmente culpable» y el 65,8% no le cree cuando se defiende públicamente.
- El 79,9% cree que el escándalo afecta directamente el discurso anti-casta de Milei.
- El 74,9% considera que el caso perjudica políticamente al gobierno nacional.
- El 71,8% sostiene que la Justicia argentina favorece la impunidad y la corrupción.
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