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Judiciales ⚖️

Imputan a dos policías por colaborar con un ex barra de Newell’s ligado a «Los Monos»

Los fiscales Matías Edery y José Luis Caterina imputaron a los policías David Luciano Arellano y Marcos Emanuel Barúa del delito de asociación ilícita, encubrimiento, violación de secreto e incumplimiento de sus deberes.

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Dos policías de la ciudad santafesina de Rosario fueron imputados por complicidad con un ex barrabrava ligado al jefe de la narcobanda «Los Monos», Ariel «Guille» Cantero, y el fiscal de la causa aseguró que en la investigación «se comienza a ver cómo en una de las organizaciones más violenta participa una parte» de esa fuerza de seguridad.

Los fiscales Matías Edery y José Luis Caterina imputaron a los policías David Luciano Arellano y Marcos Emanuel Barúa del delito de asociación ilícita, encubrimiento, violación de secreto e incumplimiento de sus deberes.

Según la investigación, los miembros de la fuerza de seguridad, que se desempeñaron en la brigada de homicidios, filtraron datos a un exjefe de la barrabrava de Newell’s Old Boys, Guillermo «Chupa» Sosa, mientras estaba prófugo por el asesinato de un anterior líder de la barra, Nelson «Chivo» Saravia.

De acuerdo a la acusación, Sosa -que luego fue detenido- respondía en la interna de la barra a un grupo conducido por los presos Luis «Pollo» Vinardi, Pablo Nicolás Camino y Carlos «Toro» Escobar, que, a su vez tributan a «Guille» Cantero.

«Trajimos a dos policías que participaban activamente de la organización, brindando datos cuando los miembros estaban prófugos», dijo hoy Edery durante una rueda de prensa.

Los policías Barúa y Arellano fueron detenidos el viernes pasado durante una serie de allanamientos realizados en Rosario, entre ellos, un galpón donde cenaban civiles con un exjefe de Drogas Peligrosas, Alejandro Franganillo, y el actual titular de la Policía en la ciudad de Villa Constitución, Marcelo «Malevo» Mendoza.

En ese galpón la policía secuestró un costoso motorhome y varios fajos de billetes por alrededor de medio millón de pesos, lo que derivó en los allanamientos de los domicilios de Franganillo y Mendoza, quien hasta el año pasado fue segundo de la Policía de Rosario, indicaron voceros del caso.

La investigación tiene también una pata federal por una denuncia sobre la presunta existencia de una organización que combina policías y civiles con el negocio narco, agregaron las fuentes.

Los fiscales Edery y Caterina indicaron que en su causa se encuentra prófugo un expolicía, Juan José Raffo, condenado a 5 años y 10 meses de prisión en el juicio a la banda de «Los Monos» que terminó en 2018.

De acuerdo a la pesquisa, Raffo era el contacto entre los policías Barúa y Arellano con sectores criminales vinculados a «Los Monos».

«Los dos terminan siendo parte de una célula de la banda de ‘Los Monos’, pero tuvieron imputaciones independientes», explicó el fiscal Caterina.

Mientras que Edery agregó: «Esta investigación muestra cuál es el problema real de la infiltración y la influencia que tienen ciertos sectores policiales en la toma de decisiones que influyen en la seguridad pública.»

Los fiscales les achacaron a los dos acusados «ser miembros, junto con otras personas de la asociación ilícita liderada por Ariel Cantero, cuyo objeto es obtener dinero mediante el uso de violencias y amenazas a distintas personas, usurpaciones de domicilios, abusos de armas y extorsiones».

Señalaron que «ellos pelean por el control territorial y ofrecen ‘protección’ ilícita en las zonas donde ejercen este control» y que la banda «se estructura bajo la modalidad de células autónomas que operan independientemente todas ellas, colaborando a un fin común».

Así, indicaron que «Guille» Cantero «es el jefe de la asociación, quien desde su lugar de alojamiento en la unidad penitenciaria de Marcos Paz da órdenes a otras personas, quienes además poseen sus propias células o ramas de la organización» y le reportan».

Judiciales ⚖️

Concejal libertario pagará $12 millones a una trabajadora por abuso sexual

El concejal Alberto Montes alcanzó un acuerdo económico con una trabajadora municipal que lo denunció por un hecho ocurrido en una dependencia pública. Aunque pactó una indemnización de $12 millones en el fuero civil, la investigación penal continúa y podría llegar a juicio oral.

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Lo que tenés que saber

  • Un concejal de La Libertad Avanza alcanzó un acuerdo económico con una denunciante.
  • La compensación fue establecida en el marco de una causa civil.
  • La investigación penal continúa abierta y sigue su curso judicial.
  • La Justicia rechazó un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa.
  • El expediente podría avanzar hacia una instancia de juicio oral.

Un acuerdo económico en paralelo a la investigación judicial

El concejal de San Isidro Alberto Montes alcanzó un acuerdo económico con una trabajadora municipal que lo denunció por un hecho ocurrido dentro de una dependencia pública cuando ambos se desempeñaban en el área de Tránsito del municipio.

Según trascendió, el entendimiento fue formalizado en el ámbito civil y contempla el pago de una indemnización de $12 millones a la denunciante. El acuerdo fue establecido de manera paralela a la causa penal que continúa en trámite.

La denuncia y las imágenes incorporadas al expediente

La denuncia fue presentada a fines de 2023 y está vinculada a un episodio registrado por cámaras de seguridad de una dependencia municipal.

De acuerdo con la acusación, las imágenes muestran el momento en que Montes ingresa a una oficina y mantiene un contacto físico con una trabajadora sin su consentimiento.

Tras el episodio, la mujer decidió acudir a la Justicia y promover las acciones correspondientes.

La causa penal continúa abierta

Más allá del acuerdo alcanzado en el fuero civil, especialistas recuerdan que este tipo de convenios no implica el cierre automático de una investigación penal.

En este caso, la causa continúa bajo la figura de abuso sexual y ya superó una instancia relevante luego de que la Justicia rechazara un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del edil.

La decisión permitió que el expediente siga avanzando dentro del proceso judicial.

Posible juicio oral durante este año

Según información vinculada al caso, la investigación se encuentra en una etapa avanzada y podría llegar a juicio oral durante el segundo semestre.

En esa instancia se analizarán las pruebas reunidas por la fiscalía y los argumentos de las partes para determinar la eventual responsabilidad penal del acusado.

Mientras tanto, la imputación permanece vigente y el proceso continúa bajo supervisión judicial.

Repercusiones políticas en San Isidro

El caso también generó repercusiones dentro del ámbito político local. Distintos sectores expresaron cuestionamientos respecto de la continuidad de Montes en el Concejo Deliberante mientras se desarrolla la investigación.

El edil sigue ejerciendo su banca y aguarda la evolución del expediente judicial, que podría convertirse en uno de los procesos de mayor impacto institucional en el distrito durante este año.

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