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Denuncia

Alerta: las denuncias por violencia intrafamiliar subieron un 17% durante 2022

Según la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, el año pasado hubo un promedio de 28 denuncias diarias, incluso hubo días con picos en los que se registraron 52, advirtió el informe correspondiente al periodo.

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Casi 14 mil personas fueron víctimas de violencia doméstica durante 2022, según las más de 10 mil denuncias recibidas por la oficina de la Corte Suprema, cifra que supera en un 17% a los reportes recibidos durante el año anterior y en respuesta a los cuales la Justicia Civil tomó «medidas preventivas urgentes» como la prohibición de contacto o de acercamiento a la persona denunciante y la entrega de botones antipánico.

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) difundió este miércoles el relevamiento de reportes recibidos durante el 2022 y precisó que recibió «10.231 denuncias en 2022, un incremento del 17% respecto de 2021».

El promedio diario de denuncias durante el año pasado fue de 28, sin embargo, hubo días que se alcanzaron las 52, advirtió el informe y precisó que los más de 10 mil reportes afectaron a 17.686 personas -hay casos en los que se denuncia sobre una situación que afecta a más de un miembro de la familia- de las cuales 13.835 «fueron afectadas por hechos de violencia doméstica».

En respuesta a esto, la Justicia Civil ordenó 35.134 medidas preventivas urgentes como prohibición de contacto o de acercamiento a la persona denunciante, entre otras, y ordenó otorgar 3.335 botones antipánico.

Según el relevamiento anual del organismo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el 76% de las denuncias las personas afectadas por los hechos de violencia fueron mujeres y, dentro de ellas, la mayoría (el 52%) adultas dentro del rango etario de entre 18 y 59 años.

«Los varones denunciados superan en número y proporción a las mujeres en casi todos los grupos de edad», aseguró el informe de la OVD y remarcó que «el grupo con más personas denunciadas es el de varones de entre 22 y 49 años (58%)».

El análisis del organismo aseguró que la violencia de tipo psicológica estuvo presente en casi la totalidad de las denuncias, alcanzando un 97%, en tanto, un 51% de casos también advirtieron sufrir violencia simbólica.

De la totalidad de las denuncias, casi la mitad (49%) reportaron violencia física, un 32% hicieron referencia a violencia ambiental, un 28% a violencia económica y patrimonial, un 12% a violencia social y un 10% a violencia sexual.

Asimismo, el 95% de las personas que denunciaron sufrir violencia doméstica aseguraron que no fue la primera vez que sucedía, y que «la gran mayoría de los episodios denunciados tuvo una frecuencia diaria o semanal», aseguró el documento.

De la totalidad de mujeres adultas de entre 18 y 59 años, 7 de cada 10 aseguraron que fueron violentadas por su pareja actual o por alguna expareja, en tanto, 4 de cada 10 denunciantes fueron «migrantes (de países limítrofes y no limítrofes) o de otras provincias».

La OVD aseguró que, durante 2022, los equipos interdisciplinarios evaluaron el riesgo de las personas afectadas como «alto y altísimo (33%), medio y moderado (56%) y bajo (11%)», en tanto que el Servicio Médico de la OVD «constató lesiones en 2009 personas, el 85% de ellas de sexo femenino, y el 38% con lesiones en el rostro».

Una vez recibidos los reportes y realizados los informes correspondientes, la OVD deriva los casos a la Justicia o a los organismos que corresponda; algunas denuncias, por su naturaleza, requieren múltiples derivaciones judiciales y no judiciales.

En este sentido, la OVD precisó que del total de las denuncias recibidas en 2022, el 99,6% requirió la intervención de la Justicia Nacional en lo Civil, en tanto, el 17% de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y el 68% al fuero Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.

Las derivaciones no judiciales son aquellas que se realizan a organismos de servicio de patrocinio gratuito -como el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes- donde fueron derivadas el 39% de las denuncias, el Programa Proteger (GCBA) -que recibió 727 casos- y la Justicia de Menores, que se hizo cargo de 31 de los reportes, según consignó la OVD.

La Oficina, creada en 2006, tiene como objetivo facilitar el acceso a la Justicia de las personas afectadas por violencia doméstica, y para ello garantiza la atención durante las 24 horas, los 365 días del año.

Las denuncias pueden ser presentadas por la propia persona afectada o «por cualquier otra que haya tenido conocimiento del hecho de violencia», explicó la OVD, y precisó que, para ello, la presentación se realiza en la sede de la oficina, ubicada en Lavalle 1250, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.

Buenos Aires

Provincia rechazó la desregulación de la VTV: “El Estado nacional pone en juego la seguridad de millones”

El gobierno de Axel Kicillof marcó distancia de la reglamentación nacional que habilita a talleres privados a realizar la Verificación Técnica Vehicular y libera los precios del servicio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la provincia sostendrá los estándares vigentes y cuestionó la coherencia de desregular controles vehiculares mientras las rutas nacionales se deterioran.

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La provincia de Buenos Aires rechazó la desregulación de la VTV y mantendrá sus propios controles.

Rutas rotas y controles sueltos: la peligrosa coherencia del modelo Milei en seguridad vial.

★ El mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la administración bonaerense salió a marcar diferencias con claridad. A través del ministro de Transporte, Martín Marinucci, la provincia de Buenos Aires anticipó que no seguirá el criterio nacional y que mantendrá los estándares de control vigentes en su territorio para garantizar la seguridad vial.

La medida impulsada por la gestión de Javier Milei establece que los talleres particulares que cumplan condiciones técnicas podrán inscribirse para prestar el servicio de VTV, en una apertura que el Gobierno enmarcó en su política de desregulación y eliminación de «monopolios». La nueva normativa incluye además la liberación de precios del servicio, hasta ahora regulados.

«Una herramienta de prevención que evita tragedias»

El funcionario bonaerense salió a cuestionar el fondo y la forma de la medida. Marinucci subrayó que el debate público giró en torno a quién presta el servicio, pero omitió la pregunta central: cómo se garantiza que los controles mantengan rigor y confiabilidad.

«La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos», sostuvo Marinucci.

La postura de la Provincia no es nueva ni improvisada. Desde el inicio de la gestión libertaria, el kirchnerismo bonaerense viene resistiendo el avance desregulatorio en materia de servicios públicos, en particular cuando la apertura al sector privado se produce sin mecanismos claros de fiscalización posterior.

La contradicción vial: rutas abandonadas y controles flexibilizados

Marinucci apuntó además a una contradicción que, en términos políticos, resulta difícil de sostener: el mismo gobierno que paralizó obras de infraestructura vial y abandonó el mantenimiento de rutas nacionales pretende al mismo tiempo relajar los controles sobre el estado de los vehículos que circulan por esas vías.

«No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial», afirmó.

El señalamiento tiene respaldo en datos concretos. Según el análisis del Foro Economía y Trabajo, el gasto de capital acumuló una caída real del 86% desde diciembre de 2023, y las transferencias destinadas a obra pública registraron un derrumbe histórico bajo la gestión libertaria. En ese marco, extender los plazos de verificación técnica y privatizar el control vehicular aparece como una combinación de alto riesgo para la seguridad de los usuarios de la red vial.

El ministro fue explícito al respecto: «Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse».

Más de 1.000 sitios fraudulentos dados de baja

Más allá del rechazo a la política nacional, Marinucci aprovechó para destacar la acción provincial en materia de fiscalización. A través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) correspondiente, la provincia de Buenos Aires logró dar de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.

La mención no es menor: si en el contexto actual, con controles centralizados, proliferó de esa manera la oferta ilegal, la pregunta sobre qué ocurrirá cuando el servicio se fragmente entre cientos de talleres privados con fiscalización incierta resulta pertinente y urgente.

«Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden», remarcó Marinucci.

El cierre: una mención que excede lo técnico

El ministro bonaerense eligió cerrar su declaración con una frase que trasciende la discusión técnica sobre la VTV y que apunta directamente al modelo de gestión libertario. «La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina», expresó.

Y remató con una ironía que no pasó desapercibida: «Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos».

La referencia a los patrimonios no declarados y las declaraciones juradas con inconsistencias alude directamente al contexto político en el que se inscribe la medida: el mismo Gobierno que desregula los controles vehiculares enfrenta investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito de sus propios funcionarios, entre ellos el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuyo patrimonio bajo sospecha ya supera los 840.000 dólares según la causa que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Puntos clave

  • La provincia de Buenos Aires rechazó la reglamentación nacional que habilita talleres privados para realizar la VTV y libera precios del servicio.
  • El ministro Marinucci anunció que la Provincia mantendrá sus estándares de control vehicular, amparada en una ley provincial vigente.
  • El funcionario cuestionó la contradicción de flexibilizar controles sobre vehículos mientras las rutas nacionales acumulan más de dos años de abandono y deterioro.
  • El gasto de capital cayó un 86% en términos reales desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo.
  • La provincia dio de baja más de 1.000 sitios fraudulentos que ofrecían certificaciones de VTV falsas.
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