Por Eduardo Silveyra

Griselda Blanco desarrollaba una profusa actividad en Curuzú Cuatiáy en los últimos días había realizado denuncias por mala praxis en el hospital y por abusos policiales. Su femicidio no pasa desapercibido en una provincia donde los colectivos feministas tienen fuertes reclamos a la justicia.

La ciudad correntina de Curuzú Cuatiá vive horas de conmoción por el asesinato de la periodista Griselda Blanco, hallada muerta por uno de sus hermanos con signos de tortura, golpes en la cara y estrangulada, el sábado.

Griselda formuló serías denuncias contra el Hospital de esa ciudad por una mala praxis en la que resultó muerta la joven Débora Serrano. En el último posteo en su muro de Facebook, realizado a las 2 y 30 del día anterior a su asesinato, se podía leer un reclamo de justicia por la víctima.

Blanco conducía programas de prensa en radios y además producía transmisiones en vivo en programas de medios locales, donde además de la denuncia que involucra al hospital, ahora intervenido, también había señalado al comisario de Sauce, un pueblo vecino a Curuzú Cuatiá, por malos tratos y por el abuso sexual de una efectiva de la seccional. Por ese motivo, Griselda recibió amenazas y una carta documento del comisario, en la que la instaba a retractarse y de no hacerlo, iniciarle una demanda civil por calumnias e injurias.

En un primer momento la muerte fue caratulada como suicidio, pero tras la intervención de los forenses, se cambió por homicidio, motivo por el cual fue detenido su ex pareja, Armando Jara, también periodista con el cual, a pesar de haber roto el vínculo afectivo, continuaban trabajando juntos. Los hijos de Griselda, desvincularon a Jara de los hechos.

“Ella me pidió que si le llegaba a pasar algo, que no tuviera dudas en denunciar porque ya se sabía de dónde vendría el ataque. Con Armando tenían una relación de ida y vuelta y a veces discutían con cierta violencia. Se trató de un femicidio, pero, tampoco se trata de que resuelvan el caso metiendo preso a un perejil, porque está el tema del hospital donde murió Débora y la denuncia contra el comisario, que la presionaba para que revelara las fuentes que lo complicaban en los abusos”, sostuvo Silvia Casarrubia, abogada y amiga de Griselda.

El temor de Casarrubia no es infundado, Corrientes es una provincia donde existe cierto blindaje judicial, cuando el poder o los hijos del poder cometen un acto delictivo. Tal como ocurrió con Ariel Malvino, cuando en la playa brasileña de Ferrugen, fue asesinado por tres rugbiers correntinos (Carlos Andrés Gallino Yanzi, Horacio Antonio Pozo y Eduardo Braun Billinghurst) hace 17 años. Nunca fueron juzgados, eludieron a la justicia y hasta el día de hoy permanecen libres.

El expediente está aún bajo secreto de sumario y es investigado por la fiscal María José Barrero Sahagún, titular de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac), la cual ordenó la intervención de la Policía Federal Argentina (PFA), luego de tomar conocimiento de las denuncias realizadas por Griselda. La fiscal Barrero Sahagún, a la vez ordenó realizar peritajes en los celulares y en las notebook de ella y Jara, como así también investigar las amenazas policiales recibidas. La investigación quedó a cargo de agentes de la División Homicidios de la PFA, quienes viajaron especialmente para sumarse a los trabajos del Departamento Investigaciones de Corrientes. El comisario inspector Ricardo Juri, es quien lleva adelante las pesquisas por parte de los federales.

La comunidad entera de Curuzú Cuatiá a través de las redes, pide el esclarecimiento del crimen y justicia por alguien que nunca se callaba y decía la verdad. En relación a los femicidios cometidos en Corrientes en lo que va del año, se han registrado cuatro víctimas, cifra que con el crimen de Griselda aumenta a cinco, superando en ese lapso a todos los cometidos durante el año 2022. En ese aspecto, diferentes colectivos feministas de la provincia, reclaman una urgente reforma judicial transfeminista, para que jueces y jueces den respuestas y soluciones ante estos hechos, a la vez que exigen que cumplan debidamente sus funciones. Consultadas por los medios, también resaltaron que “es vital el acceso de mujeres y diversidades transfeministas a cargos de decisión en el Poder Judicial”.

Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.

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