Judiciales ⚖️
Procesan a Alberto Fernández por violencia de género contra Yáñez
Las denuncias incluyen violencia psicológica, física y económica durante su relación desde 2016 hasta 2024.
El juez federal Julián Ercolini procesó al expresidente argentino Alberto Fernández por lesiones leves y graves contra su expareja, Fabiola Yáñez, y dispuso un embargo de diez millones de pesos. La resolución, indica que los delitos imputados podrían conllevar hasta 18 años de prisión en caso de condena.
La defensa de Fernández, encabezada por la abogada Silvina Carreira, intentó sin éxito recusar al magistrado alegando «temor de parcialidad». El juez Ercolini enmarcó los hechos en un «contexto de violencia de género», destacando la relación asimétrica de poder entre Fernández y Yáñez desde 2016 hasta el 6 de agosto de 2024.
Declaraciones de las partes involucradas
Fabiola Yáñez, quien actualmente reside en Madrid junto a su hijo Francisco, declaró por videoconferencia. Según la fiscalía, «el análisis de toda la prueba reunida en el caso permitió acreditar que el expresidente Fernández ejerció distintos tipos de violencia contra su pareja, prácticamente, desde el inicio de su relación». Se identificaron formas de violencia psicológica, física y económica, conforme a la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer.
Por su parte, Alberto Fernández negó las acusaciones a través de un comunicado en sus redes sociales: «Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa». Añadió que presentará pruebas ante la justicia para demostrar su inocencia.
Contexto y antecedentes
Las denuncias señalan episodios de violencia ocurridos durante la convivencia en la residencia presidencial de Olivos. Además, se mencionan comunicaciones diarias en las que Yáñez habría sufrido amedrentamiento por parte de Fernández. La investigación también reveló material probatorio, como mensajes, fotos, videos y audios, que respaldarían las acusaciones.
Este proceso judicial se suma a otras investigaciones en curso contra Fernández, incluyendo presuntos casos de corrupción y tráfico de influencias durante su mandato. Estas acusaciones han impactado significativamente en la imagen pública del expresidente y en el panorama político argentino.
DDHH
Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei
El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.
175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.
Un consenso al que el país le dio la espalda
La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.
Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.
Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno
Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.
El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.
Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa
La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.
Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.
Un antecedente que pesa
No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.
El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.
Lo que tenés que saber
- El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
- La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
- El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
- En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
- El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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