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Jóvenes y disidencias movilizaron por la aparición con vida de Tehuel

El Ministerio de Seguridad aumentó este jueves a 5 millones de pesos la recompensa para las personas que puedan aportar datos que ayuden a dar con su paradero, a través de la resolución 137/2022 publicada hoy en el Boletín Oficial.

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Centenares de jóvenes y disidencias se movilizaron esta tarde desde la casa de la provincia de Buenos Aires hasta el Congreso de la Nación en reclamo por la aparición con vida de Tehuel De La Torre, el joven trans de 22 años que desapareció el 11 de marzo del año pasado cuando viajaba a una entrevista laboral.

La concentración comenzó pasadas las 16 frente a la casa de la provincia de Buenos Aires, en Callao 237 del barrio porteño de San Nicolás, donde diversas agrupaciones feministas organizaron una radio abierta en la que además de exigirle a las autoridades políticas, judiciales y policiales por la aparición de Tehuel, también reclamaron por otras reivindicaciones como el efectivo cumplimiento del cupo laboral trans y otras políticas sociales y sanitarias.

La manifestación ocupó la calzada de Callao al 200 y en ella convivían los carteles de diversas agrupaciones como «Las Rojas», «Pan y Rosas», «Libre Diversidad-MST», «Disidencias en Lucha-Izquierda Socialista», «Isadora en Lucha», «Agrupación 1969-Partido Obrero», «Libres y Diversxs-Libres del Sur», «Frente Arde Rojo», «La Poderosa», «Zona LGBT», y el «Frente Popular Darío Santillán», junto a pancartas y afiches artesanales con mensajes como «Absolución para Higui», «Aparición con vida de Tehuel ya!», «las vidas trans importan» o «quiero siempre poder volver a mi casa con mi mamá».

Bruno, un joven de 18 años que llegó con sus amigos, dijo que «no se puede aceptar que Tehuel lleve un año desaparecido y las autoridades lo den por muerto sin más evidencias que unas gotas de sangre; estamos acá por él y por todos para que nadie más desaparezca así».

«Tehuel estaba en camino a una entrevista laboral y para el colectivo trans las oportunidades laborales suelen ser pocas y difíciles de alcanzar, también es muy significativo que haya desaparecido buscando trabajo; que la Justicia ahora considere su desaparición un crimen de odio está muy bien pero lo que hace falta es que respondan dónde está y que le pasó», completó.

Benjamín, integrante de la agrupación LGBTI «1969», dijo a esta agencia que «todo lo que se hizo hasta ahora para encontrar a Tehuel es insuficiente, es necesario que lo busquen bajo la presunción de que está vivo porque todo lo actuado hasta ahora da a entender que se quedaron tranquilos con la hipótesis de que está muerto y no hay esfuerzos para explicar que le pasó y quiénes son los responsables».

«En eso también hay una importante cuota de responsabilidad del Poder Judicial, que no tiene ninguna preocupación por atender a las diversidades, cuando decimos que hace falta una reforma judicial es también para que cosas como estas no pasen más», agregó.

Pablo Vasco, dirigente de la Federación Argentina LGBT, afirmó que «hace un año que nos seguimos preguntando dónde está Tehuel; el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, lo dio por muerto sin evidencias y parece que pasaron a otra cosa, pero necesitamos respuestas, y también necesitamos Educación Sexual Integral en todas las escuelas, aplicación efectiva del cupo laboral trans, y la sanción de una ley integral trans».

«La causa de Tehuel está paralizada hace un año, hubo muchas hipótesis y hay dos detenidos pero la policía bonaerense sigue sin dar respuesta, necesitamos saber dónde está Tehuel, qué le pasó y que los responsables rindan cuentas a la Justicia», añadió.

Terminada la radio abierta en la que dirigentes de distintas agrupaciones sumaron adhesiones al reclamo, la columna marchó por Callao en dirección al Congreso entonando la consigna ¿»Dónde está Tehuel?». La movilización culminó frente al palacio legislativo con un festival artístico que contó con la participación de la banda «Sudor Marika».

En tanto, en la ciudad de La Plata organizaciones del colectivo LGBTI y diversidades se concentraron esta tarde frente a la gobernación bonaerense y desplegaron una campaña de intervención artística en la capital provincial con afiches y pegatinas reclamando por el joven desaparecido.

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, reclamó la «aparición urgente» de Tehuel y cuestionó el accionar de la Justicia en este caso. «Se cumple un año de la desaparición de Tehuel. El accionar lento del Poder Judicial evidencia una de las caras de las violencias que atraviesan las personas trans», advirtió Gómez Alcorta, desde su cuenta oficial de Twitter.

La ministra sostuvo que «hoy, como cada día, exigimos su aparición urgente y acompañamos a su familia en el reclamo de justicia».

Tehuel fue visto por última vez por sus familiares en la tarde del 11 de marzo de 2021, cuando dejó su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para encontrarse en Alejandro Korn con Luis Alberto Ramos, un hombre de 37 años y con un antecedente de homicidio en ocasión de robo, que le había prometido trabajo como mozo.

Según pudo reconstruir la investigación, Tehuel llegó a la casa de Ramos, donde permaneció algún tiempo y posteriormente ambos se dirigieron al domicilio de Oscar Alfredo Montes (46), quien tendría antecedentes de abuso sexual.

Tanto Ramos como Montes permanecen detenidos por «homicidio agravado por odio a la identidad de género», pero durante la indagatoria insistieron en que Tehuel se marchó por sus propios medios del lugar y no tienen ninguna responsabilidad en su desaparición.

Hasta ahora, los numerosos allanamientos y rastrillajes sólo permitieron encontrar su teléfono, su campera y una mancha de sangre de Tehuel en la casa de Ramos, la que fue reducida a escombros en setiembre pasado.

El Ministerio de Seguridad aumentó este jueves a 5 millones de pesos la recompensa para las personas que puedan aportar datos que ayuden a dar con su paradero, a través de la resolución 137/2022 publicada hoy en el Boletín Oficial.

Análisis

La culpa es nuestra: cómo la ciencia y los medios siguen apuntando a las madres cuando se habla de autismo

Cómo se envidencia en la nota de análisis de Clarin, rara vez se pregunta «¿qué hizo el padre?».

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Machismo en la ciencia: el cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia

Un estudio publicado en el British Medical Journal sobre exposición laboral tóxica y autismo fue reencuadrado mediáticamente en clave de culpa materna. Una tradición que la ciencia superó, pero el machismo resiste.

Un estudio reciente de investigadores de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins y de la Universidad de Harvard, publicado en el British Medical Journal (The BMJ), analizó 1.702 casos de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA) en Dinamarca entre 1973 y 2012.

Sus conclusiones son técnicas, acotadas y explícitas: las madres que trabajan en entornos con exposición frecuente a sustancias tóxicas (plomo, solventes, gases de escape, derivados de combustibles) o con niveles elevados de estrés laboral crónico tienen mayor probabilidad de tener hijos con TEA. Las profesiones identificadas incluyen transporte terrestre, defensa militar y administración pública.

Lo que el estudio dice, con precisión, es que ciertas condiciones laborales tóxicas afectan el neurodesarrollo fetal. Lo que ciertos medios transmitieron, en cambio, fue otra cosa: que el problema son las profesiones de las madres. Que el problema, una vez más, son ellas.

El regreso de la «madre culpable»: una historia que no termina

La narrativa que conecta al autismo con la conducta materna tiene una historia larga y vergonzosa. A mediados del siglo XX, el psiquiatra Bruno Bettelheim popularizó el concepto de la «madre nevera» (refrigerator mother), según el cual la frialdad emocional de las madres era la causa del autismo en sus hijos. La teoría fue desacreditada décadas después por la propia comunidad científica, pero el daño en miles de familias, y especialmente en miles de mujeres que cargaron durante años con una culpa que no les correspondía, fue irreparable.

Hoy, la ciencia acumulada es contundente en la dirección opuesta. Un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos (NICHD), que involucró a casi 2 millones de participantes, determinó que los factores genéticos hereditarios representan aproximadamente el 80,8% del riesgo de TEA, mientras que los llamados «efectos parentales maternos» representan entre el 0,4% y el 1,6% del riesgo, una cifra considerada estadísticamente insignificante por los propios autores. Ese mismo estudio advirtió, además, que no analizó los factores paternos, como la edad del padre, que la literatura científica también asocia con el riesgo de autismo.

La entidad Autismo España, en su portal institucional, señala que la investigación apunta a una «tasa aproximada de recurrencia del 20% en las familias» con un componente genético complejo y aún no completamente dilucidado. La organización también documenta que en los últimos años creció el diagnóstico de padres y madres después de que sus hijos fueran diagnosticados, lo que refuerza el peso de la herencia biológica compartida.

Lo que el estudio realmente dice (y lo que el titular omitió)

La investigación publicada en The BMJ no estudia si las madres trabajan o no. Estudia la exposición a agentes tóxicos y el estrés como factores de riesgo ambientales en el desarrollo fetal. La diferencia no es semántica: es política.

Afirmar que «las profesiones de las madres» tienen un «patrón común» en casos de autismo, sin contextualizar que lo que se mide es la exposición a plomo, solventes industriales, gases de escape y estrés crónico, es construir un titular que, deliberada o negligentemente, pone el foco en quién trabaja y no en qué condiciones laborales son toleradas por el Estado y los empleadores. Es trasladar la responsabilidad de una falla sistémica (la falta de regulación de ambientes laborales tóxicos) a las mujeres que los habitan.

Los propios investigadores del estudio son explícitos: el hallazgo requiere «investigar más en profundidad sobre las exposiciones laborales» y su relación con el neurodesarrollo, «usando metodologías que aborden estas exposiciones de manera específica y temporal». Es decir, la conclusión científica apunta a la regulación laboral y a la salud ocupacional, no a la maternidad como variable de riesgo en sí misma.

El doble estándar: padres invisibles, madres sospechosas

El sesgo de género en la investigación científica sobre autismo no es nuevo. La pregunta «¿qué hizo la madre?» estructura buena parte del campo desde sus orígenes, mientras que la pregunta «¿qué hizo el padre?» rara vez se formula con igual insistencia.

Sin embargo, la evidencia científica disponible indica que la edad paterna avanzada es también un factor de riesgo documentado para el TEA, asociado a mutaciones de novo en el esperma. Investigaciones publicadas en la revista Science, con datos de 2.600 familias, identificaron variantes genéticas raras heredadas paternamente como factores relevantes en el espectro autista.

El estudio de The BMJ, significativamente, no analizó las ocupaciones paternas. Esta asimetría metodológica no es neutral: refleja un sesgo histórico en la construcción de las preguntas científicas, que tiende a ver al cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia y al cuerpo paterno como un dato secundario.

Discapacidad en la Era Milei: un gobierno que recorta, criminaliza y señala

La circulación de este tipo de narrativas no ocurre en el vacío. En la Argentina de Javier Milei, el Estado retrocedió de manera sistemática sobre las políticas de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creada para centralizar y garantizar derechos, fue disuelta en diciembre de 2025 mediante el Decreto 942/2025 y reconvertida en una Secretaría de menor rango bajo la órbita del Ministerio de Salud, movimiento que más de 400 organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos calificaron como un «retroceso al modelo médico-rehabilitador» y un abandono del modelo social de la discapacidad.

El ajuste fue contundente: los $30 mil millones de presupuesto que tenía la ANDIS fueron redirigidos al Tesoro al momento de la disolución, según denunció la diputada peronista Roxana Monzón en la Cámara de Diputados de la Nación. La Justicia federal declaró inconstitucional parte de la reestructuración, pero el Gobierno apeló y, a mayo de 2026, solo reglamentó ocho artículos de la ley de emergencia en discapacidad, dejando diecisiete sin aplicar.

En ese marco, el gobierno impulsó además una nueva normativa presentada bajo el título «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», que restringe los criterios de acceso a las pensiones y habilita suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia detectada.

Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) documentaron que el relato oficial sobre el crecimiento «injustificado» de las pensiones por discapacidad utilizó datos manipulados para justificar el recorte, según publicó la propia ACIJ en su portal institucional.

Es en este contexto donde adquiere una dimensión adicional la circulación de estudios presentados de forma sesgada: cuando el Estado abandona a las familias que conviven con el autismo y recorta los apoyos que necesitan, resulta funcional instalar la idea de que el problema tiene nombre de mujer y que la solución está en las decisiones individuales de las madres, no en las políticas públicas ausentes.

Machismo de guardapolvo blanco

Culpar a las mujeres que trabajan por la condición neurológica de sus hijos no es ciencia: es ideología con bata blanca. Es el mismo mecanismo que durante décadas señaló a las madres que trabajaban fuera del hogar como responsables de los problemas emocionales de sus hijos, que culpó a las mujeres que no amamantaron, que patologizó a las que estudian, a las que tienen proyectos propios, a las que no se «sacrifican» en silencio.

La ciencia del neurodesarrollo lleva décadas construyendo una imagen cada vez más compleja del autismo: multicausal, con fuerte base genética, mediada por factores ambientales que incluyen desde la edad paterna hasta la exposición a pesticidas, desde infecciones durante el embarazo hasta complicaciones perinatales. En ese cuadro multifactorial, la ocupación laboral de la madre es, según el propio consenso científico, un factor menor y circunscripto a condiciones de exposición tóxica específicas, no al hecho de trabajar.

Presentarlo de otro modo no es divulgación científica. Es misoginia con estadísticas.

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