Las comunidades educativas de dos de los colegios secundarios más prestigiosos de la Argentina atraviesan una crisis sin precedentes. En el Colegio Nacional de Buenos Aires y en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, ambas dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se confirmó que alumnos varones circularon y comercializaron imágenes de sus compañeras intervenidas con inteligencia artificial (IA) para mostrarlas con sus rostros reales y cuerpos desnudados de manera sintética. El escándalo expone, una vez más, la brecha entre el avance tecnológico y la respuesta del sistema legal y educativo frente a nuevas formas de violencia de género.

Cómo comenzó el escándalo

El caso tomó estado público a fines de junio, cuando alumnas de segundo año del Carlos Pellegrini encontraron un archivo compartido en Google Drive que contenía sus nombres, fotos intervenidas y hasta un precio asignado a cada imagen. Las fotos mostraban los rostros reales de las estudiantes sobre cuerpos generados o «desnudados» mediante aplicaciones de IA, muchas de ellas tomadas sin consentimiento de sus redes sociales. Luego se supo que estudiantes del Nacional Buenos Aires también estaban involucrados y que existían indicios de que el fenómeno se extendía a otras instituciones. La mayor parte de los alumnos señalados cursan segundo año y tienen alrededor de 14 años.

La magnitud del hecho quedó subrayada por el cinismo con que fue respondido dentro de las propias aulas: tras el estallido del escándalo, apareció escrito en un pupitre de una de las instituciones la frase «Ustedes nos pueden delatar, pero no vamos a parar de desnudarlas y venderlas». La frase condensa la naturaleza del problema: no se trata de una travesura tecnológica sino de una práctica sistemática de cosificación, violación de la privacidad y comercialización del cuerpo ajeno.

La Justicia frente a un vacío legal

La fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI), fue contundente al describir la situación: «Nosotros constantemente estamos recibiendo este tipo de denuncias». Al mismo tiempo, advirtió que la investigación enfrenta un obstáculo central: el ordenamiento jurídico argentino no tipifica con precisión estos delitos. «Debemos impulsar a los legisladores a que de una buena vez lo incorporen en sus legislaciones penales», señaló la funcionaria. Para Dupuy, el delito se consuma cuando una imagen real de una persona es llevada al desnudo mediante IA, porque «afecta el bien jurídico protegido, que es la libertad en el desarrollo de la sexualidad».

En ambas instituciones se activaron los protocolos de violencia de género para contener a las víctimas y regular la convivencia, pero las estudiantes afectadas enfrentaron la situación extrema de tener que compartir aulas con quienes las victimizaron. La ausencia de un marco penal claro convierte a la respuesta institucional en el único muro de contención inmediato, y ese muro es notoriamente insuficiente.

La cultura que lo habilita: el análisis de Laura Sánchez

La voz de Laura Sánchez, madre de Ema Bondaruk (la adolescente que se suicidó tras la difusión no consentida de imágenes de su intimidad), adquirió en este contexto una resonancia particular. Sánchez, quien milita desde entonces por la sanción de legislación específica sobre violencia digital, lo dijo sin rodeos: «Es doloroso y pone a la vista que la violencia digital de género dejó de ser una problemática emergente para convertirse en urgente».

Para Sánchez, el caso del Nacional y del Pellegrini no es un hecho aislado protagonizado por adolescentes fuera de control. Es el síntoma de algo más profundo: «El problema no son sólo los chicos que difundieron, es la cultura que lo habilita». Desde la Guía Ema, el documento pedagógico que lleva el nombre de su hija y está diseñado para abordar la violencia digital en el ámbito escolar, Sánchez propone que las instituciones adopten «un convenio de corresponsabilidad digital firmado por estudiantes, institución y familias», con un trabajo que involucre a toda la comunidad educativa.

Un fenómeno que no para de crecer

La alteración de imágenes reales mediante IA para producir contenido de desnudez no consentida es una modalidad de deepfake que se expande a nivel global. En Argentina, el caso del Nacional y el Pellegrini se suma a una serie de denuncias similares que se acumulan en fiscalías, escuelas y organizaciones de acompañamiento a víctimas de violencia digital. La UFEDyCI ya viene procesando este tipo de planteos de manera recurrente, según confirmó la propia fiscal Dupuy.

El marco normativo vigente en Argentina incluye la Ley Olimpia, aprobada en 2023, que reconoció la violencia digital como modalidad específica de violencia de género. Sin embargo, la tipificación de los deepfakes pornográficos como delito autónomo aún espera tratamiento legislativo en el Congreso Nacional, donde iniciativas como la denominada Ley Belén buscan avanzar en esa dirección. La demora tiene un costo concreto y humano: cada día que transcurre sin legislación específica, las víctimas quedan desprotegidas y los responsables se mueven en un limbo jurídico que facilita la impunidad.

Lo que revelan las aulas del Nacional y el Pellegrini

Que esto haya ocurrido en dos de las escuelas con mayor nivel académico del país no es un dato menor. No porque las instituciones sean las responsables directas, sino porque desmiente el argumento de que la violencia digital es un problema vinculado exclusivamente a la marginalidad o a la falta de educación formal. Ocurre en cualquier entorno donde la cultura patriarcal no sea confrontada explícitamente y donde el cuerpo de las mujeres y adolescentes siga siendo tratado como un bien apropiable, transable y punible.

Las organizaciones especializadas en la materia, entre ellas Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales, vienen advirtiendo desde hace tiempo que el abordaje de la violencia digital en las escuelas no puede limitarse a reaccionar ante los casos sino que debe integrar la educación digital con perspectiva de género como contenido curricular obligatorio. La urgencia es hoy más evidente que nunca.

Puntos clave

• Alumnos varones del Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini circularon y vendieron imágenes de compañeras «desnudadas» con inteligencia artificial.
• La fiscal Daniela Dupuy confirmó que la UFEDyCI recibe este tipo de denuncias de manera constante y alertó sobre el vacío legal existente.
• Los protocolos de violencia de género se activaron en ambas instituciones, pero las estudiantes debieron seguir compartiendo espacios con los denunciados.
• La Ley Olimpia (2023) reconoce la violencia digital como modalidad de género, pero la tipificación de deepfakes pornográficos aún no tiene legislación específica en Argentina.
• Laura Sánchez, madre de Ema Bondaruk, advirtió que «la violencia digital de género dejó de ser una problemática emergente para convertirse en urgente».