Investigación 🔎
De Vido y López, condenados a 5 años por el caso Skanska
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 declaró culpables al exministro de Planificación y al exsecretario de Obras Públicas por cohecho pasivo y administración fraudulenta contra el Estado. El fallo llega dos décadas después de los hechos y consolida el primer gran escándalo de la era kirchnerista.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°4, integrado por los jueces Guillermo Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiguez, condenó este lunes al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y al exsecretario de Obras Públicas José López a cinco años de prisión por los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautores. El tribunal dispuso además su inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de activos cautelados en el marco de la causa.
El juicio, que tramitó durante dos años con 30 acusados, concluyó con absoluciones para 17 de ellos. La fiscalía, a cargo del fiscal general Abel Córdoba, había pedido en agosto de 2025 idéntica pena para De Vido y López, y también para el exgerente general de Nación Fideicomisos S.A., Néstor Ulloa, a quien el tribunal aplicó la misma condena.
Ex directivos de Skanska, también condenados
El fallo alcanzó también a ex directivos de la empresa sueca. Mario Piantoni, exmáximo responsable de la compañía en la región; Gustavo Vago, expresidente en el país; y Javier Azcárate, exgerente comercial, recibieron cuatro años de prisión. Otros exdirectivos, entre ellos Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba, obtuvieron tres años de prisión en suspenso.
Qué fue el caso Skanska
El denominado caso Skanska constituye el primer gran escándalo de corrupción que afloró durante el kirchnerismo. El eje del esquema giró en torno a la licitación para la ampliación de los gasoductos del sistema norte y sur, a cargo de las licenciatarias TGN y TGS, incluyendo el acondicionamiento de plantas compresoras existentes y la construcción de una nueva. La filial local de la empresa sueca ganó las licitaciones para la construcción y montaje de la Planta Compresora Deán Funes y el Tramo 79 (Deán Funes-Ferreira), de casi 42 kilómetros.
La investigación se inició como una causa de evasión fiscal: Skanska y la firma Infinity, junto a otras veinte empresas, emitieron facturas apócrifas para simular servicios en el marco de aquella licitación. Los montos de esas facturas coincidían con los sobreprecios cobrados por la obra. A partir de esa pesquisa, el entonces juez penal tributario Javier López Biscayart abrió el expediente por posibles pagos ilícitos a funcionarios públicos, después de que la empresa TGN denunciara sobreprecios ante el Enargas.
El detonante decisivo fue un documento interno de Skanska donde se mencionaban «comisiones indebidas» y se señalaba que la empresa Infinity, emisora de las facturas falsas, había sido recomendada por Néstor Ulloa, entonces gerente general de Nación Fideicomisos, organismo que administró el fondo fiduciario con que se financió la obra.
El sobreseimiento macrista y la reapertura política
En noviembre de 2011, la Sala I de la Cámara Federal sobreseyó a los funcionarios investigados, entre ellos al entonces secretario de Energía Daniel Cameron y al extitular del Enargas Fulvio Madaro. Un peritaje de la Corte Suprema había concluido, en julio de ese año, que no existieron sobreprecios.
Con el cambio de gobierno, la causa tomó otro rumbo. Tras la victoria de Mauricio Macri en 2015, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación, integrada por los jueces Juan Gemignani, Mariano Borinsky y Ángela Ledesma, resolvió declarar admisible como prueba una grabación telefónica entre el auditor interno de Skanska, Claudio Corizzo, y el gerente comercial Javier Azcárate, obtenida durante un allanamiento a la empresa y presentada ante la justicia por los diputados Adrián Pérez y Esteban Bullrich.
En 2016, la Cámara ordenó al juez Sebastián Casanello la reapertura de la causa. En octubre de 2017, Casanello procesó a De Vido, López y Ulloa por administración fraudulenta y cohecho. El juicio oral se inició en 2024 y concluyó hoy con el veredicto condenatorio.
Una condena que se suma a Once
Para Julio De Vido, el fallo de este lunes se acumula a una condena anterior: la Corte Suprema de Justicia dejó firme en noviembre de 2025 su sentencia de cuatro años de prisión como partícipe necesario en el delito de administración fraudulenta por la tragedia de Once, el accidente ferroviario del 22 de febrero de 2012 que causó la muerte de 51 personas e hirió a casi 800. De Vido, que actualmente cumple esa condena en prisión domiciliaria por razones de salud, suma ahora una segunda sentencia por los hechos de Skanska.
Puntos clave
- Penas de 5 años para De Vido, López y el exgerente de Nación Fideicomisos Ulloa, con inhabilitación perpetua para cargos públicos.
- 4 años de prisión para tres exdirectivos de Skanska; otros cinco recibieron 3 años en suspenso.
- 17 de los 30 acusados resultaron absueltos, según el pedido de la fiscalía.
- La causa tuvo su origen en la ampliación de gasoductos adjudicada en 2004, en la que se detectaron facturas apócrifas y sobreprecios.
- De Vido acumula ahora dos condenas en firme: Skanska y la tragedia de Once (4 años, Corte Suprema, noviembre 2025).
Denuncia
Dalbón pide detener a Caputo y Bausili: pérdida de más de mil millones de dólares en derivados de oro del BCRA
El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y del director de la entidad por las operaciones con derivados sobre las reservas de oro que registraron un resultado negativo de más de 1.023 millones de dólares, según consignó la Auditoría General de la Nación. La causa también alcanza al entorno de la diputada Marcela Pagano, quien presentó una denuncia penal en agosto.
Las operaciones con derivados sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, según surge de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese número, que ningún funcionario del gobierno de Javier Milei explicó con documentación pública suficiente, es hoy el eje de un pedido de detención contra los máximos responsables de la política económica y monetaria del país.
El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la justicia federal la solicitud de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet. Les atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Las figuras penales y el rol de Caputo
En declaraciones televisivas, Dalbón precisó los fundamentos jurídicos de la presentación. «Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba», señaló el letrado. Y agregó: «Por ejemplo la asociación ilícita como jefe: Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables».
El escrito también solicitó medidas cautelares: prohibición de salida del país, impedimento de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación relacionada con la investigación, y prohibición de comunicación con funcionarios, auditores o testigos.
El desglose de las pérdidas: opciones, primas y cobertura
Según detalla la denuncia, el resultado negativo de 1.023 millones de dólares se conforma de dos componentes. Por un lado, $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) registrados como resultado negativo por opciones. Por otro, $68.362 millones (equivalentes a 62,8 millones de dólares) en concepto de primas de opciones abonadas. En paralelo, la tenencia de oro registró durante el ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, dato que el BCRA utilizó para relativizar el impacto de la operatoria.
Dalbón también señaló que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines declarados de cobertura, y que al cierre de 2025 la entidad ya no mantenía posiciones de ese tipo. La pregunta que la justicia deberá responder es si esa cobertura fue técnicamente justificable o si constituyó una operación en perjuicio del Estado.
El juez Lijo y la obstrucción a la auditoría
Al ser consultado sobre el paradero del oro, Dalbón apeló directamente a la cadena judicial: «Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Pollicita de averiguar». El abogado expresó confianza en que la ampliación del martes, que incluirá el pedido formal de detención de Bausili y Curutchet, será tomada con seriedad por el magistrado.
Sobre los motivos para solicitar la detención a pesar de que no habría peligro de fuga, Dalbón fue directo: «Está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue el examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría». La AGN, según surge de los documentos citados en la presentación, registró el resultado negativo de las operaciones con egresos de divisas y constató que el ejercicio 2025 no había sido debidamente auditado por demoras del BCRA en enviar la información requerida.
Pagano había denunciado primero: casi cuatro billones sin destino trazable
La denuncia de Dalbón se suma a la que la diputada Marcela Pagano presentó en agosto pasado. En su cuenta de la red social X, Pagano comunicó: «DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable». Y citó la respuesta del presidente del BCRA ante ese cuestionamiento: «En algún lado están».
La legisladora consideró que esa contestación «no alcanza» e hizo hincapié en que «la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra». Concluyó: «Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició».
La causa concentra así dos denuncias penales convergentes, sumadas a la investigación en curso ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, que ya en septiembre tramitaba la ampliación presentada por senadores peronistas sobre las contradicciones del BCRA respecto a la ubicación de los lingotes, supuestamente depositados en el Banco de Pagos Internacionales de Suiza pero señalados por distintas fuentes como radicados en el Bank of England de Londres.
Lo que tenés que saber:
- El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita.
- La AGN registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados de oro del BCRA durante 2025.
- Dalbón afirmó que los imputados mintieron en la auditoría y obstruyeron a la Justicia, argumento central para justificar los pedidos de detención.
- La diputada Marcela Pagano ya había denunciado penalmente a Caputo y Bausili en agosto, señalando casi $4 billones sin destino trazable.
- La causa se acumula a la investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que también tramita la ampliación de senadores peronistas sobre el paradero del oro del BCRA.
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