La Justicia porteña hizo lugar a un amparo colectivo presentado por organizaciones sociales que pedía la nulidad del convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa constructora IRSA para habilitar un emprendimiento inmobiliario en unos terrenos situados en la Costanera Sur.

Así lo informaron los amparistas, que en julio del 2021 elevaron el recurso colectivo ante el juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario 10, a cargo de Aurelio Ammirato, para frenar el acuerdo urbano sobre el predio de España 2230/40 que permitió la construcción de una decena de torres de 145 metros de altura.

La causa judicial fue impulsada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), Unidad Popular (UP) y la Defensoría de Laburantes (La Defe).

En el escrito, cuestionaron “la falta de participación ciudadana de forma previa a la firma del Convenio Urbanístico y la ausencia de la elaboración del Estudio Diagnóstico y la Evaluación de Impacto Final” en torno al proyecto inmobiliario conocido como “Costa Urbana”.

En rigor, el predio en cuestión pertenece a la empresa IRSA, no obstante el lugar no tenía, antes del convenio, el permiso necesario para la construcción de viviendas en altura dado que solo estaban autorizados usos deportivos ya que allí iba a levantarse la Ciudad Deportiva Boca Juniors, algo que nunca ocurrió.

En la sentencia, Ammirato sostuvo que “el procedimiento administrativo que condujo a la firma del convenio urbanístico está viciado, en tanto omitió la instancia participativa que la ley impone” y añadió que “este vicio del trámite se traslada al convenio que es su consecuencia y a la ley que lo aprobó”.

Con estos argumentos, resolvió hacer lugar parcialmente a la acción de amparo entablada “admitiendo en parte la pretensión formulada en la ampliación de la demanda, y, en consecuencia, acogiendo la impugnación del convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA”.

Al respecto, Jonatan Baldiviezo, abogado patrocinante de la causa judicial y del ODC, consideró que “firmaron el convenio urbanístico para Costa Urbana sin cumplir con la participación ciudadana ni con la elaboración de los estudios correspondientes”.

“Este fallo viene a poner en alto que la Ciudad debe organizarse bajo los principios de la democracia participativa y ambiental. Necesitamos como ciudadanía impulsar una revolución democrática social y ambiental para superar la actual monarquía inmobiliaria-financiera que padecemos”, agregó.

Por su parte, María Eva Koutsovitis, de la CLIC, señaló que “frenamos la venta de Costa Salguero y ahora logramos proteger la Costanera Sur. La ciudadanía porteña desea ser protagonista del destino de la ciudad, de las decisiones que hacen a la calidad de vida, ya no tolera la verticalidad en el ejercicio del poder público”.