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El homicidio de Retamales fue crimen de odio con «mensaje disciplinador»

Familiares y amigos de Lautaro Castillo Retamales, asesinado el pasado 26 de septiembre en Florencio Varela, piden que la causa sea caratulada como crimen de odio por su orientación sexual. Uno de los dos detenidos lo había contactado poruna app de citas.

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Familiares y amigos de Lautaro Castillo Retamales, un joven de 34 años que fue asesinado el pasado 28 de septiembre en la localidad bonaerense de Florencio Varela, piden que la causa por su crimen sea caratulada como crimen de odio por su orientación sexual y aseguran que estos hechos son «un mensaje disciplinador» a la comunidad LGBTIQ+.

A Lautaro lo encontró asesinado su mamá el jueves 26 de septiembre último en su casa, luego de perder contacto con él en el último día.

«Lo encontró brutalmente asesinado, atado de pies y de manos, desnudo, amordazado y golpeado», expresó a Télam Noelia Martínez, abogada y amiga de Lautaro.

Las cámaras de vigilancia habían registrado, en la noche del martes 26, a dos hombres a los que Lautaro les abrió la puerta y les permitió ingresar.

Dos horas después, se los ve salir con un televisor y ropa de Lautaro, con la que luego publicaron fotos en sus redes sociales.

Los dos hombres son Lucas Bellomo y Fernando Pereyra, actualmente imputados por lo que la fiscalía consideró un homicidio criminis causa, esto es «que lo mataron para que luego no puedan ser reconocidos como autores del robo», aseveró Martínez.

«Estamos convencidos que a Lautaro no lo mataron para tapar un robo y su cuerpo es la prueba de eso por la saña, el encono y la brutalidad con la que lo hicieron», agregó.

Es por esto que los familiares y amigos del joven -a través de la figura del particular damnificado- piden que, previo a la elevación a juicio, se cambie la carátula por la figura de «crimen de odio» por su orientación sexual, un delito tipificado por el artículo 80 inciso 4 del Código Penal.

«Lautaro era abiertamente homosexual y estamos seguros de que esto le pasó por serlo. Nosotros no buscamos una condena mayor, solo queremos que se llame el delito por lo que es, porque el odio está», dijo por su parte Laura, una amiga del joven.

«No es sólo la muerte de Lautaro, es un mensaje disciplinador (hacia la comunidad LGBTIQ+) de ‘miren lo que hacemos con ustedes'», apuntó.

Foto Prensa

En una carta de Bellomo al fiscal de la causa, el imputado reconoció saber de la orientación sexual de Lautaro, a quien dijo haber conocido a través de una aplicación de citas y haber mantenido cierto vínculo «como amigos» previo a esa noche, en la que habían coordinado encontrarse, según indicó la letrada.

Crimenes de odio

Tal como denuncia la comunidad gay en el último tiempo, el homicidio de Lautaro, lejos de ser un hecho aislado, evidencia un modo de operar que se repite: los contactan a través de aplicaciones de citas, arreglan un encuentro y los golpean o drogan hasta dejarlos inconscientes o incluso matarlos, y les roban.

Según el último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, en el año 2021 ocurrieron en Argentina al menos 120 crímenes de odio, en su mayoría hacia mujeres trans (80%), seguido por varones gays cisgénero (12%).

El dato surge a partir del relevamiento de medios de comunicación y denuncias presentadas ante la Defensoría LGBT y otros organismos, y únicamente permiten vislumbrar «una realidad que es, sin duda, mucho peor de lo que sugieren estos números».

De los casos registrados, el 71% corresponden a lesiones al derecho a la vida -asesinatos y suicidios- y el 29% restante a lesiones al derecho a la integridad física, es decir violencia física que no terminó en muerte.

En septiembre último, se conoció el caso de Pablo Delía, de 34 años, quien sobrevivió a un ataque en su domicilio, en el barrio porteño de San Nicolás, cuando dos hombres con quienes se había contactado por la app de citas Grindr lo ahorcaron, quisieron drogarlo y golpearlo.

Tras compartir en sus redes sociales y distintos medios lo que le había ocurrido, recibió el testimonio de al menos 15 personas que habían pasado por lo mismo.

Un caso similar fue el crimen del bailarín y trabajador sexual Enzo Aguirre en noviembre de 2020, quien fue hallado atado, amordazado, golpeado y sin vida en su habitación en el barrio porteño de Retiro.

Los imputados por su muerte Jeremías Javier Negrini y Nicolás Adolfo Bernárdez, que lo habían contactado a través de la página web soytuyo.com, fueron condenados en septiembre último a 12 y 14 años de prisión.

Los jueces los consideraron culpables del delito de «robo agravado por haber sido cometido con arma ­impropia­, en concurso real con homicidio en ocasión de robo», sin considerar la figura del crimen de odio.

«Más allá de que el crimen de odio esté tipificado hay muchos vacíos y eso dificulta su aplicación. A veces resulta más fácil tomar el delito autónomo y evitar la investigación que requiere probar que es un crimen de odio», explicó Martínez.

Quién era Lautaro

Lautaro estudió la carrera de Artes Multimediales en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y, entre los diversos proyectos que integró, trabajó como asistente de producción, encargado de medios, promotor y docente en talleres en distintos espacios culturales porteños, como el Centro Cultural Kirchner, el Recoleta, el Rojas, el Cultural San Martín, el Museo del Bicentenario y el Centro Cultural de la Ciencia.

«Era un pibe que se la pasaba imaginando ideas y proyectos para hacer», recordó Laura, quien anheló que «su muerte no haya sido en vano».

«El vivía su sexualidad abiertamente pero vivía con miedo, no la podía vivir del todo feliz. Es el mismo miedo con el que viven todas las personas del colectivo LGBT, que disfrutan un día, el de la Marcha del Orgullo, y están otros 364 días tratando de que no los maten a palos», expresó la amiga del joven.

Y cerró: «Solo deseamos que casos como el de Lauti sean un mensaje para que algo cambie».

Análisis

La culpa es nuestra: cómo la ciencia y los medios siguen apuntando a las madres cuando se habla de autismo

Cómo se envidencia en la nota de análisis de Clarin, rara vez se pregunta «¿qué hizo el padre?».

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Machismo en la ciencia: el cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia

Un estudio publicado en el British Medical Journal sobre exposición laboral tóxica y autismo fue reencuadrado mediáticamente en clave de culpa materna. Una tradición que la ciencia superó, pero el machismo resiste.

Un estudio reciente de investigadores de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins y de la Universidad de Harvard, publicado en el British Medical Journal (The BMJ), analizó 1.702 casos de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA) en Dinamarca entre 1973 y 2012.

Sus conclusiones son técnicas, acotadas y explícitas: las madres que trabajan en entornos con exposición frecuente a sustancias tóxicas (plomo, solventes, gases de escape, derivados de combustibles) o con niveles elevados de estrés laboral crónico tienen mayor probabilidad de tener hijos con TEA. Las profesiones identificadas incluyen transporte terrestre, defensa militar y administración pública.

Lo que el estudio dice, con precisión, es que ciertas condiciones laborales tóxicas afectan el neurodesarrollo fetal. Lo que ciertos medios transmitieron, en cambio, fue otra cosa: que el problema son las profesiones de las madres. Que el problema, una vez más, son ellas.

El regreso de la «madre culpable»: una historia que no termina

La narrativa que conecta al autismo con la conducta materna tiene una historia larga y vergonzosa. A mediados del siglo XX, el psiquiatra Bruno Bettelheim popularizó el concepto de la «madre nevera» (refrigerator mother), según el cual la frialdad emocional de las madres era la causa del autismo en sus hijos. La teoría fue desacreditada décadas después por la propia comunidad científica, pero el daño en miles de familias, y especialmente en miles de mujeres que cargaron durante años con una culpa que no les correspondía, fue irreparable.

Hoy, la ciencia acumulada es contundente en la dirección opuesta. Un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos (NICHD), que involucró a casi 2 millones de participantes, determinó que los factores genéticos hereditarios representan aproximadamente el 80,8% del riesgo de TEA, mientras que los llamados «efectos parentales maternos» representan entre el 0,4% y el 1,6% del riesgo, una cifra considerada estadísticamente insignificante por los propios autores. Ese mismo estudio advirtió, además, que no analizó los factores paternos, como la edad del padre, que la literatura científica también asocia con el riesgo de autismo.

La entidad Autismo España, en su portal institucional, señala que la investigación apunta a una «tasa aproximada de recurrencia del 20% en las familias» con un componente genético complejo y aún no completamente dilucidado. La organización también documenta que en los últimos años creció el diagnóstico de padres y madres después de que sus hijos fueran diagnosticados, lo que refuerza el peso de la herencia biológica compartida.

Lo que el estudio realmente dice (y lo que el titular omitió)

La investigación publicada en The BMJ no estudia si las madres trabajan o no. Estudia la exposición a agentes tóxicos y el estrés como factores de riesgo ambientales en el desarrollo fetal. La diferencia no es semántica: es política.

Afirmar que «las profesiones de las madres» tienen un «patrón común» en casos de autismo, sin contextualizar que lo que se mide es la exposición a plomo, solventes industriales, gases de escape y estrés crónico, es construir un titular que, deliberada o negligentemente, pone el foco en quién trabaja y no en qué condiciones laborales son toleradas por el Estado y los empleadores. Es trasladar la responsabilidad de una falla sistémica (la falta de regulación de ambientes laborales tóxicos) a las mujeres que los habitan.

Los propios investigadores del estudio son explícitos: el hallazgo requiere «investigar más en profundidad sobre las exposiciones laborales» y su relación con el neurodesarrollo, «usando metodologías que aborden estas exposiciones de manera específica y temporal». Es decir, la conclusión científica apunta a la regulación laboral y a la salud ocupacional, no a la maternidad como variable de riesgo en sí misma.

El doble estándar: padres invisibles, madres sospechosas

El sesgo de género en la investigación científica sobre autismo no es nuevo. La pregunta «¿qué hizo la madre?» estructura buena parte del campo desde sus orígenes, mientras que la pregunta «¿qué hizo el padre?» rara vez se formula con igual insistencia.

Sin embargo, la evidencia científica disponible indica que la edad paterna avanzada es también un factor de riesgo documentado para el TEA, asociado a mutaciones de novo en el esperma. Investigaciones publicadas en la revista Science, con datos de 2.600 familias, identificaron variantes genéticas raras heredadas paternamente como factores relevantes en el espectro autista.

El estudio de The BMJ, significativamente, no analizó las ocupaciones paternas. Esta asimetría metodológica no es neutral: refleja un sesgo histórico en la construcción de las preguntas científicas, que tiende a ver al cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia y al cuerpo paterno como un dato secundario.

Discapacidad en la Era Milei: un gobierno que recorta, criminaliza y señala

La circulación de este tipo de narrativas no ocurre en el vacío. En la Argentina de Javier Milei, el Estado retrocedió de manera sistemática sobre las políticas de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creada para centralizar y garantizar derechos, fue disuelta en diciembre de 2025 mediante el Decreto 942/2025 y reconvertida en una Secretaría de menor rango bajo la órbita del Ministerio de Salud, movimiento que más de 400 organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos calificaron como un «retroceso al modelo médico-rehabilitador» y un abandono del modelo social de la discapacidad.

El ajuste fue contundente: los $30 mil millones de presupuesto que tenía la ANDIS fueron redirigidos al Tesoro al momento de la disolución, según denunció la diputada peronista Roxana Monzón en la Cámara de Diputados de la Nación. La Justicia federal declaró inconstitucional parte de la reestructuración, pero el Gobierno apeló y, a mayo de 2026, solo reglamentó ocho artículos de la ley de emergencia en discapacidad, dejando diecisiete sin aplicar.

En ese marco, el gobierno impulsó además una nueva normativa presentada bajo el título «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», que restringe los criterios de acceso a las pensiones y habilita suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia detectada.

Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) documentaron que el relato oficial sobre el crecimiento «injustificado» de las pensiones por discapacidad utilizó datos manipulados para justificar el recorte, según publicó la propia ACIJ en su portal institucional.

Es en este contexto donde adquiere una dimensión adicional la circulación de estudios presentados de forma sesgada: cuando el Estado abandona a las familias que conviven con el autismo y recorta los apoyos que necesitan, resulta funcional instalar la idea de que el problema tiene nombre de mujer y que la solución está en las decisiones individuales de las madres, no en las políticas públicas ausentes.

Machismo de guardapolvo blanco

Culpar a las mujeres que trabajan por la condición neurológica de sus hijos no es ciencia: es ideología con bata blanca. Es el mismo mecanismo que durante décadas señaló a las madres que trabajaban fuera del hogar como responsables de los problemas emocionales de sus hijos, que culpó a las mujeres que no amamantaron, que patologizó a las que estudian, a las que tienen proyectos propios, a las que no se «sacrifican» en silencio.

La ciencia del neurodesarrollo lleva décadas construyendo una imagen cada vez más compleja del autismo: multicausal, con fuerte base genética, mediada por factores ambientales que incluyen desde la edad paterna hasta la exposición a pesticidas, desde infecciones durante el embarazo hasta complicaciones perinatales. En ese cuadro multifactorial, la ocupación laboral de la madre es, según el propio consenso científico, un factor menor y circunscripto a condiciones de exposición tóxica específicas, no al hecho de trabajar.

Presentarlo de otro modo no es divulgación científica. Es misoginia con estadísticas.

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