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Trabajo

Kelly Olmos apoyó la reducción de la jornada laboral

La medida fue respaldada por sindicalistas y diputados del FDT y de la izquierda, mientras que la Unión Industrial Argentina (UIA) se opuso a esos proyectos y Juntos por el Cambio (JxC) planteó sus reparos con argumentos sobre dificultades en la diversidad del mercado del trabajo.

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El-Argentino-Ministra de Trabajo Kelly Olmos.

La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, se mostró este martes a favor de una iniciativa para reducir la jornada laboral, que en la actualidad está fijada en 48 horas semanales, pero señaló que eventuales cambios en esa materia deberían hacerse de «manera progresiva y escalonada», al exponer ante la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.

La ministra de Trabajo formuló estos conceptos al analizar una propuesta de reducción de la jornada laboral, que fue respaldada por sindicalistas y diputados del FDT y de la izquierda, mientras que la Unión Industrial Argentina (UIA) se opuso a esos proyectos y Juntos por el Cambio (JxC) planteó sus reparos con argumentos sobre dificultades en la diversidad del mercado del trabajo.

Al iniciar la reunión, la presidenta de la comisión, Vanesa Siley, recordó que la ley vigente -que establece 48 horas semanales- data de 1929 y consideró necesario iniciar un debate «para modernizar y actualizar la legislación laboral», que cumplirá un siglo dentro de cinco años.»Es la primera pero no va a ser la última.

Vamos a hacer muchas más reuniones», anunció la diputada del FDT y anticipó que la CGT «va a estar presente en la próxima reunión» de ese grupo parlamentario de trabajo.

La titular de la cartera laboral Kelly Olmos expresó: «Nosotros como ministerio apoyamos esta iniciativa y promovemos que, de adoptarse una modificación hacia la reducción de la cantidad máxima de horas de trabajo autorizadas semanalmente, se haga de manera escalonada”.

«No se puede hacer de un día para el otro porque tiene que haber un horizonte de previsibilidad en relación a esa modificación», aclaró.

Propuso que, a partir de que se fije ese máximo de horas, «se fortalezca la competencia de la negociación tripartita de cada convenio colectivo de trabajo para la distribución de las horas máximas autorizadas adecuadas a cada actividad».

Destacó que, si se opta «por un mecanismo de reducción, estaríamos impulsando una redistribución más adecuada de la productividad alcanzada, aportando al concepto de justicia social».

«Si uno ve el mapeo mundial no hay una posición común como tampoco hay un desarrollo homogéneo entre los países», apuntó Olmos.La comisión analiza siete proyectos, de los cuales cinco corresponden al oficialismo -presentados por Claudia Ormaechea, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Eduardo Valdés y Mónica Litza- y dos a legisladores de la oposición, impulsados por el socialismo (Enrique Estevez) y por el Frente de Izquierda (Nicolás del Caño).

Por su parte, Ormaechea -autora de una de las iniciativas- destacó la importancia de avanzar en la reducción de la jornada laboral y señaló que ese tipo de debates se dieron «en todo el mundo con pruebas pilotos con resultados muy favorables».

«Esta ley va a mejorar la distribución de los puestos de trabajo y en algunos sectores también la creación de puestos», pronosticó.Otro de los autores, el legislador oficialista Eduardo Valdes, advirtió que «los países de mejor índice de Gini son los que redujeron el horario laboral, como Noruega, Dinamarca y Alemania» y agregó que esas modificaciones también son discutidas «por la derecha inglesa», algo que a su entender prueba que no se trata de una cuestión «ideológica».

Del encuentro participaron además de la ministra de Trabajo, representantes de la CGT, CTA de los Trabajadores y Autónoma y especialistas de la Unión Industrial Argentina (UIA), así como de la Corriente de Abogados laboralistas «7 de Julio».

El vicepresidente del departamento de Política Social de la UIA, Julio Codero, celebró del debate, pero recomendó entender que el derecho al trabajo «está protegido por pactos internacionales suscriptos por la Argentina” y pidió dejar la discusión «en manos de la autonomía de la negociaciones colectivas».

A su vez, Ricardo Peidro CTA Autónoma, dijo que la reducción de la jornada laboral «está en el ADN de nuestras organizaciones» y subrayó que «en Argentina la jornada laboral es una de las más altas de la región».

Desde la oposición, el radical Martín Tetaz, se definió como «un fan de la reducción laboral» pero advirtió que el mercado «es muy heterogéneo” y que en todos los sectores «no se podrá compensar la reducción de horas con aumento de la productividad, por ejemplo en los servicios de cuidado de personas.

También participó en forma virtual Cristina Faciaben, integrante de la Secretaría Internacional, Cooperación y Migraciones de Comisiones Obreras de España, quien señaló que en ese país se determina por convenio colectivo «un máximo de 9 horas» y desde su espacio se defiende «el derecho a la reducción tiempo de trabajo», pero como una «elección y no una imposición».

Pablo Anino, editor de economía de La Izquierda Diario, declaró: «Reivindicamos la idea de que pueda salir la reducción de jornada porque permite elevar las perspectivas de la clase trabajadora y sería una mejora en cantidad de puestos de trabajo.

Trabajo

Cabot cierra su planta en Campana y deja a 150 familias a la deriva

**El ajuste económico suma otra víctima: la multinacional química anunció el cierre definitivo de su planta bonaerense, donde producía negro de humo para la industria del neumático. Los trabajadores marcharon este lunes para exigir garantías sobre sus indemnizaciones.**

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150 trabajadores sin empleo: Cabot cierra y el modelo Milei destruye otro eslabón industrial

La empresa multinacional Cabot Corporation resolvió el cierre definitivo de su planta ubicada en la localidad bonaerense de Campana, dejando sin trabajo a 150 personas entre empleados directos y tercerizados. La firma, especializada en la producción de negro de humo y materiales químicos de alto rendimiento, comunicó la decisión el martes pasado a través de directivos llegados desde Brasil, quienes reunieron al personal en el comedor de la planta para anunciar el cese total de las operaciones en Argentina.

La noticia que nadie esperaba

La modalidad del anuncio encendió las alarmas entre los trabajadores: sin previo aviso colectivo, sin instancias de negociación previas y con la sola mención de que «un estudio jurídico se encargaría del tema». La incertidumbre sobre el cobro de las indemnizaciones se instaló de inmediato. Agustín, operario de la planta y padre de dos hijos, describió la situación con crudeza en declaraciones televisivas : «Vino uno de los gerentes de Brasil, juntó a todos los trabajadores en el comedor y anunció que la firma iba a cerrar su operación en Argentina y que un estudio jurídico se iba a encargar del tema. No sabemos si nos van a pagar o no. Están queriendo meter el preventivo de crisis para pagarnos un 50% menos. A nosotros no nos han pagado, no nos han echado, estamos a la deriva.»

El recurso del preventivo de crisis, un mecanismo legal que habilita a las empresas a reducir las indemnizaciones a la mitad, fue señalado por los propios trabajadores como la estrategia que la compañía planea utilizar para minimizar sus obligaciones laborales. Si se aplica, implicaría una pérdida económica directa y significativa para cada uno de los afectados.

Una lucha con décadas de historia en juego

Este lunes, los trabajadores de Cabot se movilizaron desde la planta hasta la plaza principal de Campana para presentar un petitorio ante el municipio y exigir garantías concretas. La imagen de obreros con años y décadas de trabajo al hombro reclamando en la calle resume, en términos humanos, lo que los índices macroeconómicos no siempre logran mostrar.

Mario Di Paolo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Negro de Humo, ratificó los hechos y marcó la dimensión del golpe: «El martes vinieron dos directivos de Brasil, juntaron a toda la gente en el comedor y notificaron el cese total de las tareas y el cierre definitivo de Cabot Argentina. Yo hace 15 años que estoy en Cabot y estamos con la lucha con los compañeros.» Di Paolo advirtió además sobre la situación concreta que enfrentan los operarios en el mercado laboral actual: «Con este modelo económico está muy difícil conseguir trabajo. Los compañeros son todos mayores de 40 años, se les va a complicar mucho empezar a trabajar de vuelta.»

El drama individual de cada trabajador ilumina la magnitud del daño. Gustavo, de 52 años y con 16 años de antigüedad en la planta, expresó: «Es una sorpresa grande para todos. Ya no voy a conseguir laburo en ningún lado. Hay que remarla. Sin trabajo no hay dignidad y no hay nada. Es una vergüenza lo que hicieron.» Agustín, por su parte, señaló el impacto sobre sus compañeros de mayor trayectoria: «Tenemos compañeros con más de 30 años en la fábrica que saben que no consiguen más trabajo, porque uno con esa edad para el sistema ya queda obsoleto.»

Una decisión «netamente comercial» en un contexto de desguace

Uno de los testimonios más contundentes fue el de un trabajador con 26 años de antigüedad en la empresa, quien rechazó los argumentos de la firma: «Siempre pusimos el pecho en todas las crisis, pasamos por muchas, por eso es inentendible la situación que nos plantean hoy. No es un problema de productividad, es una decisión netamente comercial. Es una pena que tomen esta decisión y dejen a 150 familias sin trabajo.»

En el sector señalan que la crisis en la industria del neumático, agravada por las dificultades atravesadas por FATE, uno de los principales clientes históricos de la producción de negro de humo de la planta, contribuyó a deteriorar la ecuación comercial de Cabot en Argentina. Sin embargo, los propios trabajadores insisten en que la decisión responde a una estrategia corporativa global, no a un problema de desempeño local.

El costo humano del modelo

El cierre de Cabot no es un episodio aislado. Se inscribe en un proceso de desindustrialización acelerada que distintos relevamientos privados y sindicales estiman en más de 320.000 puestos de trabajo perdidos y alrededor de 15.000 industrias cerradas en todo el país desde diciembre de 2023. Ese proceso tiene coordenadas precisas: apertura importadora, contracción del mercado interno, retracción del consumo y deterioro sostenido del poder adquisitivo, factores que la gestión de Javier Milei asume como costos necesarios del «saneamiento macroeconómico.»

El propio contexto inflacionario agrava la situación de quienes pierden el empleo. Según datos del INDEC de marzo de 2026, la Canasta Básica Total (CBT) registró una variación interanual del 30,4%, lo que significa que los trabajadores desplazados enfrentan simultáneamente la pérdida de ingresos y un costo de vida que se mantiene en niveles críticos. A eso se suma que el gasto primario del Estado cayó un 5,1% interanual adicional en el primer trimestre de 2026, según datos del Foro Economía y Trabajo, reduciendo aún más la red de contención disponible para quienes quedan fuera del mercado laboral.

En ese marco, la promesa oficial de que el ajuste tiene un horizonte de alivio choca con la realidad cotidiana de trabajadores que, a los 40, 50 o 52 años, saben que el sistema productivo argentino actual no tiene lugar para ellos.

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