Trabajo
Kelly Olmos apoyó la reducción de la jornada laboral
La medida fue respaldada por sindicalistas y diputados del FDT y de la izquierda, mientras que la Unión Industrial Argentina (UIA) se opuso a esos proyectos y Juntos por el Cambio (JxC) planteó sus reparos con argumentos sobre dificultades en la diversidad del mercado del trabajo.
La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, se mostró este martes a favor de una iniciativa para reducir la jornada laboral, que en la actualidad está fijada en 48 horas semanales, pero señaló que eventuales cambios en esa materia deberían hacerse de «manera progresiva y escalonada», al exponer ante la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.
La ministra de Trabajo formuló estos conceptos al analizar una propuesta de reducción de la jornada laboral, que fue respaldada por sindicalistas y diputados del FDT y de la izquierda, mientras que la Unión Industrial Argentina (UIA) se opuso a esos proyectos y Juntos por el Cambio (JxC) planteó sus reparos con argumentos sobre dificultades en la diversidad del mercado del trabajo.
Al iniciar la reunión, la presidenta de la comisión, Vanesa Siley, recordó que la ley vigente -que establece 48 horas semanales- data de 1929 y consideró necesario iniciar un debate «para modernizar y actualizar la legislación laboral», que cumplirá un siglo dentro de cinco años.»Es la primera pero no va a ser la última.
Vamos a hacer muchas más reuniones», anunció la diputada del FDT y anticipó que la CGT «va a estar presente en la próxima reunión» de ese grupo parlamentario de trabajo.
La titular de la cartera laboral Kelly Olmos expresó: «Nosotros como ministerio apoyamos esta iniciativa y promovemos que, de adoptarse una modificación hacia la reducción de la cantidad máxima de horas de trabajo autorizadas semanalmente, se haga de manera escalonada”.
«No se puede hacer de un día para el otro porque tiene que haber un horizonte de previsibilidad en relación a esa modificación», aclaró.
Propuso que, a partir de que se fije ese máximo de horas, «se fortalezca la competencia de la negociación tripartita de cada convenio colectivo de trabajo para la distribución de las horas máximas autorizadas adecuadas a cada actividad».
Destacó que, si se opta «por un mecanismo de reducción, estaríamos impulsando una redistribución más adecuada de la productividad alcanzada, aportando al concepto de justicia social».
«Si uno ve el mapeo mundial no hay una posición común como tampoco hay un desarrollo homogéneo entre los países», apuntó Olmos.La comisión analiza siete proyectos, de los cuales cinco corresponden al oficialismo -presentados por Claudia Ormaechea, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Eduardo Valdés y Mónica Litza- y dos a legisladores de la oposición, impulsados por el socialismo (Enrique Estevez) y por el Frente de Izquierda (Nicolás del Caño).
Por su parte, Ormaechea -autora de una de las iniciativas- destacó la importancia de avanzar en la reducción de la jornada laboral y señaló que ese tipo de debates se dieron «en todo el mundo con pruebas pilotos con resultados muy favorables».
«Esta ley va a mejorar la distribución de los puestos de trabajo y en algunos sectores también la creación de puestos», pronosticó.Otro de los autores, el legislador oficialista Eduardo Valdes, advirtió que «los países de mejor índice de Gini son los que redujeron el horario laboral, como Noruega, Dinamarca y Alemania» y agregó que esas modificaciones también son discutidas «por la derecha inglesa», algo que a su entender prueba que no se trata de una cuestión «ideológica».
Del encuentro participaron además de la ministra de Trabajo, representantes de la CGT, CTA de los Trabajadores y Autónoma y especialistas de la Unión Industrial Argentina (UIA), así como de la Corriente de Abogados laboralistas «7 de Julio».
El vicepresidente del departamento de Política Social de la UIA, Julio Codero, celebró del debate, pero recomendó entender que el derecho al trabajo «está protegido por pactos internacionales suscriptos por la Argentina” y pidió dejar la discusión «en manos de la autonomía de la negociaciones colectivas».
A su vez, Ricardo Peidro CTA Autónoma, dijo que la reducción de la jornada laboral «está en el ADN de nuestras organizaciones» y subrayó que «en Argentina la jornada laboral es una de las más altas de la región».
Desde la oposición, el radical Martín Tetaz, se definió como «un fan de la reducción laboral» pero advirtió que el mercado «es muy heterogéneo” y que en todos los sectores «no se podrá compensar la reducción de horas con aumento de la productividad, por ejemplo en los servicios de cuidado de personas.
También participó en forma virtual Cristina Faciaben, integrante de la Secretaría Internacional, Cooperación y Migraciones de Comisiones Obreras de España, quien señaló que en ese país se determina por convenio colectivo «un máximo de 9 horas» y desde su espacio se defiende «el derecho a la reducción tiempo de trabajo», pero como una «elección y no una imposición».
Pablo Anino, editor de economía de La Izquierda Diario, declaró: «Reivindicamos la idea de que pueda salir la reducción de jornada porque permite elevar las perspectivas de la clase trabajadora y sería una mejora en cantidad de puestos de trabajo.
Economía 💲
Ueno Bank: la tecnológica del grupo suspendió sin sueldo a trabajadores en Belgrano por un mail
Kaitel SRL, la filial argentina de ITTI, tiene más de 900 empleados. Dispuso 30 días de suspensión sin goce por fuerza mayor y no pagó octubre. “Nos mandaron un mail totalmente irregular”, denunció un trabajador.
La caída de Ueno Bank en Paraguay llegó a la Argentina: Kaitel SRL, la filial local de la tecnológica ITTI, del Grupo Vázquez, suspendió por 30 días sin goce de sueldo a parte de su personal y no pagó los salarios de octubre. La firma tiene más de 900 trabajadores en el país y oficinas en el piso 12 de La Pampa 1445, en Belgrano, donde este jueves un grupo de empleados esperaba respuestas.
“No nos están dando explicaciones y la gente de recursos humanos tampoco está dando la cara”, contó en diálogo con la prensa Jorge Martín, uno de los afectados.
Un mail en lugar de una carta documento
La comunicación llegó por correo electrónico. En el mail, al que accedió la prensa, Kaitel invocó razones de fuerza mayor por “el procedimiento de resolución e intervención de Ueno Bank dispuesto por el Banco Central del Paraguay” y dispuso la suspensión “sin goce de haberes, por 30 días corridos, desde el 5 de noviembre hasta el 4 de diciembre, ambos inclusive”. Se comprometió a mantener la cobertura de la prepaga.
“Quedó todo cortado, no cobramos el sueldo de este mes, nos mandaron un mail totalmente irregular porque no hubo una comunicación fehaciente por carta documento de suspensión de actividades; fue solo un mail donde dice que algunos estamos suspendidos y otros no”, describió Martín.
A otro grupo, la empresa le ordenó seguir trabajando de manera remota. Según comunicaciones internas difundidas por la prensa, a esos empleados les admitió que todavía no tiene los fondos para pagar octubre.
Qué dice la ley
Según la prensa, la empresa citó los artículos 218, 219 y 221 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 221 permite suspensiones por fuerza mayor “debidamente comprobadas” de hasta 75 días en un año, y obliga a empezar por el personal menos antiguo de cada especialidad.
Martín explicó que el salario combinaba una parte en pesos, depositada por Kaitel, y un complemento en dólares pagado a través de plataformas de contratación internacional como Deel. Ese esquema mixto deja dudas sobre cómo se calcularán aportes, aguinaldo y una eventual indemnización.
La crisis en Paraguay
El Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank el 3 de noviembre, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. El banco tiene unos 3 millones de clientes, según sus propias cifras. Ocho directivos fueron detenidos, entre ellos el fundador y presidente del Grupo Vázquez, Miguel Vázquez, y la Fiscalía imputó a 27 personas, incluidos accionistas de empresas vinculadas. Un juez dictó prisión preventiva para seis de ellos.
El Congreso sancionó y el Ejecutivo promulgó la Ley 7745, que adelanta a los ahorristas hasta 40 salarios mínimos de la garantía de depósitos. Según BBC Mundo, la entidad llegó a gestionar más de USD 800 millones de fondos públicos, incluidos unos USD 380 millones del Instituto de Previsión Social (IPS).
Una renuncia que no se efectivizó
El jueves, Santiago Peña presentó formalmente su renuncia a la presidencia en un video: “Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”. La dimisión, sin embargo, no está efectivizada. El artículo 202 de la Constitución paraguaya reserva al Congreso, reunido en sesión bicameral, la facultad de “aceptar o rechazar la renuncia del Presidente de la República y la del Vicepresidente”. El artículo 185 fija el quórum en la mitad más uno de cada Cámara y, salvo mayorías calificadas expresamente previstas, las decisiones se toman por simple mayoría de los presentes. Como la sesión conjunta se levantó sin quórum cuando se retiraron legisladores del Partido Colorado, el Congreso no pudo aceptar ni rechazar la renuncia, y Peña sigue formalmente en el cargo.
La lectura política, según ABC Color y BBC Mundo, gira alrededor de dos salidas incompatibles. Si el Congreso aceptaba la renuncia, el vicepresidente Pedro Alliana debía asumir hasta el final del mandato (artículo 234) y Peña, como ex presidente electo, pasaba a ser senador vitalicio (artículo 189), con fueros que dificultarían una persecución penal. La oposición rechazó esa vía: sostuvo que aceptar la dimisión era blindarlo. Legisladores colorados oficialistas, en cambio, argumentaron en el recinto que aceptar la renuncia era el camino más rápido para “devolver la paz”. Según ABC Color, cuando durante la votación nominal parecía no haber números para aceptar la dimisión, los oficialistas abandonaron la sala y rompieron el quórum. Horacio Cartes, líder del cartismo y mentor de Peña, había difundido por la mañana un comunicado del Partido Colorado en el que decía acompañar el juicio político “a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad”, según reprodujeron Bloomberg Línea y BBC Mundo.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el juicio político. El Senado lo convocó a presentar su defensa el viernes; para destituirlo hacen falta 30 de los 45 votos. Si el Senado lo hallara culpable, el artículo 189 le niega la senaduría vitalicia. Peña anunció en X que se presentará y ejercerá su derecho a la defensa “con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”.
El vínculo con Ueno explica por qué la crisis bancaria lo arrastró. Hasta marzo de 2025, Peña figuró como accionista de Ueno Holding S.A.E.C.A. con G. 6.144 millones (1,58% del capital), según la composición accionaria publicada por la propia empresa y reportada por ABC Color; un hecho relevante enviado a la Bolsa de Valores de Asunción el 3 de abril de 2025 comunicó la anulación de esas acciones tras una asamblea del 22 de marzo. El banco digital del Grupo Vázquez concentró cientos de millones de dólares en fondos públicos antes de la intervención del BCP, lo que convirtió el conflicto de intereses y la solvencia de la entidad en el eje del libelo acusatorio.
“Vamos a seguir acá hasta tener respuestas, somos trabajadores y trabajadoras comunes, no tenemos nada que ver con la política partidaria”, cerró Martín.
Lo que tenés que saber:
- Kaitel SRL, filial argentina de ITTI, suspendió a parte de su personal por 30 días sin sueldo.
- La empresa tiene más de 900 trabajadores en el país y no pagó los salarios de octubre.
- La suspensión se comunicó por mail e invocó fuerza mayor por la caída de Ueno Bank.
- La Ley de Contrato de Trabajo admite hasta 75 días por fuerza mayor debidamente comprobada.
- En Paraguay, Peña presentó su renuncia, pero no está efectivizada: el Congreso no la trató por falta de quórum; sigue en el cargo y enfrenta el juicio político en el Senado.
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