Gremiales
Sin acuerdo en la audiencia por Fate: los 920 trabajadores seguirán 11 días más en el limbo
La audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo terminó este lunes sin resultados. El Gobierno postergó el conflicto hasta el 4 de marzo, mientras la empresa mantiene firme su decisión de cierre definitivo y los trabajadores permanecen dentro de la planta.
★ La Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano que encabeza Julio Cordero, informó este lunes 23 de febrero de 2026 mediante un comunicado oficial que la audiencia convocada entre Fate S.A.I.C.I. y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) concluyó sin ningún avance concreto. La resolución fue lapidaria en su sencillez burocrática: «no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes.»
Como resultado, el organismo «dispuso la convocatoria a una nueva audiencia para el día miércoles 4 de marzo a las 11«, con el objetivo declarado de «continuar con las instancias de diálogo.» El Ministerio agregó que «continuará promoviendo los espacios de negociación entre las partes, en resguardo del empleo, la actividad productiva y el cumplimiento de la normativa laboral», según el texto oficial del comunicado.
Una fecha que llega tarde y dice poco
El resultado de la audiencia de este lunes no sorprendió a nadie que haya seguido el conflicto desde su inicio. Fuentes cercanas a la empresa, citadas este mismo día por la Agencia Noticias Argentinas, ya habían anticipado que «independientemente de la conciliación, el plan original de cierre definitivo sigue firme una vez vencidos los plazos legales.» La postura de la empresa no varió entre el anuncio del cierre del martes 18 de febrero y la audiencia de este lunes: Fate quiere cerrar y lo dice sin ambigüedades.
Del lado del SUTNA, el secretario general Alejandro Crespo mantuvo también su posición: los trabajadores permanecen dentro de la planta de Virreyes y el sindicato sostiene que el cierre es «totalmente ilegal» por violar una cláusula vigente que prohibía despidos hasta el 30 de junio de 2026, según declaraciones previas citadas por Infobae. Ninguna de las dos posiciones cedió en la audiencia de este lunes.
Entre esos dos bloques sin movimiento, 920 trabajadores esperan una resolución que, con la nueva fecha fijada en el 4 de marzo, no llegará antes de que transcurran al menos once días más.
El Gobierno administra el conflicto, pero no lo resuelve
El comunicado del Ministerio de Capital Humano es técnicamente correcto y políticamente vacío. Habla de «resguardo del empleo» sin anunciar ninguna medida concreta en ese sentido. Habla de «actividad productiva» sobre una planta que lleva paralizada desde el 18 de febrero. Habla de «cumplimiento de la normativa laboral» sin pronunciarse sobre la denuncia del SUTNA respecto de la cláusula de no despido que la empresa habría violado.
La contradicción más evidente del cuadro es la que existe entre las palabras del Ministerio y las acciones del Poder Ejecutivo en su conjunto. Mientras la Secretaría de Trabajo declara que promoverá el diálogo «en resguardo del empleo», el presidente Javier Milei atacó públicamente a Fate en redes sociales el mismo día de la audiencia, sin hacer ninguna mención a los 920 trabajadores afectados, y el ministro Luis Caputo firmó ese mismo lunes la Resolución 172/2026 que eliminó el derecho antidumping del 28% sobre el foil de aluminio chino, una medida que impacta directamente sobre Aluar, el otro gran negocio de la familia Madanes Quintanilla, según publicó la Agencia Noticias Argentinas con datos del Boletín Oficial.
Once días más en el limbo
La nueva audiencia del 4 de marzo tendrá lugar en un contexto que, salvo un giro improbable de la empresa, no habrá cambiado en lo sustancial. Fate no dio señales de revisar su decisión. El SUTNA no dio señales de abandonar la planta. El Gobierno no anunció ningún instrumento de política industrial, ningún esquema de asistencia a los trabajadores, ninguna medida de emergencia para el sector del neumático.
Lo que habrá cambiado para el 4 de marzo es el calendario: los plazos legales de la conciliación obligatoria se irán consumiendo, acercando el momento en que la empresa pueda formalizar el cierre sin obstáculos institucionales. Ese es, según fuentes cercanas a la firma citadas por NA, el horizonte que Fate espera. El Gobierno, por ahora, simplemente pone una fecha en la agenda y llama a eso diálogo.
Puntos clave
- La Secretaría de Trabajo confirmó mediante comunicado oficial que la audiencia del lunes 23 de febrero entre Fate y el SUTNA terminó sin acuerdo y convocó a un nuevo encuentro para el 4 de marzo a las 11.
- La empresa ratificó antes de la audiencia, según NA, que «el plan original de cierre definitivo sigue firme una vez vencidos los plazos legales», independientemente de la conciliación obligatoria.
- El SUTNA mantiene que el cierre viola una cláusula de no despido vigente hasta el 30 de junio de 2026, según declaraciones previas citadas por Infobae, y los trabajadores continúan dentro de la planta.
- El mismo día de la audiencia, el ministro Caputo firmó la Resolución 172/2026 que eliminó el derecho antidumping del 28% sobre el foil de aluminio chino, con impacto directo sobre Aluar, empresa de los mismos dueños de Fate, según el Boletín Oficial citado por NA.
- El Ministerio de Capital Humano declaró que promoverá el diálogo «en resguardo del empleo» sin anunciar ninguna medida concreta de asistencia a los 920 trabajadores afectados. ★
Energía
El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector
La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.
Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.
★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.
El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores
Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.
La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.
Precarización en un servicio esencial
El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.
La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.
Control regulatorio en crisis
El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.
Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.
En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.
Las exigencias del gremio
La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».
El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.
Puntos clave:
- La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
- El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
- Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
- El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
- La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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