La informalidad laboral volvió a colocarse en el centro del debate económico. Un relevamiento reciente de FUNDAR, basado en datos del INDEC y curado por el investigador Daniel Schteingart, reveló que el 42% de las personas ocupadas en Argentina trabaja sin registrar: eso equivale a más de 8,8 millones de personas que no acceden a derechos básicos como jubilación, obra social, vacaciones pagas ni representación sindical.

Del total, 5,5 millones son asalariados sin aportes de su empleador, mientras que 3,3 millones son trabajadores no asalariados —cuentapropistas o patrones— que tampoco están registrados en el sistema previsional. El informe señala que el fenómeno no es nuevo, pero sí persistente: la informalidad creció tras la crisis de 2001, retrocedió con fuerza entre 2003 y 2011, pero volvió a escalar desde 2015.

El peso del sector y la región

El grado de informalidad varía considerablemente según el rubro y la región. Mientras en sectores como la minería, el petróleo o los servicios profesionales la tasa de empleo informal no supera el 15%, en ramas como la construcción, la agricultura, la gastronomía o el servicio doméstico, más del 60% de los trabajadores se desempeña en negro.

En cuanto a la geografía, el Norte Grande concentra las tasas más altas. Provincias como Salta, Santiago del Estero y Tucumán superan el 50% de informalidad entre asalariados. Allí, el bajo PBI per cápita, la escasa densidad empresarial y la preeminencia de actividades de subsistencia configuran un mercado laboral precario y atomizado.

En cambio, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias patagónicas como Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego presentan las menores tasas de informalidad, por debajo del 20%. La diferencia está marcada por la concentración de empresas formales, sectores industriales intensivos en capital y una demanda que exige mayor formalización.

Más informalidad entre cuentapropistas

La tasa de informalidad es del 36% entre asalariados, pero asciende al 57% entre trabajadores independientes. Dentro de este grupo, los cuentapropistas alcanzan una tasa crítica del 62%, mientras que los patrones —mayormente pequeños empresarios— tienen una informalidad cercana al 20%.

Este dato revela una tendencia creciente hacia el autoempleo sin derechos, en un contexto de estancamiento del empleo formal privado y crecimiento del empleo público como paliativo. En muchos casos, la informalidad no es una elección, sino la única alternativa de inserción en un mercado laboral que expulsa y segrega.

Un problema económico y fiscal

La informalidad laboral no solo precariza la vida de millones, sino que también debilita el sistema previsional y reduce la recaudación fiscal. Sin aportes, sin contribuciones patronales y sin impuestos sobre la nómina, el financiamiento de la seguridad social y del sistema de salud público se vuelve cada vez más inestable.

Además, afecta la competitividad de las empresas que sí cumplen con las normas, y alimenta una economía de baja productividad, donde la innovación y la inversión se estancan. Desde 2011, mientras países como Uruguay y Chile redujeron su informalidad al 9,6% y 14,8% respectivamente, Argentina se mantuvo en niveles elevados, lejos del promedio que correspondería a su nivel de ingreso per cápita.

Crecimiento, pero con institucionalidad

Especialistas consultados por FUNDAR coinciden en que el crecimiento económico es una condición necesaria para reducir la informalidad, pero no suficiente. También es clave contar con instituciones laborales robustas, incentivos para formalizar y un sistema tributario que no penalice la contratación legal.

Argentina arrastra una presión tributaria alta sobre el trabajo registrado, lo que desincentiva la formalización, especialmente en las PyMEs y los emprendimientos informales. Las propuestas para revertir esta tendencia incluyen desde la creación de un monotributo productivo más accesible hasta programas de capacitación y crédito para la formalización.

Mientras tanto, más del 40% de los trabajadores sigue sin derechos, sin cobertura y sin voz. La informalidad se naturalizó en vastas regiones del país, al punto de convertirse en el modo de existencia dominante en millones de hogares. Cualquier política laboral que busque mejorar la calidad del trabajo en Argentina debe empezar, sin excusas, por revertir esta exclusión estructural.