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Informalidad laboral récord: 8,8 millones de argentinos trabajan sin derechos

La informalidad laboral debilita el sistema previsional, reduce la recaudación y precariza la economía.

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La informalidad laboral volvió a colocarse en el centro del debate económico. Un relevamiento reciente de FUNDAR, basado en datos del INDEC y curado por el investigador Daniel Schteingart, reveló que el 42% de las personas ocupadas en Argentina trabaja sin registrar: eso equivale a más de 8,8 millones de personas que no acceden a derechos básicos como jubilación, obra social, vacaciones pagas ni representación sindical.

Del total, 5,5 millones son asalariados sin aportes de su empleador, mientras que 3,3 millones son trabajadores no asalariados —cuentapropistas o patrones— que tampoco están registrados en el sistema previsional. El informe señala que el fenómeno no es nuevo, pero sí persistente: la informalidad creció tras la crisis de 2001, retrocedió con fuerza entre 2003 y 2011, pero volvió a escalar desde 2015.

El peso del sector y la región

El grado de informalidad varía considerablemente según el rubro y la región. Mientras en sectores como la minería, el petróleo o los servicios profesionales la tasa de empleo informal no supera el 15%, en ramas como la construcción, la agricultura, la gastronomía o el servicio doméstico, más del 60% de los trabajadores se desempeña en negro.

En cuanto a la geografía, el Norte Grande concentra las tasas más altas. Provincias como Salta, Santiago del Estero y Tucumán superan el 50% de informalidad entre asalariados. Allí, el bajo PBI per cápita, la escasa densidad empresarial y la preeminencia de actividades de subsistencia configuran un mercado laboral precario y atomizado.

En cambio, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias patagónicas como Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego presentan las menores tasas de informalidad, por debajo del 20%. La diferencia está marcada por la concentración de empresas formales, sectores industriales intensivos en capital y una demanda que exige mayor formalización.

Más informalidad entre cuentapropistas

La tasa de informalidad es del 36% entre asalariados, pero asciende al 57% entre trabajadores independientes. Dentro de este grupo, los cuentapropistas alcanzan una tasa crítica del 62%, mientras que los patrones —mayormente pequeños empresarios— tienen una informalidad cercana al 20%.

Este dato revela una tendencia creciente hacia el autoempleo sin derechos, en un contexto de estancamiento del empleo formal privado y crecimiento del empleo público como paliativo. En muchos casos, la informalidad no es una elección, sino la única alternativa de inserción en un mercado laboral que expulsa y segrega.

Un problema económico y fiscal

La informalidad laboral no solo precariza la vida de millones, sino que también debilita el sistema previsional y reduce la recaudación fiscal. Sin aportes, sin contribuciones patronales y sin impuestos sobre la nómina, el financiamiento de la seguridad social y del sistema de salud público se vuelve cada vez más inestable.

Además, afecta la competitividad de las empresas que sí cumplen con las normas, y alimenta una economía de baja productividad, donde la innovación y la inversión se estancan. Desde 2011, mientras países como Uruguay y Chile redujeron su informalidad al 9,6% y 14,8% respectivamente, Argentina se mantuvo en niveles elevados, lejos del promedio que correspondería a su nivel de ingreso per cápita.

Crecimiento, pero con institucionalidad

Especialistas consultados por FUNDAR coinciden en que el crecimiento económico es una condición necesaria para reducir la informalidad, pero no suficiente. También es clave contar con instituciones laborales robustas, incentivos para formalizar y un sistema tributario que no penalice la contratación legal.

Argentina arrastra una presión tributaria alta sobre el trabajo registrado, lo que desincentiva la formalización, especialmente en las PyMEs y los emprendimientos informales. Las propuestas para revertir esta tendencia incluyen desde la creación de un monotributo productivo más accesible hasta programas de capacitación y crédito para la formalización.

Mientras tanto, más del 40% de los trabajadores sigue sin derechos, sin cobertura y sin voz. La informalidad se naturalizó en vastas regiones del país, al punto de convertirse en el modo de existencia dominante en millones de hogares. Cualquier política laboral que busque mejorar la calidad del trabajo en Argentina debe empezar, sin excusas, por revertir esta exclusión estructural.

Seguridad social

Congelado hace dos años: el bono de $70.000 para jubilados y pensionados sigue sin actualización

El Gobierno oficializó mediante el Decreto 292/2026 el pago del bono extraordinario de $70.000 para mayo, el mismo monto que se abona desde marzo de 2024 sin ningún ajuste por inflación. Mientras el Ejecutivo justifica la medida en los «efectos adversos» de la fórmula previsional vigente, los jubilados ven cómo ese complemento se deprecia mes a mes en términos reales.

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El bono previsional de $70.000 cumple dos años sin actualización

★ El Poder Ejecutivo publicó este miércoles en el Boletín Oficial el Decreto 292/2026, que oficializa el otorgamiento del bono extraordinario previsional de $70.000 para el mes de mayo a jubilados que perciben el haber mínimo y pensionados a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida se repite, con el mismo importe, por vigésimo sexto mes consecutivo.

El decreto establece que las jubilaciones mínimas durante mayo quedarán en un total superior a $463.000, contemplando la actualización del haber base en línea con la inflación de marzo, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) midió en el 3,4%.

El argumento oficial y la trampa del diagnóstico

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo vuelve a recurrir al mismo argumento de siempre: la culpa la tiene la Ley N° 27.609, sancionada en 2021, cuya fórmula de movilidad, según el texto oficial, «presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario» y «presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes».

La contradicción del argumento es evidente: el propio gobierno reconoce que la fórmula no resguarda el poder adquisitivo de los jubilados, pero en lugar de modificarla o reemplazarla, elige mantenerla y compensar sus efectos con un bono que, a su vez, tampoco se actualiza. Más aún: en 2024, el Congreso aprobó por amplia mayoría una ley que establecía una movilidad más favorable para los adultos mayores, y el presidente Javier Milei la vetó.

El bono que se derrite

El complemento de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024. Antes de esa fecha, los primeros dos meses del gobierno de Milei se pagaron bonos de $55.000. Desde entonces, el monto no registró ninguna actualización, mientras la inflación acumulada entre marzo de 2024 y abril de 2026 erosionó significativamente su valor real.

Como informó este medio en una cobertura reciente sobre el poder adquisitivo jubilatorio, la consultora Analytica estimó que, para recuperar el poder de compra inicial, el bono debería más que duplicarse y alcanzar los $144.000. En el mismo relevamiento, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que los jubilados de la mínima acumulan una caída real del 13,1% si se compara el primer trimestre de 2026 con los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, medida con la canasta del Índice de Precios al Consumidor actualizada.

A quiénes alcanza el decreto

El Decreto 292/2026 precisa que el bono extraordinario corresponde a:

  • Titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES.
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
  • Beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete o más hijos y demás pensiones graciables cuyo pago realiza ANSES.

El texto oficial además aclara que el bono «no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto», y que en los casos de pensiones con copartícipes, el conjunto de beneficiarios será considerado «como un único titular».

Un parche que no alcanza

El escenario previsional que describe el decreto es, en sí mismo, una confesión de fracaso. El Ejecutivo lleva más de dos años justificando la necesidad del bono como compensación por los efectos de una ley que decidió no reformar. En ese tiempo, el complemento perdió una porción significativa de su valor real, y el haber total de quienes cobran la mínima se ubica, según el CEPA, un 10,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023, último mes completo de la gestión anterior.

Más del 60% de los jubilados del sistema contributivo cobra el haber mínimo. Para ellos, la suma de ese haber más el bono congelado resulta insuficiente frente a cualquier medición de canasta básica. Según la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, una pareja de adultos mayores con vivienda propia necesitó $1.548.360 en febrero de 2026, equivalente a más de tres jubilaciones mínimas con bono incluido.

Puntos clave:

  • El Decreto 292/2026 oficializa el bono previsional de $70.000 para mayo, sin actualización por vigésimo sexto mes consecutivo desde marzo de 2024.
  • La jubilación mínima total en mayo superará los $463.000, tras una actualización del haber base del 3,4% por la inflación de marzo.
  • El Ejecutivo atribuye el bono a los efectos adversos de la Ley N° 27.609, pero vetó en 2024 una ley del Congreso que establecía una movilidad más favorable.
  • La consultora Analytica estimó que el bono debería subir a $144.000 para recuperar el poder adquisitivo original.
  • Más del 60% de los jubilados cobra el haber mínimo, que se ubica un 10,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023, según el CEPA.
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