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Trece años después: buscan desmantelar la Ley de Identidad de Género desde el Congreso

Milman, Lemoine y Zapata buscan prohibir el uso de fondos públicos para tratamientos hormonales y quirúrgicos del colectivo trans.

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A trece años de la histórica sanción de la Ley de Identidad de Género, un nuevo proyecto presentado en el Congreso por Gerardo Milman (PRO), Lilia Lemoine (LLA) y Carlos Zapata (LLA) apunta a restringir severamente los derechos conquistados por el colectivo travesti-trans en Argentina.

La iniciativa propone prohibir el uso de recursos públicos para tratamientos de adecuación corporal —hormonales o quirúrgicos— y vuelve a poner bajo ataque normativo a las infancias y adolescencias trans.

Qué propone el proyecto

Modificar el artículo 11 de la Ley 26.743 para que los tratamientos de adecuación de género sean costeados “de manera exclusiva” por cada persona.

Excluir expresamente del sistema público de salud, del Plan Médico Obligatorio (PMO) y de las obras sociales cualquier tipo de cobertura vinculada a tratamientos hormonales o quirúrgicos por identidad de género.

Obligar a que toda modificación registral de menores de 18 años cuente con el consentimiento unánime de ambos progenitores y el aval de un equipo médico, psiquiátrico y psicológico.

Una avanzada ideológica y negacionista

Según expresó Milman en redes sociales, el objetivo es “que vuelva el sentido común”, argumentando que el Estado no debe “financiar ni promover construcciones ideológicas sobre el género o la sexualidad”.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y referentes políticos señalan que se trata de una iniciativa profundamente discriminatoria y regresiva.

Este proyecto desconoce el marco normativo vigente y vulnera la ley de actos discriminatorios”, denunció Alba Rueda, de Mujeres Trans Argentina.

Es un intento de llevar la identidad de género al terreno de la patología”, agregó.

Un paso atrás en el reconocimiento de derechos

La diputada Mónica Macha (UxP), presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, calificó la propuesta como una pieza legislativa “hecha a la medida de un gobierno ultraconservador”. Recordó que el Estado argentino tiene obligaciones internacionales en el reconocimiento y la protección progresiva de los derechos de niñeces y adolescencias.

Ellos, que se autodenominan libertarios, en realidad cercenan libertades y niegan la autonomía de quienes están construyendo su identidad”, sentenció.

Un contexto de avanzada fascista

Este nuevo proyecto se inscribe en un clima hostil hacia las disidencias sexuales y de género, promovido por figuras del oficialismo libertario.

En febrero de este año, el DNU 62/25 intentó prohibir tratamientos de adecuación para menores, pero fue declarado inconstitucional por la Justicia de Entre Ríos. Ahora, el bloque Milei-PRO busca avanzar por vía legislativa.

Milman representa a la casta conservadora del Opus Dei. Lo que propone es institucionalizar la violencia simbólica y física contra las personas trans”, denunció Rueda.

📌 Claves del proyecto

Pretende eliminar la cobertura estatal de tratamientos de adecuación corporal para personas trans.

Atenta contra el principio de progresividad de derechos en niñeces y adolescencias.

Reinstala una mirada patologizante sobre las identidades trans.

Refleja una avanzada fascista y biologicista contra los derechos humanos y la salud integral.

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Tentativa de lesbicidio en Cañuelas: el juicio será por jurados

El juicio podría celebrarse a fin de año o a principios del año que viene.

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El caso del ataque lesbofóbico contra Agui y Vane en Cañuelas avanza hacia la instancia oral. El imputado, Orlando Alcides Lutz Fogar, está acusado de «tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido por odio hacia la orientación sexual» y eligió ser juzgado por jurados populares en lugar de por un tribunal técnico. El juicio podría celebrarse a fin de año o a principios del año que viene.

Lutz Fogar prendió fuego la casa que Agui y Vane compartían en Cañuelas desde 2021 con su hija de 5 años. Como ninguna de las dos estaba en el hogar en ese momento, debido al miedo generado por ataques previos del mismo vecino, se salvaron del incendio.

Doce personas comunes decidirán el veredicto

La abogada querellante Samanta Pedrozo, de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), explicó que «son 12 personas que van a decidir si el imputado es culpable o no culpable» y que, si resulta culpable, recién entonces el juez técnico determina la pena.

Los jueces Emir Alfredo Caputo Tártara y Carolina Crispiani del Tribunal en lo Criminal N°4 de La Plata llevan el proceso judicial. Será Crispiani quien dirija el juicio por jurados.

Pedrozo destacó que en casos de violencia machista la defensa suele «discutir subjetivamente y no por la prueba» y por eso se opta con frecuencia por el juicio por jurados, pensando que «la gente come vidrio». Sin embargo, advirtió que «la estadística dice lo contrario».

El abogado defensor es Gastón Francone, a quien Pedrozo define como «muy mediático» por sus apariciones en LN+ y con «un perfil muy alto y muy marcado». Según la querellante, su estrategia apuntará al contexto social y buscará «traer la batalla cultural al sistema judicial».

Las diferencias con el triple lesbicidio de Barracas

Las diferencias con el juicio por el triple lesbicidio en Barracas son cuatro: la jurisdicción, la defensa del acusado, la forma de juicio y los antecedentes. El asesinato de Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante quedó en la órbita de la Justicia nacional con un sistema «inquisitorio mixto», mientras que la causa de Agui y Vane corresponde a la Justicia bonaerense con un sistema «acusatorio adversarial».

Justo Fernando Barrientos, el imputado por el triple lesbicidio, nunca contrató un defensor particular y será juzgado por jueces técnicos. Lutz Fogar, en cambio, cuenta con representación privada y buscará apelar a la subjetividad del jurado.

Por una cuestión de tiempos, el juicio por la tentativa de lesbicidio en Cañuelas contará con la sentencia del caso Barracas como antecedente. Si Lutz Fogar es declarado culpable, sería el primer antecedente jurídico de este tipo para la comunidad LGTB en nuestro país.

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