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Crédito en riesgo: el Banco Nación se planta contra el Congreso por cambios fiscales a las SGR

La entidad financiera criticó con dureza la reforma aprobada por el Senado que elimina beneficios impositivos a las Sociedades de Garantía Recíproca. Alertó que se pone en riesgo el crédito para más de 11.000 MIPyMEs en todo el país.

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El Banco de la Nación Argentina reclamó públicamente al Congreso Nacional que dé “marcha atrás” con la modificación del régimen fiscal que afecta a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), aprobada por el Senado el pasado 10 de julio como parte de la reforma del sistema jubilatorio. En un comunicado difundido en redes sociales y medios institucionales, la entidad presidida por Daniel Tillard advirtió que el cambio “pone en riesgo una herramienta imprescindible” para el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).

“Para el Banco Nación, las SGR y sus garantías de crédito son una herramienta imprescindible para cumplir el mandato de Carlos Pellegrini: promover el crédito a las actividades productivas, especialmente MIPyMEs y regionales”, sostuvo la entidad en un mensaje inusualmente político, en el que además apuntó directamente contra los legisladores: “El país necesita recuperar el crédito privado”.

¿Qué son las SGR y por qué son claves para el crédito PyME?

Las Sociedades de Garantía Recíproca son estructuras mixtas público-privadas creadas en los años ‘90 con el objetivo de facilitar el acceso al crédito para pequeñas empresas, ofreciendo avales que permiten mejorar su perfil ante bancos y entidades financieras. Su régimen fiscal incluye beneficios impositivos para quienes aportan al capital de riesgo, lo que incentiva la participación de grandes empresas como socias protectoras.

Desde el Banco Nación y diversos analistas del sistema financiero, aseguran que este modelo ha demostrado eficiencia y escalabilidad. Solo entre enero y junio de 2025, el Nación financió a más de 11.000 MIPyMEs por un monto superior a $400.000 millones, en gran parte gracias a garantías otorgadas por SGR.

Según el Consejo Federal de Inversiones (CFI), incluso varias provincias han organizado fondos complementarios para trabajar junto a las SGR y facilitar el crédito regional. Es por eso que la eliminación de beneficios fiscales a las sociedades protectoras podría desfinanciar el sistema y provocar un efecto regresivo en las cadenas productivas más frágiles.

Reforma previsional con impacto colateral

El artículo que modifica el régimen fiscal de las SGR fue incorporado en el proyecto de reforma previsional aprobado por el Senado el 10 de julio, que ahora debe ser tratado por la Cámara de Diputados. En la redacción final, se eliminan las exenciones del Impuesto a las Ganancias que beneficiaban a los aportantes de capital de riesgo, lo que podría desincentivar la participación del sector privado.

Especialistas como Mariano Mayer, exsecretario PyME, y la consultora PxQ dirigida por Emmanuel Álvarez Agis, coincidieron en que “el sistema de SGR es el más eficiente para canalizar garantías hacia las empresas pequeñas”, y advirtieron que “el cambio fiscal podría reducir la oferta de crédito sin aportar mejoras fiscales relevantes”.

Tensión entre el sector productivo y el Congreso

El pronunciamiento del Banco Nación se suma a otros reclamos del sector productivo que ya había manifestado preocupación por el recorte de instrumentos de fomento. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) también expresaron su rechazo a la medida, que consideran “contraproducente para la recuperación del aparato productivo”.

Mientras el Congreso se prepara para discutir la media sanción en Diputados, crece la presión de entidades empresarias y de crédito público para frenar la iniciativa. Aún no hay señales claras del oficialismo sobre una posible revisión del artículo, aunque algunos legisladores anticiparon que podría debatirse por separado para “despejar obstáculos” en la aprobación del resto de la reforma.

Energía

El regulador abre la puerta: ENReGE autoriza el traspaso de Transener a manos privadas

Con la Resolución 130/2026, el ente regulador dio luz verde para que ENARSA transfiera su participación en CITELEC al consorcio Edison-Genneia. El Estado completa así su salida definitiva de la columna vertebral del sistema eléctrico nacional.

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La red eléctrica, paso a paso en manos privadas: el regulador cierra el círculo de la privatización de Transener.

El regulador energético del gobierno de Javier Milei le puso la firma final a la privatización de Transener. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) publicó este lunes en el Boletín Oficial la Resolución 130/2026, mediante la cual autorizó formalmente a la empresa estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA) a transferir la totalidad de su participación accionaria en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC) al consorcio integrado por Edison Transmisión y Genneia. El monto acordado, de US$356.174.811, había superado el piso de referencia fijado por el Ejecutivo, que rondaba los US$206 millones.

El trámite regulatorio era la última condición suspensiva que restaba cumplir para el cierre definitivo de la operación. El contrato de compraventa había sido suscripto el 11 de junio por la firma Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (TESA), constituida específicamente para este proceso por ambas empresas en partes iguales, tras la adjudicación formal dispuesta mediante la Resolución 673/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo a mediados de mayo.

Qué compra el consorcio y qué queda en manos del Estado

Lo que adquirieron Edison Transmisión y Genneia no son los activos físicos de la red: las líneas de alta tensión y las estaciones transformadoras pertenecen al Estado nacional y se mantendrán bajo la concesión que Transener S.A. opera hasta el año 2088. Lo que se transfiere es el 50% del capital social de CITELEC, la sociedad que ejerce el control de Transener y de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires (TRANSBA), que cubre otros 6.228 kilómetros de red en territorio bonaerense.

El consorcio se convierte así en accionista co-controlante de CITELEC junto a Pampa Energía, el holding de Marcelo Mindlin, que retiene el otro 50% y no participó de la licitación. En conjunto, las tres empresas, Edison, Genneia y Pampa Energía, controlarán la gestión de Transener, que administra aproximadamente el 85% de la red de alta tensión del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.400 kilómetros de líneas de extra alta tensión.

El regulador despeja los reparos: integración vertical y poder de mercado

En el texto oficial, el ENReGE reconoció que los nuevos accionistas ya poseen activos en los segmentos de generación y distribución, lo que podría configurar una integración vertical vedada por la Ley 24.065, el marco regulatorio eléctrico vigente. Sin embargo, el organismo dictaminó que no existe transgresión legal, argumentando que la tenencia del 50%, compartida con Pampa Energía, no otorga a ninguno de ellos la condición de accionista mayoritario o controlante unilateral.

Para neutralizar los riesgos de abuso de posición dominante, el ENReGE destacó tres ejes regulatorios: el libre acceso al uso indiscriminado de la capacidad de transporte; las tarifas reguladas por el propio ente, que impiden cargos discriminatorios; y las ampliaciones controladas, ya que cualquier extensión de la red requiere audiencia pública y aprobación estatal, bajo el marco del Decreto 921/25.

Quiénes son los nuevos socios de la red eléctrica

Genneia es la principal generadora de energías renovables del país, con una capacidad instalada superior a los 1.580 MW distribuidos en ocho parques eólicos y seis solares. Su principal accionista es el banquero Jorge Brito, quien asumió la conducción de la empresa en enero de 2026. La familia Brito ocupa el puesto 13 entre las 50 mayores fortunas de Argentina, según estimaciones de Forbes. Edison Transmisión, por su parte, es el brazo especializado en transporte eléctrico de Edison Energía, empresa encabezada por los hermanos Juan y Patricio Neuss, quienes están vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo, según informó el portal El Litoral. Entre los socios del fondo Inverlat, que integra el grupo Edison, figuran Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai. Completan la estructura los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, del Grupo Newsan.

No es dato menor que Edison Energía ya operaba desde enero de 2026 las represas hidroeléctricas del Comahue, adjudicadas en una licitación previa que ingresó aproximadamente US$700 millones al Tesoro nacional. La adquisición de CITELEC representa su segunda apuesta en la infraestructura eléctrica del país en menos de un año.

Una red envejecida y sin obligación de inversión

El desafío que hereda el consorcio es de magnitud: Transener no incorporó obras de alcance nacional desde 2017 y el 35% de sus instalaciones se encuentra al final de su vida útil, según datos relevados por el portal especializado Shale24. La paradoja es que el nuevo accionista no tendrá obligación de expandir la red. Las ampliaciones responden al Decreto 921/25, que las licita como concesión de obra independiente, lo que supone que el crecimiento de la capacidad de transporte dependerá de decisiones futuras del Estado, no de los nuevos socios privados.

La insuficiencia de la red de alta tensión es hoy uno de los principales cuellos de botella para nuevas inversiones en generación, tanto en energías renovables como en la expansión vinculada a Vaca Muerta y a los proyectos mineros de cobre y litio. Buena parte de las futuras inversiones en generación dependerán de la capacidad de transportar esa energía hacia los centros de consumo, lo que convierte a Transener en un activo estratégico cuya gestión privada no elimina la necesidad de regulación estatal efectiva.

La Ley Bases como habilitante y el segundo paso de ENARSA

La venta se realizó bajo los lineamientos de la Ley Bases (27.742) y el Decreto 286/2025, que establecieron el marco legal para la desinversión de activos estatales. La participación en CITELEC era el segundo gran movimiento de este proceso para ENARSA, tras la privatización de las represas del Comahue. Con la autorización del ENReGE, se cumple la última condición suspensiva del contrato y queda habilitado el cierre formal de la transacción.

El origen de la participación estatal en CITELEC remite a la salida de Petrobras de sus activos energéticos en Argentina. Tras ese retiro, ENARSA ocupó esa posición y pasó a compartir el control de la sociedad con Pampa Energía, otorgando al Estado influencia sobre una de las empresas más importantes de la infraestructura energética nacional. La administración libertaria decidió desandar ese camino.

Puntos clave

  • El ENReGE emitió la Resolución 130/2026 que autoriza la transferencia del 50% de CITELEC al consorcio Edison-Genneia por US$356.174.811.
  • La operación convierte a Edison Transmisión y Genneia en accionistas co-controlantes de Transener junto a Pampa Energía, completando la salida del Estado de la red troncal de energía eléctrica.
  • Genneia es controlada por el banquero Jorge Brito; Edison Transmisión está conducida por los hermanos Neuss, vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo.
  • Transener opera el 85% de la red de alta tensión del SADI; el 35% de sus instalaciones se encuentra al final de su vida útil y el consorcio no tendrá obligación de expandir la red.
  • La operación se encuadra en la Ley Bases (27.742) y es el segundo gran paso de la desinversión de ENARSA, tras la privatización de las represas del Comahue.
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