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Crédito en riesgo: el Banco Nación se planta contra el Congreso por cambios fiscales a las SGR

La entidad financiera criticó con dureza la reforma aprobada por el Senado que elimina beneficios impositivos a las Sociedades de Garantía Recíproca. Alertó que se pone en riesgo el crédito para más de 11.000 MIPyMEs en todo el país.

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El Banco de la Nación Argentina reclamó públicamente al Congreso Nacional que dé “marcha atrás” con la modificación del régimen fiscal que afecta a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), aprobada por el Senado el pasado 10 de julio como parte de la reforma del sistema jubilatorio. En un comunicado difundido en redes sociales y medios institucionales, la entidad presidida por Daniel Tillard advirtió que el cambio “pone en riesgo una herramienta imprescindible” para el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).

“Para el Banco Nación, las SGR y sus garantías de crédito son una herramienta imprescindible para cumplir el mandato de Carlos Pellegrini: promover el crédito a las actividades productivas, especialmente MIPyMEs y regionales”, sostuvo la entidad en un mensaje inusualmente político, en el que además apuntó directamente contra los legisladores: “El país necesita recuperar el crédito privado”.

¿Qué son las SGR y por qué son claves para el crédito PyME?

Las Sociedades de Garantía Recíproca son estructuras mixtas público-privadas creadas en los años ‘90 con el objetivo de facilitar el acceso al crédito para pequeñas empresas, ofreciendo avales que permiten mejorar su perfil ante bancos y entidades financieras. Su régimen fiscal incluye beneficios impositivos para quienes aportan al capital de riesgo, lo que incentiva la participación de grandes empresas como socias protectoras.

Desde el Banco Nación y diversos analistas del sistema financiero, aseguran que este modelo ha demostrado eficiencia y escalabilidad. Solo entre enero y junio de 2025, el Nación financió a más de 11.000 MIPyMEs por un monto superior a $400.000 millones, en gran parte gracias a garantías otorgadas por SGR.

Según el Consejo Federal de Inversiones (CFI), incluso varias provincias han organizado fondos complementarios para trabajar junto a las SGR y facilitar el crédito regional. Es por eso que la eliminación de beneficios fiscales a las sociedades protectoras podría desfinanciar el sistema y provocar un efecto regresivo en las cadenas productivas más frágiles.

Reforma previsional con impacto colateral

El artículo que modifica el régimen fiscal de las SGR fue incorporado en el proyecto de reforma previsional aprobado por el Senado el 10 de julio, que ahora debe ser tratado por la Cámara de Diputados. En la redacción final, se eliminan las exenciones del Impuesto a las Ganancias que beneficiaban a los aportantes de capital de riesgo, lo que podría desincentivar la participación del sector privado.

Especialistas como Mariano Mayer, exsecretario PyME, y la consultora PxQ dirigida por Emmanuel Álvarez Agis, coincidieron en que “el sistema de SGR es el más eficiente para canalizar garantías hacia las empresas pequeñas”, y advirtieron que “el cambio fiscal podría reducir la oferta de crédito sin aportar mejoras fiscales relevantes”.

Tensión entre el sector productivo y el Congreso

El pronunciamiento del Banco Nación se suma a otros reclamos del sector productivo que ya había manifestado preocupación por el recorte de instrumentos de fomento. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) también expresaron su rechazo a la medida, que consideran “contraproducente para la recuperación del aparato productivo”.

Mientras el Congreso se prepara para discutir la media sanción en Diputados, crece la presión de entidades empresarias y de crédito público para frenar la iniciativa. Aún no hay señales claras del oficialismo sobre una posible revisión del artículo, aunque algunos legisladores anticiparon que podría debatirse por separado para “despejar obstáculos” en la aprobación del resto de la reforma.

América Latina

Inflación: Argentina, segunda en América Latina y seis veces sobre sus vecinos

Con un 23,6% acumulado entre enero y septiembre, la Argentina solo quedó detrás de Venezuela en un relevamiento de 15 economías de la región. En el mismo período, Brasil, Chile, Bolivia y Uruguay rondaron el 4% y Paraguay apenas llegó al 1,9%.

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Entre enero y septiembre, los precios en la Argentina subieron 23,6%. En Brasil, Chile, Bolivia y Uruguay, en esos mismos nueve meses, la suba rondó el 4%. La economía que el Gobierno presenta como un caso de estabilización exitosa acumula casi seis veces la inflación de sus principales vecinos.

El dato surge de cruzar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con una suba de 1,9% en septiembre, contra los registros de otras 14 economías latinoamericanas con información disponible, según un relevamiento difundido por la prensa local. En esa comparación, la Argentina de Javier Milei ocupó el segundo lugar en la región, superada únicamente por Venezuela.

Un ranking que desarma el relato oficial

Venezuela registró en septiembre una inflación mensual de 8,4% y acumula 225,3% en el año, según su Banco Central, un caso excepcional que no admite una comparación directa con el resto. Detrás de la Argentina quedó Guatemala, con 1,18%, y luego un bloque de doce países que no llegaron al 1% mensual: Bolivia (0,85%), Brasil (0,82%), Uruguay (0,54%), Honduras (0,48%), El Salvador (0,45%), México (0,42%), Chile (0,40%), Colombia (0,37%), República Dominicana (0,33%), Perú (0,14%), Costa Rica (0,11%) y Paraguay (0,10%).

Nueve de los quince países relevados tuvieron una inflación mensual inferior al 0,5%. Aun si se dejara afuera a Venezuela, la Argentina encabezaría con holgura el ranking regional, tanto en el mes como en el acumulado del año. El 1,9% local fue más de una vez y media el de Guatemala, más del doble que el de Bolivia y Brasil, y 19 veces el de Paraguay.

Además, el número de septiembre no fue un respiro sino un retroceso: el índice se aceleró respecto del 1,7% de agosto, que había sido la variación mensual más baja en 14 meses. Como informó este medio, la suba estuvo traccionada por los precios regulados (2,3%), con gas, electricidad y prepagas a la cabeza, y por los estacionales (2,9%), mientras que la inflación núcleo fue de 1,7%. Buena parte del empuje vino de tarifas que fija o autoriza el propio Gobierno.

Nueve meses que pesan más que un mes

La distancia no se explica por un mes puntual. En el acumulado de 2026, contra el 23,6% argentino, Bolivia registró 3,88%; Brasil, 3,95%; Chile, 4%; y Uruguay, 4,21%. Paraguay, con 1,9% en nueve meses, mostró el registro más bajo entre los países limítrofes: la Argentina acumuló en el año más de doce veces la inflación paraguaya.

La comparación interanual profundiza el diagnóstico. En los últimos doce meses, los precios argentinos subieron 33,4%, frente al 5,7% de Bolivia, el 4,68% de Uruguay, el 4,58% de Brasil, el 4,3% de Paraguay y el 4,1% de Chile.

El dato incómodo para la Casa Rosada es que la Argentina ni siquiera mejora contra sí misma. En septiembre de 2025, la inflación interanual había sido de 31,8% y el acumulado de los primeros nueve meses, de 22%, según los registros del INDEC. Un año después, ambos indicadores están peor, en lugar de converger hacia los niveles de la región. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central proyecta que 2026 cerrará con una inflación cercana al 30,3%.

El costo de la «estabilización» se paga en los hogares

Cada país tiene su propia estructura de consumo, su política monetaria y su metodología estadística, y eso obliga a leer los rankings con cuidado. Pero la brecha es lo suficientemente amplia como para desmentir la idea de que la Argentina ya resolvió su problema de precios. Que el índice mensual esté lejos de los tres dígitos de otros años no convierte a la inflación argentina en un problema menor: sigue siendo una anomalía regional.

El impacto sobre la vida cotidiana depende de cómo evolucionen los ingresos. Cuando los precios suben más rápido que los salarios, las jubilaciones y las prestaciones sociales, los hogares pierden capacidad de compra y terminan ajustando gastos o endeudándose para llegar a fin de mes. Ese golpe es más fuerte cuando los aumentos se concentran en alimentos, transporte y energía, rubros que no admiten recorte.

Ahí está el núcleo del modelo libertario. Según relevamientos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP, UBA-CONICET), desde diciembre de 2023 la canasta de servicios públicos y transporte acumuló una suba superior al 525%, con el transporte por encima del 900% y el gas por encima del 700%. Y el calendario de aumentos no se detiene: en noviembre llegan nuevas subas de hasta 4% en colectivos y subte del AMBA. Incluso con una inflación mensual por debajo del 2%, la presión sobre los ingresos rezagados sigue siendo asfixiante.

La pregunta de fondo ya no es si el IPC perfora tal o cual umbral, sino cuánto tiempo necesitará la Argentina para acercarse a la dinámica de precios de sus vecinos, y qué pasará con los salarios, las jubilaciones y la actividad mientras tanto. Por ahora, la respuesta la siguen pagando los mismos bolsillos.

Lo que tenés que saber:

  • Con 1,9% en septiembre, la Argentina quedó segunda en un ranking de 15 economías latinoamericanas, solo detrás de Venezuela (8,4%).
  • Entre enero y septiembre, la inflación argentina acumuló 23,6%, frente a cerca del 4% en Brasil, Chile, Bolivia y Uruguay, y 1,9% en Paraguay.
  • En doce meses, los precios subieron 33,4% en la Argentina, contra menos de 6% en Bolivia, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay.
  • Hace un año, la inflación interanual era de 31,8% y el acumulado de nueve meses, de 22%: ambos indicadores empeoraron.
  • El REM del Banco Central proyecta que 2026 cerrará con una inflación cercana al 30,3%.
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