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Crédito en riesgo: el Banco Nación se planta contra el Congreso por cambios fiscales a las SGR

La entidad financiera criticó con dureza la reforma aprobada por el Senado que elimina beneficios impositivos a las Sociedades de Garantía Recíproca. Alertó que se pone en riesgo el crédito para más de 11.000 MIPyMEs en todo el país.

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El Banco de la Nación Argentina reclamó públicamente al Congreso Nacional que dé “marcha atrás” con la modificación del régimen fiscal que afecta a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), aprobada por el Senado el pasado 10 de julio como parte de la reforma del sistema jubilatorio. En un comunicado difundido en redes sociales y medios institucionales, la entidad presidida por Daniel Tillard advirtió que el cambio “pone en riesgo una herramienta imprescindible” para el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).

“Para el Banco Nación, las SGR y sus garantías de crédito son una herramienta imprescindible para cumplir el mandato de Carlos Pellegrini: promover el crédito a las actividades productivas, especialmente MIPyMEs y regionales”, sostuvo la entidad en un mensaje inusualmente político, en el que además apuntó directamente contra los legisladores: “El país necesita recuperar el crédito privado”.

¿Qué son las SGR y por qué son claves para el crédito PyME?

Las Sociedades de Garantía Recíproca son estructuras mixtas público-privadas creadas en los años ‘90 con el objetivo de facilitar el acceso al crédito para pequeñas empresas, ofreciendo avales que permiten mejorar su perfil ante bancos y entidades financieras. Su régimen fiscal incluye beneficios impositivos para quienes aportan al capital de riesgo, lo que incentiva la participación de grandes empresas como socias protectoras.

Desde el Banco Nación y diversos analistas del sistema financiero, aseguran que este modelo ha demostrado eficiencia y escalabilidad. Solo entre enero y junio de 2025, el Nación financió a más de 11.000 MIPyMEs por un monto superior a $400.000 millones, en gran parte gracias a garantías otorgadas por SGR.

Según el Consejo Federal de Inversiones (CFI), incluso varias provincias han organizado fondos complementarios para trabajar junto a las SGR y facilitar el crédito regional. Es por eso que la eliminación de beneficios fiscales a las sociedades protectoras podría desfinanciar el sistema y provocar un efecto regresivo en las cadenas productivas más frágiles.

Reforma previsional con impacto colateral

El artículo que modifica el régimen fiscal de las SGR fue incorporado en el proyecto de reforma previsional aprobado por el Senado el 10 de julio, que ahora debe ser tratado por la Cámara de Diputados. En la redacción final, se eliminan las exenciones del Impuesto a las Ganancias que beneficiaban a los aportantes de capital de riesgo, lo que podría desincentivar la participación del sector privado.

Especialistas como Mariano Mayer, exsecretario PyME, y la consultora PxQ dirigida por Emmanuel Álvarez Agis, coincidieron en que “el sistema de SGR es el más eficiente para canalizar garantías hacia las empresas pequeñas”, y advirtieron que “el cambio fiscal podría reducir la oferta de crédito sin aportar mejoras fiscales relevantes”.

Tensión entre el sector productivo y el Congreso

El pronunciamiento del Banco Nación se suma a otros reclamos del sector productivo que ya había manifestado preocupación por el recorte de instrumentos de fomento. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) también expresaron su rechazo a la medida, que consideran “contraproducente para la recuperación del aparato productivo”.

Mientras el Congreso se prepara para discutir la media sanción en Diputados, crece la presión de entidades empresarias y de crédito público para frenar la iniciativa. Aún no hay señales claras del oficialismo sobre una posible revisión del artículo, aunque algunos legisladores anticiparon que podría debatirse por separado para “despejar obstáculos” en la aprobación del resto de la reforma.

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Tarifazo en transporte: más de un millón de personas dejó de usar el colectivo en un mes

Con otro aumento pactado para el 1 de septiembre, la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA) confirmó que en agosto viajaron 1.150.000 personas menos que un año atrás. El gasto mensual en transporte roza los $124.000 por pasajero y representa el 43% de la canasta de servicios en el AMBA.

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El Argentino Diario-Colectivo línea 218.

Los números no dejan lugar para eufemismos: el ajuste tarifario sostenido sobre el transporte público empuja a miles de trabajadores fuera del colectivo. En agosto de 2026, los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires transportaron 7,7 millones de personas en días hábiles, lo que representa una caída del 12,9% interanual respecto al mismo período de 2025, según el informe mensual de la AAETA. En términos concretos, eso equivale a 1.150.000 personas menos que eligieron, o se vieron obligadas, a dejar el transporte público.

El golpe fue aún más pronunciado durante los feriados: la cantidad de pasajeros cayó de 4,3 millones a 2,5 millones, una retracción del 41,5% que revela que la demanda de transporte urbano ya no se sostiene ni en los momentos de menor presión laboral.

El costo de llegar al trabajo

Según un reporte del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET (IIEP-UBA), en agosto una persona necesitó en promedio $123.726 para cubrir sus viajes de ida y vuelta en el transporte urbano durante el mes. El peso del gasto en transporte ya explica el 43% de la canasta de servicios de un hogar del AMBA, convirtiéndolo en el rubro de mayor incidencia sobre el ingreso de las familias trabajadoras de la región.

Lejos de aminorar, esa presión se profundizará: a partir del 1 de septiembre rige un nuevo aumento del 4,3% sobre las tarifas de colectivos. En las 28 líneas porteñas, el boleto mínimo escalará a $887,87, mientras que en las líneas del Gran Buenos Aires el piso ascenderá a $1.158,97. El cuadro tarifario completo quedará así:

Nuevas tarifas desde el 1 de septiembre

Capital Federal (líneas porteñas):

  • Hasta 3 km: $887,87
  • De 3 a 6 km: $986,57
  • De 6 a 12 km: $1.062,56
  • De 12 a 27 km: $1.138,61

Gran Buenos Aires (líneas bonaerenses):

  • Hasta 3 km: $1.158,97
  • De 3 a 6 km: $1.303,83
  • De 6 a 12 km: $1.448,71
  • De 12 a 27 km: $1.738,45
  • Más de 27 km: $2.043,84

El mapa territorial del ajuste: quiénes la sufren más

La retracción de pasajeros no fue homogénea. En las líneas municipales, aquellas numeradas desde el 500 en adelante, la caída rondó el 40%. Los distritos más golpeados del conurbano fueron Campana, con una retracción del 37,60%; Luján, con el 28,04%; y Berazategui, con el 21,80%. Los siguieron Ituzaingó (-21,63%) y José C. Paz (-21,55%), municipios del oeste donde el colectivo es prácticamente el único modo de transporte disponible ante la escasa cobertura ferroviaria.

En el otro extremo, los menores retrocesos se registraron en Brandsen (-8,45%), General San Martín (-8,73%) y San Fernando (-11,55%), municipios con mayor diversidad de opciones o acceso más directo a las líneas nacionales.

Un ajuste que se acumula desde diciembre de 2023

Los datos de agosto no son una anomalía; son la consecuencia lógica de una política de eliminación de subsidios al transporte que el gobierno de Javier Milei sostiene desde el inicio de su gestión. Según datos del IIEP-UBA y CONICET relevados durante 2026, el acumulado de aumentos en transporte desde diciembre de 2023 roza el 1.000%, el rubro que lidera la suba de precios de la canasta de servicios regulados muy por encima de la inflación general. La promesa de que el ajuste sería transitorio y que la desaceleración inflacionaria mejoraría el salario real choca, mes a mes, con la realidad de los trabajadores que deben elegir entre pagar el boleto o comer.

Que más de un millón de personas haya dejado de usar el colectivo en un solo mes no es una señal de eficiencia del mercado; es la radiografía de una crisis de movilidad que el ajuste libertario construyó, pero que quienes menos tienen están pagando.

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