El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines presentó un recurso de amparo ante la Justicia para frenar el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, oficializado por el presidente Javier Milei a través del Decreto Delegado 461/25. La acción fue patrocinada por los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia y recayó en el Juzgado Nacional del Trabajo N°23, a cargo de la jueza Marta Rey.

En el escrito, los letrados solicitaron la “declaración de inconstitucionalidad por ilegalidad y arbitrariedad manifiesta” del decreto. Denunciaron que la medida “aniquila organismos estatales con afectación directa a la fuente laboral, la estabilidad del empleo público y el acceso a servicios esenciales como la seguridad vial y la salud”.

“La norma genera una amenaza concreta sobre la estabilidad de los trabajadores públicos, protegida por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y por convenios internacionales de la OIT”, señalaron los abogados.

El argumento oficial: corrupción y privatización

El anuncio sobre el cierre de Vialidad Nacional fue realizado el 7 de julio por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien justificó la medida con un fuerte discurso anticorrupción. “Este organismo se inventó para simplificar la corrupción”, afirmó desde Casa Rosada.

Adorni aseguró que el Gobierno abrirá licitaciones para concesionar 9.120 kilómetros de rutas nacionales, bajo el argumento de que el sistema actual colapsó tras décadas de despilfarro. “Vamos a dar paso a una nueva etapa que garantice rutas en condiciones, con menos burocracia y más eficiencia”, sostuvo el vocero.

El decreto no especificó qué organismo asumirá las funciones técnicas y operativas que ejercía Vialidad, ni el esquema normativo que regirá los contratos de concesión, lo que genera incertidumbre jurídica y administrativa.

Rechazo del sector de la construcción: “Entramos en un mundo desconocido”

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, criticó duramente la medida. “Entramos en un nuevo mundo desconocido. No tenemos idea de cómo van a ser los próximos pasos ni cómo va a funcionar la licitación”, advirtió en declaraciones a Ámbito Financiero.

Weiss remarcó que “en todos los países del mundo existe un organismo estatal que gestiona la infraestructura vial”, aunque admitió que en Argentina “está todo muy concentrado”. Puso el foco en el impacto que la desaparición de Vialidad tendrá sobre el mantenimiento de las rutas y la continuidad de obras paralizadas.

Según datos de CAMARCO, el mantenimiento del sistema vial argentino —nacional y provincial— demanda unos u$s4.213 millones anuales. Sin embargo, recuperar infraestructura deteriorada podría costar más de u$s40.000 millones. “Si no hay planificación estatal y capacidad de control, lo que se degrada es el territorio entero”, concluyó Weiss.

Empleo público y funciones críticas en la mira

Vialidad Nacional cuenta con unos 5.000 trabajadores distribuidos en las 24 jurisdicciones del país, que cumplen tareas operativas, técnicas y administrativas en el mantenimiento de más de 40.000 kilómetros de rutas. Muchos de ellos están radicados en zonas rurales o de difícil acceso, donde las tareas de bacheo, señalización, obras hidráulicas y gestión de emergencias no pueden ser garantizadas por el mercado.

Desde el gremio vial advirtieron que el cierre impactará no solo en el empleo, sino también en la seguridad de las rutas, la ejecución de obras estratégicas y la capacidad de respuesta ante catástrofes climáticas.

En ese sentido, la abogada Graciana Peñafort recordó que el Poder Ejecutivo solo puede legislar por decreto en casos de “necesidad y urgencia”, y que el artículo 99 inciso 3 de la Constitución prohíbe expresamente dictar normas que afecten la materia penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos. La discusión judicial, por tanto, girará en torno a la legalidad del procedimiento utilizado por el Gobierno para desmantelar un organismo creado por ley.