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Gremiales

El gremio vial va a la Justicia contra Milei por el cierre de Vialidad Nacional

El vocero Adorni justificó la medida en supuestos casos de corrupción.

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El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines presentó un recurso de amparo ante la Justicia para frenar el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, oficializado por el presidente Javier Milei a través del Decreto Delegado 461/25. La acción fue patrocinada por los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia y recayó en el Juzgado Nacional del Trabajo N°23, a cargo de la jueza Marta Rey.

En el escrito, los letrados solicitaron la “declaración de inconstitucionalidad por ilegalidad y arbitrariedad manifiesta” del decreto. Denunciaron que la medida “aniquila organismos estatales con afectación directa a la fuente laboral, la estabilidad del empleo público y el acceso a servicios esenciales como la seguridad vial y la salud”.

“La norma genera una amenaza concreta sobre la estabilidad de los trabajadores públicos, protegida por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y por convenios internacionales de la OIT”, señalaron los abogados.

El argumento oficial: corrupción y privatización

El anuncio sobre el cierre de Vialidad Nacional fue realizado el 7 de julio por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien justificó la medida con un fuerte discurso anticorrupción. “Este organismo se inventó para simplificar la corrupción”, afirmó desde Casa Rosada.

Adorni aseguró que el Gobierno abrirá licitaciones para concesionar 9.120 kilómetros de rutas nacionales, bajo el argumento de que el sistema actual colapsó tras décadas de despilfarro. “Vamos a dar paso a una nueva etapa que garantice rutas en condiciones, con menos burocracia y más eficiencia”, sostuvo el vocero.

El decreto no especificó qué organismo asumirá las funciones técnicas y operativas que ejercía Vialidad, ni el esquema normativo que regirá los contratos de concesión, lo que genera incertidumbre jurídica y administrativa.

Rechazo del sector de la construcción: “Entramos en un mundo desconocido”

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, criticó duramente la medida. “Entramos en un nuevo mundo desconocido. No tenemos idea de cómo van a ser los próximos pasos ni cómo va a funcionar la licitación”, advirtió en declaraciones a Ámbito Financiero.

Weiss remarcó que “en todos los países del mundo existe un organismo estatal que gestiona la infraestructura vial”, aunque admitió que en Argentina “está todo muy concentrado”. Puso el foco en el impacto que la desaparición de Vialidad tendrá sobre el mantenimiento de las rutas y la continuidad de obras paralizadas.

Según datos de CAMARCO, el mantenimiento del sistema vial argentino —nacional y provincial— demanda unos u$s4.213 millones anuales. Sin embargo, recuperar infraestructura deteriorada podría costar más de u$s40.000 millones. “Si no hay planificación estatal y capacidad de control, lo que se degrada es el territorio entero”, concluyó Weiss.

Empleo público y funciones críticas en la mira

Vialidad Nacional cuenta con unos 5.000 trabajadores distribuidos en las 24 jurisdicciones del país, que cumplen tareas operativas, técnicas y administrativas en el mantenimiento de más de 40.000 kilómetros de rutas. Muchos de ellos están radicados en zonas rurales o de difícil acceso, donde las tareas de bacheo, señalización, obras hidráulicas y gestión de emergencias no pueden ser garantizadas por el mercado.

Desde el gremio vial advirtieron que el cierre impactará no solo en el empleo, sino también en la seguridad de las rutas, la ejecución de obras estratégicas y la capacidad de respuesta ante catástrofes climáticas.

En ese sentido, la abogada Graciana Peñafort recordó que el Poder Ejecutivo solo puede legislar por decreto en casos de “necesidad y urgencia”, y que el artículo 99 inciso 3 de la Constitución prohíbe expresamente dictar normas que afecten la materia penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos. La discusión judicial, por tanto, girará en torno a la legalidad del procedimiento utilizado por el Gobierno para desmantelar un organismo creado por ley.

Gremiales

ATE para el país ante una pérdida salarial acumulada del 44% y exige reapertura de paritarias

La medida de fuerza apunta al corazón del conflicto salarial con el Gobierno de Javier Milei: la reapertura inmediata de las paritarias de la Administración Pública Nacional, congeladas mientras la inflación devora los ingresos de los trabajadores estatales.

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ATE realiza un paro nacional por la reapertura de las paritarias en la administración pública

★ La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevó adelante este martes un paro nacional con alto nivel de adhesión en todo el territorio, con movilizaciones en aeropuertos, organismos científicos y tecnológicos, y servicios estratégicos del Estado. La medida de fuerza apunta al corazón del conflicto salarial con el Gobierno de Javier Milei: la reapertura inmediata de las paritarias de la Administración Pública Nacional, congeladas mientras la inflación devora los ingresos de los trabajadores estatales.

Protestas desde la madrugada

Las primeras manifestaciones comenzaron en los aeropuertos de Bariloche (Río Negro) y El Calafate (Santa Cruz). En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la concentración central fue convocada para las 11 en Costa Salguero, sobre la Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero. A las 12, los dirigentes nacionales del gremio ofrecieron una conferencia de prensa en el Aeroparque Jorge Newbery para fijar la posición del sindicato frente a la política salarial del Ejecutivo.

A partir de las 10 de la mañana, las protestas se extendieron al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y a organismos de ciencia y tecnología, con especial énfasis en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Allí, la medida también apuntó contra el anuncio del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre la eliminación de más de 900 funciones consideradas vitales por los trabajadores del organismo.

El peso del ajuste: 44% de pérdida acumulada

Los números del conflicto son contundentes. Según informó el propio gremio, los trabajadores estatales acumulan una pérdida superior al 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Milei. El período paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, que abarca de junio de 2025 a mayo de 2026, cerró con aumentos acordados por el Gobierno con la firma de UPCN que ya se ubican 5,4 puntos por debajo de la inflación, aún antes de conocerse los índices de los últimos dos meses.

A esos datos se suma un informe del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que nuclea a más de 140 organizaciones gremiales de distintas centrales obreras. El documento estima que cada trabajador del sector público perdió en promedio 11.917.049 pesos en los últimos dos años, mientras que en el sector privado la pérdida promedio fue de 2.274.545 pesos. La pérdida total de los asalariados en el período asciende, según ese cálculo, a 58 billones de pesos.

Aguiar: «Ya todos se dieron cuenta de que no había ñoquis»

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, tomó la jornada como un punto de inflexión político. «Tenemos que aprovechar este momento porque la sociedad nos empieza a dar la razón. Quedaron atrás la campaña de desprestigio y la estigmatización sobre el empleo público. Ya todos se dieron cuenta de que no había ñoquis y que los recortes sobre el Estado no beneficiaron a nadie, sino que se tradujeron en una fenomenal pérdida de derechos para toda la sociedad», sostuvo el dirigente.

La referencia de Aguiar apuntó directamente al discurso que el oficialismo utilizó durante meses para instalar la imagen del empleado público como símbolo del gasto superfluo. Hoy, ese relato choca con la realidad de un Estado que recortó personal y presupuesto sin que eso se tradujera en beneficios concretos para la población.

Aguiar también fue directo contra el presidente. «Mientras los trabajadores estamos en el país esperando respuestas y un aumento salarial, el presidente se hace el cantante en Israel. Ya no soportamos más las payasadas y los papelones de Milei. Se terminó», expresó. Y advirtió: «Si no hay plata para los trabajadores, no habrá paz para el Gobierno. La conflictividad va a escalar y no será nuestra responsabilidad».

Servicios afectados y guardias mínimas

Durante la jornada de paro se garantizaron únicamente guardias mínimas en hospitales y atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. Los servicios afectados incluyeron la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, controles sanitarios del Senasa en puertos y aduanas, radiooperadores de medios públicos, brigadas de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y el mantenimiento de plantas nucleares. El PAMI y ANSES atendieron exclusivamente emergencias. Solo se aseguraron vuelos sanitarios y de Estado.

Decisión tomada el 9 de abril

La medida fue resuelta en la reunión del Consejo Directivo Nacional de ATE del 9 de abril, con la participación de los 24 secretarios generales provinciales. El gremio anticipó que las protestas continuarán en los distintos organismos mediante asambleas, radios abiertas y ruidazos, y que evaluará un nuevo plan de acción si el Ejecutivo profundiza el ajuste, desfinancia áreas del Estado o avanza en despidos en la administración pública.

Puntos clave

  • ATE realizó un paro nacional con alto nivel de adhesión, con movilizaciones en aeropuertos, organismos científicos y servicios estratégicos.
  • Los trabajadores estatales acumulan una pérdida de más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión Milei, según el gremio.
  • El FreSU estimó una pérdida promedio de 11.917.049 pesos por trabajador del sector público en los últimos dos años.
  • El secretario general Rodolfo Aguiar advirtió que la conflictividad escalará si el Gobierno no reabre las paritarias.
  • La medida afectó controladores aéreos, mantenimiento de plantas nucleares, Senasa, PAMI y ANSES, entre otros servicios críticos.

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