Conectate con El Argentino

Gremiales

El gremio vial va a la Justicia contra Milei por el cierre de Vialidad Nacional

El vocero Adorni justificó la medida en supuestos casos de corrupción.

Publicado hace

#

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines presentó un recurso de amparo ante la Justicia para frenar el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, oficializado por el presidente Javier Milei a través del Decreto Delegado 461/25. La acción fue patrocinada por los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia y recayó en el Juzgado Nacional del Trabajo N°23, a cargo de la jueza Marta Rey.

En el escrito, los letrados solicitaron la “declaración de inconstitucionalidad por ilegalidad y arbitrariedad manifiesta” del decreto. Denunciaron que la medida “aniquila organismos estatales con afectación directa a la fuente laboral, la estabilidad del empleo público y el acceso a servicios esenciales como la seguridad vial y la salud”.

“La norma genera una amenaza concreta sobre la estabilidad de los trabajadores públicos, protegida por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y por convenios internacionales de la OIT”, señalaron los abogados.

El argumento oficial: corrupción y privatización

El anuncio sobre el cierre de Vialidad Nacional fue realizado el 7 de julio por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien justificó la medida con un fuerte discurso anticorrupción. “Este organismo se inventó para simplificar la corrupción”, afirmó desde Casa Rosada.

Adorni aseguró que el Gobierno abrirá licitaciones para concesionar 9.120 kilómetros de rutas nacionales, bajo el argumento de que el sistema actual colapsó tras décadas de despilfarro. “Vamos a dar paso a una nueva etapa que garantice rutas en condiciones, con menos burocracia y más eficiencia”, sostuvo el vocero.

El decreto no especificó qué organismo asumirá las funciones técnicas y operativas que ejercía Vialidad, ni el esquema normativo que regirá los contratos de concesión, lo que genera incertidumbre jurídica y administrativa.

Rechazo del sector de la construcción: “Entramos en un mundo desconocido”

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, criticó duramente la medida. “Entramos en un nuevo mundo desconocido. No tenemos idea de cómo van a ser los próximos pasos ni cómo va a funcionar la licitación”, advirtió en declaraciones a Ámbito Financiero.

Weiss remarcó que “en todos los países del mundo existe un organismo estatal que gestiona la infraestructura vial”, aunque admitió que en Argentina “está todo muy concentrado”. Puso el foco en el impacto que la desaparición de Vialidad tendrá sobre el mantenimiento de las rutas y la continuidad de obras paralizadas.

Según datos de CAMARCO, el mantenimiento del sistema vial argentino —nacional y provincial— demanda unos u$s4.213 millones anuales. Sin embargo, recuperar infraestructura deteriorada podría costar más de u$s40.000 millones. “Si no hay planificación estatal y capacidad de control, lo que se degrada es el territorio entero”, concluyó Weiss.

Empleo público y funciones críticas en la mira

Vialidad Nacional cuenta con unos 5.000 trabajadores distribuidos en las 24 jurisdicciones del país, que cumplen tareas operativas, técnicas y administrativas en el mantenimiento de más de 40.000 kilómetros de rutas. Muchos de ellos están radicados en zonas rurales o de difícil acceso, donde las tareas de bacheo, señalización, obras hidráulicas y gestión de emergencias no pueden ser garantizadas por el mercado.

Desde el gremio vial advirtieron que el cierre impactará no solo en el empleo, sino también en la seguridad de las rutas, la ejecución de obras estratégicas y la capacidad de respuesta ante catástrofes climáticas.

En ese sentido, la abogada Graciana Peñafort recordó que el Poder Ejecutivo solo puede legislar por decreto en casos de “necesidad y urgencia”, y que el artículo 99 inciso 3 de la Constitución prohíbe expresamente dictar normas que afecten la materia penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos. La discusión judicial, por tanto, girará en torno a la legalidad del procedimiento utilizado por el Gobierno para desmantelar un organismo creado por ley.

Gremiales

La motosierra libertaria llega a los bosques: retiros voluntarios en Parques Nacionales

El Gobierno oficializó mediante la Resolución 191/2026 un programa de desvinculación para el personal de planta permanente de la APN. Cada puesto vacante será eliminado de manera definitiva, en línea con la política de achicamiento del Estado que impulsa la gestión Milei.

Publicado hace

#

La motosierra avanza sobre los bosques: cómo el ajuste vacía la Administración de Parques Nacionales.

El Gobierno oficializó mediante la Resolución 191/2026 un programa de desvinculación para el personal de planta permanente de la Administración de Parques Nacionales (APN). Cada puesto vacante será eliminado de manera definitiva, en línea con la política de achicamiento del Estado que impulsa la gestión Milei. Los trabajadores que adhieran deberán renunciar a futuros reclamos y no podrán reincorporarse al sector público por cinco años.

La gestión de Javier Milei extendió su programa de reducción del empleo estatal a la Administración de Parques Nacionales (APN), organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros que conduce Manuel Adorni. A través de la Resolución 191/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo abrió un régimen de retiro voluntario para los agentes de planta permanente amparados por el artículo 8° de la Ley N° 25.164 (Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional).

La medida se enmarca en la política oficial de «centralizar, agilizar y achicar la dimensión del aparato administrativo del Estado», según la propia letra de la resolución. En términos concretos, implica que cada puesto que quede vacante por adhesión al retiro será eliminado de forma definitiva: los cargos no se cubrirán.

Quiénes pueden adherir y quiénes quedan afuera

Para acceder al programa, los trabajadores deben contar con al menos dos años de antigüedad en el organismo. Sin embargo, la resolución establece un amplio listado de exclusiones: quedan fuera quienes tengan sumarios administrativos en curso con riesgo de cesantía o exoneración, procesos penales vinculados a delitos contra la administración pública, litigios laborales activos contra el Estado, beneficios previsionales ya acordados o renuncias pendientes de aceptación.

La norma también excluye expresamente al Cuerpo de Guardaparques Nacionales, lo que sugiere que el objetivo del ajuste apunta al personal técnico-administrativo que sostiene el funcionamiento cotidiano del organismo, más que al personal de campo que realiza tareas de conservación y control en terreno.

Topes por edad y condiciones de egreso

La resolución fijó límites precisos para los trabajadores de mayor edad: quienes tengan entre 61 y 63 años recibirán una compensación con un tope de 24 salarios brutos, mientras que para los de 64 años o más el máximo se reduce a 12 haberes. Los montos correspondientes a vacaciones no gozadas y aguinaldo proporcional se liquidarán por separado.

Uno de los aspectos más significativos del esquema es la renuncia que se exige como condición de ingreso: quienes adhieran deberán resignar expresamente todo reclamo administrativo o judicial vinculado a su relación laboral con el Estado. Además, quedarán inhabilitados para reincorporarse al sector público nacional durante cinco años, bajo cualquier modalidad de contratación. La única excepción contemplada son los cargos docentes en universidades nacionales.

Un organismo que custodia el patrimonio natural del país

La Administración de Parques Nacionales es un ente autárquico creado por la Ley N° 22.351, cuya misión es proteger y conservar los parques nacionales, monumentos naturales y reservas del país. Administra más de cuarenta áreas protegidas que abarcan ecosistemas de valor estratégico, desde la Puna hasta la Patagonia y la Antártida. El ajuste de su planta genera preocupación entre organizaciones ambientales y sindicales, que advierten sobre el posible desmantelamiento de la estructura técnica que sostiene ese trabajo.

La implementación operativa del programa quedó a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de la APN, que deberá gestionar los formularios de adhesión, verificar los requisitos y elevar los expedientes para su aprobación definitiva. Toda acta de desvinculación deberá ser comunicada de inmediato a la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público (dependiente de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública) y a la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía.

Un patrón que se repite en el Estado

El retiro voluntario en Parques Nacionales no es un hecho aislado. La gestión Milei aplicó mecanismos similares en otros organismos estatales a lo largo de 2025 y 2026, incluyendo la Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES) y diversas dependencias del extinto Ministerio de Capital Humano, en el marco del proceso de reducción de la planta del Estado que acompaña el ajuste fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según datos del propio Gobierno, el gasto primario total acumuló una caída real del 31% desde diciembre de 2023.

Puntos clave

  • La Resolución 191/2026, publicada en el Boletín Oficial, habilita retiros voluntarios para el personal de planta permanente de la APN con al menos dos años de antigüedad.
  • Cada puesto que quede vacante por adhesión será eliminado de forma definitiva, sin reemplazo.
  • Los trabajadores que adhieran deberán renunciar a todo reclamo laboral y no podrán volver al sector público por cinco años.
  • Quedan excluidos del programa los Guardaparques Nacionales y quienes tengan procesos disciplinarios o judiciales en curso.
  • La medida forma parte de la política de reducción del Estado que impulsa la gestión Milei en el marco de las metas acordadas con el FMI.

Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo