Gremiales
El gremio vial va a la Justicia contra Milei por el cierre de Vialidad Nacional
El vocero Adorni justificó la medida en supuestos casos de corrupción.
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines presentó un recurso de amparo ante la Justicia para frenar el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, oficializado por el presidente Javier Milei a través del Decreto Delegado 461/25. La acción fue patrocinada por los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia y recayó en el Juzgado Nacional del Trabajo N°23, a cargo de la jueza Marta Rey.
En el escrito, los letrados solicitaron la “declaración de inconstitucionalidad por ilegalidad y arbitrariedad manifiesta” del decreto. Denunciaron que la medida “aniquila organismos estatales con afectación directa a la fuente laboral, la estabilidad del empleo público y el acceso a servicios esenciales como la seguridad vial y la salud”.
“La norma genera una amenaza concreta sobre la estabilidad de los trabajadores públicos, protegida por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y por convenios internacionales de la OIT”, señalaron los abogados.
El argumento oficial: corrupción y privatización
El anuncio sobre el cierre de Vialidad Nacional fue realizado el 7 de julio por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien justificó la medida con un fuerte discurso anticorrupción. “Este organismo se inventó para simplificar la corrupción”, afirmó desde Casa Rosada.
Adorni aseguró que el Gobierno abrirá licitaciones para concesionar 9.120 kilómetros de rutas nacionales, bajo el argumento de que el sistema actual colapsó tras décadas de despilfarro. “Vamos a dar paso a una nueva etapa que garantice rutas en condiciones, con menos burocracia y más eficiencia”, sostuvo el vocero.

El decreto no especificó qué organismo asumirá las funciones técnicas y operativas que ejercía Vialidad, ni el esquema normativo que regirá los contratos de concesión, lo que genera incertidumbre jurídica y administrativa.
Rechazo del sector de la construcción: “Entramos en un mundo desconocido”
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, criticó duramente la medida. “Entramos en un nuevo mundo desconocido. No tenemos idea de cómo van a ser los próximos pasos ni cómo va a funcionar la licitación”, advirtió en declaraciones a Ámbito Financiero.
Weiss remarcó que “en todos los países del mundo existe un organismo estatal que gestiona la infraestructura vial”, aunque admitió que en Argentina “está todo muy concentrado”. Puso el foco en el impacto que la desaparición de Vialidad tendrá sobre el mantenimiento de las rutas y la continuidad de obras paralizadas.
Según datos de CAMARCO, el mantenimiento del sistema vial argentino —nacional y provincial— demanda unos u$s4.213 millones anuales. Sin embargo, recuperar infraestructura deteriorada podría costar más de u$s40.000 millones. “Si no hay planificación estatal y capacidad de control, lo que se degrada es el territorio entero”, concluyó Weiss.
Empleo público y funciones críticas en la mira
Vialidad Nacional cuenta con unos 5.000 trabajadores distribuidos en las 24 jurisdicciones del país, que cumplen tareas operativas, técnicas y administrativas en el mantenimiento de más de 40.000 kilómetros de rutas. Muchos de ellos están radicados en zonas rurales o de difícil acceso, donde las tareas de bacheo, señalización, obras hidráulicas y gestión de emergencias no pueden ser garantizadas por el mercado.
Desde el gremio vial advirtieron que el cierre impactará no solo en el empleo, sino también en la seguridad de las rutas, la ejecución de obras estratégicas y la capacidad de respuesta ante catástrofes climáticas.
En ese sentido, la abogada Graciana Peñafort recordó que el Poder Ejecutivo solo puede legislar por decreto en casos de “necesidad y urgencia”, y que el artículo 99 inciso 3 de la Constitución prohíbe expresamente dictar normas que afecten la materia penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos. La discusión judicial, por tanto, girará en torno a la legalidad del procedimiento utilizado por el Gobierno para desmantelar un organismo creado por ley.
Actualidad
Quinta Marcha Federal Universitaria: el país vuelve al Congreso por la ley
Rectores, gremios y estudiantes marchan este jueves para exigir que Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. La UBA fijó el acto central a las 16 en Plaza del Congreso, Kicillof confirmó su presencia y el Nacional Buenos Aires amaneció tomado.
Por quinta vez desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, la universidad pública vuelve a la calle. El reclamo ya no es solo por presupuesto: es para que el Gobierno cumpla una ley que el Congreso sancionó y que la Justicia le ordenó aplicar.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) convocó en sus redes a la 5° Marcha Federal Universitaria con una consigna directa: «Marchamos al Congreso de la Nación para exigir que se ejecute la Ley de Financiamiento Universitario». Y agregó: «Sin financiamiento no hay ciencia ni educación». Según la UBA, el acto central será a las 16 en Plaza del Congreso y sus columnas partirán a las 13.30 desde Córdoba y Uriburu, con decanos, autoridades, estudiantes, docentes y nodocentes. Otras convocatorias, como la que difundió C5N, ubican la concentración frente al Congreso desde las 13.30.
Un frente que incluye a rectores, gremios y estudiantes
La convocatoria la sostiene el mismo frente que protagonizó la primera gran marcha contra la gestión libertaria: el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a rectoras y rectores, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que nuclea a las federaciones docentes y nodocentes CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y FATUN. A la marcha adhiere también la AGD UBA. Como antesala, el Frente Sindical llevó adelante un paro nacional de 72 horas con abrazos simbólicos en distintas facultades.
La FUA convocó bajo la consigna «Universidad pública siempre», en defensa de «la educación, la soberanía y la democracia». El presidente del CIN, Franco Bartolacci, advirtió por su parte que sin cambios en el Presupuesto 2027 del Gobierno las universidades podrían no abrir sus puertas el año próximo. «Si no logramos modificaciones razonables al proyecto de presupuesto presentado por el gobierno nacional, va a ser realmente muy difícil que las universidades abramos nuestras puertas el año que viene», dijo. El CIN presentó un proyecto propio de presupuesto universitario de unos $11 billones, frente a los alrededor de $7,3 billones que prevé el proyecto oficial.
La Confederación General del Trabajo (CGT) también llamó a participar. Su Consejo Directivo Nacional convocó al movimiento obrero organizado a sumarse a la jornada, y la Federación del Trabajador de Universidades (FATUN) celebró la adhesión: «Sin salarios dignos, no hay universidades públicas. Sin universidades públicas, no hay futuro».
Kicillof: «una lucha de todo el pueblo argentino»
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, confirmó que estará en la movilización. «Este jueves 15 de octubre nos vemos en la 5° Marcha Federal Universitaria. La defensa de la universidad pública es una lucha de todo el pueblo argentino», escribió en su cuenta de X.
El Nacional Buenos Aires, tomado
En la previa, estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, dependiente de la UBA, tomaron el edificio, según informó el canal de noticias C5N. No fue una medida aislada: estudiantes ocuparon también la Facultad de Filosofía y Letras, donde la toma se extenderá hasta el jueves, y organizaron clases públicas, cortes de calle, asambleas y vigilias en otras facultades. Hubo actividades de protesta en Salta, San Juan, Santa Fe, Mar del Plata, Tandil, Río Cuarto y Córdoba, entre otras ciudades.
La marcha también se hace en el interior
La movilización es federal. En Bahía Blanca, gremios de la Universidad Nacional del Sur y de la Universidad Tecnológica, junto a trabajadores del CONICET, convocaron con la consigna «No se puede gobernar por decreto. Cumplan las leyes». Allí adhieren la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la CGT local, la Multisectorial de Jubilados, el Colectivo Discapacidad, Veteranos de Malvinas y la agrupación Familias Endeudadas.
Staiti y el rechazo al DNU 70/23
La secretaria general de CONADU Histórica, Francisca Staiti, habló en el programa de Radio Gráfica sobre la marcha y explicó que al reclamo universitario se sumó el rechazo al DNU 70/23. En días previos, la dirigente había cuestionado que, vencido el plazo fijado por el juez federal Martín Cormick, el Gobierno no convocara a la paritaria, y ratificó la profundización de las medidas de fuerza.
El cruce con el decreto no es casual: la marcha coincide con la sesión especial de Diputados convocada por la oposición para tratar la derogación del DNU 70/23, ya rechazado por el Senado, y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.
Una ley vigente que el Gobierno no cumple
El fondo del conflicto es el desacato. El juez Cormick hizo lugar a los amparos del CIN, de universidades, de docentes y de la propia UBA, y ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno apeló, y este miércoles Cormick fijó multas diarias de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir la cautelar que sigue vigente. Según los gremios, el Estado adeuda una recomposición del 33% a docentes y nodocentes y un 100% en becas. FEDUN, a través de su titular Daniel Ricci, ratificó que la marcha «se hace» ante la falta de señales oficiales.
Mientras el oficialismo se niega a cumplir una ley del Congreso y un fallo judicial, la comunidad universitaria vuelve a ser la que defiende el Estado de derecho en la calle.
Lo que tenés que saber:
- La 5° Marcha Federal Universitaria es este jueves 15 de octubre; la UBA fijó el acto central a las 16 en Plaza del Congreso.
- Convocan el CIN, la FUA y el Frente Sindical de Universidades Nacionales; adhirió la CGT.
- Axel Kicillof confirmó que participará.
- Estudiantes tomaron el Colegio Nacional de Buenos Aires y la Facultad de Filosofía y Letras.
- El Gobierno apeló el fallo de fondo y el juez Cormick le fijó multas diarias por incumplir la cautelar.
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