Judiciales ⚖️
La Justicia excarceló a Eva Mieri: revés para Espert
El tribunal cuestionó la negativa inicial a otorgar la libertad a la concejal de Quilmes detenida por el escrache al diputado Espert. También redujo la fianza de Alessia Abaigar. La causa se tramita por presuntas amenazas.
La Cámara Federal de San Martín resolvió excarcelar a la concejala quilmeña Eva Mieri, detenida desde hace casi dos semanas por su presunta participación en un escrache frente al domicilio del diputado liberal José Luis Espert. El tribunal también ordenó reducir la fianza de otra de las imputadas, Alesia Abaigar, funcionaria bonaerense detenida con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico.
Los jueces criticaron la decisión de la magistrada de primera instancia, Sandra Arroyo Salgado, quien había denegado los pedidos de excarcelación. Consideraron que esa negativa resultó excesiva e infundada en el marco de una causa caratulada como “amenazas”, sin elementos que justifiquen el encarcelamiento preventivo.
En el fallo, la Cámara dispuso “revocar el auto apelado en cuanto fuera materia de recurso y, en consecuencia, conceder la excarcelación a Eva Carina Alejandra Mieri bajo la caución que la jueza a quo estime corresponder”.
La persecución judicial a la oposición
El caso se originó a partir de un escrache ocurrido el 18 de junio en la casa del diputado Espert, ubicada en San Isidro, donde un grupo de personas arrojó estiércol en el frente del inmueble y desplegó consignas críticas contra sus declaraciones sobre los movimientos sociales y los planes sociales.
A partir de la denuncia del legislador, el Juzgado Federal N°1 de San Isidro ordenó una serie de detenciones. La primera en ser arrestada fue Alesia Abaigar, directora de Sensibilización y Promoción de Derechos en el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. Días después fueron detenidas Eva Mieri (concejala del PJ en Quilmes), Candelaria Montes Cató (militante de La Cámpora en Escobar), Aldana Muzzi (trabajadora social de Villa Martelli) e Iván Díaz Bianchi (empleado administrativo de 22 años).
La defensa de los imputados sostuvo desde el inicio que se trató de un acto de protesta política y no de un delito penal. Distintos sectores del peronismo bonaerense también denunciaron una “persecución judicial y política” contra militantes sociales.
Falta de división de poderes
El fallo de la Cámara se suma a las voces que cuestionan el uso del derecho penal en contextos de protesta. Organizaciones de derechos humanos y abogados laboralistas advirtieron que la detención de dirigentes sociales por manifestaciones simbólicas configura una peligrosa deriva punitivista.
“Utilizar figuras penales como amenazas para criminalizar actos políticos no violentos es una forma de disciplinamiento”, sostuvo un abogado de la defensa ante consultas de prensa. La propia Cámara Federal, si bien no se pronunció sobre el fondo del caso, remarcó que “el encarcelamiento preventivo debe ser una excepción” y que las imputadas “cuentan con domicilio y arraigo, sin antecedentes ni riesgo procesal”.
El revés a Espert
El caso adquiere especial sensibilidad en un clima político marcado por la confrontación entre el Gobierno de Javier Milei y las organizaciones sociales, los gremios y referentes del peronismo. Las acusaciones de “terrorismo” y “sedición” lanzadas desde sectores libertarios contra manifestantes alimentan un clima de creciente judicialización del conflicto político.
El diputado Espert, conocido por sus posiciones duras contra la protesta social, justificó su denuncia bajo el argumento de “defender la institucionalidad”. Sin embargo, desde distintos sectores del oficialismo bonaerense y de la oposición se advirtió que el escrache —aunque reprobable en términos políticos— no puede ser tratado como una amenaza penal sin caer en arbitrariedades.
La excarcelación de Mieri y la baja en la fianza para Abaigar podrían marcar un cambio en el rumbo de la causa. El tribunal de segunda instancia envió un mensaje claro sobre los límites del derecho penal en democracia.
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Narcoaviones y política: avanza la investigación en EEUU que vincula a Machado con Espert
Registros certificados de la FAA, pruebas de la DEA y presentaciones de Homeland Security Investigations reconstruyen un circuito financiero de más de 75 millones de dólares y ubican al empresario argentino Federico Machado como operador clave de una red de fideicomisos aeronáuticos usados para el narcotráfico internacional. Una transferencia de 200.000 dólares referenciada a nombre de José Luis Espert aparece en las planillas del expediente federal.
Narcoaviones y política: los documentos que vinculan a «Fred» Machado con Espert
★ Una investigación federal de los Estados Unidos sobre el uso de fideicomisos aeronáuticos para el narcotráfico internacional expuso una densa trama de conexiones con la Argentina. El expediente, tramitado en el Eastern District of Texas bajo el nombre U.S. v. Mercer-Erwin, vincula de forma directa al empresario Federico «Fred» Machado con una flota de aviones de matrícula norteamericana incautados en Centroamérica con toneladas de cocaína, según documentos oficiales.
Los registros incluyen certificaciones de la Federal Aviation Administration (FAA), informes de la DEA y presentaciones de Homeland Security Investigations (HSI), el brazo investigativo del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. La causa ya produjo una condena de 16 años de prisión para Debra Lynn Mercer-Erwin, mientras que su hija Kayleigh Moffett y Carlos Rocha Villaurrutia se declararon culpables en abril de 2023.
La mecánica del fraude: fideicomisos y matrículas para encubrir
Para entender la maniobra central del expediente, es necesario comprender el sistema registral que la hizo posible. Aircraft Guaranty Corporation (AGC), firma administrada por Mercer-Erwin y Moffett, operaba mediante trusts aeronáuticos: la empresa estadounidense figuraba ante la FAA como titular formal de los aviones, mientras el beneficiario real quedaba oculto detrás de esa pantalla. Los documentos clave en ese esquema eran los bills of sale (formularios de compraventa) y las deregistrations (pedidos de baja de matrícula).
Lo que el expediente revela como el núcleo del delito no es solo que los aviones cayeran con cocaína, sino que, después de los decomisos, alguien continuaba moviendo papeles para transferirlos, darlos de baja o modificar la titularidad ante la FAA, maniobra que HSI calificó como una combinación de fraude electrónico, lavado de dinero, exportaciones omitidas y registros falsificados.
El avión con 2.310 kilos en Belice y los formularios posteriores al decomiso
Uno de los casos más documentados del expediente corresponde al N311BD, un Gulfstream G-1159 registrado en diciembre de 2019 bajo AGC como fiduciaria. La solicitud fue firmada por Moffett. El 27 de febrero de 2020, esa aeronave fue incautada en Belice con 2.310 kilos de cocaína. Las fotografías incorporadas al expediente muestran paquetes con sellos Apple, Quaker, Nike y Eiffel Tower; el sello Apple, según HSI, aparece asociado en otros decomisos al Cártel de Sinaloa.
La conducta posterior al decomiso fue la que agravó la situación procesal. El 3 de marzo de 2020, un correo advertía a Mercer que otro avión había sido atrapado transportando drogas bajo el nombre de Aircraft Guaranty. El 14 de abril de ese mismo año, un mensaje dirigido a Moffett preguntaba: «El avión fue atrapado con drogas. ¿Cómo procedemos?». Ese mismo día, Moffett presentó ante la FAA un bill of sale para transferir el N311BD a nombre de Heriberto Calderón Gastélum, identificado por HSI como ciudadano mexicano con domicilio declarado en Sinaloa y antecedentes federales por narcotráfico, pese a que la aeronave ya estaba bajo custodia gubernamental en Belice.
Cocaína con sello Ferragamo y el chat que compromete a Machado
El caso del N305AG, un British Aerospace BAE 125-800A, suma otro episodio de valor probatorio. Según HSI, fue incautado en Guatemala el 27 de enero de 2020 con aproximadamente 1.700 kilos de cocaína y llevaba una matrícula falsa. Las fotos del expediente muestran paquetes de cocaína con sello de la marca de lujo italiana Ferragamo, además de armas.
En ese contexto, un intercambio incorporado a la causa muestra a Machado enviando a Mercer un video con el texto: «Tu avión fue rescatado de la pista de aterrizaje en Guatemala». Cuatro días después del decomiso, Moffett firmó un Aircraft Bill of Sale transfiriendo el N305AG a Arrendadora THH S.A. de C.V., pese a que el avión continuaba bajo custodia del Gobierno de Guatemala.
US$ 75 millones, nueve aeronaves y la huella financiera
El análisis financiero incorporado al expediente es igualmente contundente. Desde cuentas escrow administradas por Wright Brothers Aircraft Title (WBAT), firma vinculada a Mercer-Erwin y Moffett, salieron entre 2016 y 2020 un total de US$ 75.660.400,62 hacia entidades identificadas por los investigadores como vinculadas a Federico Machado, entre ellas South Aviation, MDP Trading / Minas del Pueblo y Aircraft Finance Aircorp. El expediente establece, de forma textual, que «WBAT no mantenía todos los fondos depositados en escrow».
Contratos incorporados a la causa muestran a Machado como presidente de South Aviation en operaciones por aeronaves de alto valor, incluyendo un Gulfstream G650 de US$ 50 millones y un Boeing 777 de US$ 24 millones. La causa identifica al menos nueve aeronaves por matrícula o número de serie dentro de ese circuito.
La conexión Espert y el contrato de un millón de dólares
La dimensión política del expediente se hace explícita en las planillas de transferencias. En ese registro figura una operación de US$ 200.000 con referencia a José Luis Espert, actual diputado nacional y presidente del bloque de La Libertad Avanza. El dato adquiere relevancia adicional porque Machado fue señalado en Argentina como financista de Espert, y porque cuando el empresario fue detenido en Viedma, las autoridades encontraron un contrato de US$ 1 millón vinculado al economista.
Easy Flight y la pista Ranucci: otras conexiones argentinas
El expediente abre además un ramal adicional hacia la Argentina a través de Easy Flight Inc., empresa registrada en Florida que figura en la causa a propósito del N100QR, un Canadair Challenger 600 destruido en Venezuela en septiembre de 2020 en un episodio asociado a vuelos ilegales del narcotráfico. En esa presentación aparece M. Mariano Aníbal Garbini, con domicilio declarado en Buenos Aires, como vinculado a Easy Flight Inc., junto a un «Gustavo Ranucci» como vicepresidente de la sociedad.
Los registros corporativos de Florida no permiten confirmar con certeza si ese Gustavo Ranucci es el efectivamente el empresario argentino Gustavo Carlos Ranucci, públicamente vinculado a Marcelo Tinelli y San Lorenzo, aunque registros societarios vincular a sociedades de ese nombre con una dirección en el One Bal Harbour de Miami.
La alerta previa que Mercer ignoró
Un correo de marzo de 2019 incorporado al expediente muestra que los riesgos eran conocidos al menos por algunos actores del circuito. Guillermo García, vinculado a GM Aviation, alertó a Mercer sobre un avión accidentado en Yucatán con 1.200 kilos de cocaína cuya matrícula figuraba registrada bajo Aircraft Guaranty Corp. Su propuesta fue aplicar filtros para reducir el uso de los trusts en maniobras narco, revisando pasaportes e identidades de los beneficiarios reales. Su conclusión fue directa: «reduciría drásticamente el uso del trust para estas actividades de drogas». La alerta no fue atendida.
El acuerdo de culpabilidad y lo que no borra
Según documentos judiciales presentados en Texas, Machado aceptó declararse culpable de lavado de dinero y fraude, mientras la fiscalía dejaría caer la imputación por narcotráfico en el marco del acuerdo, sujeto a la homologación del tribunal. En una entrevista realizada a finales de 2025, Machado negó ser narco, pero reconoció: «Yo movía toda mi guita por Aircraft Guaranty», una frase que ahora dialoga directamente con la prueba documental reunida en el expediente federal.
Ese acuerdo no borra la dimensión narco de la causa: los aviones fueron incautados con cocaína, los formularios se presentaron después de los decomisos, y la condena de 16 años de prisión contra Debra Mercer-Erwin permanece firme.
Puntos clave
- Un expediente federal de EE.UU. vincula al empresario argentino Federico «Fred» Machado con una red de fideicomisos aeronáuticos usados para el narcotráfico internacional.
- Aviones registrados bajo esa estructura fueron incautados en Belice y Guatemala con 2.310 y 1.700 kilos de cocaína respectivamente; en ambos casos se presentó documentación ante la FAA después de los decomisos.
- El circuito financiero bajo sospecha movilizó más de US$ 75 millones hacia entidades vinculadas a Machado entre 2016 y 2020.
- En las planillas del expediente figura una transferencia de US$ 200.000 referenciada a nombre de José Luis Espert, diputado nacional y presidente del bloque de La Libertad Avanza.
- Machado aceptó declararse culpable de lavado de dinero y fraude en el marco de un acuerdo con la fiscalía federal de Texas.
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