Judiciales ⚖️
La Justicia excarceló a Eva Mieri: revés para Espert
El tribunal cuestionó la negativa inicial a otorgar la libertad a la concejal de Quilmes detenida por el escrache al diputado Espert. También redujo la fianza de Alessia Abaigar. La causa se tramita por presuntas amenazas.
La Cámara Federal de San Martín resolvió excarcelar a la concejala quilmeña Eva Mieri, detenida desde hace casi dos semanas por su presunta participación en un escrache frente al domicilio del diputado liberal José Luis Espert. El tribunal también ordenó reducir la fianza de otra de las imputadas, Alesia Abaigar, funcionaria bonaerense detenida con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico.
Los jueces criticaron la decisión de la magistrada de primera instancia, Sandra Arroyo Salgado, quien había denegado los pedidos de excarcelación. Consideraron que esa negativa resultó excesiva e infundada en el marco de una causa caratulada como “amenazas”, sin elementos que justifiquen el encarcelamiento preventivo.
En el fallo, la Cámara dispuso “revocar el auto apelado en cuanto fuera materia de recurso y, en consecuencia, conceder la excarcelación a Eva Carina Alejandra Mieri bajo la caución que la jueza a quo estime corresponder”.
La persecución judicial a la oposición
El caso se originó a partir de un escrache ocurrido el 18 de junio en la casa del diputado Espert, ubicada en San Isidro, donde un grupo de personas arrojó estiércol en el frente del inmueble y desplegó consignas críticas contra sus declaraciones sobre los movimientos sociales y los planes sociales.
A partir de la denuncia del legislador, el Juzgado Federal N°1 de San Isidro ordenó una serie de detenciones. La primera en ser arrestada fue Alesia Abaigar, directora de Sensibilización y Promoción de Derechos en el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. Días después fueron detenidas Eva Mieri (concejala del PJ en Quilmes), Candelaria Montes Cató (militante de La Cámpora en Escobar), Aldana Muzzi (trabajadora social de Villa Martelli) e Iván Díaz Bianchi (empleado administrativo de 22 años).
La defensa de los imputados sostuvo desde el inicio que se trató de un acto de protesta política y no de un delito penal. Distintos sectores del peronismo bonaerense también denunciaron una “persecución judicial y política” contra militantes sociales.
Falta de división de poderes
El fallo de la Cámara se suma a las voces que cuestionan el uso del derecho penal en contextos de protesta. Organizaciones de derechos humanos y abogados laboralistas advirtieron que la detención de dirigentes sociales por manifestaciones simbólicas configura una peligrosa deriva punitivista.
“Utilizar figuras penales como amenazas para criminalizar actos políticos no violentos es una forma de disciplinamiento”, sostuvo un abogado de la defensa ante consultas de prensa. La propia Cámara Federal, si bien no se pronunció sobre el fondo del caso, remarcó que “el encarcelamiento preventivo debe ser una excepción” y que las imputadas “cuentan con domicilio y arraigo, sin antecedentes ni riesgo procesal”.
El revés a Espert
El caso adquiere especial sensibilidad en un clima político marcado por la confrontación entre el Gobierno de Javier Milei y las organizaciones sociales, los gremios y referentes del peronismo. Las acusaciones de “terrorismo” y “sedición” lanzadas desde sectores libertarios contra manifestantes alimentan un clima de creciente judicialización del conflicto político.
El diputado Espert, conocido por sus posiciones duras contra la protesta social, justificó su denuncia bajo el argumento de “defender la institucionalidad”. Sin embargo, desde distintos sectores del oficialismo bonaerense y de la oposición se advirtió que el escrache —aunque reprobable en términos políticos— no puede ser tratado como una amenaza penal sin caer en arbitrariedades.
La excarcelación de Mieri y la baja en la fianza para Abaigar podrían marcar un cambio en el rumbo de la causa. El tribunal de segunda instancia envió un mensaje claro sobre los límites del derecho penal en democracia.
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Pity Álvarez volvió al juicio en ambulancia y su defensa denuncia riesgo de vida
El músico fue trasladado desde la clínica de Castelar y atendido por médicos antes de la audiencia, que comenzó sin su presencia en la sala; hasta el último reporte no había declarado. Su defensa denunció riesgo para su vida y reclamó la intervención del Tribunal Superior de Justicia porteño.
El juicio por el homicidio de Cristian Díaz entró en su tramo final con el acusado afuera de la sala: Cristian “Pity” Álvarez llegó en ambulancia a Tribunales, fue asistido por médicos y, hasta el último reporte disponible, no había declarado.
El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados es juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner (presidente), Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, por la muerte de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrida en julio de 2018 en Villa Lugano. El debate comenzó el 10 de agosto de 2026, más de ocho años después del hecho, y ya declararon 36 testigos. La fiscalía está a cargo de Sandro Abraldes.
Una jornada sin el acusado en la sala
Álvarez permanece internado de manera involuntaria en una clínica de salud mental de Castelar y fue trasladado en ambulancia, con las autorizaciones médicas y judiciales correspondientes, hasta la sede judicial de la calle Paraguay al 1500. Llegó cerca de las 11, esperó fuera de la sala y fue revisado por dos médicos. Quienes lo acompañan señalaron que estaba nervioso y que el traslado lo alteró. La audiencia comenzó con media hora de demora y sin el acusado en la sala, que permaneció en un espacio aparte con dos de sus abogados.
Antes de comenzar, el abogado Javier Baños sostuvo que desde el primer momento la defensa advierte que la capacidad cognitiva del músico es fluctuante, y que podría sumarse una audiencia más para producir prueba. La defensa anticipó que pedirá incorporar a tres o cuatro testigos más.
Qué declararon el perito y el cura rockero
Declararon el psiquiatra Ezequiel Mercurio, perito de parte y especialista de la Defensoría General de la Nación, y el sacerdote César Scicchitano Tagle, conocido como el “cura rockero”. Mercurio sostuvo que no encontró elementos para concluir que el homicidio fuera consecuencia de un episodio delirante, aunque aclaró que eso no descarta ideas delirantes en otros momentos; explicó además que los temores del músico convivían con situaciones reales, como personas que le pedían dinero o drogas. El sacerdote describió a un Álvarez que vivía con miedo, rodeado de un grupo que se acercaba a su vivienda, y calificó el hecho como “un ataque de locura del momento”.
La defensa pide frenar el juicio
Antes de la audiencia, los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro difundieron un comunicado en el que advirtieron sobre un “grave riesgo para la vida y la salud” de su defendido, denunciaron presuntos tratos crueles, inhumanos y degradantes, y señalaron vulneraciones de garantías constitucionales y de tratados internacionales de protección de las personas con discapacidad. Reclamaron la intervención urgente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
La defensa tramita tres recursos de queja, unificados, luego del rechazo de sus recursos de inconstitucionalidad. Los planteos se vinculan con el rechazo de cinco hábeas corpus, con el inicio del juicio sin una determinación previa sobre la aptitud del músico y con la falta de una audiencia de recusación del Tribunal Oral N° 29. También cuestionaron al Ministerio Público Fiscal por un supuesto ocultamiento de pruebas y falta de objetividad, y aclararon que no buscan afectar el honor de los jueces ni del fiscal subrogante que intervino durante la ausencia del fiscal Abraldes. Los recursos esperan resolución, luego de que se diera intervención al fiscal general de la Ciudad para que emita su dictamen.
Una capacidad en disputa
La defensa sostiene que todavía no se determinó de manera suficiente si Álvarez puede comprender el proceso y ejercer su defensa. El tribunal había considerado en mayo que sus facultades mentales estaban estabilizadas y el Cuerpo Médico Forense concluyó a comienzos de octubre que estaba en condiciones de afrontar el debate; los abogados insisten en que no buscan impedir que sea juzgado, sino que antes se establezca formalmente si está en condiciones de serlo.
El tribunal todavía no fijó fecha para los alegatos, instancia en la que la fiscalía, la querella y la defensa expondrán sus conclusiones antes del veredicto.
Leé también: La defensa del Pity Álvarez denunció riesgo de vida y pidió la intervención del Tribunal Superior porteño
Lo que tenés que saber:
- Álvarez llegó en ambulancia a Tribunales, fue asistido por médicos y la audiencia comenzó sin él en la sala.
- Declararon el perito Ezequiel Mercurio y el sacerdote César Scicchitano Tagle; hasta el último reporte, el músico no había declarado.
- Ya declararon 36 testigos y el tribunal no fijó fecha para los alegatos.
- La defensa denunció riesgo para la vida del acusado y pidió la intervención del Tribunal Superior porteño.
- Tres recursos de queja de la defensa esperan resolución.
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