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Consumo

Dato demoledor de la era Milei: las tarifas subieron 526% en menos de dos años

El gobierno libertario presenta como triunfo que las familias consuman menos energía, cuando la realidad es que millones no pueden pagar las facturas astronómicas.

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El Argentino Diario-Tarifas de luz y de gas.

⬛ Los medios oficialistas celebraron esta semana que «el costo de los servicios públicos bajó 7,7% en septiembre». Pero esa información no solo es engañosa: es directamente falsa. Lo que bajó fue el consumo, no el costo de los servicios.

Según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), la baja (del consumo y no de las tarifas) se debe exclusivamente a que terminó el invierno y las familias gastan menos gas y electricidad. Es decir, no hay ninguna política que haya abaratado las tarifas: simplemente llegó el calor y la gente usa menos la calefacción.

El dato que ocultan: 526% de aumento tarifario

Mientras los titulares hablan de «bajas», el mismo informe revela el verdadero escándalo: desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025, las tarifas se incrementaron 526% mientras el nivel general de precios aumentó 164%.

Esto significa que los servicios públicos subieron más del triple que la inflación general. Para una familia del AMBA sin subsidios, la factura promedio pasó de unos $30.000 mensuales a $173.625 en menos de dos años.

El fin de los subsidios: una transferencia de riqueza hacia las empresas

La eliminación masiva de subsidios no fue una «racionalización del gasto», como vende el gobierno de Milei, sino una transferencia directa de recursos desde las familias trabajadoras hacia las empresas de servicios públicos.

Los subsidios a las tarifas existían por una razón simple: garantizar el acceso universal a servicios básicos como la energía, el gas y el transporte. Sin ellos, millones de argentinos quedan excluidos de derechos fundamentales.

El propio informe admite que «en los hogares del AMBA se pagan tarifas que cubren el 50% de los costos», lo que significa que el Estado sigue subsidiando, pero ahora lo hace de manera regresiva: quien más tiene, más subsidio recibe.

El transporte, el golpe más duro

El sector más castigado fue el transporte público, con aumentos del 33% interanual, muy por encima del IPC. Para las familias trabajadoras del conurbano, que dependen del colectivo para trasladarse, esto representa un golpe directo al bolsillo y a la movilidad social.

El transporte representa el 43% del gasto en servicios públicos de una familia promedio, el doble que cualquier otro servicio. Su encarecimiento brutal no solo afecta la economía familiar: limita el derecho a la ciudad y al trabajo.

La trampa de los promedios salariales

El informe gubernamental sostiene que las tarifas representan «solo» el 11,1% del salario promedio registrado. Pero usar promedios es otra forma de ocultar la realidad: mientras un gerente puede destinar ese porcentaje sin problemas, para una familia con ingresos del salario mínimo, los servicios pueden representar el 25% o más de sus ingresos totales.

Además, ese «salario promedio» incluye los sueldos más altos, que distorsionan la estadística. La realidad es que millones de argentinos ganan mucho menos que ese promedio y para ellos las tarifas son simplemente impagables.

Ajuste por consumo forzado

Lo que el gobierno presenta como «eficiencia energética» es en realidad ajuste por consumo forzado. Las familias no están consumiendo menos porque sean más conscientes ecológicamente: están racionando energía porque no pueden pagar las facturas.

Esto genera un círculo vicioso: menos consumo significa menos recaudación para las empresas, que presionan por más aumentos tarifarios. Y así sucesivamente, hasta que los servicios públicos se conviertan en un lujo al alcance de pocos.

La soberanía energética en peligro

Detrás de la política tarifaria hay un modelo: la privatización de facto de los servicios básicos y la energía mediante el vaciamiento por precios. Al volver impagables las tarifas, se genera la «demanda social» de privatizaciones que «resuelvan» el problema y en la mira está el petróleo (YPF), la centrales y el agua argentina.

Es el mismo manual que aplicó el menemismo en los ’90: primero hacer ineficientes la empresas públicas y dejarlas al punto de la destrucción, para después privatizarlas por migajas y presentar el escenario como la «única solución posible».

La posta sin vueltas

Los números son claros: no hay «baja de costos» sino ajuste brutal sobre las familias trabajadoras. El gobierno libertario está desmantelando el acceso popular a servicios básicos para garantizar la rentabilidad empresaria.

Mientras los medios oficialistas festejan que baje el consumo, millones de argentinos se quedan sin calefacción, reducen el uso de electrodomésticos básicos y se endeudan para pagar facturas que antes eran accesibles.

Eso no es eficiencia: es exclusión social sistemática disfrazada de política económica.

Buenos Aires

Galperín en la mira: la Provincia le dio cinco días a Mercado Libre para evitar una multa de $1.815 M

El gobierno bonaerense inició una actuación de oficio contra la empresa de Marcos Galperín tras detectar más de diez presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor. La firma puede ser sancionada con una multa histórica de hasta $1.815 millones si no adecua sus contratos en cinco días hábiles.

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El Argentino Diario-Marcos Galperin, Diego Spagnuolo, coimas, Agencia Nacional Discapacidad, Milei, corrupción, Mercado Libre,

La Provincia imputó a Mercado Libre por diez cláusulas abusivas y le exige reformar sus contratos

★ El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, imputó formalmente a Mercado Libre S.R.L. por presuntas cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión. La medida se tomó de oficio, independientemente de las casi 2.400 denuncias individuales que los usuarios bonaerenses acumularon contra la plataforma solo en los primeros cuatro meses de 2026, lo que convierte a la empresa en la más reclamada de la provincia.

Una fiscalización que desnuda el desequilibrio contractual

El análisis llevado adelante por la cartera que conduce Augusto Costa abarcó tres instrumentos contractuales publicados en el sitio oficial de la compañía: las condiciones generales de uso del «ecosistema MELI», los términos y condiciones de préstamos personales y los términos y condiciones de préstamo para compras y pagos de Mercado Pago. El resultado arrojó más de diez cláusulas con presuntas infracciones a la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor.

La autoridad de aplicación constató que esas cláusulas consagran «un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, en perjuicio de las y los consumidores», encuadrándolas en el artículo 37 de la misma ley, que regula precisamente la nulidad de estipulaciones abusivas en contratos de adhesión.

Los diez ítems bajo la lupa

Los puntos específicamente observados por el gobierno provincial son:

  • Indeterminación en el cobro de tarifas
  • Aceptación tácita de modificaciones contractuales
  • Traslado de responsabilidad por uso no autorizado de cuenta
  • Compensación entre cuentas
  • Cláusula de indemnidad a favor del proveedor
  • Exoneración de responsabilidad por fallas técnicas
  • Débito sobre cuentas de terceros ajenos al contrato
  • Caducidad automática de plazos por incumplimiento futuro indeterminado
  • Exención de responsabilidad de manera anticipada
  • Fijación de jurisdicción exclusiva en perjuicio del consumidor

Cada uno de estos ítems representa un mecanismo por el cual, según la Provincia, la empresa transfiere riesgos y responsabilidades al usuario, mientras se reserva amplias facultades de modificación unilateral y eximición propia de toda responsabilidad.

Galperín, el «unicornio» y su vínculo con el poder nacional

El alcance político del caso no es menor. Mercado Libre es la empresa tecnológica y de servicios financieros más grande de América Latina. Su fundador, Marcos Galperín, radicado en Uruguay desde 2019, es un estrecho aliado ideológico del presidente Javier Milei y uno de los empresarios más identificados con el proyecto libertario nacional. En ese contexto, la fiscalización del gobierno de Axel Kicillof adquiere una dimensión que excede lo meramente administrativo: es también una señal de que el Estado bonaerense no resigna su capacidad regulatoria frente a los gigantes del sector privado, incluso cuando esos gigantes gozan del favor del poder central.

La respuesta de la empresa y el plazo para el descargo

Ante la imputación, fuentes de Mercado Libre indicaron que la medida «corresponde a una instancia inicial de revisión administrativa de oficio, no implica sanción alguna y no surge de reclamos concretos de usuarios afectados», y aseguraron que «rechazamos las acusaciones planteadas y presentaremos el descargo correspondiente en tiempo y forma».

El gobierno bonaerense otorgó a la empresa un plazo de cinco días hábiles e improrrogables para presentar el descargo por escrito y acreditar personería y domicilio electrónico y físico en la ciudad de La Plata. Si Mercado Libre formula una propuesta de adecuación, modificación o supresión de las cláusulas observadas, el expediente podría cerrarse sin sanción. De lo contrario, la empresa se expone a una multa de hasta $1.815.000.000.

La fiscalización e imputación se enmarcaron en las políticas del Gobierno bonaerense para defender los derechos de las y los consumidores. Para realizar denuncias, los usuarios pueden comunicarse con la línea 148 (opción Defensa de las y los Consumidores) o escribir a infoconsumidor.

Puntos clave

  • La Provincia de Buenos Aires imputó a Mercado Libre S.R.L. por más de diez presuntas cláusulas abusivas en contratos de adhesión.
  • La fiscalización fue iniciada de oficio por el Ministerio de Producción, independientemente de las 2.396 denuncias individuales recibidas en los primeros cuatro meses de 2026.
  • Las cláusulas cuestionadas violan el artículo 37 de la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor.
  • La empresa tiene cinco días hábiles para presentar su descargo o enfrentará una multa de hasta $1.815.000.000.
  • Mercado Libre rechazó las acusaciones y anunció la presentación de su defensa en tiempo y forma.
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