Los intendentes de ciudades portuarias, dirigentes de distintos partidos políticos, cámaras empresarias y sindicatos chubutenses rechazaron las modificaciones a la actividad pesquera planteadas en el proyecto de Ley ómnibus, enviado al Congreso por el Gobierno nacional.

En línea con los cuestionamientos que formuló el gobernador de este distrito, Ignacio Torres, quien junto con sus pares de la región patagónica cuestionaron la ley que «generaría un efecto destructivo sobre todo el complejo pesquero», se expresó el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre.

El jefe comunal donde se asienta el puerto de aguas profundas y se produce la descarga de la flota de altura, expresó que «si bien no somos del mismo espacio político, en esto vamos a acompañar sin ninguna duda al gobernador de la provincia, porque de concretarse lo que se propone se hará un daño irreparable al sector y a las fuentes de trabajo que genera».

«No tenemos por qué permitir que nuestros recursos los vengan a extraer para llevarlos a otros lugares» explicó el dirigente justicialista de Puerto Madryn.

En el mismo sentido se expresó el presidente de la Administración Portuaria de esa misma ciudad y referente local del PRO, Diego Pérez, quien en diálogo con Télam consideró que «el respaldo de todos fortalecerá nuestra postura en contra de cualquier tipo de medidas que puedan poner en riesgo el desarrollo sostenible de la actividad pesquera en nuestra región».

También la Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn (CIMA) emitió hoy un comunicado advirtiendo que «si no se exige el desembarque en puertos argentinos, tal como lo propicia el proyecto de ley, se abrirá la puerta a la evasión fiscal y a la pesca ilegal, el camino inverso al que hay que tomar porque el imperativo es mantener el control en los puertos nacionales para garantizar una explotación sostenible».

El intendente de Rawson, Damián Biss, también se manifestó en contra del proyecto de ley indicando que «la actividad pesquera tiene que ser fortalecida, no debilitada, porque genera dividendos para el país y fuentes de trabajo, como se puede ver ahora mismo en nuestro puerto con la temporada de langostinos que está a full».

Biss, además de intendente de Rawson, es presidente de la Unión Cívica Radical de Chubut.

A su vez, el presidente del Concejo Deliberante de la capital chubutense, Dulio Monti, sostuvo que «de aplicarse esa propuesta de aguas abiertas a la pesca internacional se provocará un impacto dañino que afectará no sólo a las empresas sino al sector del trabajo con el consecuente costo social».

En el mismo sentido se expresaron el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) que representa a la marinería; la Asociación Argentina de Capitanes de Pesca, el Sindicato de Conductores Navales (maquinistas) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) que nuclea a los trabajadores de las plantas pesqueras.

Industria pesquera de Mar del Plata también rechaza los cambios en la Ley de Pesca

La Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata expresó su «profundo rechazo» a las modificaciones previstas sobre el Régimen Federal de Pesca en el proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional al Congreso, y aseguró que los cambios impulsados ponen «en riesgo decenas de miles de puestos de trabajo».

A través de un comunicado, la entidad expresó que los cambios previstos en la Ley 24.922 surgen «del desconocimiento de un sector que genera no sólo empleos en su etapa extractiva, sino en toda la cadena de valor», de la cual nuestra industria naval «es parte».

«La propuesta pone en riesgo el mantenimiento de decenas de miles de puestos de trabajo en empresas pesqueras argentinas, y principalmente pone en riesgo la sustentabilidad del recurso pesquero que se encuentra en su máximo rendimiento, algo que nos ha costado muchos años estabilizar luego de la crisis generada por sobrepesca en la década de los 90 ante el ingreso indiscriminado de buques del extranjero y que en su momento redujo a la industria naval Argentina a su mínima expresión», señaló la cámara.

En ese sentido, subrayó que, si bien en el sector pesquero esta medida recién entraría en vigencia si el proyecto es aprobado en el Congreso, «para la industria naval los efectos negativos han sido inmediatos, porque la mera difusión de estas intenciones ha generado la suspensión de contratos y del inicio de nuevas construcciones para renovar la flota nacional».

«Esto es paradójico porque la expansión de la industria naval está mencionada en el primer punto del capítulo de ´Tecnología e Infraestructura´ de la plataforma electoral de La Libertad Avanza», destacó la entidad.

Expresó además que la «escala de méritos incluida en el texto de la actual ley» podría ser «reemplazada por un único criterio que sería hacer la mejor oferta en una eventual licitación internacional».

«La industria naval y la pesca argentina son sectores competitivos, ligados a productos exportables, que han soportado estoicamente muchos años de descalabro económico y atraso cambiario», indicó el comunicado de la cámara marplatense.

Advirtió a su vez sobre «la amenaza» de que los «actuales clientes puedan desaparecer y sean reemplazados por nuevas empresas extranjeras, que podrán operar con personal extranjero desde puertos extranjeros, todo lo cual estaría permitido con el nuevo marco normativo».

En ese escenario, la entidad solicitó que las autoridades reciban al sector pesquero y de la industria naval» para «explicar adecuadamente los gravísimos perjuicios de este proyecto de Ley».

Los cuestionamientos del sector de la industria naval se suman así a los planteados por entidades y referentes de la pesca en los últimos días.

Tras la presentación del proyecto del ley por parte del Ejecutivo, la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera adelantó en ese sentido que presentará un recurso de amparo para evitar los cambios que propone el Gobierno nacional.

Las principales críticas del sector

Las principales críticas del sector a las modificaciones propuestas por el Gobierno son las siguientes:

• Peligro para la sustentabilidad del recurso pesquero: Las nuevas reglas podrían facilitar la entrada de buques extranjeros, lo que podría generar un aumento de la presión sobre los recursos pesqueros.
• Amenazas a la industria naval: Las modificaciones podrían generar una disminución de la demanda de buques pesqueros argentinos, lo que podría afectar a la industria naval.
• Desconocimiento del sector: El sector pesquero sostiene que el Gobierno no ha tenido en cuenta las necesidades y los intereses del sector a la hora de elaborar el proyecto de ley.

Qué pasará con el proyecto de ley

El proyecto de ley aún no ha sido aprobado por el Congreso, por lo que aún es posible que los cambios propuestos sean modificados o rechazados. Sin embargo, la oposición al proyecto es fuerte, por lo que es probable que el Gobierno tenga que hacer concesiones para lograr su aprobación.