El Senado entró este miércoles en la cuenta regresiva legislativa de agosto con dos frentes abiertos que definen el ritmo político de la Cámara alta: la recta final del Súper RIGI y la apertura del debate sobre el mercado voluntario de carbono, una concesión táctica del oficialismo para mantener en pie la coalición que necesita para sesionar en septiembre.

La última reunión informativa del Súper RIGI

Desde las 16 en el Salón Azul, el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda (presidida por Agustín Monteverde), de Economía Nacional e Inversión (Martín Goerling Lara) y de Legislación General (Nadia Márquez) celebró su cuarto intermedio final antes de avanzar hacia la firma del dictamen. La reunión coronó semanas de exposiciones en las que funcionarios del Ejecutivo defendieron la iniciativa ante las preguntas de los distintos bloques.

El proyecto que avanza en el Senado es técnicamente distinto del RIGI original incluido en la Ley Bases de 2024. Aquel se enfocaba en infraestructura y recursos naturales, con pisos de inversión de 200 millones de dólares y posibilidad de aplicarse a proyectos ya existentes. El nuevo esquema, diseñado por el Ministerio de Economía, apunta exclusivamente a mega inversiones en industrias de frontera tecnológica (energías renovables, biotecnología, inteligencia artificial) que «todavía no están en el mapa», según definió el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne. El umbral mínimo sube a 1.000 millones de dólares y la estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria se extiende por 30 años, con un plazo de adhesión de cinco años y una prórroga adicional de uno más.

Los beneficios son sustanciales: reducción del impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada del 60% en el primer año, certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales con alícuota única del 10%, exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación y disponibilidad del 100% de las divisas de exportación a partir del tercer año de adhesión.

En el recinto, la oposición no fue complaciente. El senador Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco y ex jefe de Gabinete, cuestionó con precisión la vaguedad del proyecto: los sectores alcanzados por el régimen no fueron identificados de manera explícita en el texto de la ley, lo que deja abierta una puerta de interpretación amplia para el Ejecutivo. El punto de mayor tensión entre los bloques dialoguistas de la UCR y los provinciales fue la flexibilización de la cláusula de Compre Nacional: el texto aprobado en Diputados eliminó la obligatoriedad estricta de contratar un 20% de proveedores locales, sustituyéndola por una exigencia condicional que solo aplica cuando las empresas nacionales ofrezcan condiciones equivalentes a las del mercado internacional. Una concesión que, para sus críticos, vacía de contenido el principio mismo de desarrollo local.

La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados el 24 de junio con 130 votos a favor, 106 rechazos y siete abstenciones. Un grupo de docentes, investigadores y miembros de universidades nacionales y organismos científicos elevó una carta abierta a los senadores para advertir que el proyecto «representa la renuncia al derecho de regular sectores estratégicos durante una generación entera», sin exigir a cambio generación de empleo local, transferencia de tecnología ni compromisos concretos con el desarrollo nacional.

La negociación: carbono como moneda de cambio

Mientras el Súper RIGI completaba su última ronda informativa, el bloque de La Libertad Avanza habilitó este miércoles el debate en comisión de dos proyectos sobre el mercado voluntario de carbono, impulsados por las senadoras Flavia Royón (Primero los Salteños) y Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones). Las iniciativas se analizaron en un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Legislación General y Presupuesto y Hacienda.

La habilitación del debate no es un gesto gratuito: responde a la presión de los bloques aliados de la UCR, el PRO y los partidos provinciales, que endurecieron sus condiciones tras el fracaso de la sesión sobre la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Fuentes parlamentarias confirmaron que esos bloques hicieron saber que no estaban dispuestos a acompañar una sesión limitada al Súper RIGI, la Ley Hojarasca y los pliegos. El mercado de carbono apareció así como un tema capaz de ampliar el temario de consenso para una sesión que el oficialismo aspiraba a convocar para el 27 de agosto, aunque en las últimas horas se evalúa postergarlo a los primeros días de septiembre para dar tiempo a la firma del dictamen del Súper RIGI.

Los proyectos de carbono establecen presupuestos mínimos de protección ambiental para el desarrollo del mercado de créditos voluntarios. El núcleo de la propuesta es un sistema de incentivos para empresas que reduzcan emisiones contaminantes, con la creación del Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), donde deberán inscribirse todos los proyectos que pretendan emitir, comercializar o retirar créditos. Se regula el sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) y se promueve el uso de tecnologías de precisión como sensores remotos, satélites, LiDAR, drones y dispositivos IoT.

En materia de beneficios, los proyectos proponen exención del Impuesto a las Ganancias por cinco años sobre la primera venta de créditos de carbono, amortización acelerada a tres años para inversiones en tecnología de monitoreo y una estabilidad fiscal de 15 años para los proyectos inscriptos en el ReNaRe. La autoridad de aplicación recaería en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que deberá coordinar la implementación con las provincias.

Un mapa de beneficios sin contrapesos claros

Más allá de la coyuntura legislativa, lo que el Senado debate en estas semanas es de una magnitud que excede la rutina parlamentaria. El Súper RIGI garantiza por tres décadas condiciones que ningún gobierno argentino podrá modificar sin exponerse a arbitrajes internacionales en el CIADI o tribunales equivalentes. La renuncia a los derechos de exportación, la liberación total de divisas a los tres años y la alícuota plana del 15% en Ganancias configuran un esquema de beneficios que, para sus impulsores, busca atraer capitales a sectores sin presencia local; para sus críticos, constituye una cesión de soberanía regulatoria de largo plazo a favor de corporaciones que no asumen compromisos simétricos de empleo ni de transferencia tecnológica.

La discusión sobre el mercado de carbono agrega otra capa a ese debate: los créditos de carbono son un mecanismo cuya integridad ambiental efectiva es materia de discusión global, y su regulación requiere capacidades técnicas estatales sostenidas. La pregunta que los proyectos no responden con claridad es si Argentina está en condiciones de ejercer ese control, o si los 15 años de estabilidad fiscal que ofrece al sector terminarán blindando un mercado con escasa supervisión real.

Puntos clave

• El plenario de comisiones del Senado celebró este miércoles la última reunión informativa sobre el Súper RIGI antes de la firma del dictamen.
• El proyecto fija un umbral mínimo de 1.000 millones de dólares de inversión y garantiza 30 años de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria.
• La cláusula de Compre Nacional quedó flexibilizada: solo es exigible cuando los proveedores locales ofrezcan condiciones equivalentes a las del mercado internacional.
• La Libertad Avanza habilitó el debate del mercado voluntario de carbono como concesión táctica a los bloques dialoguistas para ampliar el temario de la sesión prevista para septiembre.
• Un grupo de académicos y científicos advirtió en carta abierta que el Súper RIGI implica «la renuncia al derecho de regular sectores estratégicos durante una generación entera».