★ El Gobierno nacional puso en marcha en diciembre pasado un programa de ciudadanía por inversión que delega en manos privadas el diseño completo de una política pública sensible. Según los pliegos oficiales, una consultora internacional no solo gestionará el trámite de hasta 5.000 solicitudes de extranjeros dispuestos a invertir a cambio del pasaporte argentino, sino que redactará las reglas del programa, definirá los procesos de evaluación y desarrollará los sistemas digitales de control.

Paralelamente, el Ministerio de Economía creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI), cuya función se limitará a supervisar el trabajo de la empresa adjudicataria. Sin embargo, hasta el momento no se conocen ni el presupuesto asignado a esta agencia ni su estructura formal, y tampoco cuenta con autoridades designadas.

Seis ofertas con una brecha de 10.000% entre la más baja y la más alta

De las once empresas inscriptas en el proceso licitatorio, seis presentaron ofertas concretas antes del cierre del 20 de enero. Los montos propuestos revelan una disparidad extrema que evidencia la incertidumbre sobre el costo real de administrar el programa.

En el extremo inferior, un consorcio formado por Apex Capital Partners, AIM Global, Passport Legacy y Arton Capital ofreció cobrar apenas 10 dólares por cada ciudadanía aprobada, lo que totaliza 50.000 dólares si se completaran las 5.000 solicitudes previstas.

En el polo opuesto, Ancova Associates presentó una propuesta que alcanzaría los 100 millones de dólares por el mismo volumen de trámites. Las otras cuatro ofertas se ubicaron entre 7,5 y 34,5 millones de dólares, según consta en los pliegos oficiales.

Un esquema de pagos que convierte al Estado en financista marginal

El diseño del contrato establece que el Estado solo abonará honorarios a la consultora por las solicitudes presentadas a través de agentes independientes certificados. Los trámites gestionados directamente por la empresa adjudicataria no recibirán fondos públicos.

Además, el pago estatal se activa únicamente cuando la APCI recomienda la aprobación del trámite. Al mismo tiempo, la consultora quedará habilitada para cobrar directamente a los inversores extranjeros por los servicios de tramitación y diligencia debida, lo que reduce el aporte del Estado a un componente secundario del negocio.

Esta arquitectura financiera plantea interrogantes sobre el verdadero beneficio para las arcas públicas, especialmente considerando que la empresa privada tendrá dos fuentes de ingresos —el Estado y los propios solicitantes— mientras que el Tesoro solo desembolsará dinero en casos específicos.

Metas de desempeño y cláusulas de rescisión sin definiciones productivas

El contrato incluye objetivos de desempeño y faculta al Estado a rescindirlo si no se alcanzan determinados volúmenes de aprobaciones en los meses 24, 36 y 48. La compensación por terminación anticipada se limita al equivalente de 100 solicitudes, sin reconocimiento de lucro cesante para la empresa.

Sin embargo, los pliegos no establecen montos mínimos de inversión que deberán realizar los extranjeros interesados, ni sectores productivos prioritarios, ni criterios precisos para seleccionar los proyectos. Todas estas definiciones quedarán en manos de la consultora adjudicataria, con el aval final del Ministerio de Economía.

La pregunta que el programa no responde

Más allá de las cuestiones operativas y presupuestarias, persiste una duda central sobre la viabilidad del esquema: ¿qué extranjero estaría dispuesto a invertir sumas significativas por un pasaporte argentino, cuando obtener la ciudadanía en el país no requiere grandes desembolsos ni trámites complicados?

El pasaporte argentino permite el acceso sin visa a 171 países, una cifra modesta comparada con otros programas de ciudadanía por inversión existentes en el mundo. Países del Caribe como San Cristóbal y Nieves o Antigua y Barbuda, que tienen programas consolidados de este tipo, ofrecen acceso a más de 150 destinos y han establecido montos mínimos de inversión claros, generalmente superiores a los 100.000 dólares.

Tercerización sin controles definidos

El modelo elegido por el Gobierno implica que el Estado pague a un operador privado para que diseñe, promocione y gestione un programa de política migratoria, mientras crea una agencia pública que aún carece de presupuesto conocido, estructura formal y autoridades designadas para supervisar ese proceso.

Esta delegación de funciones estratégicas en manos privadas, sumada a la ausencia de criterios productivos claros y a la brecha extrema entre las ofertas presentadas, deja en evidencia la indefinición estructural de una iniciativa que busca atraer inversiones extranjeras pero que todavía no ha demostrado ni su rentabilidad para el Estado ni su atractivo para potenciales inversores.

Puntos clave:

• El Estado pagará entre 50.000 y 100 millones de dólares a una consultora privada para diseñar y operar el programa de ciudadanía por inversión

• La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI) no tiene presupuesto público conocido ni autoridades designadas

• Las seis ofertas presentadas muestran una brecha de 10.000% entre la propuesta más baja (10 dólares por trámite) y la más alta (20.000 dólares)

• El programa no establece montos mínimos de inversión, sectores prioritarios ni criterios de selección de proyectos

• El pasaporte argentino permite acceso sin visa a 171 países, una oferta modesta en el mercado global de ciudadanía por inversión