Inversión
Ciudadanía por inversión: tercerizan un programa sin controles claros ni criterios productivos definidos
El Estado pagará hasta 100 millones de dólares a consultoras para diseñar y operar un esquema que otorgará pasaportes argentinos a inversores extranjeros. Las ofertas presentadas van desde 10 dólares hasta 20.000 por trámite, mientras el presupuesto de la agencia supervisora sigue sin definirse.
★ El Gobierno nacional puso en marcha en diciembre pasado un programa de ciudadanía por inversión que delega en manos privadas el diseño completo de una política pública sensible. Según los pliegos oficiales, una consultora internacional no solo gestionará el trámite de hasta 5.000 solicitudes de extranjeros dispuestos a invertir a cambio del pasaporte argentino, sino que redactará las reglas del programa, definirá los procesos de evaluación y desarrollará los sistemas digitales de control.
Paralelamente, el Ministerio de Economía creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI), cuya función se limitará a supervisar el trabajo de la empresa adjudicataria. Sin embargo, hasta el momento no se conocen ni el presupuesto asignado a esta agencia ni su estructura formal, y tampoco cuenta con autoridades designadas.
Seis ofertas con una brecha de 10.000% entre la más baja y la más alta
De las once empresas inscriptas en el proceso licitatorio, seis presentaron ofertas concretas antes del cierre del 20 de enero. Los montos propuestos revelan una disparidad extrema que evidencia la incertidumbre sobre el costo real de administrar el programa.
En el extremo inferior, un consorcio formado por Apex Capital Partners, AIM Global, Passport Legacy y Arton Capital ofreció cobrar apenas 10 dólares por cada ciudadanía aprobada, lo que totaliza 50.000 dólares si se completaran las 5.000 solicitudes previstas.
En el polo opuesto, Ancova Associates presentó una propuesta que alcanzaría los 100 millones de dólares por el mismo volumen de trámites. Las otras cuatro ofertas se ubicaron entre 7,5 y 34,5 millones de dólares, según consta en los pliegos oficiales.
Un esquema de pagos que convierte al Estado en financista marginal
El diseño del contrato establece que el Estado solo abonará honorarios a la consultora por las solicitudes presentadas a través de agentes independientes certificados. Los trámites gestionados directamente por la empresa adjudicataria no recibirán fondos públicos.
Además, el pago estatal se activa únicamente cuando la APCI recomienda la aprobación del trámite. Al mismo tiempo, la consultora quedará habilitada para cobrar directamente a los inversores extranjeros por los servicios de tramitación y diligencia debida, lo que reduce el aporte del Estado a un componente secundario del negocio.
Esta arquitectura financiera plantea interrogantes sobre el verdadero beneficio para las arcas públicas, especialmente considerando que la empresa privada tendrá dos fuentes de ingresos —el Estado y los propios solicitantes— mientras que el Tesoro solo desembolsará dinero en casos específicos.
Metas de desempeño y cláusulas de rescisión sin definiciones productivas
El contrato incluye objetivos de desempeño y faculta al Estado a rescindirlo si no se alcanzan determinados volúmenes de aprobaciones en los meses 24, 36 y 48. La compensación por terminación anticipada se limita al equivalente de 100 solicitudes, sin reconocimiento de lucro cesante para la empresa.
Sin embargo, los pliegos no establecen montos mínimos de inversión que deberán realizar los extranjeros interesados, ni sectores productivos prioritarios, ni criterios precisos para seleccionar los proyectos. Todas estas definiciones quedarán en manos de la consultora adjudicataria, con el aval final del Ministerio de Economía.
La pregunta que el programa no responde
Más allá de las cuestiones operativas y presupuestarias, persiste una duda central sobre la viabilidad del esquema: ¿qué extranjero estaría dispuesto a invertir sumas significativas por un pasaporte argentino, cuando obtener la ciudadanía en el país no requiere grandes desembolsos ni trámites complicados?
El pasaporte argentino permite el acceso sin visa a 171 países, una cifra modesta comparada con otros programas de ciudadanía por inversión existentes en el mundo. Países del Caribe como San Cristóbal y Nieves o Antigua y Barbuda, que tienen programas consolidados de este tipo, ofrecen acceso a más de 150 destinos y han establecido montos mínimos de inversión claros, generalmente superiores a los 100.000 dólares.
Tercerización sin controles definidos
El modelo elegido por el Gobierno implica que el Estado pague a un operador privado para que diseñe, promocione y gestione un programa de política migratoria, mientras crea una agencia pública que aún carece de presupuesto conocido, estructura formal y autoridades designadas para supervisar ese proceso.
Esta delegación de funciones estratégicas en manos privadas, sumada a la ausencia de criterios productivos claros y a la brecha extrema entre las ofertas presentadas, deja en evidencia la indefinición estructural de una iniciativa que busca atraer inversiones extranjeras pero que todavía no ha demostrado ni su rentabilidad para el Estado ni su atractivo para potenciales inversores.
Puntos clave:
• El Estado pagará entre 50.000 y 100 millones de dólares a una consultora privada para diseñar y operar el programa de ciudadanía por inversión
• La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI) no tiene presupuesto público conocido ni autoridades designadas
• Las seis ofertas presentadas muestran una brecha de 10.000% entre la propuesta más baja (10 dólares por trámite) y la más alta (20.000 dólares)
• El programa no establece montos mínimos de inversión, sectores prioritarios ni criterios de selección de proyectos
• El pasaporte argentino permite acceso sin visa a 171 países, una oferta modesta en el mercado global de ciudadanía por inversión
Economía 💲
Milei recibió a Tesla y DayOne Data en la Rosada: fotos, show y cero inversión
El jefe de Estado mantuvo dos encuentros con ejecutivos de la empresa de Elon Musk y de una firma de infraestructura digital surgida del mayor operador chino de data centers, en el marco de la ofensiva oficial para atraer inversiones tecnológicas. Ninguna de las reuniones derivó en anuncios concretos, pero ambas se inscriben en la estrategia gubernamental de seducir al capital global con el Súper RIGI aún trabado en el Senado.
Una foto oficial y el silencio de los despachos: así cerró la jornada más cargada de tecnología que tuvo la Casa Rosada en lo que va de la gestión libertaria. Dos rondas de negociaciones, dos delegaciones de peso global, cero anuncios de inversión.
Javier Milei recibió el lunes al mediodía, en la sede del Poder Ejecutivo, a las autoridades de DayOne Data, compañía especializada en infraestructura de centros de datos para inteligencia artificial y servicios de computación en la nube. Participaron del encuentro el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno. Por la empresa concurrieron su fundador, William Huang; el CEO, Jamie Khoo; el miembro de la Junta Directiva, Alejandro Aguzin; y el inversor de Pinceville Capital, Joaquín Rodríguez Torres.
El origen chino que el Gobierno prefirió no mencionar
Lo que la agenda oficial de la Presidencia omitió es un dato que merece atención: DayOne Data no es simplemente una firma con sede en Singapur. La empresa nació en 2022 como la unidad internacional de GDS Holdings, el mayor operador de centros de datos de China continental. Recién el 1 de enero de 2025 se relanzó como entidad «independiente», con directorio y gobernanza propios, después de completar una ronda de financiamiento Serie B de 1.200 millones de dólares con fondos como SoftBank Vision Fund, Coatue Management y el fondo de Kenneth Griffin, CEO de Citadel. GDS Holdings conserva una participación accionaria del 35,6% en DayOne.
El rebranding, según analistas de la Universidad Nacional de Singapur citados en medios especializados, fue una maniobra calculada para distanciarse de su matriz china ante los riesgos geopolíticos y posicionarse de cara a una eventual salida a bolsa en Estados Unidos, para la cual DayOne ya habría comenzado a preparar los trámites por un monto de hasta 5.000 millones de dólares. La reunión con Milei se produce mientras el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, lleva meses cuestionando públicamente la presencia de la empresa china Huawei en la infraestructura tecnológica del país.
Tesla: la amistad con Musk en busca de contenido
Dos horas después del encuentro con DayOne, a las 14, Milei recibió a una delegación de Tesla. Lo acompañaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Por la empresa de Elon Musk asistieron David Feinstein, director de Finanzas, Comercio Global y Mercados; Karen Steakley, directora de Políticas Públicas y Desarrollo de Negocios; Stephan Spazier, jefe de Nuevos Mercados, y los representantes Francisco Mayorga y José Luis Martins.
La agenda de la reunión giró en torno a posibles inversiones vinculadas con litio, movilidad eléctrica y almacenamiento de energía, terrenos en los que Tesla viene expandiendo su presencia global. El antecedente inmediato es la carta de intención que YPF y Tesla firmaron en junio de este año, durante la visita del presidente y CEO de la petrolera estatal, Horacio Marín, a la Gigafactory de Texas, donde ambas empresas acordaron explorar el despliegue de una red de estaciones de carga rápida y proyectos de almacenamiento energético. Ese acuerdo no implica inversiones confirmadas ni plazos definidos.
Tampoco este lunes hubo anuncios. El encuentro sumó un capítulo más a una relación que durante años estuvo sostenida casi exclusivamente por el vínculo personal entre Milei y Musk, y que en los últimos meses comenzó a intentar traducirse en movimientos empresariales concretos: el 1 de abril de este año se publicó en el Boletín Oficial la constitución de Tesla Argentina S.R.L., con Joaquín Lizarralde designado como country manager para Argentina y Uruguay.
El Súper RIGI como telón de fondo
Ambas reuniones no son episodios aislados. Se inscriben en la estrategia oficial de posicionar a la Argentina como destino prioritario para inversiones en infraestructura tecnológica, con el Súper RIGI como instrumento central. El proyecto, que ya obtuvo media sanción en Diputados con 130 votos a favor y 106 en contra, está trabado en el Senado por negociaciones con los bloques dialoguistas que exigen modificaciones en materia de compre nacional y abastecimiento energético para los centros de datos.
El Súper RIGI apunta a atraer inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en industrias de frontera tecnológica, entre ellas centros de datos para inteligencia artificial, semiconductores, vehículos eléctricos y baterías de litio. El régimen ofrece una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada del 60% de las inversiones en el primer año, y estabilidad fiscal, cambiaria y regulatoria garantizada por 30 años, condiciones que especialistas califican como de una escala sin precedentes en la historia legislativa argentina y que condicionarían a los próximos seis gobiernos.
La jugada de la administración libertaria es clara: mostrar el cartel de «abierto a los negocios» antes de que el Senado defina las reglas del juego. En ese esquema, las audiencias en la Casa Rosada funcionan como señales hacia el exterior, más que como acuerdos en curso. El antecedente más resonante de esta estrategia fue el anuncio, en octubre de 2025, del proyecto de OpenAI y Sur Energy para instalar un megacentro de datos de 25.000 millones de dólares en la Patagonia; anuncio que hasta el momento tampoco derivó en obra concreta.
Para DayOne, la reunión con Milei podría enmarcarse en una exploración de mercados emergentes en línea con su expansión agresiva: la empresa ya opera o construye en Malasia, Indonesia, Singapur, Hong Kong, Japón y Finlandia, y prepara una posible salida a bolsa en Estados Unidos. Para el Gobierno argentino, en cambio, la foto vale más que cualquier compromiso firmado: mientras el Súper RIGI no pase por el Senado, las visitas son el único activo que puede exhibir.
Puntos clave
- Milei recibió en Casa Rosada a DayOne Data y Tesla; ninguna reunión derivó en anuncios de inversión.
- DayOne Data nació como filial internacional de GDS Holdings, el mayor operador de data centers de China, del cual conserva el 35,6% de participación accionaria.
- Tesla ya firmó una carta de intención con YPF en junio de 2026, sin compromisos definitivos de inversión.
- El Súper RIGI, instrumento central del Gobierno para atraer estas inversiones, está trabado en el Senado.
- El régimen otorga beneficios fiscales y cambiarios por 30 años sin condiciones ambientales ni productivas verificables, según especialistas.
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