El sueldo bruto de un docente de grado con 10 años de antigüedad, el llamado «cargo testigo«, era de $910.943 mensuales en marzo de 2025, mientras que la canasta básica total para un hogar de cuatro integrantes ascendía a $1.100.266, según datos de la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo. Dicho de otro modo: enseñar no alcanza para no ser pobre. Y ese dato, más que cualquier discurso oficial, define el estado real de la docencia argentina en este «Día del Maestro».

La paradoja es brutal. El 11 de septiembre el Estado celebra con actos y efemérides a quienes sostienen el sistema educativo público, al mismo tiempo que sus salarios no superan la línea de pobreza y la cantidad de jóvenes dispuestos a elegir esa vocación cae año tras año.

La cifra es contundente: las inscripciones a los Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) pasaron de 189.000 ingresantes en 2017 a casi 146.000 en 2025, una merma del 23% en menos de una década, según datos aportados por Emmanuel Lista, investigador asociado de Educación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

El FONID eliminado y un salario que retrocedió veinte años

Una de las decisiones más silenciosas y más devastadoras del gobierno de Javier Milei para el sector fue la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) a comienzos de 2024. El fondo, que representaba entre el 8% y el 15% del salario nominal según la provincia, fue suprimido mediante la falta de prórroga de su presupuesto y formalizado luego a través del decreto 280. Con ese golpe, el Estado nacional dejó de aportar un componente salarial que beneficiaba a los docentes de todo el país, transfiriendo el peso íntegro de los sueldos a las provincias.

El resultado es que el salario docente real hoy es más bajo que en 2005, cuando se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo precisamente para recomponer esa brecha. Dos décadas de política educativa, borradas. Y los propios datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el impacto concreto en los hogares: el 48,5% de los trabajadores y trabajadoras de la educación son jefes o jefas de familia, lo que significa que de ese salario magro depende la subsistencia de miles de hogares argentinos.

La carrera que nadie quiere estudiar

La caída en las inscripciones no es un fenómeno aislado ni puede leerse sin contexto. Lista advirtió que la merma «probablemente también responde a una falta de atracción hacia la docencia y a un progresivo deterioro de la imagen de esta profesión en la sociedad». Y señaló algo que los propios adolescentes perciben con una claridad descarnada: «Los estudiantes secundarios están en la escuela, ven a los docentes trabajar y observan sus condiciones de trabajo».

El panorama dentro de los institutos de formación no es más alentador. El 55% de quienes comienzan la carrera la abandonan en el primer año, y entre quienes llegan al último tramo, cuatro de cada diez presentan dificultades de comprensión lectora, según consignó CIPPEC en el documento El corazón del sistema educativo: políticas para fortalecer la profesión docente. Entre 2020 y 2025, el promedio anual de egresos representó apenas el 37% sobre el de ingresos. El sistema forma poco, retiene menos y egresa a quienes no siempre están en condiciones de asumir el desafío.

Hay hoy en Argentina 1.200.000 docentes en actividad y 650.000 estudiantes en los institutos de formación. Pero el sistema que debería reproducirse y renovarse muestra fisuras estructurales que el ajuste libertario no hace más que profundizar.

Escuelas sin agua, sin cloacas, sin bibliotecas

La crisis no es solo salarial. Las condiciones materiales en las que enseñan y aprenden los argentinos son, en muchos casos, indignas. Según datos de la Subsecretaría de Evaluación e Información Educativa que cita CIPPEC, el 30% de los directores de escuelas del país indica que su establecimiento no tiene acceso a agua de red pública, y solo el 44% declara contar con red cloacal. Más del 50% de las escuelas de nivel primario no poseen bibliotecas. La infraestructura escolar acumula un deterioro que ningún recorte del gasto de capital, caído un 86% en términos reales desde 2023, puede disimular.

El porcentaje de docentes que trabaja en más de una institución pasó del 16% al 24% entre 2004 y 2024, según la Encuesta Permanente de Hogares. No es una elección: es una necesidad impuesta por salarios que no alcanzan. Un docente que trabaja en tres escuelas distintas no puede dedicarle el tiempo que cada institución, cada alumno y cada trayectoria demandan.

La violencia que nadie quiere ver

El clima en las escuelas agrava un cuadro ya deteriorado. Los propios estudiantes del nivel secundario calificaron el ambiente escolar en la posición 80 entre los 81 países participantes de la evaluación PISA 2022. Y según los resultados de la evaluación Aprender 2024, el 63% de los estudiantes de sexto grado de primaria reportó haber sido víctima de algún tipo de agresión, ya sea en la escuela o en redes sociales, mientras que casi cuatro de cada diez se sienten discriminados.

Las instituciones no están equipadas con el personal ni los recursos suficientes para dar respuesta a las problemáticas sociales que los estudiantes traen al aula, señaló CIPPEC. Y ese desbordamiento recae sobre los docentes, que deben contener lo que el Estado dejó de atender.

Lo que el Estado debería hacer y no hace

Lista fue preciso al señalar que jerarquizar la docencia «no basta con mejorar las condiciones» materiales, aunque esas condiciones sean el punto de partida irrenunciable. Profesionalizar la tarea, elevar los estándares de formación inicial, garantizar tiempos de trabajo pedagógico fuera del aula, construir equipos directivos con dedicación exclusiva, son parte de una reforma estructural que ningún gobierno ha encarado con seriedad y que el actual ni siquiera pone en agenda.

El investigador fue contundente sobre las consecuencias de la desidia: «Frente al escenario de baja de la matrícula escolar, no prever este tipo de cuestiones sería irresponsable y otra oportunidad más perdida en la formación de las próximas generaciones». Un sistema educativo que no puede garantizar docentes formados, pagados dignamente y trabajando en condiciones mínimas es un sistema que renuncia a su propia razón de ser. Los actos del 11 de septiembre, con sus canciones y sus aplausos, no tapan ese fracaso.

Los números de los docentes que no dan

• El salario bruto de una maestra con 10 años de antigüedad ($910.943) es menor a la canasta básica total de una familia tipo ($1.100.266) según datos oficiales de marzo de 2025.
• Javier Milei eliminó el FONID a comienzos de 2024 mediante el decreto 280, quitando entre el 8% y el 15% del salario nominal docente.
• Las inscripciones a los profesorados cayeron un 23% entre 2017 y 2025: de 189.000 a 146.000 ingresantes anuales.
• El 55% de los estudiantes de formación docente abandona en el primer año; solo el 37% de quienes ingresan llega a egresar.
• El 30% de las escuelas del país carece de agua de red pública y más del 50% de las primarias no tiene biblioteca.