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Clausuran y levantan actas a supermercados chinos porteños por sobreprecios

La Secretaría de Comercio Interior y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) procedieron a sancionar establecimientos porteños tras detectar la existencia de sobreprecios en productos del programa Precios Máximos.

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La Secretaría de Comercio Interior y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) procedieron este martes a clausurar y labrar actas a supermercados chinos y autoservicios porteños, tras detectar la existencia de sobreprecios en productos del programa Precios Máximos

De acuerdo con información que brindó la Secretaría de Comercio Interior, este martes se realizaron 45 controles en la zona de San Telmo y Constitución en la Ciudad de Buenos Aires, que dieron como resultado una clausura y 25 actas por sobreprecios.

Las inspecciones contemplan una verificación ocular, en la que los inspectores cotejan que los precios indicados en caja y góndolas coincidan con los valores correspondientes según los listados consignados para la tarea de fiscalización.

En caso de que un comercio incumpla con estos parámetros se les exige que reduzcan esos precios y se labran actas intimando a los dueños o encargados a dar las explicaciones del caso y presentar documentación que las acredite frente a las autoridades de la Secretaría de Comercio Interior.

En el caso de que las infracciones involucren a más de 10 productos, los inspectores tienen la potestad de realizar una clausura preventiva del comercio por 24 horas, durante las cuales los comerciantes deberán corregir los valores de góndola. Pasado ese tiempo se verifica la corrección en los precios y, de ser así, se levanta la clausura.

En el inicio de la recorrida -que comenzó alrededor de las 10 y se extendió más allá de las 14-, el inspector Gustavo Vaqueiro dijo a Télam que «nos encontramos en el barrio de Constitución para realizar un operativo en conjunto con la AFIP para verificar el cumplimiento de Precios Máximos». «Encontramos sobreprecios y se labró un acta para que puedan hacer su descargo en diez días hábiles», señaló.

Al respecto, detalló que «el supermercado tendrá diez días hábiles para hacer su descargo y, de no ser satisfactorio, pasa a un trámite legal para, de corresponder, realizar una sanción económica».

«Desde el primer día de la pandemia estamos trabajando y estamos haciendo un promedio de 70 a 100 inspecciones diarias, y si hay exceso de precios se labra un acta de corresponder o una sanción inmediata que puede ser una clausura», señaló.

Vaqueiro dijo que «el objetivo de estos operativos es que los consumidores puedan acceder a precios justos, razonables y que no haya abusos en los precios».

Al comienzo de la cuarentena declarada el 20 de marzo, ante los faltantes de alcohol en gel, guantes y barbijos y amenaza de desabastecimiento, comenzó la colaboración con el personal de la AFIP con el fin de garantizar el abastecimiento y el precio de estos productos sanitarios esenciales.

En total, durante 2020 se llevaron a cabo unas 3.000 inspecciones conjuntas en industrias, distribuidoras, y comercios de diversa magnitud en distintos puntos de todo el país.

Por su parte, la Secretaría de Comercio Interior realizó en lo que va del año más de 1.500 fiscalizaciones en empresas, comercios de proximidad y supermercados, para controlar el cumplimiento de precios y el normal abastecimiento de productos.

En 2020, se realizaron más de 34.000 operativos de fiscalización de precios y abastecimiento de productos esenciales, en los que los fiscalizadores labraron más de 4.000 actas por infracciones a los precios máximos, y realizaron más de 600 clausuras preventivas por incumplimientos en los precios.

A partir de la resoluciones 100/2020 y 86/2020, los fabricantes, distribuidores y comercializadoras de productos de la canasta básica de alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza tienen que retrotraer los precios al 6 de marzo pasado, y de alcohol en gel al 15 de febrero.

Además de los controles oficiales que se llevan adelante, los consumidores pueden consultar el listado de precios máximos de referencia de CABA y de cada provincia del país y enviar avisos por precios abusivos a través del sitio https://preciosmaximos.argentina.gob.ar/#/avisos-consumidores.

Allí podrán podrán cargar los datos del comercio que incumple con los precios para que se realicen los controles y de corresponder se apliquen las sanciones.

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Amenazas en escuelas: la Ciudad responde con mano dura y esquiva el debate de fondo

La ministra Mercedes Miguel reconoció que los chicos “no tienen dimensión”, pero el Gobierno refuerza medidas punitivas en lugar de invertir en prevención y acompañamiento.

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Entre el pánico y la respuesta punitiva: la Ciudad endurece el discurso ante amenazas escolares

La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, buscó instalar una definición tajante frente a la ola de amenazas de tiroteos en escuelas: “no es una broma, es un delito”. La frase, repetida como mantra, marca el tono de un Gobierno que, ante un fenómeno complejo y multicausal, parece inclinarse más por la lógica punitiva que por una lectura integral del problema.

En paralelo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció el refuerzo de protocolos que activan la intervención policial, judicial y de organismos de niñez ante cada episodio. El despliegue incluye incluso la incautación de celulares y el rastreo de conversaciones privadas de menores. La escena: chicos de 11 o 12 años bajo la lupa del sistema penal.

Criminalizar la infancia, una respuesta ligera

Miguel insistió en que los niños “no tienen dimensión” de lo que hacen. Sin embargo, esa misma afirmación entra en tensión con la decisión oficial de encuadrar sus conductas como delito. La contradicción no es menor: si no hay comprensión plena, ¿qué sentido tiene la amenaza penal como eje de la política pública?

  • Se instala la idea de “límite” desde la sanción antes que desde la pedagogía.
  • Se desplaza la responsabilidad hacia las familias y las redes sociales.
  • Se invisibiliza el rol del Estado en la prevención y el acompañamiento.

El resultado es una respuesta que corre el eje: del cuidado al castigo.

El fantasma de las redes y la coartada perfecta

La ministra apuntó contra TikTok y la viralización de desafíos como motor del fenómeno. La explicación, aunque atendible, aparece incompleta y funcional: pone el foco en plataformas globales mientras evita discutir el deterioro local del sistema educativo.

En la Ciudad, docentes vienen denunciando:

  • Falta de equipos interdisciplinarios suficientes (psicólogos, trabajadores sociales).
  • Escasa capacitación para abordar conflictos digitales y violencias emergentes.
  • Recortes presupuestarios que impactan en programas socioeducativos.

Sin esas herramientas, la escuela queda sola frente a problemáticas cada vez más complejas.

Protocolos sin comunidad

El Gobierno porteño difundió un instructivo para familias que incluye revisar mochilas, controlar celulares y denunciar al 911. La prevención queda así reducida a la vigilancia doméstica y al reflejo policial.

Pero en esa lógica se diluye algo central: la construcción de comunidad educativa. No hay mención concreta a espacios de escucha, trabajo con estudiantes, ni estrategias sostenidas de educación digital crítica.

Lo que no se dice

Mientras se multiplican las amenazas, también crece el miedo. Familias que dudan en enviar a sus hijos a la escuela y docentes que enfrentan situaciones para las que no fueron preparados. Sin embargo, el discurso oficial evita una autocrítica de fondo:

  • ¿Qué pasa con el presupuesto educativo en la Ciudad?
  • ¿Dónde están los equipos de acompañamiento permanentes?
  • ¿Qué políticas integrales se implementan más allá del protocolo reactivo?

La apelación al delito ordena el relato, pero no resuelve el problema.

Entre el control y el abandono

El mensaje final del Gobierno parece oscilar entre dos extremos: más control y menos Estado presente en lo cotidiano. Se endurecen las respuestas cuando el conflicto estalla, pero se debilitan las políticas que podrían prevenirlo.

En ese terreno, la escuela queda atrapada: exigida para contener, pero sin recursos; señalada como espacio de riesgo, pero sin respaldo suficiente.

La pregunta de fondo sigue abierta: si los chicos no dimensionan, como admite la propia ministra, ¿no debería el Estado dimensionar mejor su respuesta?

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