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El 97% de las víctimas de violencia de género sufre maltrato psicológico
Entre el 1° de enero y el 23 de diciembre de 2020, la Oficina de Violencia Doméstica* de la Corte Suprema de Justicia recibió 12.457 denuncias de las cuales 11.587 derivaron en actuaciones judiciales en los fueros civil y penal.
Entre el 1° de enero y el 23 de diciembre de 2020, la Oficina de Violencia Doméstica* de la Corte Suprema de Justicia recibió 12.457 denuncias de las cuales 11.587 derivaron en actuaciones judiciales en los fueros civil y penal.
El 97 por ciento de los casos abiertos por violencia doméstica en la Corte Suprema de Justicia fueron por maltrato psicológico, según afirmó este lunes en su informe anual el organismo a cargo de atender a las más de 12.000 personas que se acercaron a consultar a lo largo de de este año.
En total, 12.457 fueron las personas afectadas por hechos de violencia familiar y atendidas entre el 1° de enero y el 23 de diciembre de 2020 por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), a cargo de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco. De ese total, 11.587 denuncias derivaron en actuaciones judiciales en los fueros civil y penal, informó el organismo.
La violencia psicológica fue denunciada por casi la totalidad de las personas que se acercaron a la OVD sumando el 97 por ciento de las consultas (9.410), en tanto que el 55 por ciento (5.340) también aseguró haber sufrido ataques físicos. Un porcentaje similar representan las denuncias por violencia simbólica o indirecta (5.384), seguidas por la violencia ambiental (3.333 consultas, el 34 por ciento del total de personas afectadas) y la violencia económica con 2.837 denuncias que implican el 29 por ciento de las consultas.
En menor medida, también fueron recibidas denuncias por violencia social (1.308 casos, que representan el 13 por ciento) y violencia sexual (959 denuncias que abarcan el 10 por ciento).
De acuerdo al informe de la OVD, de esas más de 12.000 personas que fueron atendidas a lo largo de este año, el organismo elaboró informes interdisciplinarios en 7.231 casos. Es decir, que recibieron atención por parte de equipos integrados por abogados, médicos, psicólogos y trabajadores sociales.
En función de ese trabajo en conjunto, la OVD determinó que el 76 por ciento de los casos involucraron a una mujer como víctima, la mayoría de ellas adultas (60 por ciento) y un porcentaje menor (16 por ciento) niñas y adolescentes.
También hubo varones que denunciaron violencia doméstica y que representan el 24 por ciento del total de las causas recibidas por la OVD. De esos varones, el 9 por ciento de ellos fueron adultos y el 15 por ciento, niños y adolescentes.
Por otra parte, también se recibieron «dos denuncias por trata de personas con fines de explotación sexual y/o explotación de la prostitución», señaló el organismo.
La OVD agregó que a pesar de las medidas de restricción por la pandemia de coronavirus, la dependencia continuó atendiendo y se pudo garantizar «el servicio ininterrumpidamente» que funciona las 24 horas, los 365 días del año, incluidos fines de semana y feriados, en la calle Lavalle 1250, en la ciudad de Buenos Aires.
«Los equipos interdisciplinarios elaboraron informes de riesgo de manera presencial y a través de un sistema remoto. Se implementó la notificación electrónica y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dispuso prórrogas de los plazos vencidos de las medidas cautelares dictadas en procesos de violencia familiar», aseguró la OVD.
Además, durante la pandemia se «gestionó recursos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires (refugios, asistencia jurídica, asistencia psicológica, entre otros) e integró encuentros de articulación intersectorial con otros organismos del Estado a fin de coordinar el trabajo en red».
De todos modos, y a pesar de los recaudos para continuar con su trabajo, las cifras muestran una disminución en las consultas que la OVD recibió a lo largo de este año, ya que en 2019 fueron 16.449 las personas afectadas por este tipo de violencia que se acercaron al organismos, mientras que en 2018 sumaron 15.791.
«Frente a la pandemia, y con la experiencia de doce años de trabajo ininterrumpido en violencia doméstica, la oficina creó un instrumento para el análisis de riesgo, que se puso a disposición del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y de las agencias provinciales», detalló el organismo.
Así, durante las entrevistas a las víctimas, los funcionarios de la OVD contaron con un formulario que los ayudó evaluar los riesgos en función del tipo, frecuencia e intensidad de la agresión. Este sistema permitió, por ejemplo, diferenciar cuando el agresor posee armas de fuego o consume «alcohol en exceso», si las amenazas incluyen agresiones físicas o si la víctima depende económicamente del atacante. En función de esas variables, las consultas fueron clasificadas en una escala de «riesgo bajo, medio y alto».
«La consideración de los criterios a seguir para considerar a las consecuencias de la violencia como «daño leve, grave o gravísimo» queda sujeta al buen saber y entender de las/os especialistas que atienden los casos», indica el protocolo de denuncia elaborado por la OVD.
Creada en 2006 por la jueza de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, la OVD atendió más de 116.000 consultas por violencia doméstica a lo largo de 12 años.
(*) Cabe destacar que el nombre formal de la dependencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es «Oficina de Violencia Doméstica», aunque el término «doméstica» es rechazado por organizaciones contra la violencia de género, como así también, por el movimiento «Ni Una Menos», ya que invisibiliza la violencia hacia las mujeres, sin embargo, el máximo tribunal aun no actualizó la denominación.
Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.
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Caso Luna: Casación confirmó la absolución y otra vez la Justicia da la espalda
Casación confirmó la absolución de Hernán González Rizzi, el progenitor de Luna, denunciado por abusos que la acusación ubicó entre los 6 y los 9 años de la niña. La causa nació en 2011, el fiscal había pedido 15 años de prisión y su madre, Yama Corín, anunció que otra vez, apelará.
La Justicia sostiene que las pruebas no alcanzan para condenar al progenitor de Luna, y lo sostiene después de un pedido fiscal de 15 años de prisión, un juicio oral de 14 audiencias y más de una década de expediente. Casación confirmó su absolución y Yama Corín, la madre de Luna, anunció que apelará y reclama respuestas.
Se trata de Hernán González Rizzi, a quien el Tribunal Oral en lo Criminal N° 15 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por Virginia Sansone, Adrián Martín y María Elisa Gaeta, había absuelto el 21 de noviembre de 2023 de la acusación de abuso sexual agravado contra su hija Luna, hechos que la acusación ubicó entre los 6 y los 9 años de ella. Ahora, Casación ratificó esa decisión.
El juicio había comenzado el 8 de agosto de aquel año y el fiscal Guillermo Morosi había solicitado 15 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo filial. El tribunal lo absolvió de todos los cargos, tanto los de la querella como los de la fiscalía. Fue la querella la que recurrió para pedir la condena, y no la absolución.
Una causa que nació en 2011
La causa comenzó en el fuero civil de Morón en 2011, cuando Luna tenía 9 años. Un año después, luego de que la psicóloga que la atendía confirmara las sospechas de su madre, Yama Corín realizó la denuncia penal y se interrumpió el régimen de visitas del progenitor. Siguieron las pericias, el descreimiento y los intentos de revinculación.
Luna recién pudo declarar a los 18 años, ya como adulta y sin acceso a la Cámara Gesell. Yama recordó que su hija “pasó toda su infancia con nosotras peleando que fuera oída en Cámara Gesell”. El procesamiento llegó recién en febrero de 2022, cuando la joven ya había cumplido 19 años. Para cuando se sentó el tribunal, la niña que denunció era una persona adulta.
Lo que dijeron las partes en 2023
La abogada querellante Marina González había calificado de “inentendible” la absolución de primera instancia y sostuvo que había pruebas suficientes para la condena. Yama Corín habló en aquel momento de una “habilitación de la crueldad” y cuestionó la actuación de la defensa del progenitor.
Del otro lado, la defensa de González Rizzi, a cargo de Patricia Anzoátegui, directora del Observatorio de Falsas Denuncias, presentó el fallo como un precedente frente a las denuncias falsas en contextos de separaciones conflictivas, según un comunicado difundido el mismo día de la absolución. A nivel mundial, se calcula que las denuncias falsas no llegan al 5 por ciento.
“Había más elementos para condenar”
Yama sostuvo que “había más elementos para condenar que para absolver”, pero que la Justicia optó por no escuchar a Luna. Para ella, el mensaje que deja este recorrido es que quienes denuncian serán investigadas, peritadas y culpabilizadas. Contó además que, cuando sintió que no podía más, fue Luna quien le dijo que no podían retirarse en ese momento.
En 2023, tras la absolución, había dicho que “otra vez la justicia nos dio la espalda”. Con la confirmación de Casación, esa frase vuelve a ser la síntesis de un reclamo que sigue en pie.
Un contexto que empuja al silencio
El caso se inscribe en un escenario donde la impunidad es la regla. Las estimaciones indican que solo se denuncia formalmente entre el 10 y el 15 por ciento de los casos de abuso sexual en la infancia y que apenas el 1 por ciento termina en condena. El primer informe sobre violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes del Ministerio de Justicia bonaerense, publicado en junio de 2025, registró 96.137 causas penales por abuso sexual entre 2017 y 2022, de las cuales seis de cada diez tuvieron víctimas menores; en casi ocho de cada diez el agresor pertenecía al ámbito familiar y en el 90 por ciento era varón. El informe no detalla cuántas de esas causas terminaron en condena.
Yama sostiene que la batalla cultural del Gobierno de Javier Milei golpea a quienes denuncian y busca desalentar las denuncias. En el Congreso, proyectos de la diputada libertaria Lilia Lemoine y de la senadora radical Carolina Losada buscan instalar penas para las “denuncias falsas” en contextos de violencia de género y delitos contra menores; las organizaciones de protección de las infancias advierten que, de aprobarse, intimidarían a quienes denuncian y criminalizarían a las madres.
A la vez, el Gobierno nacional desarmó, achicó o disolvió dispositivos del Ministerio de Justicia, entre ellos el Programa de Patrocinio Jurídico y Acompañamiento Interdisciplinario para niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual. Una encuesta de Red por la Infancia sobre 283 casos reveló que al 70 por ciento de los denunciantes no se les ofreció patrocinio gratuito. Sin acompañamiento jurídico, denunciar se vuelve un privilegio de clase.
Lo que tenés que saber
- Casación confirmó la absolución del progenitor de Luna, denunciado por abuso sexual cuando ella tenía 9 años.
- Fue la querella la que recurrió para pedir la condena; la Justicia sostiene que las pruebas no alcanzan.
- El Tribunal Oral N° 15 lo había absuelto el 21 de noviembre de 2023, pese a que el fiscal Guillermo Morosi pidió 15 años de prisión.
- La causa se inició en 2011 y Luna recién declaró a los 18 años, sin acceso a la Cámara Gesell.
- Yama Corín anunció que apelará.
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