Conectate con El Argentino

Géneros 🟣

El 97% de las víctimas de violencia de género sufre maltrato psicológico

Entre el 1° de enero y el 23 de diciembre de 2020, la Oficina de Violencia Doméstica* de la Corte Suprema de Justicia recibió 12.457 denuncias de las cuales 11.587 derivaron en actuaciones judiciales en los fueros civil y penal.

Publicado hace

#

Entre el 1° de enero y el 23 de diciembre de 2020, la Oficina de Violencia Doméstica* de la Corte Suprema de Justicia recibió 12.457 denuncias de las cuales 11.587 derivaron en actuaciones judiciales en los fueros civil y penal.

El 97 por ciento de los casos abiertos por violencia doméstica en la Corte Suprema de Justicia fueron por maltrato psicológico, según afirmó este lunes en su informe anual el organismo a cargo de atender a las más de 12.000 personas que se acercaron a consultar a lo largo de de este año.

En total, 12.457 fueron las personas afectadas por hechos de violencia familiar y atendidas entre el 1° de enero y el 23 de diciembre de 2020 por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), a cargo de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco. De ese total, 11.587 denuncias derivaron en actuaciones judiciales en los fueros civil y penal, informó el organismo.

La violencia psicológica fue denunciada por casi la totalidad de las personas que se acercaron a la OVD sumando el 97 por ciento de las consultas (9.410), en tanto que el 55 por ciento (5.340) también aseguró haber sufrido ataques físicos. Un porcentaje similar representan las denuncias por violencia simbólica o indirecta (5.384), seguidas por la violencia ambiental (3.333 consultas, el 34 por ciento del total de personas afectadas) y la violencia económica con 2.837 denuncias que implican el 29 por ciento de las consultas.

En menor medida, también fueron recibidas denuncias por violencia social (1.308 casos, que representan el 13 por ciento) y violencia sexual (959 denuncias que abarcan el 10 por ciento).

De acuerdo al informe de la OVD, de esas más de 12.000 personas que fueron atendidas a lo largo de este año, el organismo elaboró informes interdisciplinarios en 7.231 casos. Es decir, que recibieron atención por parte de equipos integrados por abogados, médicos, psicólogos y trabajadores sociales.

En función de ese trabajo en conjunto, la OVD determinó que el 76 por ciento de los casos involucraron a una mujer como víctima, la mayoría de ellas adultas (60 por ciento) y un porcentaje menor (16 por ciento) niñas y adolescentes.

También hubo varones que denunciaron violencia doméstica y que representan el 24 por ciento del total de las causas recibidas por la OVD. De esos varones, el 9 por ciento de ellos fueron adultos y el 15 por ciento, niños y adolescentes.

Por otra parte, también se recibieron «dos denuncias por trata de personas con fines de explotación sexual y/o explotación de la prostitución», señaló el organismo.

La OVD agregó que a pesar de las medidas de restricción por la pandemia de coronavirus, la dependencia continuó atendiendo y se pudo garantizar «el servicio ininterrumpidamente» que funciona las 24 horas, los 365 días del año, incluidos fines de semana y feriados, en la calle Lavalle 1250, en la ciudad de Buenos Aires.

«Los equipos interdisciplinarios elaboraron informes de riesgo de manera presencial y a través de un sistema remoto. Se implementó la notificación electrónica y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dispuso prórrogas de los plazos vencidos de las medidas cautelares dictadas en procesos de violencia familiar», aseguró la OVD.

Además, durante la pandemia se «gestionó recursos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires (refugios, asistencia jurídica, asistencia psicológica, entre otros) e integró encuentros de articulación intersectorial con otros organismos del Estado a fin de coordinar el trabajo en red».

De todos modos, y a pesar de los recaudos para continuar con su trabajo, las cifras muestran una disminución en las consultas que la OVD recibió a lo largo de este año, ya que en 2019 fueron 16.449 las personas afectadas por este tipo de violencia que se acercaron al organismos, mientras que en 2018 sumaron 15.791.

«Frente a la pandemia, y con la experiencia de doce años de trabajo ininterrumpido en violencia doméstica, la oficina creó un instrumento para el análisis de riesgo, que se puso a disposición del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y de las agencias provinciales», detalló el organismo.

Así, durante las entrevistas a las víctimas, los funcionarios de la OVD contaron con un formulario que los ayudó evaluar los riesgos en función del tipo, frecuencia e intensidad de la agresión. Este sistema permitió, por ejemplo, diferenciar cuando el agresor posee armas de fuego o consume «alcohol en exceso», si las amenazas incluyen agresiones físicas o si la víctima depende económicamente del atacante. En función de esas variables, las consultas fueron clasificadas en una escala de «riesgo bajo, medio y alto».

«La consideración de los criterios a seguir para considerar a las consecuencias de la violencia como «daño leve, grave o gravísimo» queda sujeta al buen saber y entender de las/os especialistas que atienden los casos», indica el protocolo de denuncia elaborado por la OVD.

Creada en 2006 por la jueza de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, la OVD atendió más de 116.000 consultas por violencia doméstica a lo largo de 12 años.

(*) Cabe destacar que el nombre formal de la dependencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es «Oficina de Violencia Doméstica», aunque el término «doméstica» es rechazado por organizaciones contra la violencia de género, como así también, por el movimiento «Ni Una Menos», ya que invisibiliza la violencia hacia las mujeres, sin embargo, el máximo tribunal aun no actualizó la denominación.

Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.

Géneros 🟣

Senado: denuncian proyecto de “falsas denuncias” intenta silenciar a las víctimas

A nivel global, organismos como ONU Mujeres ubican las denuncias falsas en torno al 1% de los casos.

Publicado hace

#

Senado: qué pasa con el proyecto de “falsas denuncias”

El conversatorio “Derecho a la voz: contra la criminalización de quienes denuncian violencia” funcionó como una respuesta urgente frente al proyecto impulsado por Carolina Losada, que ya cuenta con dictamen de mayoría en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. La iniciativa propone agravar las penas por falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento en casos de violencia de género, delitos sexuales y situaciones que involucren a niñas, niños y adolescentes.

Para quienes expusieron, el diagnóstico fue otro: no hay vacío legal ni problema empírico que justifique la reforma. Lo que sí aparece, señalaron, es una estrategia política para disciplinar a quienes denuncian y reinstalar el silencio.

Una arquitectura punitiva para desalentar la denuncia

La abogada Ileana Arduino, referente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, desmenuzó el corazón del proyecto. Sostuvo que no se trata de una falla técnica sino de una decisión deliberada: utilizar el derecho penal como herramienta de control social.

Funciona como una extorsión procesal”, advirtió. El planteo es claro: en un sistema judicial que ya resulta hostil, la amenaza de una contra-denuncia penal empuja a las víctimas a no hablar. El resultado no es más justicia, sino menos denuncias.

Arduino también apuntó a un efecto colateral clave: la criminalización de las redes de acompañamiento. Equipos interdisciplinarios, profesionales y organizaciones quedarían bajo sospecha por intervenir en procesos donde la prueba suele ser compleja y el tiempo judicial, lento.

Construir un problema inexistente

La ministra bonaerense Estela Díaz fue directa: “Lo falso es el problema que quieren instalar”.

Respaldada por un documento con más de 1.700 firmas, sostuvo que las falsas denuncias no representan un fenómeno significativo en Argentina. En cambio, sí lo es la subdenuncia en casos de violencia y abuso.

Para Díaz, la iniciativa se inscribe en una narrativa política más amplia que cuestiona la existencia misma de la violencia de género. En ese marco, el proyecto no busca mejorar el sistema penal, sino desplazar el foco: de la protección de las víctimas a la sospecha sobre su palabra.

El miedo como política pública

Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Natalia Gherardi aportó datos que desarman el argumento central del proyecto:

  • Solo una de cada cuatro mujeres en situación de violencia busca ayuda.
  • En abuso sexual infantil, más del 88% de los casos no llega a la Justicia.

En ese contexto, endurecer penas por denuncias “falsas” no resuelve un problema: crea otro. Introduce una amenaza concreta para quienes están obligados a denunciar, como establece la Ley Lucio.

La contradicción es evidente: el Estado exige denunciar ante la sospecha de abuso, pero al mismo tiempo instala el riesgo de persecución penal si la causa no prospera. El mensaje implícito, señalaron, es el silencio.

Convenciones internacionales vulneradas

La dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, María Elena Naddeo, cuestionó la compatibilidad del proyecto con los estándares internacionales.

Mencionó dos marcos normativos clave:

  • Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
  • Convención de Belém do Pará

Ambos obligan al Estado a garantizar el acceso a la justicia y a no generar obstáculos para denunciar violencia de género. La iniciativa, en cambio, invierte esa lógica: convierte a la denunciante en potencial imputada.

Naddeo también desarmó una de las falacias centrales: equiparar falta de prueba con falsedad. En delitos que ocurren en la intimidad, esa equivalencia no solo es errónea, sino funcional a la impunidad.

Datos incómodos para el oficialismo

A nivel global, organismos como ONU Mujeres ubican las denuncias falsas en torno al 1% de los casos. Se trata de una cifra marginal, que en general no está vinculada a violencia de género sino a otros delitos.

Sin evidencia empírica que justifique el endurecimiento penal, el proyecto queda expuesto como una definición ideológica: desplazar la centralidad de la víctima y reinstalar la sospecha sobre su palabra.

Efectos concretos: censura, desprotección e impunidad

El rechazo no se agota en el plano simbólico. Las organizaciones advirtieron consecuencias concretas:

  • Bozal mediático: limitaciones a la difusión de casos que han sido clave para visibilizar violencias.
  • Persecución profesional: equipos técnicos y redes de acompañamiento bajo amenaza penal.
  • Inseguridad jurídica: profesionales de salud y educación atrapados entre denunciar o protegerse.
  • Desaliento de denuncias: una profundización en la caída previsible en el acceso a la justicia.

En ese marco, el proyecto aparece como una herramienta de disciplinamiento que redefine el sistema: ya no se investiga al agresor, se sospecha de quien denuncia.

Una disputa de fondo: voz o silencio

Lo que se debatió en el Senado excede una reforma penal. Se trata de una disputa política y cultural: quién tiene derecho a hablar y bajo qué condiciones.

Frente a un escenario que intenta reinstalar el miedo como frontera, el feminismo articuló una respuesta clara. El derecho a la voz no es un privilegio ni una concesión: es un derecho humano básico.

Y su restricción, no fortalece la justicia. La debilita.

Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo