Géneros 🟣
El 97% de las víctimas de violencia de género sufre maltrato psicológico
Entre el 1° de enero y el 23 de diciembre de 2020, la Oficina de Violencia Doméstica* de la Corte Suprema de Justicia recibió 12.457 denuncias de las cuales 11.587 derivaron en actuaciones judiciales en los fueros civil y penal.
Entre el 1° de enero y el 23 de diciembre de 2020, la Oficina de Violencia Doméstica* de la Corte Suprema de Justicia recibió 12.457 denuncias de las cuales 11.587 derivaron en actuaciones judiciales en los fueros civil y penal.
El 97 por ciento de los casos abiertos por violencia doméstica en la Corte Suprema de Justicia fueron por maltrato psicológico, según afirmó este lunes en su informe anual el organismo a cargo de atender a las más de 12.000 personas que se acercaron a consultar a lo largo de de este año.
En total, 12.457 fueron las personas afectadas por hechos de violencia familiar y atendidas entre el 1° de enero y el 23 de diciembre de 2020 por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), a cargo de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco. De ese total, 11.587 denuncias derivaron en actuaciones judiciales en los fueros civil y penal, informó el organismo.
La violencia psicológica fue denunciada por casi la totalidad de las personas que se acercaron a la OVD sumando el 97 por ciento de las consultas (9.410), en tanto que el 55 por ciento (5.340) también aseguró haber sufrido ataques físicos. Un porcentaje similar representan las denuncias por violencia simbólica o indirecta (5.384), seguidas por la violencia ambiental (3.333 consultas, el 34 por ciento del total de personas afectadas) y la violencia económica con 2.837 denuncias que implican el 29 por ciento de las consultas.
En menor medida, también fueron recibidas denuncias por violencia social (1.308 casos, que representan el 13 por ciento) y violencia sexual (959 denuncias que abarcan el 10 por ciento).
De acuerdo al informe de la OVD, de esas más de 12.000 personas que fueron atendidas a lo largo de este año, el organismo elaboró informes interdisciplinarios en 7.231 casos. Es decir, que recibieron atención por parte de equipos integrados por abogados, médicos, psicólogos y trabajadores sociales.
En función de ese trabajo en conjunto, la OVD determinó que el 76 por ciento de los casos involucraron a una mujer como víctima, la mayoría de ellas adultas (60 por ciento) y un porcentaje menor (16 por ciento) niñas y adolescentes.
También hubo varones que denunciaron violencia doméstica y que representan el 24 por ciento del total de las causas recibidas por la OVD. De esos varones, el 9 por ciento de ellos fueron adultos y el 15 por ciento, niños y adolescentes.
Por otra parte, también se recibieron «dos denuncias por trata de personas con fines de explotación sexual y/o explotación de la prostitución», señaló el organismo.
La OVD agregó que a pesar de las medidas de restricción por la pandemia de coronavirus, la dependencia continuó atendiendo y se pudo garantizar «el servicio ininterrumpidamente» que funciona las 24 horas, los 365 días del año, incluidos fines de semana y feriados, en la calle Lavalle 1250, en la ciudad de Buenos Aires.
«Los equipos interdisciplinarios elaboraron informes de riesgo de manera presencial y a través de un sistema remoto. Se implementó la notificación electrónica y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dispuso prórrogas de los plazos vencidos de las medidas cautelares dictadas en procesos de violencia familiar», aseguró la OVD.
Además, durante la pandemia se «gestionó recursos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires (refugios, asistencia jurídica, asistencia psicológica, entre otros) e integró encuentros de articulación intersectorial con otros organismos del Estado a fin de coordinar el trabajo en red».
De todos modos, y a pesar de los recaudos para continuar con su trabajo, las cifras muestran una disminución en las consultas que la OVD recibió a lo largo de este año, ya que en 2019 fueron 16.449 las personas afectadas por este tipo de violencia que se acercaron al organismos, mientras que en 2018 sumaron 15.791.
«Frente a la pandemia, y con la experiencia de doce años de trabajo ininterrumpido en violencia doméstica, la oficina creó un instrumento para el análisis de riesgo, que se puso a disposición del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y de las agencias provinciales», detalló el organismo.
Así, durante las entrevistas a las víctimas, los funcionarios de la OVD contaron con un formulario que los ayudó evaluar los riesgos en función del tipo, frecuencia e intensidad de la agresión. Este sistema permitió, por ejemplo, diferenciar cuando el agresor posee armas de fuego o consume «alcohol en exceso», si las amenazas incluyen agresiones físicas o si la víctima depende económicamente del atacante. En función de esas variables, las consultas fueron clasificadas en una escala de «riesgo bajo, medio y alto».
«La consideración de los criterios a seguir para considerar a las consecuencias de la violencia como «daño leve, grave o gravísimo» queda sujeta al buen saber y entender de las/os especialistas que atienden los casos», indica el protocolo de denuncia elaborado por la OVD.
Creada en 2006 por la jueza de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, la OVD atendió más de 116.000 consultas por violencia doméstica a lo largo de 12 años.
(*) Cabe destacar que el nombre formal de la dependencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es «Oficina de Violencia Doméstica», aunque el término «doméstica» es rechazado por organizaciones contra la violencia de género, como así también, por el movimiento «Ni Una Menos», ya que invisibiliza la violencia hacia las mujeres, sin embargo, el máximo tribunal aun no actualizó la denominación.
Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.
Análisis
La culpa es nuestra: cómo la ciencia y los medios siguen apuntando a las madres cuando se habla de autismo
Cómo se envidencia en la nota de análisis de Clarin, rara vez se pregunta «¿qué hizo el padre?».
Machismo en la ciencia: el cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia
Un estudio publicado en el British Medical Journal sobre exposición laboral tóxica y autismo fue reencuadrado mediáticamente en clave de culpa materna. Una tradición que la ciencia superó, pero el machismo resiste.
Un estudio reciente de investigadores de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins y de la Universidad de Harvard, publicado en el British Medical Journal (The BMJ), analizó 1.702 casos de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA) en Dinamarca entre 1973 y 2012.
Sus conclusiones son técnicas, acotadas y explícitas: las madres que trabajan en entornos con exposición frecuente a sustancias tóxicas (plomo, solventes, gases de escape, derivados de combustibles) o con niveles elevados de estrés laboral crónico tienen mayor probabilidad de tener hijos con TEA. Las profesiones identificadas incluyen transporte terrestre, defensa militar y administración pública.
Lo que el estudio dice, con precisión, es que ciertas condiciones laborales tóxicas afectan el neurodesarrollo fetal. Lo que ciertos medios transmitieron, en cambio, fue otra cosa: que el problema son las profesiones de las madres. Que el problema, una vez más, son ellas.
El regreso de la «madre culpable»: una historia que no termina
La narrativa que conecta al autismo con la conducta materna tiene una historia larga y vergonzosa. A mediados del siglo XX, el psiquiatra Bruno Bettelheim popularizó el concepto de la «madre nevera» (refrigerator mother), según el cual la frialdad emocional de las madres era la causa del autismo en sus hijos. La teoría fue desacreditada décadas después por la propia comunidad científica, pero el daño en miles de familias, y especialmente en miles de mujeres que cargaron durante años con una culpa que no les correspondía, fue irreparable.
Hoy, la ciencia acumulada es contundente en la dirección opuesta. Un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos (NICHD), que involucró a casi 2 millones de participantes, determinó que los factores genéticos hereditarios representan aproximadamente el 80,8% del riesgo de TEA, mientras que los llamados «efectos parentales maternos» representan entre el 0,4% y el 1,6% del riesgo, una cifra considerada estadísticamente insignificante por los propios autores. Ese mismo estudio advirtió, además, que no analizó los factores paternos, como la edad del padre, que la literatura científica también asocia con el riesgo de autismo.
La entidad Autismo España, en su portal institucional, señala que la investigación apunta a una «tasa aproximada de recurrencia del 20% en las familias» con un componente genético complejo y aún no completamente dilucidado. La organización también documenta que en los últimos años creció el diagnóstico de padres y madres después de que sus hijos fueran diagnosticados, lo que refuerza el peso de la herencia biológica compartida.
Lo que el estudio realmente dice (y lo que el titular omitió)
La investigación publicada en The BMJ no estudia si las madres trabajan o no. Estudia la exposición a agentes tóxicos y el estrés como factores de riesgo ambientales en el desarrollo fetal. La diferencia no es semántica: es política.
Afirmar que «las profesiones de las madres» tienen un «patrón común» en casos de autismo, sin contextualizar que lo que se mide es la exposición a plomo, solventes industriales, gases de escape y estrés crónico, es construir un titular que, deliberada o negligentemente, pone el foco en quién trabaja y no en qué condiciones laborales son toleradas por el Estado y los empleadores. Es trasladar la responsabilidad de una falla sistémica (la falta de regulación de ambientes laborales tóxicos) a las mujeres que los habitan.
Los propios investigadores del estudio son explícitos: el hallazgo requiere «investigar más en profundidad sobre las exposiciones laborales» y su relación con el neurodesarrollo, «usando metodologías que aborden estas exposiciones de manera específica y temporal». Es decir, la conclusión científica apunta a la regulación laboral y a la salud ocupacional, no a la maternidad como variable de riesgo en sí misma.
El doble estándar: padres invisibles, madres sospechosas
El sesgo de género en la investigación científica sobre autismo no es nuevo. La pregunta «¿qué hizo la madre?» estructura buena parte del campo desde sus orígenes, mientras que la pregunta «¿qué hizo el padre?» rara vez se formula con igual insistencia.
Sin embargo, la evidencia científica disponible indica que la edad paterna avanzada es también un factor de riesgo documentado para el TEA, asociado a mutaciones de novo en el esperma. Investigaciones publicadas en la revista Science, con datos de 2.600 familias, identificaron variantes genéticas raras heredadas paternamente como factores relevantes en el espectro autista.
El estudio de The BMJ, significativamente, no analizó las ocupaciones paternas. Esta asimetría metodológica no es neutral: refleja un sesgo histórico en la construcción de las preguntas científicas, que tiende a ver al cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia y al cuerpo paterno como un dato secundario.
Discapacidad en la Era Milei: un gobierno que recorta, criminaliza y señala
La circulación de este tipo de narrativas no ocurre en el vacío. En la Argentina de Javier Milei, el Estado retrocedió de manera sistemática sobre las políticas de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creada para centralizar y garantizar derechos, fue disuelta en diciembre de 2025 mediante el Decreto 942/2025 y reconvertida en una Secretaría de menor rango bajo la órbita del Ministerio de Salud, movimiento que más de 400 organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos calificaron como un «retroceso al modelo médico-rehabilitador» y un abandono del modelo social de la discapacidad.
El ajuste fue contundente: los $30 mil millones de presupuesto que tenía la ANDIS fueron redirigidos al Tesoro al momento de la disolución, según denunció la diputada peronista Roxana Monzón en la Cámara de Diputados de la Nación. La Justicia federal declaró inconstitucional parte de la reestructuración, pero el Gobierno apeló y, a mayo de 2026, solo reglamentó ocho artículos de la ley de emergencia en discapacidad, dejando diecisiete sin aplicar.
En ese marco, el gobierno impulsó además una nueva normativa presentada bajo el título «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», que restringe los criterios de acceso a las pensiones y habilita suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia detectada.
Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) documentaron que el relato oficial sobre el crecimiento «injustificado» de las pensiones por discapacidad utilizó datos manipulados para justificar el recorte, según publicó la propia ACIJ en su portal institucional.
Es en este contexto donde adquiere una dimensión adicional la circulación de estudios presentados de forma sesgada: cuando el Estado abandona a las familias que conviven con el autismo y recorta los apoyos que necesitan, resulta funcional instalar la idea de que el problema tiene nombre de mujer y que la solución está en las decisiones individuales de las madres, no en las políticas públicas ausentes.
Machismo de guardapolvo blanco
Culpar a las mujeres que trabajan por la condición neurológica de sus hijos no es ciencia: es ideología con bata blanca. Es el mismo mecanismo que durante décadas señaló a las madres que trabajaban fuera del hogar como responsables de los problemas emocionales de sus hijos, que culpó a las mujeres que no amamantaron, que patologizó a las que estudian, a las que tienen proyectos propios, a las que no se «sacrifican» en silencio.
La ciencia del neurodesarrollo lleva décadas construyendo una imagen cada vez más compleja del autismo: multicausal, con fuerte base genética, mediada por factores ambientales que incluyen desde la edad paterna hasta la exposición a pesticidas, desde infecciones durante el embarazo hasta complicaciones perinatales. En ese cuadro multifactorial, la ocupación laboral de la madre es, según el propio consenso científico, un factor menor y circunscripto a condiciones de exposición tóxica específicas, no al hecho de trabajar.
Presentarlo de otro modo no es divulgación científica. Es misoginia con estadísticas.
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