CABA
Lanzan iniciativa para pedir el juicio político de cuatro integrantes del Tribunal Superior de Justicia porteño
Los legisladores opositores de la Ciudad junto a organizaciones comunitarias se plantaron contra el fallo del TSJ que atenta contra la Educación Pública y que obliga a las familias porteñas a buscar vacantes en colegios privados.
Los legisladores opositores de la Ciudad junto a organizaciones comunitarias se plantaron contra el fallo del TSJ que atenta contra la Educación Pública y que obliga a las familias porteñas a buscar vacantes en colegios privados. El dictamen establece que solo pueden exigir cupo para sus hijos e hijas las personas que no puedan pagar la cuota en escuelas privadas.
Diputados de la oposición porteña y representantes de la comunidad educativa anunciaron este lunes que promoverán en la Legislatura local el pedido de juicio político a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que firmaron un fallo que estableció que solo pueden exigir vacantes en las escuelas públicas las personas que no puedan pagar la educación privada para sus hijos.
La iniciativa, que ingresará esta tarde al parlamento porteño, busca que los jueces Marcela De Langhe, Inés Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano sean investigados por incumplimiento de los deberes de funcionario público; mientras que exceptúa del alcance de la medida a la magistrada Alicia Ruiz, quien no firmó el escrito.
Puntualmente, el fallo del máximo tribunal hizo lugar a un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de la Ciudad, ante la demanda presentada en 2017 por la madre de un niño de dos años que pedía que se le garantizara la vacante a su hijo en un jardín de infantes.
En la resolución, los cuatro jueces consideraron que no existe una obligación del Estado local de ofrecer vacantes a todas las niñas y niños de entre 45 días a 3 años de edad que y habilita criterios de priorización basados en la capacidad económica de las familias.
La decisión de los jueces fue repudiada este lunes durante una conferencia de prensa, organizada en las puertas de la Legislatura porteña, donde participaron legisladores del Frente de Todos (FdT) y del Frente de Izquierda, así como también representantes sindicales, de centros de estudiantes, cooperadoras y diversos colectivos de la comunidad educativa.
“Es imprescindible iniciar una investigación a fondo sobre el incumplimiento de los deberes de funcionario público de los integrantes que tribunal que firmaron este fallo que es un gran disparate, aberrante y atenta contra la Constitución de la Ciudad y contra todos los derechos y garantías consagrados”, dijo la legisladora del FdT y vicepresidenta de la comisión de Educación, Lorena Pokoik.
Agregó además que “la Justicia, a pedido de Horacio Rodríguez Larreta y de la ministra Soledad Acuña, dicta un fallo a medida de lo que el Gobierno porteño necesita para seguir ajustando la educación pública”.
Por su parte, la diputada Myriam Bregman afirmó que la conferencia convocada “es solo una primera respuesta a este escandaloso fallo y será el inicio de una serie de medidas porque es un fallo que no se puede aplicar, que no hay por qué cumplirlo porque es inconstitucional ya que viola el artículo 24 de la Constitución porteña”.





Paula Caligna, de UTE, consideró a la resolución judicial de “una maniobra del Gobierno porteño que utiliza a la Justicia para recortar la educación”; al tiempo que Alejandra López, de Sadop dijo que desde el sindicato que representa “no vamos a permitir la mercantilización de la educación y que nuestros pibes se queden sin vacantes”,
En sintonía, Micaela Rodríguez, del colectivo “La vacante es un derecho”, evaluó que la decisión judicial “dice que no es nuestro derecho elegir la educación de nuestros hijos, sino que depende de nuestro salario y de nuestra situación económica”.
Por su parte, el diputado del FdT Santiago Roberto dijo que “es una sentencia vergonzosa que va en clara sintonía con las políticas excluyentes del Gobierno porteño y representa un antecedente peligroso porque avala que el Estado no garantice las vacantes que, desde hace años, reclaman las familias que eligen la escuela pública”.
“Este fallo viene a decirles a todas las familias que no busquen la vía judicial para reclamar una vacante escolar justo en un año que sabemos que va a haber más familias que se van a volcar a la educación pública, por lo que se puede esperar un récord de pedidos judiciales”, explicó la diputada María Bielli.
El pedido de juicio político por parte de la Legislatura figura en el artículo 92 de la Carta Magna porteña y puede estar “fundado en las causales de mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones o comisión de delitos comunes”.
Y puede alcanzar “al Gobernador, al Vicegobernador o a quienes los reemplacen; a los ministros del Poder Ejecutivo, a los miembros del Tribunal Superior de Justicia; del Consejo de la Magistratura; al Fiscal General; al Defensor General; al Asesor General de Incapaces y al Defensor del Pueblo”.
Para avanzar en el tratamiento dentro de la Legislatura, el expediente deberá ser debatido en la Comisión de Asuntos Constitucionales, desde donde podrá ser girado al recinto de sesiones para su debate y posible aprobación, para lo que demandará de al menos 40 votos afirmativos, de los 60 que componen la cámara.
En ese sentido, el oficialismo porteño, que responde a Larreta, suma 26 escaños propios en el bloque Vamos Juntos; a lo que se adicionan once más de las bancadas de UCR y el Socialismo; lo que deja al arco opositor con 23 votos, lo que los posiciona lejos de poder conseguir una sanción favorable respecto del juicio político.
CABA
Con el techo por el piso: en CABA el ingreso laboral promedio apenas supera la línea de pobreza
El ingreso promedio de la ocupación principal en la Ciudad de Buenos Aires fue de $1.665.849 en el segundo trimestre de 2026, apenas $21.450 por debajo de los $1.687.299 que necesita una familia de cuatro integrantes propietaria de su vivienda para no caer en la pobreza. Los trabajadores informales perdieron casi 28 puntos frente a la inflación interanual.
En la Ciudad de Buenos Aires, trabajar ya no garantiza no ser pobre. El ingreso promedio de la ocupación principal alcanzó los $1.665.849 en el segundo trimestre de 2026, mientras que en septiembre una familia tipo de cuatro integrantes, propietaria de su vivienda, necesitó $1.687.299 mensuales para superar la línea de pobreza. La diferencia entre ambas cifras es de apenas $21.450: una brecha tan angosta que cualquier imprevisto, cualquier suba de tarifas o cualquier mes de bajo rendimiento laboral puede empujar a una familia a la otra orilla.
Los datos fueron publicados este jueves 8 de octubre de 2026 por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), como parte del informe de inflación y condiciones de vida de septiembre. Un análisis de Romina Piccirillo, candidata a secretaria gremial de la Lista 1 de la CTA Ciudad, advierte que la brutal caída del salario real forma parte de un proceso de vaciamiento del Estado que atraviesa universidades, administración pública, escuelas y empresas estatales.
La trampa de los números: trabajar no alcanza
La línea de indigencia para esa misma familia tipo se ubicó en $925.941 mensuales en septiembre. Es decir, para no caer en la indigencia hace falta ganar más de $925.000, y para no ser pobre, casi $1.690.000. El ingreso promedio laboral se encuentra en el límite exacto entre la subsistencia y la pobreza.
El ingreso total familiar promedio, que incluye todos los ingresos percibidos por los miembros del hogar, fue de $2.574.524. Ese número más abultado no cambia la fotografía de fondo: la mayoría de los trabajadores porteños depende de que múltiples integrantes del hogar aporten ingresos para mantenerse por encima de la línea de pobreza, lo que pone en evidencia que el ingreso individual es estructuralmente insuficiente.
Los formales pierden 9 puntos; los informales, casi 28
El IPCBA registró una variación interanual del 32,9% en septiembre de 2026 respecto del mismo mes del año anterior. Frente a ese nivel de inflación, los ingresos de los trabajadores formales, es decir, quienes tienen descuento jubilatorio, cayeron 9,1 puntos porcentuales en términos reales.
La situación de los trabajadores informales es considerablemente más grave. Entre los asalariados sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio quedó casi 27,7 puntos porcentuales por debajo de la inflación interanual. Esa brecha no es solo una diferencia estadística: es la expresión cotidiana de la desprotección de quienes trabajan sin cobertura social, sin aportes y sin ninguna red de contención ante el deterioro del poder de compra.
Empleados y agotados: el mercado laboral porteño en cifras
La tasa de actividad en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 64,5% y la desocupación se ubicó en el 7,2%. Pero la lectura superficial de esos datos esconde una realidad más compleja: tener empleo no es sinónimo de bienestar. El 26,3% de las personas ocupadas trabaja más de 45 horas semanales, y el 13,3% tiene más de una ocupación. La pluriempleo y la sobreocupación no son señales de dinamismo económico; son el síntoma de una economía que obliga a los trabajadores a multiplicar sus horas para compensar la pérdida de poder adquisitivo.
«La pérdida de ingresos obliga a trabajar cada vez más horas para poder llegar a fin de mes. Por eso, discutir el salario también es discutir nuestro tiempo: cuánto tenemos que trabajar para vivir y cuánto tiempo nos queda para nuestra vida. Defender el salario es defender el derecho a una vida digna», planteó Piccirillo en su análisis.
El vaciamiento como política
Desde la CTA Ciudad, Piccirillo enmarcó el deterioro salarial en un proceso más amplio: «La brutal caída del salario es parte de un proceso de vaciamiento de lo público que atraviesa las universidades, el Estado, la administración pública, las escuelas y las empresas públicas.» La lectura sindical apunta directamente al modelo económico del gobierno de Javier Milei, cuya política de ajuste fiscal recortó en términos reales el gasto primario total un 31%, los programas sociales un 61% y los salarios públicos un 29% desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo publicados en mayo de 2026.
El cuadro que emerge de los datos del IDECBA no es el de una economía en recuperación, sino el de una Ciudad donde el ingreso laboral promedio roza la línea de pobreza, los informales pierden casi tres veces más poder adquisitivo que los formales, y una proporción creciente de trabajadores necesita emplearse en más de un trabajo para llegar a fin de mes.
Lo que tenés que saber:
- El ingreso promedio de la ocupación principal en CABA fue de $1.665.849 en el 2º trimestre de 2026, apenas por debajo de los $1.687.299 necesarios para superar la línea de pobreza de una familia de cuatro integrantes propietaria de su vivienda.
- Los trabajadores formales perdieron 9,1 puntos porcentuales de poder adquisitivo frente a la inflación interanual del 32,9%; los informales, casi 27,7 puntos.
- El 26,3% de los ocupados trabaja más de 45 horas semanales y el 13,3% tiene más de una ocupación.
- La tasa de actividad en CABA fue del 64,5% y la desocupación del 7,2% en el período analizado.
- La CTA Ciudad vincula el deterioro salarial con el vaciamiento del Estado impulsado por el gobierno de Milei, que recortó programas sociales un 61% y salarios públicos un 29% en términos reales desde diciembre de 2023.
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