Educación
Capital Humano amenaza con «fiscalizar» el paro de CTERA
Capital Humano anunció inspecciones en establecimientos educativos durante la jornada de protesta convocada por CTERA. Advirtió que aplicará sanciones si no se cumple el porcentaje mínimo de prestación previsto en la reforma laboral.
En la antesala del paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), el Gobierno nacional confirmó que desplegará un operativo de fiscalización para controlar que las escuelas garanticen al menos el 75% del servicio educativo durante la medida de fuerza prevista para el lunes 3 de agosto.
A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, informó que realizará inspecciones muestrales en establecimientos educativos de todo el país para verificar el cumplimiento de la prestación mínima establecida para los servicios considerados esenciales en el marco de la reforma laboral.
La cartera nacional sostuvo que actuará en base a la Ley N.º 27.802 y advirtió que, «en caso de verificarse el incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos correspondientes para aplicar las sanciones que correspondan».
Inspecciones en todo el país
Desde la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social explicaron que los controles buscarán comprobar que las entidades gremiales respeten el piso del 75% de funcionamiento previsto para el servicio educativo durante la huelga.
«Se desarrollará una inspección muestral en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo«, señalaron desde el organismo.
El Gobierno remarcó además que, si bien la administración de las escuelas corresponde a las provincias, el Estado nacional tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación.
«La gestión de las escuelas es una responsabilidad primaria de las jurisdicciones y, al mismo tiempo, el Gobierno nacional es garante del derecho a la educación de la ciudadanía, en el marco de las atribuciones que la Constitución asigna a cada nivel del Estado«, expresó el comunicado oficial.
En ese marco, Capital Humano exhortó «a todos los agentes del sistema educativo, según sus responsabilidades, a priorizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes y a cumplir con la normativa vigente en materia de esencialidad de la educación para llevar previsibilidad a las familias argentinas».
El paro convocado por CTERA
La medida de fuerza fue anunciada por CTERA para el lunes 3 de agosto, fecha que coincide con el regreso a clases tras el receso invernal en varias provincias, entre ellas Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.
Desde el gremio docente denunciaron la falta de convocatoria a la paritaria nacional y reclamaron una recomposición salarial frente a la pérdida del poder adquisitivo, además de cuestionar el recorte de recursos destinados al sistema educativo.
La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, sostuvo que el paro busca visibilizar el deterioro de las condiciones laborales y el desfinanciamiento del sector.
Los principales reclamos del gremio
- Restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
- Pago de los fondos nacionales destinados a educación.
- Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.
- Sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
- Rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.
La decisión oficial de supervisar el cumplimiento de la prestación mínima anticipa un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno de Javier Milei y los sindicatos docentes. Mientras la administración nacional sostiene que la educación debe garantizarse como servicio esencial, desde los gremios cuestionan esa interpretación y sostienen que la medida restringe el derecho constitucional de huelga.
El conflicto se produce en un contexto de reclamos salariales, recortes presupuestarios y crecientes tensiones entre la Casa Rosada y los distintos sectores sindicales, que volvieron a colocar a la educación en el centro del debate político.
Educación
La UBA lleva sus aulas y servicios a Plaza de Mayo para reclamar por el financiamiento universitario
La jornada se realizará este martes frente al Ministerio de Economía, de 8 a 24. Habrá atención médica gratuita, asesoramiento profesional, clases magistrales y muestras de proyectos científicos para visibilizar el aporte de la universidad pública.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará este martes una jornada de visibilización en Plaza de Mayo para reclamar por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
La actividad se desarrollará frente al Ministerio de Economía, entre las 8 y la medianoche, y buscará mostrar a través de distintas propuestas el impacto concreto que tiene la universidad pública en la vida cotidiana, la salud, la investigación y la formación profesional.
Servicios gratuitos para la comunidad
Durante la jornada, la UBA ofrecerá atención gratuita en distintas especialidades, entre ellas odontología, óptica, veterinaria y clínica médica.
También habrá espacios de asesoramiento jurídico y contable, además de orientación psicológica.
La propuesta busca acercar a la comunidad parte de los servicios que habitualmente brindan las distintas facultades y mostrar el alcance de las actividades que desarrolla la universidad pública.
Clases magistrales y proyectos científicos
Los 13 decanos de las facultades de la UBA ofrecerán clases magistrales abiertas al público a lo largo de la jornada.
Además, la universidad exhibirá distintos proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico. Entre las iniciativas que podrán conocerse estará un auto de competición diseñado y construido por estudiantes y docentes.
Mientras se desarrolla la actividad en Plaza de Mayo, las distintas facultades de la UBA mantendrán sus clases con normalidad.
El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario
El reclamo se produce en medio del conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno por la aplicación de la Ley 27.795, sancionada en 2025 luego de que el Congreso rechazara el veto del Poder Ejecutivo.
Posteriormente, el Gobierno promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025, que suspendió su aplicación hasta determinar las fuentes de financiamiento. Las universidades cuestionaron la decisión y recurrieron a la Justicia.
En diciembre de 2025, el juez federal Martín Cormick hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ordenó al Poder Ejecutivo aplicar la ley, incluyendo la actualización de salarios y becas.
El Gobierno apeló la resolución, pero distintas instancias judiciales ratificaron la decisión.
La Justicia volvió a ordenar la ejecución de las partidas
El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario presentado por el Estado y dejó firme la cautelar. El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El conflicto continuó y el 1° de septiembre, Cormick dictó una nueva medida cautelar en una causa iniciada por la UBA. En esa resolución ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar “de forma inmediata” las partidas previstas por la ley para gastos de funcionamiento, salarios, becas e investigación.
Según señaló el magistrado, el impacto fiscal de esas disposiciones representa el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
La jornada de este martes busca, así, llevar el reclamo universitario al espacio público y mostrar qué significa en términos concretos sostener el sistema de educación, investigación y servicios que brinda la universidad pública.
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