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Educación

Alerta: 1500 pibes de 10 a 13 años intentaron quitarse la vida en sólo tres meses

En el primer trimestre de 2026 se registraron 1.500 notificaciones de intentos de suicidio en niños y niñas de entre 10 y 13 años en todo el país. En CABA, los intentos crecieron un 44% en los primeros cinco meses del año. Las escuelas quedan atrapadas en medio de una crisis que el gobierno de Milei dejó sin respuesta nacional: programas desfinanciados, líneas telefónicas que no atienden y provincias que se organizan solas para tapar los baches.

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El dato sacude: en solo tres meses, 1.500 chicos y chicas de entre 10 y 13 años intentaron quitarse la vida en la Argentina. El psicólogo Pablo Catalán, del Hospital Nacional «Lic. Laura Bonaparte» y referente del Colectivo Argentino de Salud Mental, presentó esa cifra y advirtió que las proyecciones para todo 2026 van a superar con creces los registros de 2025. «Este es un dato que te parte el corazón», expresó en diálogo con Punto a Punto Radio. «¿Qué tiene que pasar a un pibe hoy por hoy de 10 y 13 años para que haya ese número tan elevado de notificaciones en el país?», se preguntó.

El escenario en la Ciudad de Buenos Aires encendió alarmas propias. Los intentos de suicidio crecieron un 44% entre enero y mayo de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior, según reconoció el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

«Hay una alerta grande en los problemas de salud mental. La demanda de asistencia es imposible de abarcar», afirmó. El funcionario porteño precisó que entre el 20% y el 30% de los niños en edad escolar presentan algún tipo de trastorno, desde leves hasta graves, y advirtió que los datos oficiales de suicidios consumados son un subregistro porque en muchas provincias no se declara la muerte como tal.

La escuela sola, sin herramientas y sin Nación

Las aulas porteñas son hoy el primer espacio donde el malestar de los chicos se vuelve visible: un docente que nota el cambio de humor, una preceptora que recibe el mensaje en el recreo, una compañera que pide ayuda.

Pero los equipos de orientación escolar están desbordados, y la respuesta institucional llega tarde o no llega. Desde que asumió la gestión de Javier Milei no hubo prácticamente ninguna política a nivel nacional ni contacto fluido con las provincias en materia de salud mental, según relevó la publicación periodística Cenital a través de especialistas, funcionarios y exfuncionarios de distintas regiones del país.

La Ley Nacional de Prevención del Suicidio (N° 27.130), sancionada en 2015 y reglamentada recién en 2021, establece como funciones del Ministerio de Salud la capacitación de recursos humanos en educación para la detección de situaciones de riesgo, el desarrollo de campañas de concientización y el sostenimiento de una línea telefónica gratuita de atención en crisis. Nada de eso funciona como debería.

En el Hospital Bonaparte, la guardia telefónica específica de salud mental atiende con esperas de entre cinco y ocho minutos sin que nadie responda.

El presupuesto para las acciones específicas de la Ley de Salud Mental apenas llegó a 48 millones de pesos para 2026, una reducción del 91,6% respecto de 2025, según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. El ministro bonaerense de Salud, Nicolás Kreplak, fue contundente: «Ese presupuesto es lo mismo que cero. No alcanzan ni para el sueldo de la directora».

El Consejo Federal de Salud Mental, que funcionaba desde 2014, tuvo su última reunión en enero de 2024. Duró 30 minutos, fue virtual y nunca se volvió a convocar. Once provincias mandaron una carta a la directora nacional del área, Liliana González, alertando sobre el aumento de intentos y muertes consumadas y la falta de políticas al respecto. La carta no fue contestada.

Lo que pasó en CABA: hospitalizaciones y una respuesta insuficiente

Datos de noviembre de 2025 ya anticipaban la gravedad del cuadro en la Ciudad: un niño era hospitalizado por día en CABA por riesgo suicida, con el 60,9% de las internaciones concentradas en hospitales públicos.

¿Las causas?

Entre los adolescentes, el 62,4% reconocía haber vivido o conocido situaciones de bullying, el 77,7% identificaba la escuela como el principal ámbito de ocurrencia y el 25,5% no compartía su sufrimiento con nadie, según datos del Ministerio Público Tutelar porteño.

Quirós anunció la creación de 40 nodos de neurodesarrollo para niños y adolescentes en edad escolar, con equipos interdisciplinarios de neurólogos, pediatras y psicólogos. La Ciudad realiza un registro sistemático de los alumnos y aplica protocolos internacionales para priorizar los casos más graves. Sin embargo, el propio ministro reconoció que la capacidad del sistema se ve superada por la magnitud del problema. «La demanda de asistencia es imposible de abarcar», repitió.

A ese cuadro se suma un dato que golpea transversal a la problemática: un estudio reciente de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR) reveló que la edad de inicio del consumo de tranquilizantes pasó de los 14 a los 12,6 años. La búsqueda de alivio al malestar emocional llega antes de que llegue el acompañamiento.

El silencio que mata y el discurso que contradice

La Red Asistencial de Psicología dirigida por Ale Schujman, publicó esta semana una serie de imágenes que se viralizó: «1.500 intentos de suicidio en chicos de 10 a 13 años. Cómo se habla de esto. Y cómo se debería hablar». La publicación señala que el suicidio ya superó a los accidentes de tránsito como principal causa de muerte en adolescentes argentinos. Y pone el dedo en la llaga: el silencio en las casas y en las aulas, porque el miedo a nombrar el tema termina siendo más fuerte que el tema mismo.

La evidencia clínica es contundente en ese punto: preguntar directamente a un chico si está pensando en hacerse daño no planta la idea, abre el único espacio donde puede decir que sí. Un adulto que pregunta sin pánico ya está interviniendo. Pero para que eso ocurra en escala hace falta capacitación docente, equipos de orientación, protocolos activos y recursos. Exactamente lo que el ajuste del gobierno nacional eliminó o redujo al mínimo.

Catalán fue directo al señalar el contexto: el suicidio pasó después de una pandemia que dejó más ansiedad y depresión sin atender, de redes diseñadas para generar comparación constante en cerebros que todavía se están formando, y de cada vez menos espacios donde un chico pueda decir que está mal.

En un contexto de ajuste que recortó el gasto primario un 31%, los programas sociales un 61% y las transferencias a universidades un 20%, la cuestión económica hace que sea más difícil pensar en un proyecto de vida, como señaló el ministro Kreplak desde la provincia de Buenos Aires.

Frente a eso, el presidente Milei declaró en 2023, en campaña, que si alguien se quería suicidar lo hiciera, pero que no le pidiera que pagara la cuenta. La cita resuena de otro modo cuando los datos muestran 1.500 chicos de entre 10 y 13 años que llegaron al límite en solo un trimestre.

La tasa nacional y la desigualdad territorial

Argentina ya registra una tasa de suicidios superior al promedio mundial: 11,8 casos cada 100.000 habitantes contra una media global cercana a 9, según señaló Catalán. Pero la distribución no es pareja. Las provincias del norte y noreste, históricamente más pobres, concentran los registros más altos, con tasas de hasta 22,1 casos cada 100.000 en Entre Ríos y Salta, frente a cifras de entre 5 y 6 en algunas provincias patagónicas.

En la provincia de Buenos Aires hay seis suicidios por día. El suicidio se convirtió en la principal causa de muertes externas y, por primera vez, supera la suma de accidentes de tránsito y homicidios juntos.

Las internaciones por salud mental crecieron un 98% en adolescentes en los últimos cinco años. La demanda ambulatoria subió un 100%. Y frente a todo eso, el gobierno nacional no baja presupuesto, no convoca a los ministerios provinciales, no contesta cartas y propone reformar la Ley de Salud Mental para darle más poder a los psiquiatras y facilitar las internaciones involuntarias, en dirección contraria a lo que marcaron décadas de evidencia en salud mental comunitaria.

Los adolescentes no necesitan adultos perfectos. Necesitan adultos que pregunten. Y adultos que pregunten necesitan un Estado que los forme, los acompañe y no los deje solos frente a una crisis que los desborda.

La salud mental adolescente en números

  • En el primer trimestre de 2026 se registraron 1.500 notificaciones de intentos de suicidio en niños y niñas de 10 a 13 años en Argentina.
  • En CABA, los intentos de suicidio crecieron un 44% entre enero y mayo de 2026 respecto del año anterior, según el ministro Fernán Quirós.
  • El presupuesto nacional para las acciones específicas de la Ley de Salud Mental cayó un 91,6% respecto de 2025, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
  • Desde el inicio de la gestión Milei no se volvió a convocar al Consejo Federal de Salud Mental y once provincias enviaron una carta de alerta que nunca fue respondida.
  • La edad de inicio del consumo de tranquilizantes entre jóvenes bajó de 14 a 12,6 años, según SEDRONAR.

Si necesitás hablar con alguien o conocés a alguien que lo necesite: Centro de Asistencia al Suicida: 135 (CABA y GBA, gratuito, las 24 horas). Provincia de Buenos Aires: 0800-222-5462.

Educación

Estudiantes tomaron el Pizzurno y exigen que Milei cumpla la Ley de Financiamiento

Un centenar de alumnos de distintas universidades realizó una sentada en el hall del Palacio Sarmiento y prometió no retirarse hasta ser recibidos por el secretario de Educación. La acción se da a una semana de la 5ª Marcha Federal Universitaria y en medio de un conflicto que ya lleva más de un año sin resolución.

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Sentada en el Pizzurno: la paciencia estudiantil llegó a su límite y el Gobierno sigue sin mover el amperímetro.

Más de un año después de que el Congreso sancionara la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno de Javier Milei todavía no la cumple. Esa es la premisa que llevó a un centenar de estudiantes de distintas universidades a ingresar este miércoles al Palacio Sarmiento, popularmente conocido como Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación. Realizaron una sentada en el hall del edificio y prometieron permanecer en el lugar hasta ser recibidos por el secretario de Educación.

La medida de fuerza fue protagonizada por estudiantes que reclaman, además del cumplimiento de la ley de financiamiento, el aumento de la Beca Progresar. Desde adentro del Palacio, ubicado en la calle Pizzurno 935 de la Ciudad de Buenos Aires, convocaron a otros estudiantes, docentes y ciudadanos a movilizarse hacia las inmediaciones del edificio en apoyo a la protesta.

«Ya marchamos, ya cortamos calles, ya presentamos petitorios»

Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación y consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, explicó que la acción comenzó como una sentada frente al edificio y escaló hasta el ingreso al interior del Palacio «en busca de respuestas». «Ya estamos hace más de un año con una Ley de Financiamiento Universitario aprobada. No podemos seguir esperando a que el Gobierno cumpla algo que ya la sociedad argentina le dijo que tiene que cumplir», sostuvo González Puente, y convocó a «toda la sociedad argentina, a toda la gente que vive en Capital, en el AMBA, en la provincia de Buenos Aires, a que se pueda acercar, a que nos pueda acompañar en este reclamo que es de todos y de cada uno de nosotros».

La estudiante enmarcó la protesta en términos de derechos fundamentales: «Lo único que venimos a hacer es a defender el derecho de todos los argentinos a poder estudiar, a poder elegir una carrera universitaria, a poder salir con un título que dé cuenta de todo ese esfuerzo.»

La paciencia que se agota

Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, fue aún más directa al trazar el recorrido agotado de las instancias previas. «Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció», afirmó desde el interior del Palacio. Y añadió: «Tenemos enfrente a un Gobierno que no está dispuesto a escuchar ni a la comunidad universitaria, ni al conjunto de la sociedad, ni siquiera a la justicia que ya falló en reiteradas veces a favor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Se nos acabó la paciencia.»

El señalamiento no es menor: la Justicia federal ya dictó sentencias que obligan al Ejecutivo a aplicar la norma, pero el Gobierno de Milei las ignoró sistemáticamente. La Ley de Financiamiento Universitario, que establece una actualización de los presupuestos de las universidades nacionales y los salarios docentes, fue vetada parcialmente por el Poder Ejecutivo y luego ratificada por el Congreso, en una pulseada institucional que el oficialismo perdió en el recinto pero decidió ignorar en la práctica.

La antesala del 15 de octubre

La toma del Palacio Pizzurno se produce exactamente a una semana de la 5ª Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre por estudiantes, docentes y no docentes, con movilización hacia el Congreso de la Nación. Ese mismo día, la protesta universitaria confluirá con el reclamo por la Ley de Tierras y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, configurando una jornada de multisectorial de presión sobre el Ejecutivo.

El contexto no es nuevo. Desde el inicio de la gestión libertaria, el presupuesto universitario acumuló un recorte real superior al 30%, según datos consignados en documentos del propio sector y en informes académicos, mientras el salario docente perdió décadas de poder adquisitivo frente a una inflación que, desde diciembre de 2023, acumuló cifras récord. La acción de este miércoles es, en ese marco, la expresión más contundente hasta ahora de un movimiento estudiantil que decidió que ya no alcanza con marchar y esperar.

Lo que tenés que saber:

  • Estudiantes de distintas universidades ingresaron al Palacio Pizzurno y realizaron una sentada para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
  • Prometieron no retirarse hasta ser recibidos por el secretario de Educación de la Nación.
  • El reclamo incluye también el aumento de la Beca Progresar y la convocatoria a la ciudadanía a sumarse a la protesta.
  • La Justicia ya falló en reiteradas oportunidades a favor de la aplicación de la ley, pero el Gobierno de Milei no la implementó.
  • La acción se produce a una semana de la 5ª Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre hacia el Congreso.
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