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Analizan prorrogar la reglamentación de alquileres y prohibición de desalojos

El gobierno informó que «se está evaluando» y que «se está trabajando en conjunto con Jefatura de Gabinete en la reglamentación», aunque sin brindar más precisiones sobre cuál puede ser el nuevo plazo de vigencia.

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El Gobierno analiza la posibilidad de dar forma a una nueva reglamentación para extender la vigencia del decreto que congela los precios de los alquileres y prohíbe los desalojos, cuyo vencimiento está previsto para el próximo 31 de enero.

Desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat informaron que la prórroga «se está evaluando» y que «se está trabajando en conjunto con Jefatura de Gabinete en la reglamentación», aunque sin brindar más precisiones sobre cuál puede ser el nuevo plazo de vigencia.

Entre las medidas económicas que se tomaron el año pasado por la pandemia de la Covid-19, se implementó el congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos, así como el congelamiento de las cuotas de los créditos hipotecarios UVA.

La medida vigente en la actualidad, que recae sobre los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados, vence el 31 de enero, y establece también la extensión de los contratos de locación cuyo vencimiento haya operado desde el 20 de marzo pasado en adelante.

De este modo, no podrán aplicarse intereses ni otras penalidades previstas en el contrato, tanto para el pago de la diferencia entre la cuota que hubiere debido abonarse según las prescripciones contractuales y la que efectivamente deberá pagarse por la medida, como para el pago de deudas.

En este contexto, el secretario general de la Cámara Inmobiliaria, Claudio Vodanovich, dio por sentada la extensión del plazo, a pesar de la oposición de este sector. «Lamentablemente esta medida se va a extender, en principio hablan de 30 días», dijo Vodanovich.

«Esto está generando en el mercado que se está perjudicando al que pretende beneficiar o ayudar; hay que entender que históricamente en Argentina, cuando se ha tocado el mercado inmobiliario en cuanto a la regulación de alquileres, el mercado se retrae», señaló el directivo.

Afirmó que «hay alrededor de 70 mil locaciones mensuales que hace 10 meses que se están prorrogando» y que esto «significa que va a haber un momento en el cual los inquilinos van a tener que pagar la diferencia de los valores que no están pagando en este momento, más seguramente tener que mudarse si no llegan a un acuerdo con el propietario».

De todos modos, Vodanovich dijo que «no hay una cantidad de gente que esté demorando el pago de los alquileres o atrasándose, no llega al 8%, no hay semejante informe de morosidad por parte de las inmobiliarias».

Desde el Consejo Profesional Inmobiliario informaron hoy que 90% de los inquilinos que residen en la Ciudad abonaron el alquiler en diciembre, y que hubo un 3% de contratos rescindidos. Sin embargo, según una encuesta de la Federación de Inquilinos Nacional realizada en el último mes de 2020, el 40% de los inquilinos registran deudas.

Por otra parte, un relevamiento de Zonaprop indicó que con la nueva Ley de Alquileres los precios aumentaron un 62% interanual y la oferta se contrajo. En este contexto, desde la Federación de Inquilinos Nacional observaron que «el Gobierno evalúa extender el decreto sólo un mes más». Los inquilinos sostienen que el plazo de extensión debe ser mayor y que evalúan convocar a una movilización a Plaza de Mayo para hacer oír su posición.

Gervasio Muñoz, presidente de la Federación, dijo que «si se extiende el decreto solo por un mes, en realidad no es más que es darle un aviso a cientos de familias endeudadas de que tienen que ir armando los bolsos». Extender el decreto hasta el 28 de febrero «es la confirmación de cientos de miles de familias desalojadas el 1° de marzo; hay que extender mucho más la suspensión de desalojos y aumentos de precios», remarcó.

Muñoz consideró que «mientras los países suspenden desalojos hasta septiembre y brindan ayuda económica para saldar las deudas de alquileres, aquí se toman medidas de corto plazo».

Por otra parte, está planteada la situación de los créditos hipotecarios UVA, cuyas cuotas se encuentran congeladas también por decreto hasta el 31 de enero y que desde el colectivo de hipotecados afirman que, de liberarse, el incremento rondaría el 50% a partir de febrero.

Desde Hipotecados UVA señalaron que «la usura UVA es insostenible en el tiempo, necesitamos ser escuchados; estos créditos UVA fueron uno de los grandes fracaso de la gestión anterior, por eso pedimos que se revea la situación».

Energía

El frío llegó antes y el sistema energético ya muestra sus grietas

Las distribuidoras suspendieron el suministro a usuarios con contratos interrumpibles para priorizar los hogares, mientras el Gobierno acaba de dar marcha atrás en su intento de privatizar la importación de gas licuado.

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Cortan el gas a industrias y estaciones de servicio ante el frío temprano

★ Las distribuidoras de gas natural suspendieron el suministro a estaciones de servicio de GNC e industrias ante la caída anticipada de las temperaturas registrada en los últimos días, que disparó la demanda residencial por encima de los niveles esperados para fines de abril. La medida afecta exclusivamente a los servicios con contratos interrumpibles, que por definición contemplan la posibilidad de cortes cuando el sistema necesita administrar su capacidad, según fuentes del sector.

Un problema que se repite cada invierno

El mecanismo de corte escalonado es una práctica habitual en el sistema energético argentino: primero se interrumpe el suministro a los usuarios con contratos interrumpibles (los que pagan tarifas más bajas a cambio de asumir ese riesgo), y en casos de mayor presión sobre el sistema se puede avanzar hacia contratos firmes y, como último recurso, hacia los usuarios residenciales. En este caso, el frío llegó con más fuerza que lo habitual para fin de abril, lo que adelantó la activación del protocolo.

Las mismas fuentes remarcaron que, si bien la Argentina avanza en su perfil exportador de gas gracias al desarrollo de Vaca Muerta, la red de infraestructura de transporte y regasificación todavía no está en condiciones de absorber los picos de demanda invernal sin apelar a estos cortes preventivos.

La marcha atrás del Gobierno con la privatización del GNL

El episodio se produce días después de que el Gobierno de Javier Milei diera marcha atrás en uno de sus anuncios energéticos más resonantes: la privatización de la importación de gas natural licuado (GNL). El Estado, a través de Enarsa, seguirá a cargo de las compras de GNL para el invierno, en lugar de transferir esa función al sector privado como estaba previsto.

La licitación había avanzado durante semanas con dos oferentes, Trafigura y Naturgy, pero ninguna de las propuestas convenció al Ejecutivo. La razón oficial fue la suba del precio internacional del GNL, que pasó de alrededor de 10 dólares por millón de BTU a principios de año a una banda de entre 17 y 20 dólares, impulsada por el conflicto en Medio Oriente. Según el analista Juan José Carbajales, el cambio de escenario podría implicar un extracosto de alrededor de 700 millones de dólares respecto de los valores que se manejaban en febrero.

La contradición es evidente: un gobierno que hizo de la privatización de funciones estatales su principal bandera ideológica se vio obligado a mantener al Estado en el rol de comprador de gas en el exterior, precisamente para evitar un nuevo salto tarifario que complicara sus metas de inflación.

Infraestructura pendiente y vulnerabilidad estructural

La dependencia estacional de importaciones de GNL es una consecuencia directa de una brecha estructural que ningún gobierno ha logrado cerrar del todo: mientras la demanda residencial en invierno puede superar los 90 millones de metros cúbicos diarios, la infraestructura de transporte existente no alcanza para canalizar todo el gas disponible desde Vaca Muerta hacia los centros de consumo. Las obras clave para reducir esa brecha, entre ellas la segunda etapa del gasoducto Perito Moreno y la reversión del Gasoducto Norte, siguen demoradas.

El Gobierno argentino viene vendiendo la narrativa del boom energético y la futura exportación masiva de gas, pero cada invierno el sistema quiebra donde siempre quiebra: en la infraestructura de transporte y en la capacidad de gestionar los picos de demanda. La pregunta que queda sin responder es cuánto más se puede postergar la inversión en esa infraestructura mientras se prioriza el relato exportador.

Puntos clave:

  • Las distribuidoras cortaron el gas a usuarios con contratos interrumpibles (industrias y estaciones de GNC) por el frío anticipado de fines de abril.
  • La medida prioriza el abastecimiento residencial, según confirmaron fuentes del sector.
  • Argentina aún no tiene la infraestructura necesaria para cubrir los picos de demanda invernal sin apelar a importaciones o cortes.
  • El Gobierno de Milei dio marcha atrás en su plan de privatizar la importación de GNL; Enarsa seguirá a cargo de las compras este invierno.
  • La suba del precio internacional del GNL, impulsada por el conflicto en Medio Oriente, encareció el escenario en unos 700 millones de dólares respecto de las proyecciones de febrero.

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