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Monotech: cuál es el proyecto que ya obtuvo dictamen favorable en Senadores
El proyecto del nuevo esquema tributario propone 3 categorías de ingresos anuales: hasta US$ 10.000, hasta U$S 20.000 y hasta U$S 30.000.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores de la Nación dictaminó este martes favorablemente el proyecto, llegado en revisión de Diputados y enviado originalmente por el Poder Ejecutivo al Congreso, destinado a la creación de un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos y de un régimen cambiario específico.
El proyecto crea un monotributo tecnológico (Monotech) para los profesionales que facturan sus servicios basados en el conocimiento y para quienes «participen en competencias de e-sports (nivel profesional)».
El objetivo de la iniciativa es evitar la informalidad de los trabajadores que desarrollan tareas para el exterior, así como aumentar la recaudación de divisas por servicios de exportación no registrados.
La medida incluye el beneficio cambiario de no liquidar las divisas y favorece a los pequeños exportadores de servicios basados en el conocimiento/e-gamers (sean autónomos o pequeños grupos), indicaron desde la Secretaría de Economía del Conocimiento.
El proyecto del nuevo esquema tributario propone 3 categorías de ingresos anuales: hasta US$ 10.000, hasta U$S 20.000 y hasta U$S 30.000
Cada categoría se establece de acuerdo con el tope de ingresos y el monto integrado correspondiente a cada una de ellas que se abonará, incluye impuesto a las ganancias, obra social y aportes jubilatorios- y el monto a abonar se corresponde con las categorías establecidas en el Régimen D, F y H, precisaron.
El proyecto considera que el monotributo es «compatible con el régimen General (que es el inscripto en IVA, Ganancias y Autónomos), con el régimen Simplificado (monotributo) y empleados en relación de dependencia, siempre que la inscripción sea por desarrollar una actividad diferente a la que alcanza el Monotech».
Precisa que los monotributistas, además del importe que deban abonar por su categoría, deberán pagar por Monotech el componente impositivo que le corresponden a las categorías más altas del monotributo.
Si están categorizados en I, J y K deberán pagar el monto de impuesto integrado correspondiente a cada una de esas categorías.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el oficialista riojano Ricardo Guerra, aseguró que «la retención en la Argentina de los recursos humanos capacitados especialmente en materia de desarrollo de software es una de las preocupaciones más relevantes del sector, ya que la demanda de profesionales para esta actividad es global».
«Este proyecto está básicamente dirigido a quienes prestan servicios en el marco de la industria del conocimiento. Desarrollan su actividad en la Argentina pero es usufructuada en el exterior y, como contraprestación, perciben su dinero en moneda extranjera», describió.
Guerra aseguró que «los objetivos son recaudar divisas, evitar la informalidad, incentivar el registro tributario y ampliar derechos, porque tendrán cobertura social y aportes previsionales».
El senador radical por La Rioja, Juan Carlos Martínez, anticipó que la oposición no iba a firmar el dictamen y reclamó la presencia del ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, algo que no fue admitido por el oficialismo que pasó a la firma el dictamen.
«Necesitamos escuchar a más sectores. Pedimos que se invite al ministro del área para que dé su opinión. Aunque reconocemos que este es un proyecto que tiene buenas intenciones», remarcó Martínez.
Además, agregó que la inclusión de esta normativa en el sistema recaudatorio argentino «se da por la anormalidad en la que nos hace vivir este gobierno».
«Sería mejor que no hubiera cepo ni veinte tipos de dólares. Esto se solucionará, si Dios quiere, a partir del diez de diciembre. Salvo que vuelvan a ganar ustedes y siga esta joda», fustigó.
Economía 💲
La Hidrovía a dos manos belgas: Milei entrega la ruta del 80% de las exportaciones
El proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal entra en una fase clave con Jan De Nul y DEME como únicas oferentes, mientras analistas advierten sobre concentración de poder, socios locales en las sombras y una asimetría creciente entre el Estado y el futuro concesionario.
Hidrovía: abre el Sobre 2 con solo dos empresas belgas en carrera y crece la polémica
★ Este miércoles, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), a cargo de Iñaki Arreseygor, abrió el Sobre 2 de la licitación de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía Paraná-Paraguay), la arteria fluvial por la que transita aproximadamente el 80% de las exportaciones agroindustriales del país.
La apertura se realizó a través del portal Contrat.ar y marca el inicio de la evaluación técnica de los planes de trabajo de las dos únicas empresas que siguen en competencia: el consorcio Jan De Nul NV-Servimagnus S.A. y Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME), ambas de origen belga.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución 21/2026, publicada en el Boletín Oficial el martes 21 de abril. El mismo instrumento legal declaró inadmisible la propuesta de la brasileña DTA Engenharia Ltda., al no haber presentado la garantía de mantenimiento de oferta exigida en los pliegos, un requisito que el propio Gobierno definió como irrenunciable para cualquier participante.
El puntaje que define quién draga
En esta nueva etapa, el denominado Sobre 2 se evalúa mediante un sistema de puntaje de cinco niveles, con un máximo de 80 puntos. Para avanzar a la instancia económica, cada empresa deberá alcanzar al menos 40 puntos.
Los aspectos bajo análisis incluyen la tecnología de la flota de dragas, los equipos de balizamiento, los planes de obra, la logística de ejecución y el perfil profesional de los equipos a cargo. La ANPYN estimó que el análisis del contenido demandará aproximadamente un mes de trabajo por parte de la Comisión Evaluadora.
Cumplida esa instancia, se abrirá el Sobre 3, reservado para las ofertas económicas y las tarifas de peaje propuestas por cada empresa. Este último sobre concentra 120 de los 200 puntos totales del proceso, lo que le otorga un peso determinante en la adjudicación final. Sin embargo, el esquema prevé que no necesariamente gane el menor precio: una propuesta más costosa podría imponerse si acumula mejor puntaje técnico.
Según estimaciones oficiales, la inversión total prevista supera los 10.000 millones de dólares a lo largo de los 25 años de concesión, con un retorno mínimo estimado del 6% según la tarifa de peaje. En la práctica, se trata de uno de los contratos privados más grandes de la historia del sector logístico argentino.
El Estado que cede musculatura
Más allá del discurso oficial que celebra la «competencia internacional», especialistas del sector advirtieron sobre un problema de fondo que trasciende el nombre del adjudicatario. Juan Venesia, presidente del Instituto de Desarrollo Regional (IDR), alertó sobre la asimetría de poder que se configura: «Vamos hacia un escenario con un concesionario que tendrá mucho poder frente a un poder concedente que ha perdido musculatura técnica», advirtió el analista, según reportó GlobalPorts.
Esa advertencia cobra especial relevancia cuando se considera que Jan De Nul opera la Hidrovía desde 1995, cuando ganó la primera licitación durante la presidencia de Carlos Menem, en asociación con la empresa local Emepa. Tres décadas después, el ciclo privatizador se reanuda bajo un gobierno que profundizó la desregulación y el retiro del Estado de sectores estratégicos.
La UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), convocada para fiscalizar el proceso, identificó en un informe técnico solo cuatro empresas en el mundo con capacidad para operar el tramo completo: Van Oord (Países Bajos), DEME Group (Bélgica), Jan De Nul Group (Bélgica) y Royal Boskalis Westminster N.V. (Países Bajos). Ese dato no es menor: refleja la concentración extrema de un mercado global donde, como reconoció el propio Arreseygor, «la cantidad de dragas es limitada en el mundo; los dueños son pocos».
Socios en las sombras y una trama de intereses
El proceso licitatorio fue sacudido por acusaciones cruzadas entre sus dos participantes. Jan De Nul presentó una impugnación contra DEME señalando presuntas «irregularidades críticas» en aspectos legales, técnicos y financieros. La Comisión Evaluadora desestimó el planteo y habilitó a ambas a continuar. Por su parte, DEME presentó una disconformidad con el dictamen, que fue rechazada «in límine» por la ANPYN por no haber depositado el aval económico necesario y por extemporaneidad.
Pero más allá de esa disputa entre gigantes, la licitación exhibe una trama de intereses locales que operan en segundo plano. Según versiones periodísticas publicadas por Minuto Uno y C5N, entre los potenciales «socios invisibles» que podrían beneficiarse del esquema de subcontrataciones figuran el Grupo Neuss, con fuerte presencia en energía y petróleo, y el consorcio liderado por Alfredo Román, vinculado al expresidente Mauricio Macri. Estas versiones, que el Gobierno no desmintió formalmente, sugieren un punto de convergencia entre el macrismo y el entorno libertario alrededor de un negocio multimillonario que excede la lógica de la competencia técnica.
Como informó este medio en su cobertura anterior, el pliego incorporó una cláusula que excluyó de la competencia a empresas controladas directa o indirectamente por Estados soberanos, lo que dejó fuera a capitales chinos que, según fuentes del sector, tenían previsto una propuesta tarifaria agresiva orientada a reducir el costo del peaje. La decisión fue interpretada por analistas como una concesión política al alineamiento estratégico del Gobierno con Washington antes que una medida orientada a maximizar la competencia.
Puntos clave
- La ANPYN abrió este miércoles 22 de abril el Sobre 2 de la licitación de la Hidrovía, con solo dos empresas belgas en competencia: Jan De Nul-Servimagnus y DEME.
- La Resolución 21/2026 publicada en el Boletín Oficial formalizó la exclusión de la brasileña DTA Engenharia por no presentar la garantía de mantenimiento de oferta.
- El proceso se evalúa en tres etapas; la oferta económica concentra 120 de los 200 puntos totales y definirá las tarifas de peaje por 25 años.
- La concesión implicará una inversión estimada superior a los 10.000 millones de dólares y el ganador operará la ruta por la que circula el 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas.
- Analistas advierten sobre la asimetría entre un concesionario de enorme poder y un Estado que ha perdido capacidad técnica de control, y versiones periodísticas señalan posibles socios locales vinculados al macrismo y al entorno del Gobierno.
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