Juan Lizarraga y Alicia Tagliaferro, padre de Ariana Lizarraga y madre de Leticia Provedo, las jóvenes fallecidas en el derrumbe del entrepiso en el boliche Beara en 2010 -durante la jefatura de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires-, coincidieron en destacar que durante el juicio los acusados hicieron hincapié en que durante estos 12 años sus vidas se arruinaron pero consideraron esas declaraciones como «indignantes» ya que «las que no están son Leti y Ariana» y temen que «pueda haber impunidad».

¿QUÉ PASÓ?

En septiembre de 2010, el entrepiso del boliche ubicado en Scalabrini Ortiz 1638, donde se encontraba el sector VIP colapsó y se derrumbó sobre la planta baja causando la muerte de las jóvenes que tenían 20 y 21 años, mientras que otras 50 personas resultaron heridas.

Doce años después de aquella noche los familiares de las víctimas esperan el veredicto que se dará a conocer el próximo 22 de junio, según resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

EL JUICIO

«El juicio fue revivir esa noche y escuchar todas las declaraciones de los imputados que hacen mucho hincapié en que ellos tuvieron dificultades comerciales, laborales y en sus vidas privadas; pero la que perdió su vida fue Leti y de esa pérdida no se vuelve», dijo a Télam Tagliaferro madre de Leticia.

Para la mujer, los acusados que durante el juicio insistieron en remarcar que este hecho afectó sus vidas «piensan que estos 12 años les paso solo a ellos te empiezan a hablar de los hechos de su vida pero las que no están son las chicas», sostuvo.

Al respecto, contó que Leticia estaba cursando la carrera de sociología, hablaba inglés y trabajaba en un negocio familiar, «ella se preparó para vivir y lograr cosas», dijo.

LOS IMPUTADOS

Por las muertes de las jóvenes fueron imputadas 17 personas: Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila e Iván Andrés Fliess, dueños de Beara, el maestro mayor de obras Gustavo Amaru; 4 funcionarios del Gobierno porteño (Martín Diego Farrell, Pablo Damián Saikauskas, Norberto Cassano e Isaac Rasdolsky). También el comisario de la Policía Federal, Rodolfo Cabezas y los integrantes de esa fuerza Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González.

Además, fueron investigados quien organizó el recital de esa noche, Maximiliano Fratino, el encargado de Beara Agustín De Grazia; Leandro Camani y Matías Pantarotto, ambos gestores de la sociedad comercial «El Viejo Sabio» que regentaba el boliche, y la exdirectora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad, Vanesa Ileana Berkowski.

EL ALEGATO

En su alegato, el fiscal, Oscar Ciruzzi, había pedido penas de entre 3 y 4 años y 6 meses de prisión -y, en algunos casos, de inhabilitación- para 12 de los involucrados, mientras que requirió la absolución de otras cinco personas.

«Siento que puede volver a haber impunidad», dijo Tagliaferro, quien precisó estar de acuerdo con la penas solicitadas por la fiscalía aunque opinó que no cree que ninguna persona vaya preso.

«No quiero que salgan indemnes, porque sino hubieran construido ese entrepiso y tan mal, mi hija estaría viva; si lo hubieran inspeccionado como correspondía, mi hija estaría viva; si lo hubieran habilitado como correspondía, mi hija estaría viva y, por sobre todo, si Farrel -exresponsable de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos- no hubiera firmado la habilitación mi hija estaría acá», afirmó.

LA CLAUSURA QUE LEVANTÓ MACRI

Unos meses antes el boliche Beara había sido clausurado por irregularidades y el gobierno porteño levantó esa clausura concediendo una habilitación como «salón de fiestas privadas» cuando en realidad funcionaba como discoteca, argumentó el fiscal Ciruzzi.

«Todos sabían que Beara estaba siendo utilizada para otras cosas, todos sabían que había un entrepiso con endeblez constructiva, todos sabían que habían 700 personas que era mucho más de lo permitido (en el local), entonces todos se tendrían que haber representado el resultado de muerte», añadió.

«Estoy ansiosa y con temor, quiero que piensen que podían ser sus hijos, cuando se lamentan tanto por sus vidas me gustaría decirles que le cambió el lugar a cualquier con tal de tener a Leticia viva, ellos llegan a sus casa y pueden darle un beso a todos sus hijos, nosotros no», concluyó la mujer.

LAS MUERTES

Por su parte, Juan Lizarraga, padre de Ariana que al momento del derrumbe tenía 20 años y estudiaba derecho, dijo a esta agencia que todos se quejaron por el tiempo procesal que sus vidas se arruinaron.

«Decir que perdieron amigos, la oportunidad de llegar a juez, que le arruinó su carrera política, que no pudieron adoptar hijos, que tienen inhibidas las propiedades o la salida libre del país, es indignante porque nosotros perdimos a nuestra hija», enfatizó Luzarraga.

En tanto, dijo que espera que el tribunal sancione lo que sucedió aunque piensa que «son muy leves las penas solicitadas, creo que el homicidio culposo queda muy lejos».

Para Lizarraga, todos sabían que el entrepiso estaba mal construido y ahora «le quieren echar la culpa a un constructor que ya falleció».

El hombre definió el juicio como «una mala obra teatral», en tanto aseguró que «no se notó a nadie estar realmente arrepentido, se notó un esfuerzo hasta por llorar; fue una vergüenza porque en 12 años nadie fue capaz de dirigirnos nuestras condolencias y ahora verlos llorar cuando hablaban en el tribunal duele muchísimo».

«Alguna vez fabulé con pararme en la puerta de la cárcel y ver pasar a alguien de ellos, pero no creo que se cumpla mi sueño», concluyó.