Venimos de un raid mediático orientado a generar consenso para la baja de la edad de punibilidad, solo comparable con momentos como los posteriores al caso Blumberg. Discursos de mano dura que benefician políticamente a las derechas de impronta castrense, cercenan libertades, persiguen a los sectores más vulnerables y no tienen correlato estadístico ni respaldo en la realidad concreta.

En términos reales, la baja de la edad de punibilidad implica la prisionalización de las infancias. El proyecto oficial no presenta fundamentos sólidos: se apoya casi exclusivamente en lo que resulta rentable mediáticamente y oculta una deliberada ausencia de políticas públicas de protección y promoción de las adolescencias y las niñeces.

Sin pudor, y casi como un relato mágico, se instala la idea de que “con los pibes chorros presos” se garantiza la seguridad de la gente “bien”, sin entender que la seguridad no puede construirse solo desde la coerción. La protección y la promoción de derechos son condiciones centrales, y la delincuencia es un fenómeno multicausal, más aún en un país donde el 50 % de niños, niñas y adolescentes vive en la pobreza.

Hoy, en Tucumán, se desarrolla un caso grave que funciona como antesala del proyecto impulsado por Bullrich y Milei: el traslado de jóvenes desde el Instituto Roca a un complejo penitenciario, en una provincia donde los delitos cometidos por adolescentes son estadísticamente infimos.

Las inseguridades que no entran en el prime time

● Educación: cerca de 650.000 niños y adolescentes de entre 4 y 17 años están fuera del sistema educativo, según datos del Censo Nacional analizados por UNICEF. De ellos, 500.000 son adolescentes que no acceden a la escuela secundaria. Solo 6 de cada 10 jóvenes pobres logran terminarla.

● Alimentación: más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes (35,5 %) sufren inseguridad alimentaria. Alrededor de 1,5 millones se saltean al menos una comida diaria.

● Situación de calle: aunque no hay datos nacionales consolidados para 2025, en 2023 el RENCAlLE identificó 9.440 personas sin techo, cifra que se presume mayor hoy. En la Ciudad de Buenos Aires, los datos oficiales muestran un aumento del 27,8 % en un año, pasando de 4.049 personas en 2024 a 5.176 en 2025.

● Hábitat: existe un déficit habitacional superior a los 3 millones de viviendas, con proliferación de barrios populares sin servicios básicos, expansión urbana descontrolada y profunda segregación social.

Estas son inseguridades que el discurso punitivo de Javier Milei decide ignorar.

Reforma laboral y punibilidad, una misma lógica

En un encuentro por los 25 años del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, organizado por ATE Capital y la Junta Interna del CDNNyA, Norberto Liwski, ex presidente de la Ex SeNNAF, sostuvo que la reforma laboral y la individualización punitiva de las infancias persiguen el mismo objetivo: someter a estos colectivos a la lógica voraz de un mercado desregulado.

Existe un deterioro intencional y profundo del sistema de promoción y protección de derechos, en favor de políticas represivas dirigidas contra adolescencias, niñeces, trabajadores ocupados, desocupados y jubilados.

Que ambas leyes se traten en la misma semana no es ingenuo, sino parte de una estrategia mediática politica de  win-win. Como señaló Liwski, para avanzar en el desmantelamiento del Estado y su tercerización es necesario debilitar la organización sindical y la capacidad de resistencia colectiva.

¿Y si, en vez de cárcel…?

Mucho antes de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Perón afirmaba que si había pibes y pibas presos era porque había fracasado la política pública.

Desde el área de Niñez de ATE Capital se impulsan propuestas concretas para pensar alternativas reales a la cárcel, entre ellas:

1. Legislar protocolos de intervención con adolescentes no punibles, evitando la criminalización y la revictimización, y promoviendo la responsabilidad y la reparación del daño.

2. Regular plataformas de juego y billeteras virtuales, garantizando su uso responsable y protegiendo la integridad física y mental de niños, niñas y adolescentes.

3. Jerarquizar a las y los trabajadores de la niñez, con una reglamentación propia, salarios acordes a la tarea y condiciones laborales que cuiden la salud mental.

4. Crear programas de protección y acompañamiento para adolescentes no punibles infractores de la ley penal, con presupuesto, recursos y personal capacitado. La privación de libertad es más costosa que las políticas de protección.

5. Implementar un Plan Nacional de Prevención del Suicidio Adolescente, eliminando estigmas en torno a la salud mental y capacitando a trabajadores de salud, niñez y educación en prevención y primeros auxilios psicológicos.