Por Mariana Collante

El 10 de diciembre, Jorge Macri asumirá la jefatura del Gobierno porteña, luego de que el candidato de Unión por la Patria, Leandro Santoro, declinara su participación en el balotaje. Si bien había hecho una buena elección, iba a ser muy poco probable reunir los votos para enfrentar la cita electoral de noviembre. Además, desde su espacio, priorizaron la pelea por la presidencia de Sergio Massa.

Entonces, a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires nos esperan cuatro años más del PRO/JxC/Cambiemos, una alianza que vive sus momentos de disolución o reconfiguración, según cómo se consideren los últimos movimientos políticos. Lo cierto es que hay una matriz de negocios inmobiliarios que benefició a muy pocos, y empeoró la vida de la mayoría de los habitantes.

Desde 2003, año de su primer gobierno, el PRO logró eliminar regulaciones para la construcción y, a la vez, avanzó en la privatización de terrenos públicos, de manera escandalosa. También hubo una cantidad inusitada de beneficios impositivos a quienes comercializan con el hábitat. Jonatan Baldiviezo, integrante del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, indica que se entregaron (entre concesiones y ventas) más de 500 hectáreas al sector privado con el aval de la Legislatura, donde la derecha tiene mayoría. Es decir, que hay una transferencia de recursos de todos los habitantes al sector privado, mientras 400 mil personas carecen de los servicios públicos básicos, y se acentúa un proceso expulsivo de la Ciudad. Esto se debe, en parte, a que la única manera de acceder a una vivienda sea en el mercado privado que presiona para imponer sus propias reglas. El Estado local se corrió de ese deber; no existen viviendas sociales ni ningún instrumento para limitar la voracidad de los propietarios y desarrolladores inmobiliarios. Parece ciencia ficción pero, en las ciudades más importantes del mundo existe la vivienda social de alquiler, y la regulación de la renta turística.

Otro ítem que a Baldiviezo considera necesario destacar de estos 16 años de gestión macrista, es el boicot permanente de la participación de los ciudadanos. Vale aclarar que la Constitución local habilita una serie de instancias para los y las porteñas. “La manera de tomar decisiones es autoritaria, nada democrática porque desatiende las necesidades de los habitantes permanentes para beneficiar a los turistas, por ejemplo. Y esto no quiere decir que nos cerremos al turismo, sino que se establezcan regulaciones”.

El resultado de estos años de Macri-Larreta es una crisis ambiental, habitacional y de los servicios públicos que no parece que vaya a frenarse con la llegada del primo Jorge. Desde el Observatorio por el Derecho a la Ciudad recuerdan que en Vicente López hubo, antes y durante la gestión de Jorge Macri, cerca de 500 excepciones al Código Urbanístico. A la par de esas habilitaciones crecieron diversas asambleas, y agrupaciones que buscaron limitar la privatización del barrio. Ahí ya tenemos una pista tangible de cómo puede ser el próximo gobierno porteño, más allá de las reticencias fundadas en la portación de apellido.

La continuidad de las políticas privatizadoras redundará en una vida cada vez más precaria. Es un desafío para las fuerzas democráticas poner en primer plano la importancia del hábitat como constitutiva de cada ser humano, y establecer que la lógica comercial no es la única que puede legislar nuestras vidas. Existe otra sensibilidad y una comunidad para construir.